Barroso, plantando cara al mayor proyecto minero de litio en Europa
Activistas de Unidos en Defensa de Covas de Barroso, de Portugal, nos visitaron en Donostia como parte de una gira que han organizado por la península (Galiza, Cantabria, Euskal Herria) de camino al Encuentro Intergaláctico vinculado a la invasión zapatista en ZAD de Notre-Dame-des-Landes (Francia), para dar a conocer el alcance de la que se proyecta como la mayor mina de litio de Europa. Como nos explicaron, su lucha se encuentra en una fase incipiente aunque ya han realizado numerosas manifestaciones. Pero esperan que se recrudezca pues con el nuevo mercado del coche eléctrico y baterías para renovables, etc, el litio se ha convertido en un mineral indispensable y ellos no van a esperar a que les arrebaten sus tierras.
El proyecto de mina de Covas de Barroso tendría 593 hectáreas y 4 cráteres. Además, se ha propuesto el concesionar el 10 % del territorio portugués a la minería. Obviamente, esto coincide con lugares ya habitados (en Barroso quedaría a 200 mts de la población), o fundamentales para la economía o con ecosistemas. En el caso de Covas de Barroso, coincide con el territorio de este municipio que es básicamente sostenible y que todavía se rige por un sistema comunalista de propiedad de la tierra.
Se estima que Portugal tiene una de las mayores reservas de litio de Europa, con unos depósitos estimados en 10,3 megatones (millones de toneladas) de pegmatita (roca), con una concentración de 1% de óxido de litio y 0,05% de estaño.
Por otro lado, la Unión Europea ha estimado su necesidad de litio para las baterías de los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía (renovable), así como baterías para ordenadores y móviles. Esa necesidad será de 60 veces las actuales hasta el 2050. Las baterías también necesitan cobalto, cuya demanda se estima de 15 veces más de aquí al 2050. Por ello, el septiembre pasado la UE los designó como “materiales crudos críticos”. En el mapa que mostró el Comisario Europeo de Industria, Thierry Breton en septiembre 2020 destacan los yacimientos de materiales crudos críticos como el litio en el norte de Portugal.
En ese nuevo mercado que abren las baterías para el coche eléctrico y las renovables, aparecen nuevas fábricas que prevén una gran producción. Estas destacan en Alemania que cuenta con 6 nuevas: Volkswagen (30 Gwh), Tesla, Farasis (10 Gwh), CATL (100 Gwh), Svolt (24 Gwh) y Leclanchel (1 Gwh). Polonia, Noruega y Suecia proyectan también una superproducción con 70 Gwh de LG, 40 Gwh de Northvolt y 32 Gwh de Freyr respectivamente. También existen proyectos para otras en Hungría (Samsung de 3 Gwh y SK innovation 9Gwh).
Actualmente Chile cubre el 78% de las necesidades de litio de Europa. El país con mayores reservas es Bolivia con unos 21 millones de toneladas métricas. Para satisfacer esa necesidad, Alemania incluso plantea un proyecto minero bajo el Rhin1 en un yacimiento que se estima ocupa 300 km de largo por 40 de ancho, en valle de Alto Rhin y la Selva Negra2.
Oposición local
Actualmente las comunidades locales se oponen al proyecto, pero no descartan el optar por otros métodos si el proyecto avanza. La oposición es total, incluso en los ayuntamientos, e incluso por partidos de derechas. El proyecto finalizó su periodo de consulta oficial hace dos semanas, así que ahora se encuentra a la espera de la decisión del ministerio de Medio Ambiente que cuenta con 90 días. Sin embargo, pese a ser Europa la que exige procesos democráticos a otros países, esa consulta es meramente informativa y no incluye un posicionamiento de los habitantes afectados. No incluye un referendum para conocer el sentir de las personas, lo que contraviene los principios democráticos.
Ahora Unidos en Defensa de Covas de Barroso ha organizado una acampada del 14 al 18 de agosto (http://barrososemminas.org) para mostrar su oposición, por lo que están aprovechando esta gira para invitar a acudir. En el programa, bajo la inspiración zapatista, dedican un día, el 17 de agosto a campañas de otras geografías y a estrategias de resistencia y defensa del territorio. Como parte de la coordinación de la Gira Europea, la campaña de Barroso ha invitado a la delegación zapatista a conocer su resistencia y a intercambiar experiencias. Igualmente han organizado viedo-conferencias como la de este 7 de agosto con la Asamblea Maya Múuch Xíinbal de Yucatán para compartir la lucha contra el Tren Maya.
Como también explicó la delegación de Barroso, “la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente dio un dictamen favorable al desarrollo del proyecto, sin tener en cuenta los impactos negativos que traerá, se abrirá la puerta a la destrucción de varios territorios”. Ésta será una mina a cielo abierto, que precisan lavar la roca extraída para separar el mineral requerido, en este caso litio. Las aguas resultantes son altamente contaminantes. Barroso es un macizo del que parten afluentes del Duero, que se contaminarán y con ellos también el propio Duero. Pero además, como decimos, esa actividad precisará grandes cantidades de agua, lo que reducirá los recursos hídricos de la región y de las comunidades que dependen de ella. Todos ellos son elementos que las comunidades locales tienen claro.
La demanda europea amenaza los territorios
El proyecto minero en Barroso perteneciente a la británica Savannah Resources es el primero y principal proyecto de extracción de mineral de litio en territorio portugués; la primera de varias minas que el gobierno portugués pretende desarrollar. Además de ésta se proyectan más en la misma región de Barroso. Por ello, las activistas contra el proyecto de mina de Barroso esperan que esta incipiente campaña haga de catalizador para parar esta agenda minera y ocurra lo mismo que con el movimiento contra el fracking y las prospecciones. El movimiento contra las prospecciones y explotación de petróleo mar adentro en el sudoeste de Portugal consiguió detener éstas en 2018.
Como nos explicaron, estas comunidades son autosuficientes y tienen lo que necesitan por lo que rechazan algo que no les va a reportar beneficios y sí daños irreparables. Por ello no se dejan engañar por los cantos de sirena que prometen nuevos empleos, porque tampoco los necesitan. Igualmente, las activistas de Barroso compartieron su reflexión sobre los supuestos empleos climáticos que prometen, pues estos se entienden desde una perspectiva capitalista que no cuestiona las necesidades reales de las comunidades y las personas, ni los impactos, ni una vida en armonía o digna, y por el contrario se basan en la lógica del extractivismo.
Savannah Resources tiene su sede en el Reino Unido y cotiza en el Mercado Alternativo de Inversiones (AIM), un submercado para pequeñas empresas de la Bolsa de Londres. Tiene vínculos privilegiados con grupos de interés de la Unión Europea y el gobierno portugués, y forma parte de la Alianza Europea para las Baterías, un grupo de presión de la industria del automóvil en la Comisión Europea. En la otra mina que pretende desarrollar, en Mozambique, Savannah se ha asociado con Rio Tinto, empresa minera responsable de varios atentados medioambientales y sociales.
Coordinación peninsular y europea
Sin duda, uno de los objetivos de viajar a la ZAD ha sido el de coordinarse con otros movimientos y campañas. La campaña contra minería de litio en Barroso ya tiene conexión con la otra campaña en territorio español, en Cáceres, contra otro proyecto de mina de litio a tan sólo 2 kilómetros de la capital, en la Sierra de la Mosca. Este proyecto también cuenta con una oposición apabullante pues 22 concejales de un total de 25 se han posicionado contra éste. Después del de Barroso, este yacimiento de litio de Cáceres es el segundo mayor de Europa, con un estimado de 1,6 millones de toneladas de carbonato de litio.
Otra lucha contra proyectos mineros es el de Salamanca contra la mayor mina de uranio a cielo abierto de Europa. Actualmente se encuentra paralizado por el quehacer de la plataforma Stop Uranio. Además este proyecto no es compatible con la recientemente aprobada por la Ley de Cambio Climático. Como resultado de la paralización de este proyecto la empresa Berkeley se hundió en bolsa el pasado julio 2020 (Ver más sobre el tema en “Planeta Uranio”).
Desde Zapatista Bira – Gipuzkoa también nos comprometimos a ampliar esa coordinación con otros proyectos que amenazan nuestro territorio (ver informe sobre “Minas y canteras” de la Fundación Sustrai Erakuntza).
El más reciente es el de Mina Muga de la empresa Geoalcali (filial de la australiana Highfield Resources Company), en la zona de Sangüesa, para extraer potasa. Se prevé que comience su actividad en 2024. Pero estos días ya ha trascendido que Geoalcali ha firmado un protocolo con el puerto de Pasaia para exportar 700.000 toneladas anuales de potasa y sal desde éste. Geolcali también impulsaba un proyecto de mina de potasa en la sierra del Perdón que tuvo que paralizar.
Otro de los proyectos es el de Magna (Magnesitas Navarras) que tras ver su proyecto de Zilbeti paralizado en 2017, ahora vuelve a la carga con otro proyecto de mina a cielo abierto en Erdiz, el mayor pastizal del valle de Baztan.
Anteriormente se cernió la amenaza de una enorme mina de oro (126 km2) , Sudmine, en Iparralde (País Vasco bajo administración francesa) que afectaba a 11 comunas, por lo que tuvo oposición total y fue finalmente paralizada en 2018.
El caso contra el coche eléctrico
Esta campaña contra la minería lleva a cuestionar la necesidad de ese litio, que no es otra que las baterías de los nuevos coches eléctricos. Así, la charla provocó un debate sobre estos nuevos vehículos, su necesidad y su presentación como ecológicos o alternativas al cambio climático. La propiedad y uso del coche individual está muy extendida en la sociedad, por lo que, ante la actual situación de crisis climática y ecológica, unida al pico del petróleo, el coche eléctrico se ha asumido como una alternativa y como un objetivo aceptable. Pero lo que no está tan claro, es que detrás hay muchos intereses, sobre todo de la industria automotriz que no sólo necesita renovar el parque sino que tiene en ello un gran negocio y la posibilidad de continuar pese al pico del petóleo. Porque reemplazar los 1.320 millones vehículos del parque automovilístico mundial suponen un gran mercado y mucho beneficio!
Sólo la Alianza Europea de Baterías (EBA) calcula el mercado de esas baterías en 250.000 millones de euros para 2025, lo que demuestra el interés. La EBA fue lanzada en 2017 por la misma Comisión Europea con lo que se evidencia también el interés de las instituciones en las más altas instancias, además de las propias empresas. La EBA actúa como un lobby para imponer los proyectos mineros de litio, fundamentales para el desarrollo de esa industria. EBA y Savannah son las cabezas de lo que se vende como Minería Verde.
El debate puso en evidencia, que planteándolo como alternativa, el sistema sólo busca beneficio, e incluso pervierte y se apodera de las demandas más justas como las climáticas.
Notas:
1 La composición del subsuelo varía mucho y en cada lugar es distinto, pero el caso nos recuerda al del proyecto de ferrocarril subterráneo Sttutgart 21, también en Alemania. Pese a los actuales conocimientos y la confianza en la tecnología, este proyecto ignoró la composición geológica produciendo innumerables problemas en su consecución, impactos socio-culturales y un consecuente encarecimiento de la obra considerable. El subsuelo de Sttutgart se caracteriza por ser sobre todo anhidrita, una composición hinchada Riesgos para los túneles y los edificios situados sobre ellos, ya que los túneles se perforarán a través. (https://aplaneta.org/2021/08/07/el-ano-de-stuttgart-21-una-de-los-mega-proyectos-mas-contestados-de-europa)
2 Este proyecto pertenece a la empresa germano-australiana Vulcan Energy Resources. Estiman que ese yacimiento bastaría para 400 millones de coches eléctricos. Incluirá 5 centrales térmicas.
Fuente: https://aplaneta.org/2021/08/08/barroso-plantando-cara-al-mayor-proyecto-minero-de-litio-en-europa/
https://rebelion.org/barroso-plantando-cara-al-mayor-proyecto-minero-de-litio-en-europa/
La permanente batalla de los yaquis contra el despojo
La dirigencia yaqui señala como responsables de esta ola de violencia a las bandas de crimen organizado, pero también a los intereses de las empresas detrás de la actividad minera.
Hablar de la tribu yaqui, como ellos se autoidentifican, es abrir un libro que contiene más de 500 años de historia. Si uno revisa entre sus páginas es inevitable toparse con un tema que se ha mantenido como una constante para este pueblo indígena de México: la defensa de su territorio de proyectos de extracción de agua, gas, minerales y maderas preciosas, sumado al asedio del crimen organizado y el despojo de sus tierras.
El territorio de los indígenas yaquis es singular. Tiene costas, valle, una fracción de la Sierra Madre Occidental y toda la Sierra del Bacatete. Sus tierras son fértiles para la agricultura, poseen un bosque con amplia biodiversidad y playas libres de desarrollos inmobiliarios.
En los últimos 15 años, sin embargo, los yaquis se han visto obligados a librar una batalla contra la construcción del Acueducto Independencia, que aseguran es responsable del desabastecimiento de agua en sus comunidades; a reclamar sus derechos frente la instalación del Gasoducto Sonora, que señalan pone en peligro a los pueblos indígenas y a vigilar que las concesiones que se otorgan a empresas mineras no afecte su normal acceso al agua.
La resistencia para proteger su territorio ha coincidido con una violencia que, en los últimos meses, ha mostrado su peor rostro: asesinatos, amenazas, encarcelamiento contra líderes indígenas e integrantes de los pueblos y desapariciones forzadas. En las últimas tres semanas, diez yaquis han desaparecido y sus compañeros aún no logran dar con su paradero.
¿Qué está pasando hoy en el territorio Yaqui?
Pueblo en vilo
Los yaquis habitan la región centro-sur del estado de Sonora (noroeste de México) y están organizados en ocho pueblos: Pótam, Huírivis, Tórim, Cócorit, Loma de Bácum, Vícam, Ráhum y Belem que se distribuyen a lo largo de los 500 kilómetros por donde serpentea el Río Yaqui, su principal fuente de vida e identidad.
La población indígena en el territorio es de poco más de 30 mil habitantes. Cada uno de sus ocho pueblos tiene una estructura de gobierno tradicional, guardias comunitarias, sistema de asambleas y un sistema religioso ligado a su cultura.
Sin embargo, desde la conquista española, los yaquis se mantienen en resistencia para proteger sus tierras.
El pasado 14 de julio una nueva tragedia los ensombreció: siete integrantes de la guardia tradicional de Loma de Bácum y tres personas más de la comunidad fueron víctimas de desaparición forzada.
Los siete guardias hacían su trabajo de vigilancia por los 49 kilómetros de camino que hay entre Loma de Bácum y el rancho El Coyote. Los demás transitaban hacia el rancho Agua Caliente, a 40 minutos de Bácum, para recoger vacas que llevarían al pueblo donde se preparaba un festejo tradicional. En ambos casos nadie los volvió a ver.
“El origen de esta violencia es la intromisión de las empresas mineras en nuestro territorio. Sabemos que son las que auspician este tipo de delitos para crear psicosis con el fin de que la población abandone sus lugares de origen”, asevera Guadalupe Flores Maldonado, vocero del pueblo yaqui Loma de Bácum.
En la región indígena hay 25 concesiones otorgadas a empresas mineras de Canadá, Estados Unidos y México que están en operación, de acuerdo con la Cartografía Minera de la Secretaría de Economía del gobierno mexicano.
Abogado y asesor de la guardia tradicional, Flores Maldonado es un hombre de 65 años y comenta que la presión que ejercen las empresas mineras para obtener concesiones coincide con el incremento de la violencia en los pueblos, donde aparecen grupos armados que intimidan a la población cometiendo diversos delitos. Por eso considera que el secuestro de sus compañeros de Lomas de Bácum no es común porque nadie llama pidiendo su rescate.
“La Fiscalía de Sonora no abre una línea de investigación sobre el actuar de las empresas mineras. Le carga todo al crimen organizado, que también nos golpea, pero nosotros queremos que indague esas tácticas usadas por las transnacionales contra la población”, precisa Flores Maldonado.
Por su parte, la Fiscalía de Sonora comenta: “No podemos dar información al respecto para no entorpecer la investigación”. Aunque tampoco confirma si atienden la petición de los indígenas en relación a su percepción sobre las mineras.
Mongabay Latam solicitó entrevistas con la empresa Mexicana del Cobre, filial del Grupo México, y a la Compañía Minera Dolores que operan dentro del territorio yaqui para conocer su opinión sobre los señalamientos de los indígenas. Pero hasta el momento de la publicación del reportaje, no respondieron.
Los yaquis secuestrados el 14 de julio en Bácum son conocidos por su labor de vigilancia y trabajo en el pueblo. Se trata de Benjamín Portela, de 65 años; Artemio Arballo, de 60 años; Martín Hurtado, de 53 años; Gustavo Acosta, de 49 años; Heladio Molina, de 44 años; Braulio Pérez, de 40 años; Leocadio Galaviz, de 38 años; Fabián Sombra, de 34 años; Juan Justino Galaviz, de 28 años, y Fabián Valencia, de 27 años.
El pasado 14 de junio, los indígenas de este pueblo recibieron una noticia alentadora: el gobierno de México ha propuesto desviar el trazo original por donde corre el Gasoducto Sonora, que ponía en riesgo a la población.
Desde 2014 los habitantes de Loma de Bácum se opusieron a la construcción de esa enorme lengua de cilindros de acero que la empresa IEnova, filial de la transnacional Sempra Energy (Estados Unidos), desplazó sobre 90 kilómetros del territorio yaqui para exportar gas natural.
Durante seis años, denunciaron acciones de represión, el encarcelamiento de dirigentes, como Fidencio Aldama, y amenazas constantes por oponerse al gasoducto. Aunque la empresa logró colocar los cilindros, los indígenas frenaron su operación cuando un juez les otorgó un amparo en 2017.
Ese largo litigio está a punto de llegar a su fin, luego de que el gobierno expresó, el 14 de junio, la intención de desviar la ruta del gasoducto.
Desapariciones
Lo que nunca imaginaron fue que, justo un mes después de ese anuncio, una decena de yaquis serían reportados como desaparecidos.
Familiares de las víctimas denunciaron los hechos ante la Fiscalía. Dos días después, la Comisión de Búsqueda de Personas, que depende de la Secretaría de Gobierno de Sonora, emitió las fichas de identificación de los indígenas, en redes sociales.
El titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de Sonora, José Luis González Olivarría, explica que pocas veces ha ocurrido que un grupo amplio de personas sean privadas de la libertad el mismo día.
“La delincuencia organizada está muy activa y pelea territorio para el trasiego de drogas o actividades ilícitas. Pero mantenemos la búsqueda para hallar a las víctimas”, dice el funcionario, quien es criticado por organizaciones no gubernamentales, debido a sus escasos resultados.
Los pueblos yaquis habitan en una superficie de 5500 kilómetros cuadrados que abarca los municipios (provincias) de Guaymas, Cajeme, Empalme, Bácum y San Ignacio Río Muerto, ubicados al centro-sur del estado de Sonora donde la inseguridad y la violencia arrincona a sus habitantes.
A tal grado que Cajeme ocupa el cuarto lugar entre los municipios más violentos de todo México al registrar 200 casos de homicidios dolosos, de enero a mayo de este año, mientras que en Guaymas y Empalme reportan, cada uno, 70 delitos de este tipo.
Son datos recientes que dio a conocer el titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Durán, el pasado 18 de julio, al presentar la lista de los 50 municipios con mayor incidencia delictiva en México.
En Sonora la violencia no da tregua. Un total de 1227 personas sufrieron desaparición forzada, entre 2018 y 2020. La cifra oficial puede crecer porque no todos los casos se denuncian, por temor a poner en riesgo la vida de las víctimas.
“Entre Hermosillo (capital de Sonora), Guaymas, Empalme y Cajeme ocurre el 70 % de los homicidios. Además de las desapariciones forzadas y el hallazgo de fosas clandestinas”, afirma Manuel Emilio Hoyos, director del Observatorio Sonora por la Seguridad, organización dedicada a medir los índices de violencia en el estado.
Considera que uno de los factores que inciden en el incremento de los delitos es la impunidad: “Ahí es donde la Fiscalía de Sonora nos debe la resolución de los casos: de diez homicidios investigados, solo dos se resuelven”, precisa Hoyos.
El río de la vida
En los últimos meses, los yaquis han sido blanco de ataques. La madrugada del 27 de mayo Tomás Rojo Valencia también desapareció en el municipio de Guaymas, cuando caminaba por el pueblo de Vícam, a 30 kilómetros de Loma de Bácum donde apenas secuestraron a los otros diez indígenas.
Ingeniero agrónomo de profesión, Rojo nació en el pueblo de Pótam. Hace tres décadas llegó a Vícam a proponer el uso de nuevas tecnologías para el cultivo. Pero en 2010 le tocó vivir uno de los periodos más intensos: la defensa del agua.
Los pueblos yaquis libraron una ofensiva contra el gobierno de Sonora para evitar la construcción del Acueducto Independencia que desviaría el agua del Río Yaqui (el corazón de los indígenas) hacia Hermosillo, la ciudad más importante de Sonora.
“Amenazas de muerte, intentos de secuestro, fabricación de delitos, encarcelamiento y represión presupuestal, porque el gobierno nos retiró todo tipo de apoyos, fue lo que vivimos de 2010 a 2017”, recuerda Mario Luna Romero, secretario de las autoridades tradicionales de Vícam.
Marchas, bloqueos de carreteras y amparos legales eran parte de la estrategia de los yaquis que los llevó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo órgano mexicano que le dio la razón a los indígenas. Todo fue en vano.
Al final, el gobierno de Sonora construyó el acueducto para trasladar 75 millones de metros cúbicos de agua al año, desde la cuenca del Río Yaqui hacia la ciudad de Hermosillo porque, mientras los indígenas actuaban legalmente, el entonces gobernador Guillermo Padrés Elías avanzó con rapidez en la construcción de la obra.
El Acueducto Independencia ha beneficiado, principalmente, según la dirigencia yaqui, a las grandes industrias y empresas agroindustriales presentes en Hermosillo.
“El desgaste físico y económico que vivimos durante la defensa del agua nos impidió mantener la misma dinámica. Algunos seguimos, pero Tomás Rojo tenía tiempo que ya no estaba en la lucha, aunque ocupaba un lugar importante entre nosotros”, reconoce Mario Luna.
Cuando Tomás Rojo desapareció, a finales de mayo, un centenar de organizaciones, artistas, intelectuales y comunidades indígenas nacionales e internacionales demandaron al gobierno mexicano la aparición con vida del líder yaqui.
Durante 22 días, la angustia cubrió el alma de su familia hasta la mañana del 17 de junio, cuando un campesino recolector de leña halló un cuerpo sin vida en una fosa clandestina, ubicada a 12 kilómetros de Vícam, el lugar donde lo vieron por última vez.
Tres días después, la fiscalía de Sonora informó lo que nadie quería escuchar: el cuerpo hallado era de Tomás Rojo Valencia de 54 años, lo confirmaron sus huellas dactilares y el análisis de ADN. Un golpe contuso en la cabeza le arrebató la vida.
Un mes después, la policía detuvo a dos presuntos implicados en el asesinato. Según la versión oficial, el supuesto móvil se debió a que Rojo impulsaba la colocación de una caseta de cuota en Vícam para que lo recaudado fuera en beneficio del pueblo.
Se supone que con esa caseta se evitaría que un grupo del crimen organizado cobrara por su lado a los automóviles y camiones que circulan por la región, haciéndose pasar como yaquis. El caso sigue abierto y los presuntos delincuentes están en prisión preventiva.
Un clima de terror
Durante los últimos tres lustros, en el territorio yaqui se ha desatado una guerra que ha producido huérfanos y viudas, padres y madres en duelo, y la destrucción del tejido social.
Antes del asesinato de Tomás Rojo, la violencia estalló en otros pueblos. Agustín Valdez, de 30 años, fue acribillado el 1 de mayo al asistir a una fiesta en la comunidad indígena Loma de Guamúchil.
Hijo del gobernador tradicional de Loma de Guamúchil, Valdez era uno de los jefes de vigilancia de la Guardia Tradicional y líder del bloqueo intermitente que los indígenas colocan en la Carretera Federal No.15 para pedirles a los vehículos que pasan por la zona apoyo para solventar algunas carencias del pueblo.
La violencia no paró ahí. Un mes después Luis Urbano Domínguez Mendoza fue asesinado a balazos al salir de un banco de Ciudad Obregón, Sonora, el pasado 8 de junio. Originario del pueblo yaqui Cócorit, tenía 35 años. Aunque ya no era activista, formó parte del movimiento en defensa del agua y el territorio Yaqui, desde 2012.
Estos son los casos más visibles donde la violencia tocó a figuras conocidas de los pueblos yaquis. Sin embargo, el clima de terror lo padecen todos los indígenas. Durante los últimos dos años, más de 20 jóvenes de Vícam han sufrido desaparición forzada.
A la fecha, la fiscalía no ha logrado esclarecer el móvil de ninguno de estos casos.
La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exhortó al gobierno a realizar acciones de búsqueda para localizar a los pobladores yaquis.
“Urge una investigación exhaustiva porque los liderazgos de estos pueblos están más expuestos a represalias y acciones violentas, debido a su visibilidad por la defensa de sus derechos al territorio y cosmovisión. Su asesinato o desaparición forzada tiene un efecto amedrentador sobre las comunidades”, apunta Guillermo Fernández-Maldonado, titular de ONU-DH en México.
La riqueza de los pueblos
Las constantes sequías que ya se registran en el Río Yaqui (por el cambio climático y el trasvase de agua hacia Hermosillo) y la amenaza de un posible accidente causado por la exportación de gas natural, mantiene vigente la oposición de los pueblos yaquis al Acueducto Independencia y al Gasoducto Sonora.
Tampoco bajan la guardia en toda la región porque compañías mineras extranjeras han solicitado al gobierno mexicano más concesiones para continuar con la explotación de minerales.
De 2010 a 2018, el gobierno mexicano ha otorgado 25 permisos a diferentes empresas mineras para extraer oro, carbón, grafito, sal, perlita, cal, cemento, arcillas y antracita dentro del territorio yaqui, de acuerdo con el Panorama Minero del Estado de Sonora, de la Secretaría de Economía.
“Lo único que nos han dejado es violencia, veneno, deforestación y desertificación”, afirma Martín Valencia, secretario del gobierno tradicional de Loma de Bácum, quien agrega que el gobierno mexicano nunca ha realizado la consulta previa entre los pueblos para otorgar las concesiones.
Hay más empresas mineras que se mantienen en espera de que el gobierno mexicano les otorgue permisos dentro del territorio yaqui para sustraer minerales.
Jano Valenzuela es sociólogo y pertenece a la sociedad mestiza que también habita en Vícam. Estudioso de la cultura Yaqui, advierte que al norte de la Sierra del Bacatete, en el municipio de Guaymas, el gobierno de México otorgó una concesión a la Minera del Norte SA de CV que abarca 13 300 000 hectáreas. El permiso opera desde el 25 de noviembre de 2010 a la fecha.
La Sierra del Bacatete es un corredor biológico donde los yaquis depositan su historia de resistencia porque, a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, este lugar fue el refugio de los indígenas que huían de la guerra de exterminio que el gobierno mexicano lanzó contra ellos.
“En la historia de despojos que ha sufrido la tribu Yaqui, la violencia siempre ha sido un medio para expandir capitales que van desde la agroindustria y la maquila hasta la minería”, indica Jano Valenzuela, también politólogo.
La renta de la tierra
Hay otra nube negra que oscurece el cielo del territorio Yaqui: la pobreza. A consecuencia de la reducción del caudal que ya presenta el río Yaqui, la población ha perdido buena parte de la flora y la fauna que formaban parte de su subsistencia, como el pescado, el venado, el frijol sarazo, los quelites y otras especies hoy extintas.
“Hay un proceso de depredación del medio ambiente ocasionado por la pobreza de los yaquis y el abandono de los gobiernos”, afirma el economista Alejandro Valenzuela, catedrático de la Universidad de Sonora.
Hace seis décadas Valenzuela nació en Vícam y pertenece al 10 % de la población no indígena que reside en la región. Ha visto pasar gobierno de diferentes partidos políticos que llevan proyectos, programas y apoyos. Y asegura que ninguno ha logrado sacar a los pobladores de la pobreza.
“Primero, porque el 95 % de la tierra que los yaquis poseen para el cultivo están rentadas; segunda, porque ellos no son sujetos de crédito y, tercero, porque ellos mismos viven una división interna que les impide recuperar sus tierras cultivables”, indica.
La restitución de sus tierras es una de las exigencias históricas de los yaqui. Foto: Gobierno de México.
Valenzuela narra que a mediados de los años setenta el gobierno mexicano creó el Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) para financiar la productividad primaria agropecuaria y forestal.
Banrural contrataba a los yaquis como jornaleros, compraba la semilla, sembraba en la región con su propia maquinaria, levantaba la cosecha y la vendía. Por ese proceso, los yaquis recibían el pago de su trabajo y el 2 % de lo que se cosechaba en sus tierras.
Quienes no entraban dentro de ese proceso, solicitaban créditos para sembrar. A mediados de los años noventa, Banrural quebró y cerró. El gobierno no les dio otra opción.
“Los yaquis se quedaron sin la posibilidad de sembrar las 25 mil hectáreas que tienen destinadas para el cultivo. Es un mundo de tierra en la que puede usarse alta tecnología, pero ya no tienen créditos. Cuál fue la alternativa: rentar la tierra”, precisa Valenzuela.
Todavía hay yaquis que siembran, pero el 95 % de sus tierras las rentan por cinco, diez o hasta 15 años a las grandes empresas agroindustriales que les pagan una renta anual.
“La renta de la tierra es realmente una expropiación a las comunidades. Esto ha causado la concentración de la riqueza en Sonora y la extensión de la pobreza para los yaquis”, precisa Valenzuela.
A pesar de su historia de resistencia, la violencia que padecen los pueblos yaquis empieza a apagar sus voces. Aunque la guardia tradicional de Loma de Bácum continúa con la búsqueda de sus diez compañeros víctimas de desaparición forzada, han transcurrido tres semanas sin tener resultados.
Fuente: https://es.mongabay.com/2021/08/mexico-yaquis-despojo-desapariciones-pueblos-indigenas/
https://rebelion.org/la-permanente-batalla-de-los-yaquis-contra-el-despojo/
Mitin Mundial de la Insurgencia Cultural: un grito que crece
Desde su nacimiento allí por 2019, las jornadas internacionales de la Insurgencia cultural organizadas por la Federación Internacional de Escritoras y Escritores por la Libertad ha venido creciendo en cantidad de países, en la profundidad de su contenido y compromiso con la causa del pueblo. En este 2021 se han superado todos los pronósticos y la extensión del Mitin Mundial de la Insurgencia Cultural alcanza toda la extensión de las provincias de Argentina y en 70 países, convocando 200 colectivos y sumando en sus jornadas a aproximadamente 500 trabajadores de la cultura. En nuestro país se rendirá homenaje a Alicia Graciana Eguren y Raymundo Gleyzer. En el plano internacional, para dar algunos ejemplos del desarrollo territorial, en Chile se concretarán actividades en 6 comunas: Puerto Montt, Tongoy, Comuna de Independencia, Comuna de Recoleta, Comuna de la Florida y Santiago de Chile con la organización de la Red de titiriter@s de Chile, la ACU (Artistas Callejeros Unidos) y la ACA (Agrupación Cultural de Artesanos) que se suman a otras reuniones convocadas por la Sociedad de Escritores de Chile (SECH). En Uruguay, más de 50 artistas participarán de las lecturas y recitales. En Paraguay, la Sociedad de Escritores de Paraguay seguirá, como el año pasado, organizando la Insurgencia Cultural. En Brasil habrá múltiples actividades de lectura, en Bolivia lo mismo. En Perú, las actividades se extenderán durante agosto y setiembre. En Colombia se desarrollarán las jornadas en seis ciudades como Colombia Popayán, Cali, Pereira y el suroccidente con instituciones de la relevancia de la Universidad del Cuaca. En Ecuador, las sedes serán Cuenca y Quito. En El Salvador habrá 11 actividades en homenaje a los combatientes revolucionarios y trabajadores de la cultura Lil Milagro Ramírez, Paco Cutumay y Jaime Nuñez, organizadas por instituciones como la Universidad de El Salvador Multidisciplinaria Central, la Fundación Cultural ALKIMIA, la Biblioteca Municipal «Dr. Camilo Arévalo», la Biblioteca Pública «David Granadino», el Círculo de Escritores de Sonsonate y la Asociación Cultural Kuscatan. En México habrá participaciones en nueve Estados: Chiapas, Toluca, Tabasco, Oaxaca, Estado de México, Sonora, Veracruz, San Luis Potosí y Jalisco serán los lugares donde se llevarán a cabo eventos culturales del Mitin insurgente. En todo el territorio de América surgirán actividades, desde Cuba, Honduras, Nicaragua, Republica Dominicana, Guatemala hasta EEUU y Canadá. En Europa se desarrollarán actividades en Finlandia, Suecia, Alemania, Francia, España, Països Catalans (donde se rendirá “Homenaje al poeta Vicent Andres Estelles y todos los luchadores por la libertad”); en Italia, en los países de los Balcanes. Mientras que en África se sumaran Argelia, Marruecos, Kenia, Mozambique, Saint Tome y Príncipe, Guinea Ecuatorial, Angola, Sul de África, Zimbawe, Nigeria, Camerún y Egipto donde se realizaran dos lecturas. De los países árabes Arabia Saudita, Pakistán, Jordania, Siria, Líbano, Irak, Irán, Kurdistán, Palestina, en este último con la participación de la Unión de Escritores de Palestina. En Bangladesh se realizarán tres lecturas. Para finalizar se realizarán actividades en la India y el sudoeste Asiático.
Lo que será, sin dudas, una de las citas centrales más emocionantes de las jornadas que rescatan la esencia de la convocatoria mundial es la Charla «Federico García Lorca es un grito de justicia» sobre el contexto histórico de la lucha Republicana y el actual pedido de justicia para las víctimas de la Dictadura Franquista y sus familiares. Se realizara el Sábado 14 de Agosto a las 17 hs. De nuestro país. Contará con la participación de Adriana Fernández (querellante en la causa contra los crímenes del franquismo tramitada en Argentina), Nadia Saha (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ARMH Argentina), Rafael Morales Domínguez (Presidente de la Asociación Sociocultural La Desbandá), Luis Suárez-Carreño (querellante en causa contra los crímenes del franquismo) y Manuel Ruiz («La Comuna, presos del franquismo»). Esta actividad que tiene como objetivo visibilizar la causa presentada en el Tribunal Federal y Criminal 1, de la jueza María Servini. Causa por la cual la Federación Internacional de Escritoras y Escritores por la Libertad inició un petitorio mundial de junta de firmas para respaldar la investigación y la acción de la querella argentina que busca justicia y la búsqueda de los restos de Federico García Lorca. Para sumarse a esta causa con su firma entrar en: http://chng.it/mRLKCVKqgQ
Otra de las actividades convocantes será el conversatorio “Cultura, arte y política como una forma de transformar y revolucionar el mundo”. Con la participación de la Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización De la República Plurinacional de Bolivia, Sabina Orellana Cruz; del ex Ministro de Cultura de Brasil Juca Ferreira; la Diputada del Partido de los Trabajadores del Brasil María Marighella, nieta del legendario dirigente revolucionario Carlos Marighela; el Embajador de Cuba en Bolivia Danilo Sánchez Vázquez; el Ministro del Poder Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela Ernesto Villegas Poljak; y la Embajadora de Nicaragua en Perú Marcela Pérez Silva, compañera del Comandante Tomás Borge. Dicha actividad se realizará el viernes 20 de agosto a las 19 hs de Argentina.
Todas las actividades del extenso y variado programa del Mitin Mundial de la Insurgencia Cultural serán transmitidos por: https://www.facebook.com/groups/insurgenciacultural, https://www.youtube.com/channel/UChY4xrGkJxeS6DxAjCZJzGA
En los próximos días podrán ver el programa completo en https://fielorg.wordpress.com/about/
Están invitados a unirse a este grito que crece en el mundo.
https://rebelion.org/mitin-mundial-de-la-insurgencia-cultural-un-grito-que-crece/
Antoni Benaiges, el maestro que prometió el mar
Sergi Bernal, documentalista, ha sido el encargado de recuperar la historia de Benaiges, uno de estos docentes comprometidos con la educación basada en los ideales republicanos y que se implicó al proponer una pedagogía con un fuerte componente emancipador. Pertenecía a una generación de maestros y maestras con una nueva forma de entender la educación que fue extendiéndose durante los primeros años de la Segunda República pero que no pudo continuar por la llegada de las tropas afines al bando fascista y la posterior dictadura.
La historia surgió casi inesperadamente: “Un día, de casualidad, leí un número de la revista de divulgación histórica Sàpiens donde se hablaba sobre la investigación del cuerpo de Josep Suñol, presidente del Barça y diputado republicano”, relata Bernal. Se puso en contacto con una historiadora y le pidió ayuda para hacer fotografías del proceso de exhumación en la fosa de La Pedraja, en Burgos. “Era muy grande, salieron 135 esqueletos en dos exhumaciones. Documenté las fases, grabé entrevistas a familiares de personas asesinadas…”, explica. Estaba dando por acabado el trabajo cuando, de casualidad, la historia tomó un giro inesperado: cuando el equipo de las exhumaciones estaba recogiendo, apareció una persona del pueblo de Bañuelos de la Bureba diciendo que allí se encontraba el maestro de su pueblo, Antoni Benaiges.
Bernal se puso a buscar información a través de la red, pero lo único que encontró era una pequeña publicación de un blog de México. “Aquel texto hablaba de un maestro que había sido asesinado los primeros días de la Guerra Civil, que se encontraba en la fosa de La Pedraja y que había prometido a los niños de la escuela de aquel pueblo de montaña que aquel invierno los llevaría a ver el mar por primera vez cerca de su pueblo natal, en Tarragona”.
Precisamente allí, en su localidad natal, sus familiares todavía conservan algunas copias de uno de los cuadernos más emblemáticos que se produjeron en aquella escuela: El mar, la visión de unos niños que no lo han visto nunca. “Aquello era una perla, toda una declaración de intenciones, un cuaderno donde el alumnado de esta escuela de Bañuelos de Bureba se expresaba libremente alrededor de la idea de cómo imaginaban que sería el mar y cómo sería la experiencia de verlo por primera vez”, rememora Bernal.
“El maestro dice que iremos a bañarnos, yo digo que no voy a ir porque tengo miedo que me voy a ahogar”, escribía la alumna Lucía Carranza al respecto de la promesa. “El mar será muy grande. Yo no lo sé porque no he estado allá. También será muy ancho y tampoco sé si es ancho o no lo es”, dudaba Natividad Hernáez. “En el mar habrá más agua que toda la tierra que yo he visto. El agua estará muy caliente. En las orillas debe ser piedra, porque si no se lo tenía que llevar”, se aventuraba Severino Díez… “Se trataba de un ejercicio de imaginación y de toma de la palabra excepcional”, resume el documentalista. Pero aquel sueño se truncó porque llegó el alzamiento, la detención, la tortura y la ejecución de este maestro.
Anton, un joven maestro comprometido con la transformación social
Antoni Benaiges fue un maestro catalán nacido en 1903 en el pueblo de Mont-Roig del Camp (Tarragona). Antes de ser maestro, y a pesar de que toda su familia se dedicaba a oficios relacionados con el mundo de la educación y la pedagogía, él hizo de campesino, coyuntura que le facilitó contar con una perspectiva bastante clara alrededor de la problemática asociada a la distribución de la riqueza así como de las desigualdades existentes en aquel momento.
En el año 1928 empezó a estudiar en la Normal de Barcelona, acabando finalmente en 1934 como maestro en aquella escuela rural situada cerca de Burgos. “Bañuelos era un pueblo casi sin carreteras y sin gas, electricidad y agua corriente de poco más de doscientos habitantes y donde todo el mundo se dedicaba al cultivo del cereal. Contaba, eso sí, con una escuela, una pequeña escuela donde llegó destinado el maestro Benaiges”, explica Bernal. Previamente a su llegada a este pequeño pueblo, Benaiges había sido destinado a la localidad catalana de Vilanova i la Geltrú, lugar donde conoció las técnicas Freinet.
Estos postulados pedagógicos partían de la base de confiar plenamente en las posibilidades de cada uno de los niños y de las niñas y darles la palabra. El alumnado construyó un trabajo cooperativo dentro del aula alrededor de la imprenta escolar, fabricando un diario escolar y unos cuadernos de forma periódica que se intercambiaban con otros pueblos donde también se estaban poniendo en práctica experiencias educativas parecidas. “A través de estos cuadernos los niños y las niñas explicaban su día a día, trabajaban el espíritu crítico al escribir aquello que veían y preguntarse el porqué de cualquier duda o acontecimiento que estuviera ocurriendo en el pueblo: quién era la persona más mayor, cómo se había muerto la burra del vecino, quién era la persona más pobre y la más rica, y así un largo etcétera” afirma Sergi.
Benaiges fue un maestro, en definitiva, que llevó la esperanza y el progreso a esta pequeña localidad de Burgos: “Este maestro no solo llevó la imprenta, el gramófono y la modernidad sino que también llevó el progreso, significó un perfil de persona muy avanzada a sus tiempos”. Pero a raíz de esta toma de la palabra por parte de su alumnado empezando a rondar por el pueblo haciendo preguntas, cuestionándose el por qué de las cosas y tratando de analizar los motivos que generaban las profundas desigualdades sociales existentes, se encendieron las alarmas entre la gente con más poder tanto de esta localidad como de su alrededor. Unas alarmas que ya habían empezado a sonar prácticamente desde la llegada de Benaiges al pueblo ya que “lo primero que hizo nada más pisar la escuela —asegura Bernal— fue pintarla y sacarle el crucifijo, algo que no estuvo bien visto ya que este pueblo era muy católico y, además, los caciques contaban con mucha fuerza”.
Dar la palabra y la voz al alumnado
“Todo aquello que queda de Antoni Benaiges se conserva en una caja de cartón. Es poco. Unas fotos en blanco y negro y unos cuadernos antiguos impresos de forma rudimentaria y que la familia guarda desde hace muchos años”, escribe Francesc Escribano en el libro Antoni Benaiges. El maestro que prometió el mar(Desenterrando lo silencio), una obra escrita conjuntamente con Sergi Bernal, Francisco Ferrándiz y Queralt Solé que sirve para homenajear a este maestro. Más allá de la vertiente emocional que supone tener estos pequeños recuerdos, los autores destacan la vertiente pedagógica que supuso trabajar en el aula a través de la imprenta y la expresión libre del alumnado.
Al pedagogo francés Célestin Freinet se añadían otros referentes que ayudaron a poner en práctica desde las escuelas “los nuevos ideales de ciudadanía que llegaron con la proclamación de la Segunda República”: María Montessori, Ferrer i Guàrdia y Adolphe Ferrière… Pero las técnicas propuestas por Freinet tales como la asamblea, el texto libre, la correspondencia interescolar y el uso de la imprenta ayudaban a construir una relación entre la escuela y el entorno que permitía la entrada de la vida real dentro del espacio del aula. Gracias a esta práctica, el alumnado de esta escuela se convirtió en cronista de la vida del pueblo: además de hacerse preguntas y averiguar cosas, a través de estas publicaciones se compartían también refranes, canciones populares y observaciones meteorológicas.
De este modo, ya no estaban encerrados dentro de las cuatro paredes de la clase donde debían de empezar a recitar los mismos temas repetitivos y memorísticos sino que la clase se llenaba de experiencias de vida. De hecho, se ve en los escritos del maestro Benaiges que el cuaderno y el periódico no suponían un fin sino un medio, “porque vamos al sentido profundo de la libertad. Sentido vital. El papel rayado es pauta. La pauta es conducción. O lo que es igual, dejarse llevar. (…) El niño, para ser educado, necesita camino libre, trazarse por sí mismo la trayectoria de sus actividades. ¿Que con papel sin rayar el niño escribe torcido? Mejor. Un motivo más para mejorarse yendo derecho. Dejémosle”.
La propuesta de maestros como Benaiges era que la educación básica se extendiera, que no estuviera reservada solamente para la gente que valía para hacer una carrera lejos del pueblo sino para todo el mundo y hacer sentir al alumnado que tenía una responsabilidad. “Una manera de construir ciudadanía, donde poder defender su pueblo y dignificarlo. Una educación donde todo el mundo tuviera dignidad, supiera expresarse, escribir y comunicar. En definitiva: hacer ciudadanía del futuro, eso sí, con valores republicanos”, concluye Bernal. Todavía hoy son muchos quienes se consideran herederos de estas propuestas pedagógicas e incorporan algunas de estas técnicas a la hora de trabajar dentro del aula, y también en espacios menos institucionalizados.
El Retratista: un antídoto frente a los discursos de odio
Desde este encuentro inesperado con el caso del maestro Benaiges, a lo largo de estos más de diez años que Sergi Bernal lleva investigando la vida de este maestro, la red de personas que han ido vinculándose alrededor del proyecto ha sido muy fecunda y extensa. “Se generó una red muy grande de colaboradores que compartían con nosotros hallazgos que hacían en archivos, bibliotecas y a través del boca a boca”, expone Bernal. El proceso de investigación que realizó el documentalista sobre este maestro le llevó en un momento dado a México, junto a Alberto Bougleux, director del documental El Retratista, un homenaje visual realizado en la antigua escuela del maestro Freinet exiliado Patricio Redondo.
México supuso un lugar clave para entender todo el proceso seguido después del exilio por un número importante de maestros y maestras republicanos, los cuales pusieron en marcha escuelas en sus nuevos países de acogida, como es el caso de José de Tapia o Patricio Redondo. El equipo documentalista supo de la existencia de la Escuela Experimental Freinet de San Andrés Tuxtla situada en Veracruz (México), en funcionamiento desde el año 1940, donde a día de hoy se siguen utilizando técnicas Freinet. Allí vieron cómo el profesorado de la escuela mexicana homenajeaba a maestros republicanos como Antoni Benaiges, una historia que lograba conectar con el joven alumnado y acercaba la memoria histórica. “Hace de gancho para entender todo lo que supuso la llegada de estos maestros y el motivo por el cual la gente del bando fascista centró una parte importante de su represión contra el magisterio”. Y es que, continúa apuntando Bernal, “tenían muy claro lo que significaban los maestros y quisieron romper con estas ideas, porque eran la punta de lanza del estado republicano y laico en estos pueblos y la vía de entrada hacia la modernidad y el progreso; y esto, a ciertos sectores, no les gustaba lo más mínimo”.
El proceso de investigación, por lo tanto, no quiso solo tratar de explicar quién era este maestro tan emblemático, sino que también simbolizara un ejercicio de memoria democrática antifascista. Al respecto, afirma Bernal que “cuando nosotros íbamos a las fuentes oficiales, como por ejemplo al Archivo General de la Administración, solo encontrábamos cosas negativas referentes al maestro Benaiges”. Se refiere a que en el expediente de depuración del maestro “se podía leer que el alcalde, el cura-párraco y los vecinos dicen que el comportamiento de este maestro era antipatriótico, antisocial y mal visto por todo el mundo y, por consiguiente, baja definitiva y en el escalafón y separación definitiva de su plaza de maestro”. Por eso ellos trataron de recordar su trabajo positivamente, y poner en valor la importancia de aquello que inició en esta pequeña localidad de Bañuelos de Bureba.
Divulgar la memoria democrática es, también, un antídoto frente al fascismo y frente a los discursos de odio que actualmente continúan extendiéndose por todas partes. En este proceso de recuperación de la historia del maestro Antoni Benaiges, Bernal trata de enfatizar no solo su vertiente pedagógica sino también su lado activista: “No se puede hablar de Antoni Benaiges solamente por la cuestión educativa, este maestro no tuvo la oportunidad de envejecer porque lo asesinaron. Por lo tanto, este es un tema que entronca directamente con la recuperación de la memoria histórica y antifascista. Hay que dar a conocer historias reales de vida de la gente que fue asesinada durante este periodo tan oscuro”.
Un objetivo que, en opinión de Bernal, se ha cumplido en gran parte. “La historia de Benaiges ya se conoce y ya hemos puesto nuestro grano de arena para dignificar su papel y para poder hacer este ejercicio de memoria democrática”, valora. Al fin y al cabo, añade, la del maestro republicano es una historia que emociona porque entronca con vivencias personales propias: “Todo el mundo hemos tenido un maestro o una maestra que nos ha marcado, que nos ha hecho sentirnos importantes, que nos ha descubierto algo maravilloso. Pues Antoni Benaiges era un poco esto, un maestro muy vinculado a su trabajo y que trató de construir conciencia a su alumnado”. Un trabajo y una militancia que pagó con su vida, y que le impidió cumplir su promesa: llevar a su alumnado a ver el mar por primera vez.
Fuente:https://www.elsaltodiario.com/ii-republica/antoni-benaiges-maestro-que-prometio-mar
https://rebelion.org/antoni-benaiges-el-maestro-que-prometio-el-mar/
La familia es lo de menos
Dentro de las concéntricas esferas de socialización, la familia nuclear suele ser, luego del átomo íntimo, la más próxima al punto central: el hablante. En espejo al lugar común “pinta tu aldea”, la literatura de todos los tiempos viene gastando los espacios domésticos al momento de desarrollar sus tramas. Sitio filoso, más proclive a la autolesión que al recorte esmerado, suele infringir a neófitos y descuidados el letal zarpazo del ensimismamiento. Misteriosas razones que no es momento de explorar, hacen a la literatura vernácula contemporánea proclive en grado sumo a esas tentaciones, en comparación con la restante producción latinoamericana.
Pese a trasegar las callecitas porteñas desde hace algunos años, la peruana Katya Adaui (Lima, 1977) viene zafando del estrago narcisista, acaso imbuida en ese castellano audaz y prolijo de su tierra natal. Delicias que cultiva en los dieciséis cuentos que contiene Geografía de la oscuridad, publicados recientemente en estas costas. La esfera familiar en que transcurren dejan de lado toda endogamia para constituirse en locación, una escenografía capaz de albergar situaciones y personajes cuya humanidad, prosapia y carácter varía en forma rotunda de una historia a otra. Lo primero que sacude al lector, que ya ha constatado en la tapa y solapas que la autoría se debe a una mujer, es la caída del prejuicio de que han de ser voces femeninas las que surjan en cada relato. Supuesto que se desploma al apreciar que, a excepción de tres o cuatro cuentos, la voz narrativa resulta masculina, con cadencia, dinamismo e identidad diversa, propia y apropiada.
Adaui repasa géneros y edades con la maestría de quien es capaz de transitar con prudencia y verosimilitud esa diversidad, sin tropiezos ni reiteraciones. Hasta hace hablar a un muerto, en el potente relato El que no está, donde una entrada del mar en la roca costera atrae osados pescadores y la rompiente de cada ola anticipa la tragedia. Intensidad que se replica en sucesos cotidianos: las joyas de la abuela que invisten el baño de la niña para transformarse en prenda de prejuicios y revanchas. O un incendio que despierta la solidaridad vecinal y el arrojo de quien se atreve a enfrentar otras igniciones para, de una buena vez, salir del closet. También, la confusión agnóstica del adolescente que encara un retiro espiritual que resulta en un recorrido por los pasadizos de la perversa ambigüedad monacal.
Temores atávicos que el convencionalismo social adjudica al rol materno, de repente pegan un vuelco: “Te volteas y ya no están. Alguien los tomó de la mano y no fuiste tú. Te volteas y renacen en otra familia. Tienen nuevos nombres y apellidos y apodos entrecomillados. No voy a privarme de ver a mis hijos transformados en seres sin preguntas. Hoy no”. Eso murmura para sus adentros un padre, en ocasión de salir en busca de golosinas con sus hijes disfrazados de ratón y elefante, respectivamente, en Los animales en los cuerpos de mis hijos.
Una tensión constante hilvana el conjunto de las tramas con la ironía a modo de sosiego. Descripciones que el lector puede optar como metáforas, sin excluirse, configuran escenarios, construyen atmósferas: “Lo pensó como un pulpo, tentáculos para subir y bajar palancas y normar el brillo y la tiniebla. Un dios flotante. Los pulpos son astutos y escurridizos. Escapistas profesionales. Huyen por orificios angostos, laberintos de los barcos pesqueros; se devuelven al mar, se chorrean a él, de nuevo vastos. Los pulpos tienen tres corazones. Dos llevan sangre sin oxígeno a las branquias. El tercero, la sangre oxigenada a todo el cuerpo. Desde que lo supo, dejó de comerlos”. Poética de figuras, la oscuridad en la prosa de Adaui encuentra brillo en los relámpagos que la entrecruza. En forma esporádica, se vale de algún recurso de ecos peruanos revisitados, en los que deja al lector la conclusión: “Una tarde, un lujo, me las puse, decoré, bailaban en mis dedos infantiles, en el cuello que todavía nadie”. O bien: “Los niños ríen y esta noche. Ríen y la vida”. Asimismo: “… mis hijos me siguen o yo”. Pueden parecer frases inconclusas, hasta errores, pero no. Más bien construyen remates destinados a la algarabía de las lectura, convocatorias a la inteligencia para quien se ha permitido zambullirse en el relato.
Permítaseme una digresión: en las altas culturas andinas que habitaban antes de la invasión española las playas, valles y montañas del país de donde Katya Adaui es oriunda, cundía un modo de producción sistematizado hoy como de control vertical de nichos ecológicos. El guano que las aves depositaban en las costas servía de abono a las plantaciones de los valles, a la vez que en las laderas se criaba ganado y las alturas proveían de hierbas y un centenar de variedades de tubérculos. Un tan complejo como aceitado sistema de intercambios permitía que el pescador contara con leche y carne proveniente de la montaña, el pastor de altura contara con pescado fresco y granos y así sucesivamente. Un sistema de prestaciones y contraprestaciones en el que la producción se diversificaba y los excedentes se distribuían. Mucho de esta generosidad, sin dudas sin saberlo, se hace presente en la literatura que fluye en Geografía de la oscuridad. Pues los dispositivos de traslación de prácticas y sentidos no es preciso que se tornen explícitos a fin de hallar eficacia. Serpentean por entre la letra sin retornar viciosamente al mismo lugar. Por el contrario, incorporan parajes cuya novedad reside en aquellos aspectos desapercibidos, nunca por haber permanecido ocultos, sino porque no se ha reparado debidamente en ellos. Algo semejante a lo que le ocurrió a los invasores españoles, que demoraron casi un siglo en descubrir la papa que se sembraba frente a sus ojos.
FICHA TÉCNICA
Geografía de la oscuridad
Katya Adaui
¿Pues entonces quién lo tiene?
La investigación de la organización periodística sin fines de lucro Forbidden Stories sobre el software espía Pegasus, de la empresa israelí NSO, con asesoría técnica del laboratorio de Amnesty International y la participación de quince medios de distintos países, entre ellos Le Monde, Washington Post, Haaretz, The Guardian y Die Zeit, tuvo una enorme repercusión internacional, entre otras cosas porque uno de los espiados mediante ese sistema fue el Presidente de Francia Emmanuel Macron, desde Marruecos. El propio ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, voló a París para efectuar control de daños.
La Argentina no figura entre los países que la investigación menciona como clientes de un software dirigido a espiar a organizaciones terroristas, pero que en distintos lugares del mundo fue dirigido contra opositores políticos, activistas por los derechos humanos y periodistas, entre ellos el saudita Jamal Kashoggi, columnista de opinión del Washington Post, quien fue asesinado en 2018 luego de ser torturado en oficinas consulares de su país en Estambul.
Sin embargo, hay fuertes indicios de que Pegasus fue adquirido por el gobierno de Maurizio Macrì en 2017, en ocasión de la visita del primer ministro israelí Beniamin Netanyhahu, en octubre de ese año. En su comitiva había representantes de la empresa NSO y los informes oficiales de Israel mencionaron acuerdos de inteligencia entre ambos países y la aplicación de la ciencia y la tecnología a la lucha contra el terrorismo.
Las actuales autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Agencia Federal de Inteligencia no encontraron ni las máquinas ni la documentación probatoria. La versión que circuló en la AFI es que toda la operación fue clandestina y que su subdirectora, Silvia Majdalani, trasladó a su casa en el barrio cerrado Abril la sala de control de Pegasus poco después de las elecciones en las que Macrì no consiguió ser reelecto. Pero esa posibilidad no fue investigada ni la vivienda de Majdalani revisada, porque no se produjo ninguna denuncia judicial. En el Ministerio de Seguridad hay quienes creen que el software israelí pudo ser operado desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos, a cargo de Fulvio Pompeo. Su actual titular, Gustavo Beliz, recién lo supo hace unos días y se comprometió a investigarlo.
El diario progresista israelí Haaretz publicó un artículo con la firma Anonymous, titulado “Yo trabajé para la empresa israelí de hackeo telefónico Cellebrite. Nos mintieron”. Cellebrite es una compañía similar a NSO, que exporta a distintos países del mundo máquinas y programas creados por organismos de defensa, seguridad e inteligencia del pequeño estado de menos de 9 millones de habitantes, en la vecindad de más de veinte países árabes, habitados por casi 450 millones de personas. El mismo diario publicó un podcast titulado Cómo el software de espionaje Pegasus llegó a forma parte del arsenal diplomático de Israel, en el que se afirma que el ex premier Netanhyahu actuó como corredor de comercio del grupo NSO y de otros fabricantes israelíes de armas. El periodista anfitrión del podcast, Simon Spungin, señala la coincidencia entre las listas de países con los cuales Netanyahu mejoró las relaciones de Israel y aquellos en los que Pegasus se utilizó para espiar a periodistas y activistas por los derechos humanos. Igual que en el caso de aviones, tanques, submarinos o misiles, estas tecnologías de espionaje sólo pueden exportarse con la explícita aprobación del Ministerio israelí de Defensa, explica en el podcast el analista senior de Defensa Yosi Melman, quien lo compara con la venta de drones y misiles a Azerbaiyán. Claro que no se los venderán a enemigos de Israel como Irán o Siria, dice. En su opinión la Mossad apoyó esas transacciones, que a veces fueron abiertas y otras veces clandestinas. El problema es que al Ministerio de Defensa solo le interesa vender. Los contratos incluyen restricciones y condicionalidades, pero en la práctica nadie controla que se cumplan, agrega. Si dormís en un hotel de cuarta, no te asombres si te pican las pulgas, ejemplifica.
Estos son algunos conceptos del artículo:
- Como ex empleado de Cellebrite puedo decir por experiencia personal que la compañía vende productos y servicios a usuarios de dudosa reputación, de regímenes autocráticos, y no hace nada para impedir su mal uso.
- Cuando con otros miembros del equipo pedimos explicaciones a la dirección, nos respondieron con dilaciones, confusiones y mentiras descaradas.
- Sabemos que son mentiras por investigaciones realizadas por grupos de derechos humanos que llevaron a Cellebrite a suspender sus ventas a Bielorusia y China. [El software estrella de la compañía es el UFED, que también fue ofrecido en la Argentina durante la visita de Netanyahu].
- Armamentos israelíes, desarrollados por gente como yo, ex miembros del establishment de defensa, que adquirimos nuestros conocimientos en el Ejército, no deberían caer en manos de algunos de los peores criminales del mundo, para ser usados contra periodistas, disidentes, miembros de la comunidad LGBTQ o contra cualquiera que haya nacido en el grupo étnico equivocado.
- El argumento de que las exportaciones de armas provee miles de millones de dólares al Estado de Israel me impresiona por su egoísmo y crueldad. Implica que por mucho dinero está bien ayudar a violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
- También es falso el argumento de que NSO opera en Israel por razones sionistas pero que bien podría mudarse a Chipre y no emplear más a israelíes. NSO depende de los conocimientos de trabajadores israelíes, veteranos de la comunidad de inteligencia, que los adquirieron en el Ejército, en el servicio de seguridad Shin Bet o en la Mossad. Esta no es una cuestión trivial. Tales conocimientos, centrales para la investigación y desarrollo en seguridad informática, no pueden adquirirse en casi ningún otro lugar del mundo, y ciertamente no en Chipre o Arabia Saudita. Hay muchos especialistas en Israel y muy pocos en otros países.
- Otro argumento falso es que, dado que los gobiernos podrían obtener los mismos servicios en China, es mejor que se los venda Israel. Si fuera así, ¿por qué los sauditas los procuraron en Israel y no en China?
- La respuesta es que las soluciones desarrolladas en Israel por ex miembros del establishment de Defensa son superiores. Si los estados autocráticos no pudieran adquirir esos servicios a NSO, deberían conformarse con alternativas inferiores y más costosas. Esto reduciría su capacidad de espiar y reprimir a sus ciudadanos.
Compañías como Cellebrite y NSO producen tecnología de punta para la vigilancia, fácil de usar contra civiles. A menudo también es fácil identificar a los clientes problemáticos y los contratos dudosos. El Ministerio de Defensa debería supervisar en forma cuidadosa la exportación de productos y servicios desarrollados por esas firmas, reconociendo que son equivalentes a armamentos. Debería entender que proteger los derechos humanos no solo es ético sino que también está en el interés de largo plazo de Israel y sus ciudadanos.
Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/pues-entonces-quien-lo-tiene-2/
Los pilares del océano amenazados por el ruido
Imagine que está en su casa sentado en el salón con las ventanas cerradas, intentando leer un libro o mantener una conversación tranquila. Pero el ruido de un martillo mecánico de las obras en la calle, el hilo musical del vecino de arriba o el petardeo incesante de las motos que se paran en el semáforo le impiden encontrar la concentración necesaria para hacerlo. Tendría varias opciones para evitar esa situación desagradable: intentar convencer a los vecinos de que respeten sus derechos o irse de su casa a buscar un lugar más silencioso.
La segunda no sería una posibilidad para un organismo que vive anclado en el suelo del océano o se mantiene la mayor parte del tiempo en relación directa con su superficie, incapaz de hacer desplazamientos largos. Estaría condenado a sufrir las consecuencias de la exposición al ruido. Es lo que les pasa a la mayoría de los seres vivos (invertebrados, plantas, algas) que viven en contacto o anclados al lecho marino.
Los arrecifes de coral o las praderas de Posidonia oceanica son ejemplos de ecosistemas marinos que hacen las funciones de residencia de estos organismos. Juegan un papel fundamental para el equilibrio natural de la Tierra y a su vez están amenazados por la contaminación acústica.
Percibiendo el sonido
Los animales marinos usan el sonido para comunicarse. Mientras que la luz solo puede penetrar unos pocos metros de la superficie, el sonido se desplaza muy rápido (viaja a unos 1 500 m/s en el agua y a 350 m/s en el aire) y recorre cientos de kilómetros en el océano. Esto permite a los habitantes del mar intercambiar información fundamental para su supervivencia y la de los hábitats que ocupan.
La bioacústica estudia los procesos fisiológicos que hacen posible la percepción y producción de sonidos. En el océano, los cetáceos y los peces son capaces de producir sonidos y percibirlos por medio de sistemas auditivos complejos. Esto les permite comunicarse mediante señales acústicas.
También los invertebrados poseen sistemas para producir sonidos. Los erizos de mar emplean sus caparazones y algunos camarones muy ruidosos usan las burbujas que generan al cerrar sus pinzas.
En lo que se refiere a la percepción del sonido, los invertebrados carecen de un oído parecido al de los vertebrados superiores. La mayoría de invertebrados poseen unos órganos sensoriales especializados, llamados estatocistos, responsables de recibir las vibraciones sonoras.
El estatocisto es una estructura, omnipresente entre los invertebrados, que interviene en la regulación de una amplia gama de comportamientos. Por ejemplo, en el caso de los cefalópodos, la locomoción, la posición respecto a la gravedad, el control del movimiento de los ojos, el patrón de coloración del cuerpo y la captación de sonidos de baja frecuencia.
Las plantas tienen una estructura análoga formada por granos de almidón. Les permite, por ejemplo, que las raíces sean capaces de encontrar la dirección adecuada para enraizar correctamente.
¿Cómo afecta el ruido a los organismos marinos sésiles?
El hecho de no poseer órganos sensoriales específicamente dedicados a la percepción del sonido no convierte a estos organismos en menos vulnerables al ruido. En los últimos 100 años, coincidiendo con su exploración y explotación industrial, la actividad humana ha introducido en el océano una cantidad ingente de fuentes de contaminación acústica (barcos, prospecciones y explotaciones de petróleo y gas, construcción y operación de parques eólicos, puertos y puentes, sonar militar o comercial) que ha invadido los hábitats marinos y ha afectado de manera especialmente crítica a estas especies sésiles o con poca movilidad.
Sin capacidad de huir a parajes más silenciosos, están condenados irremediablemente a sufrir las consecuencias de la exposición al ruido a nivel morfológico, fisiológico y comportamental. Los organismos sésiles o con poca movilidad pueden presentar cambios de comportamiento cuando están expuestos al ruido. Por ejemplo, pueden ver comprometida su capacidad de cerrar las valvas o de recuperar su posición natural, excretar tinta, tener una reacción de alarma, incrementar su agresividad, o limitar su capacidad de defensa frente a un depredador. Pueden sufrir cambios en su alimentación, crecimiento, respiración o reproducción y en el desarrollo de los huevos y larvas.
Cuando están expuestos a sonidos de alta intensidad durante un tiempo prolongado, las consecuencias son más críticas. Incluyen daños a nivel físico, como barotrauma (rotura masiva de órganos internos), cambios en los niveles de percepción de sonido y en las estructuras encargadas de percibirlo (lesiones en los estatocistos y otras células sensoriales que están en la superficie del cuerpo), que pueden acabar provocándoles la muerte.
Además, a nivel fisiológico la exposición continuada puede provocar un incremento en indicadores del nivel de estrés (hormonas, tasa metabólica, repuesta inmune, fisiología cardíaca o condición general del cuerpo) o daños irreversibles en el ADN.
En el caso de los organismos exclusivamente sésiles, como los corales, la Posidonia oceanica (la única planta superior con flores del Mediterráneo), las algas, los sabélidos (gusanos que viven dentro de un tubo calcáreo), las esponjas, las anémonas y un sinfín de organismos que viven anclados en el suelo del mar, esta situación es especialmente grave. La acumulación de esos efectos en sus habitantes puede comprometer la supervivencia de ecosistemas vitales como las praderas de posidonia (inhabilitando su capacidad de enraizar o nutrirse) y otros pastos marinos, o los arrecifes de coral (ya muy afectados por el cambio climático).
Como una especie más que vive y comparte el planeta con los habitantes del océano, tenemos que tomar conciencia de nuestra responsabilidad en la creciente presión a la que sometemos el medio marino. No solo por los efectos devastadores del cambio climático y la contaminación por plásticos y otros residuos no biodegradables. El ruido que introducimos en los océanos contribuye a la pérdida de la biodiversidad, altera el equilibrio de los ecosistemas de la Tierra y constituye una amenaza para la humanidad.
Este artículo forma parte de Océanos 21, una serie de artículos sobre los océanos del mundo que nos llevan a explorar las antiguas rutas comerciales del océano Índico, la contaminación de plásticos en el Pacífico, la luz y la vida en el Ártico, la pesca en el Atlántico y la influencia del océano Antártico en el clima global. La red de colaboradores internacionales de The Conversation pone estos textos a su alcance.
Marta Solé Carbonell. Investigadora Senior del Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques (LAB), Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech
Fuente: https://theconversation.com/los-pilares-del-oceano-amenazados-por-el-ruido-165197
https://rebelion.org/los-pilares-del-oceano-amenazados-por-el-ruido/
El Paraná se queda sin agua
Las variaciones climáticas y las actividades humanas -deforestación, actividad agropecuaria, infraestructuras, dragado- explican la situación. Nadie aventura las consecuencias a largo plazo.
No llueve. Y si llueve, lo hace con tanta timidez que no alcanza para compensar una espera que comenzó en junio de 2019 y dos años después se ha convertido en una preocupación mayúscula. La cuenca de los ríos Paraná-Plata padece desde entonces una sequía con efectos que se evidencian a primera vista y consecuencias que nadie se atreve a predecir.
El Paraná, eje central de una cuenca que cubre casi tres millones de kilómetros cuadrados, se encuentra en un estado que asombra a quienes viven a sus orillas y alarma a los científicos. De punta a punta de su trayecto —3940 kilómetros que nacen en las sierras del sureste brasileño y desembocan en la Argentina a las puertas de la ciudad de Buenos Aires, luego de bañar también las tierras de Paraguay—, el nivel de las aguas muestran un descenso pocas veces visto con anterioridad. “En cuanto a los tiempos de duración, es la bajante (el descenso) más importante que se tenga registro”, señala Gustavo D’Alessandro, presidente del Consejo Hídrico Federal argentino. “La de 1944 fue la más marcada, porque se llegó a medir -0,80 metros de altura en el puerto de Barranqueras, en Chaco, pero si la situación se mantiene, en octubre podríamos superarla y llegar a -1,35 metros”, dice D’Alessandro, sin ocultar la cifra que con la sola mención produce escalofríos.
Dueño de un caudal medio de 16 000 metros cúbicos por segundo en tiempos normales (actualmente no supera los 7000), la dinámica del Paraná posee una variabilidad natural que origina ciclos de sequías e inundaciones que pueden ser anuales pero también abarcar décadas enteras. A grandes rasgos, se considera que la primera mitad del siglo XX fue un período de lluvias escasas, al contrario de lo que ocurrió en la segunda mitad. La gran diferencia es que las condiciones se han modificado de una manera tan radical en los últimos cien años y con ellas, es muy posible que la capacidad de recuperación del río también sea distinta.
Si bien no existe un consenso unánime sobre el origen de la situación actual, los científicos coinciden en alertar que el futuro será sombrío si no se modifican conductas de fondo relacionadas con el tratamiento del río y las tierras de toda la cuenca.
La Niña y las actividades humanas
Juan Burós es ingeniero civil y subgerente del área de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico en el Instituto Nacional del Agua (INA). Desde hace 38 años recorre y conoce cada sector del río: “En 1944 la vulnerabilidad era menor, porque alrededor del Paraná vivía mucho menos gente. Desde entonces hasta ahora hubo cambios notorios: hoy la economía argentina depende del Paraná mucho más que hace 78 años. El corrimiento (ampliación) de la frontera agrícola ha sido muy marcado, y este cambio de uso del suelo potencia los extremos de bajantes y crecidas”, explica.
Las causas que están provocando la situación actual es un tema de discusión latente entre la comunidad científica que estudia el fenómeno. “Son muchas cuestiones de distintas magnitudes que se van sumando”, indica Cecilia Reeves, bióloga integrante del área Humedales para la Vida en Taller Ecologista, una organización socioambiental con sede en Rosario, la ciudad de mayor tamaño a orillas del río. “La bajante llega porque hay menos lluvias en toda la cuenca, desde Brasil hasta el Río de la Plata, un fenómeno climatológico derivado del evento La Niña que se declaró en agosto de 2020”, sostiene Reeves, pero agrega: “Los que estudian el cambio climático dicen que esto es parte de ese cambio; otros aseguran que no. Es cierto que el grado creciente de deforestación y los incendios en la Amazonía hacen que la selva transpire menos y no se formen los llamados ‘ríos voladores‘ que originan lluvias, pero tampoco se puede trazar una línea directa de causa-efecto en relación a la bajante”.
Como muestra del disenso, Burós relativiza la trascendencia que pueda tener La Niña, un fenómeno con epicentro en el océano Pacífico que reduce la humedad del aire y, por ende, la cantidad de lluvias en el continente: “Cuando se declaró oficialmente La Niña nosotros ya llevábamos cinco meses de bajante. En nuestra región esos fenómenos pegan si son intensos. Ahora son flojos o tibios y las perspectivas futuras indican neutralidad o una Niña suave. Entiendo que los forzantes (causas) locales tienen aquí más importancia que los globales”, sostiene.
Por eso Gustavo D’Alessandro hace hincapié en las mano del hombre, “que sin duda ha estado empeorando la situación”. El Paraná es desde hace muchos años un cauce multifragmentado por las represas (solo en territorio brasileño hay 20) y la intervención humana a través de obras de infraestructura o el dragado permanente para facilitar el tráfico fluvial. “Para construir el puente Rosario-Victoria hubo que crear terraplenes y modificar el curso del río”, recuerda Cecilia Reeves, “ese tipo de acciones que alteran la tipología del sistema lo dejan más vulnerable ante nuevas actividades. El valle de inundación queda más expuesto y toda su estructura biótica sufre las consecuencias”.
Ya sea que incidan más unas razones que otras, el resultado es una alteración del clima que no solo está provocando el actual descenso en los niveles de la cuenca y ha puesto en estado de alerta a los países implicados —la escasa humedad del suelo aumenta de manera notable el peligro de incendios desde el Mato Grosso y el Pantanal de Brasil y Paraguay hasta el Delta argentino—, sino que augura más complicaciones en el futuro. “La variabilidad climática está muy potenciada respecto a décadas anteriores (…) y lo que cabe esperar son cambios cada vez más bruscos. Tenemos que acostumbrarnos y estar preparados a enfrentar los dos extremos porque nos van a jaquear de manera permanente”, subraya Juan Borús sin dejar lugar a dudas.
Armar posibles escenarios climáticos e hidrológicos es la tarea cotidiana de Inés Camilloni, doctora en Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires. Sus investigaciones le permiten confirmar el diagnóstico sobre la radicalización climática, aunque con un añadido interesante: “Si bien los caudales mínimos tenderán a ser más mínimos y los máximos, más máximos, la estimación indica que la intensidad de las bajantes podría aumentar de un 10 a un 15 por ciento, mientras que la de las crecientes lo haría en solo un 5 por ciento”, puntualiza en su análisis.
Agua, energía y economía en alerta
Guillermo Lanfranco es gerente de comunicación de Aguas Santafesinas, la empresa encargada de potabilizar el líquido que se extrae del Paraná y algunos de sus afluentes, y conoce de primera mano una de las consecuencias más notables que pueden padecer los habitantes de las riberas si este descenso se acentúa en los próximos meses. “Hoy las bombas de succión trabajan forzadas, con mucha presión mecánica para mantener la oferta necesaria, pero si el nivel del río disminuye todavía más es posible que debamos ajustarla. Nunca habíamos vivido una situación así”, dice con claridad en el documental Bajo Río, realizado por la Universidad de Rosario, en el que aprovecha para pedir que la población empiece a moderar el uso para prevenir futuros faltantes.
La luz presenta también sus propios problemas. Si bien en los últimos días de julio los responsables de la central eléctrica de Itaipú, ubicada en el límite de Paraguay y Brasil a pocos kilómetros de la triple frontera con Argentina, garantizaron la provisión de energía pese a que el nivel del embalse se encuentra por debajo de sus límites históricos, nadie puede afirmar que la situación pueda alterarse dentro de unos meses si la primavera no trae las anheladas lluvias. “Las represas de la cuenca alta están funcionando al 35% de su capacidad, y la de Yaciretá (más al sur, entre Paraguay y Argentina), en torno a un 50%. Si no llueve podríamos tener inconvenientes con la provisión de electricidad”, alerta Gustavo D’Alessandro.
La caída en los niveles de la cuenca, por otra parte, ya está perjudicando la economía. El 85 por ciento de las exportaciones argentinas salen en grandes barcos desde los puertos del Paraná Inferior, por donde también se marchan el 73 por ciento de las exportaciones paraguayas y el 20 por ciento de las bolivianas. La Bolsa de Comercio de Rosario estima en 315 millones de dólares las pérdidas generadas por la situación entre marzo y agosto de este año, que se suman a los 240 millones acumulados en 2020. El motivo es que los buques deben reducir la carga en sus bodegas en cantidades que oscilan entre las 6 000 y las 10 000 toneladas para evitar encallarse. Por supuesto, los pescadores artesanales también se cuentan entre las “víctimas”. Las autoridades han impuesto vedas de captura que en algunos sitios ya son totales y complican la subsistencia de las familias que basan sus ingresos en esta actividad.
Las cosas incluso empeoran a medida que se asciende rumbo al norte. “El puerto de Barranqueras está sin operar porque las barcazas no pueden ingresar”, informa D’Alessandro. Por allí llegan los hidrocarburos que abastecen a cuatro provincias del noreste argentino, que ahora deben ser transportados en camiones, lo cual encarece el traslado, disminuye la cantidad y aumenta los tiempos de viaje.
Los peces, la fauna más afectada
Con todo, nada resulta más peligroso que el daño ambiental que ya está produciendo este descenso significativo en la cuenca. La fauna ictícola es la que recibe el impacto directo. “Las especies adaptadas al humedal ven alterado su medio y se ven obligadas a migrar o buscarse la vida de otra manera. Los peces pierden las áreas donde desovan y en otros casos los huevos y alevines (crías de peces) quedan expuestos a depredadores. En el largo plazo, esto reducirá las poblaciones”, resume la bióloga Cecilia Reeves. “Desde 2015 no hay una gran inundación que genere el estímulo y el espacio de cría de peces que después mantenga la población hasta el siguiente ciclo de lluvias. Si el estado actual continúa, el grupo de peces más extraído vivirá una situación crítica”, abunda Andrés Sciara, docente e investigador de la Universidad de Rosario, en el ya citado documental Bajo Río.
El sábalo (Prochilodus lineatus), la tararira (Hoplias malabaricus), el dorado (Salminus brasiliensis), la boga (Leporinus obtusidens) o el pacú(Piaractus mesopotamicus) son esas especies que están en riesgo y a los que en algunos sectores del río se intenta proteger con la veda de su pesca.
Si algo falta para acercarse a un escenario de catástrofe que algunos científicos temen que pueda ser irreversible, el Gobierno argentino se plantea aumentar el calado (profundidad que alcanza la parte sumergida de una embarcación) y ensanchar la Hidrovía, el canal navegable del Paraná. El objetivo es facilitar la entrada de buques con mayor capacidad de carga y que puedan hacerlo con doble vía de circulación. El fin último, por supuesto, es aumentar las posibilidades para exportar granos y otras mercancías, lo cual sería además un estímulo para potenciar la expansión de la frontera agropecuaria, tanto en Argentina como en Paraguay, Bolivia y el sur de Brasil.
“Si se concreta, es de sentido común pensar que habrá un impacto directo en la fauna y en los márgenes del río”, razona Juan Borús. “En algún momento el agua volverá”, dice convencida Reeves, “pero la gran pregunta es saber qué haremos mientras tanto con la inversión inmobiliaria, los endicamientos (formación artificial de diques en los cauces de un río) para la explotación agroganadera o el dragado del cauce. Todo esto es muy importante para la recuperación. El valle de inundación es parte del río y si no lo cuidamos habrá problemas. Esta bajante deja muy en evidencia la interdependencia entre las sociedades y los sistemas que habitamos”, agrega.
Las lluvias que suelen ser de unos 1800 milímetros de agua al año en el área brasileña han disminuido a menos de la mitad. Lo mismo ocurre en las zonas de las provincias argentinas de Misiones y Corrientes acostumbradas a recibir hasta 2400 milímetros. El CEMADEN, Centro de Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales de Brasil, dice que no puede anticipar cuándo comenzará ni cómo será la temporada de lluvias que de norte a sur alimentan todo el sistema. Las autoridades se limitan a idear parches para sortear la contingencia sin mirar mucho más allá. No llueve. El agua del bravío Paraná va desapareciendo un poco más cada día y hoy por hoy nadie es capaz de asegurar que volverá a ser lo que era.
Fuente: https://es.mongabay.com/2021/08/parana-el-plata-cuenca-rios-sequia-argentina-brasil-paraguay/
La precumbre sobre los Sistemas Alimentarios, sin lugar para las voces campesinas
Este lunes comenzó en Roma, la precumbre sobre los Sistemas Alimentarios, donde los estados miembro de la ONU mantendrán las últimas conversaciones preparatorias para la cumbre convocada para septiembre, en paralelo a la asamblea general, y en la que la misión encomendada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, es la “transformación de los sistemas alimentarios” con el objetivo de “erradicar el hambre”. La ONU aseguró que la precumbre está “abierta a todo el que quiera participar”. Sin embargo, el Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas, bajo el lema “Sistemas alimentarios para el pueblo”, lanzó una contracumbre, que reafirma la decisión de no participar del evento ante “la actual colonización corporativa de los sistemas alimentarios”.
La contracumbre convocada por las organizaciones integrantes del MSC se puede seguir de forma virtual y se desarrollará en paralelo a la precumbre de la ONU hasta este miércoles 28. Además, La Vía Campesina convocó a visibilizar a través de las redes el llamado al boicot a la cumbre de septiembre bajo la consigna “Nunca más en nuestro nombre”, mientras que la International Land Coalition (LAC) lanzó otra campaña en la que exige que la precumbre sobre los Sistemas Alimentarios se reconozca la “centralidad de los derechos a la tierra para las personas que viven en y de ella” para lo que hizo públicos una serie de documentos independientes.
Una de las mayores advertencias de las organizaciones de base y movimientos sociales es la falta de transparencia en la toma de decisiones y el intento de modificar el sistema de participación para privilegiar las voces de las corporaciones. La participación de la Argentina en el proceso de debate está a cargo de la Cancillería, encabezada por Felipe Solá, y no desentona con las denuncias del MSC, Vía Campesia y LAC.
Las conclusiones sobre los Diálogos de la Argentina para la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios no se hicieron públicas —Agencia Tierra Viva solicitó el documento desde mayo y no obtuvo respuestas desde Cancillería— y las organizaciones campesinas reconocen no haber sido convocadas para el debate. La única posición oficial que trascendió fue acordada por el Ministerio de Agricultura con sus pares del continente a través del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), que impulsa en el país el modelo “AgTech”, la actualización del modelo del paquete agroquímico, con incorporación de tecnología.
Sistemas alimentarios para los pueblos
La apertura de la contracumbre convocada por el MSC fue acompañada con una declaración de los movimientos sociales, pueblos indígenas, ONG y académicos, que participan del MSC, en el que rechazaron las decisiones que se alcancen sobre los sistemas alimentarios ignorando la voz de los pequeños productores y sentenciaron que “los sistemas alimentarios industriales y el creciente control de las cadenas alimentarias por parte de las multinacionales son responsables” de los problemas que se la ONU anuncia querer solucionar con la convocatoria.
“Pese a que entre el 70 por ciento y el 80 por ciento de los alimentos del mundo son producidos por agricultores en pequeña escala, que tienen una poderosa voz colectiva, este proceso individualizado de múltiples partes interesadas da un poder desmesurado a unos pocos poderosos que controlan los mercados alimentarios, agrícolas y de capitales”, subraya la declaración del MSC.
Y agrega: “La lucha por unos sistemas alimentarios sostenibles y justos no puede desvincularse de las realidades de los pueblos cuyos derechos, conocimientos y medios de vida no han sido reconocidos ni respetados. Conocemos las soluciones factibles para abordar los problemas sistémicos de nuestros sistemas alimentarios”.
La declaración resalta que la cumbre está viciada de origen ya que fue convocada “después de firmar un acuerdo global con el Foro Económico Mundial” y denuncian que las “1000 mayores corporaciones del mundo y sus afiliados han estado controlando el diseño, la estructura, los procesos, la gobernanza y el contenido de la Cumbre”. En ese sentido, denunciaron que:
– La presidenta de la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA), Agnes Kalibata, es la Enviada Especial de la Cumbre
– El “Grupo Científico” está formado por agentes patrocinados por empresas que legitiman los sistemas de conocimiento y tecnología de propiedad corporativa
– Las “soluciones innovadoras” que surgen de las vías de acción de la Cumbre han sido concebidas para profundizar en el control corporativo sobre todos los aspectos de nuestros sistemas alimentarios.
La advertencia respecto de la cooptación corporativa de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios generó reiterados comunicados por parte del MSC, integrado por organizaciones de todo el mundo, entre ellas, La Vía Campesina, que en diciembre pasado denunció públicamente “la opacidad y la falta de inclusión”, que rodeaba la organización.
En marzo pasado, durante la asamblea plenaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Relator Especial sobre Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, se plegó a las denuncias de las organizaciones de base y denunció que “la cumbre parece estar todavía muy sesgada a favor de un tipo de enfoque de los sistemas alimentarios: las soluciones basadas en el mercado”.
https://www.youtube.com/embed/GtFf_dcm3L8
El jueves pasado, durante la rueda de prensa de presentación de la contracumbre “Sistemas Alimentarios para el Pueblo”, la referente brasileña de La Vía Campesina Paula Gioia denunció que “hay una mano corporativa clara en la cumbre, a pesar de que se vende como algo inclusivo, donde cualquiera puede participar”. En ese sentido, señaló que el sistema multipartes que se impulsa “pone a todos los actores al mismo nivel, como si fueran independientes del papel que ocupan en el sistema alimentarios e ignora asimetrías de poder y recursos” de las multinacionales.
Gioia lamentó además la “falta de voluntad política” de la organización de la cumbre, encabezada por Kalibata, a pesar de los reiterados intentos del MSC de proponer líneas de debate y participación que respeten las voces de los pequeños productores, pueblos indígenas y movimientos de mujeres rurales.
En ese tono, la referenta de La Vía Campesina señaló que el único diálogo que se habilita para la cumbre es el que habla de las soluciones impuestas por el sistema del agronegocio: “buenas prácticas agrícolas”, “sostenibilidad” y programas para recuperar los alimentos desperdiciados. “En este 25 aniversario de la soberanía alimentaria, reafirmamos nuestra unidad y compromiso para impulsar estrategias radicalmente transformadoras que reconozcan las necesidades de los pueblos”, sentencia la declaración de la contracumbre del MSC.
La crítica de los movimientos sociales, campesinos e indígenas como de las ONG y sectores académicos apunta contra la continuidad del sistema agroalimentario impuesto desde fines del siglo XX con la incorporación de los transgénicos y la denominada “revolución verde”, que no logró cumplir el objetivo de erradicar el hambre, como se había prometido, e impulsan una transición hacia la agroecología.
Argentina mantiene su posición a favor del agronegocio
En las negociaciones previas a la cumbre sobre documentos relevantes, que fueron aprobados este año, como las “Directrices voluntarias sobre los sistemas de alimentación y nutrición” y las “Recomendaciones políticas sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores”, la Cancillería y el Ministerio de Agricultura se mantuvieron firmes en la defensa de los intereses del agronegocio.
“Argentina se opuso a una transformación de los sistemas alimentarios”, reveló Magdalena Ackermann, co-facilitadora del Grupo de Trabajo de Alimentación y Nutrición del MSC, en diálogo con Tierra Viva en abril pasado. Poco después una carta pública firmada por todas las organizaciones campesinas, organizaciones sociales, cátedras universitarias y referentes del campo, la nutrición y las ciencias solicitaron a ambos ministerios que modificarán su posición y respalden la transición hacia la agroecología para “hacer realidad el imperioso derecho humano a la alimentación adecuada y la soberanía alimentaria”.
Sin embargo, hasta el momento, el único posicionamiento oficial que se hizo público y tuvo difusión a través de los medios oficiales fue el acuerdo alcanzado por los Ministerios de Agricultura de todo el continente en el marco del IICA, instituto al que se le delegó la representación de los estados miembros para la precumbre sobre los Sistemas Alimentarios y para la cumbre de septiembre. En ese acuerdo, la voz que representó al gobierno argentino fue la del Subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, Ariel Martínez.
El documento del IICA sostiene como principio que los productores agropecuarios “deben estar debidamente representados”, algo refutado por las denuncias de las organizaciones campesinas, indígenas y de la sociedad civil. Habla de “transformación de los sistemas alimentarios”, pero sostiene que el actual modelo ha sido “eficiente”, cuando la ONU reconoció en su reciente informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo que el objetivo 2030 de “hambre cero” quedará incumplido, con 660 millones de personas que no podrán acceder a su alimentación.
Al momento de hablar de las demandas de los consumidores y los aspectos nutricionales, el documento resalta que “las decisiones sobre qué consumir son individuales, correspondiendo a los Estados la responsabilidad de promover campañas de educación e información sobre los alimentos”.
Por último, la posición conjunta acompañada por la Argentina señala, en materia de “estrategias de producción y asuntos ambientales”, que se debe avanzar en el “aprovechamiento de las innovaciones en ciencia y tecnología, la digitalización y la bioeconomía, entre otros aspectos”, con inversiones público-privadas y financiamiento internacional.
La agroecología, cambio fundamental reclamado por las organizaciones campesinas como camino hacia una modificación radical de los sistemas alimentarios para alcanzar la soberanía alimentaria, no figura en el documento del IICA. A nivel local, los sectores de la agroecología tampoco están siendo consultados por las autoridades de Cancillería y el Ministerio de Agricultura involucrados en las negociaciones de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios.
MSF reclama que no se administren vacunas COVID-19 de refuerzo antes de que sanitarios y grupos vulnerables de todo el mundo tengan acceso
Ginebra/ Nueva York/ Madrid, 23 de julio de 2021.- Médicos Sin Fronteras (MSF) pide a los Gobiernos y empresas farmacéuticas que no planifiquen ni administren inyecciones de refuerzo de la vacuna COVID-19 antes de que todo el personal sanitario y las personas vulnerables de todo el mundo tengan acceso a la vacunación contra el coronavirus. Dado que solo el 1% de los habitantes de los países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis de las vacunas COVID-19 de los más de 3.600 millones de dosis administradas en todo el mundo, y con el telón de fondo de 4 millones de muertes y la variante del Delta fuera de control, sería inconcebible ofrecer a las personas ya totalmente vacunadas otra dosis antes de proteger a más personas con la primera. Además, todavía no existe consenso entre los científicos y los expertos sobre la necesidad inminente de refuerzos, por lo que cualquier decisión de ofrecerlos es prematura.
«Los líderes de los gobiernos que ya han vacunado a más personas más allá de las más vulnerables deben pararse a reflexionar y analizar este dramático desequilibrio mundial en el acceso a las vacunas antes de seguir adelante con los esfuerzos para ofrecer refuerzos a las personas vacunadas», afirma la Dra. Carrie Teicher, directora de Programas de MSF Estados Unidos. «No podemos dejar que las corporaciones farmacéuticas dicten prematuramente la necesidad de refuerzos en ausencia de datos y pruebas concluyentes, cuando tenemos que estar moviendo montañas para garantizar que las dosis disponibles se destinen a proteger a los trabajadores sanitarios y a las personas vulnerables de los países de ingresos bajos y medios que siguen corriendo un grave riesgo de contraer y morir a causa de la COVID-19».
Hay una necesidad desesperante de dosis en los países de ingresos bajos y medios, y COVAX está luchando por conseguir suficientes dosis para alcanzar incluso una fracción de sus objetivos de vacunación establecidos. Al mismo tiempo, Pfizer-BioNTech y Moderna ya han entablado conversaciones con países ricos con altos índices de vacunación, en particular la UE, para hacer pedidos de terceras dosis de sus vacunas. Con la actual crisis de escasez de vacunas, esta maniobra representa un puro lucro por parte de las corporaciones farmacéuticas.
«Los gobiernos ricos no deberían dar prioridad a la distribución de terceras dosis cuando gran parte del mundo en desarrollo ni siquiera ha tenido la oportunidad de recibir sus primeras vacunas contra la COVID-19″, reclama Kate Elder, asesora principal de políticas de vacunas de la Campaña de Acceso de MSF. «Nos encontramos en esta devastadora situación de inequidad en materia de vacunas precisamente porque las corporaciones farmacéuticas priorizaron los beneficios sobre las vidas, y los países donde la mayoría de estas tienen su sede decidieron seguir un enfoque de ‘yo primero’. Los gobiernos ricos deben redistribuir urgentemente esas dosis al resto del mundo. Cuanto más tiempo permanezcan miles de millones de personas sin vacunar, más variantes que nos amenazan a todos se desarrollarán. Este enfoque centrado en los beneficios y en el egoísmo no solo es moralmente cuestionable, sino también imprudente».
Pfizer-BioNTech solo han destinado el 11% de sus entregas hasta la fecha a países de ingresos bajos y medios directamente o a través de COVAX, y Moderna aún menos: el 0,3%*. Mientras tanto, Pfizer-BioNTech y Moderna estiman que ganarán 22.000 millones de euros y 12.300 millones de euros, respectivamente, en ventas de la vacuna COVID-19 en 2021. El director de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, denunció la semana pasada la avaricia de las farmacéuticas en un mensaje directo a Pfizer-BioNTech y Moderna, pidiendo a las empresas que se centraran en la redistribución de las dosis de COVAX. A medida que las muertes por COVID-19 en África aumentan un 43% de una semana a otra—y solo el 1,5% de la población africana está totalmente vacunada frente al más del 50% en algunos países de ingresos altos—, la redistribución de las dosis resulta fundamental para empezar a cambiar la situación de la COVID-19 en el continente africano, así como en otros países de ingresos bajos y medios.
«En los lugares en los que trabajamos, como Brasil, Sudáfrica y Uganda, los trabajadores sanitarios y las personas más vulnerables al coronavirus todavía están muy lejos de estar protegidos, y mucho menos otros grupos de estos países que también están en riesgo», explica la Dr. Teicher. «Cuanto más tiempo permanezca la gente en todas partes sin vacunar, más posibilidades habrá de que las nuevas variantes se afiancen y retrasen la respuesta mundial».
MSF también hace un llamamiento a Pfizer/BioNTech y Moderna para que compartan su tecnología y sus conocimientos técnicos en materia de vacunas con los productores de los países de ingresos bajos y medios, de modo que puedan fabricarse más vacunas en más lugares. Así mismo, la organización médico-humanitaria pide a los Gobiernos de Alemania y Estados Unidos que presionen a estas empresas con sede en sus países para que lo hagan. MSF también solicita a todos los gobiernos que ya han vacunado a su población vulnerable que dejen de comprar dosis adicionales y, en su lugar, pongan esas dosis a disposición de la OMS y de COVAX para su distribución equitativa en todo el mundo, incluidas las producidas por Pfizer-BioNTech y Moderna; y que todos los gobiernos apoyen la propuesta de exención de propiedad intelectual para suspender los monopolios de todas las herramientas médicas de COVID-19 durante la pandemia.
*Cálculos basados en datos de AirFinity (15 de julio de 2021)
Guillermo Algar González. Press Officer, MSF España
Annual: lo que es un desastre es no tener memoria
Hace justo un siglo, en julio de 1921, España vivía un momento que iba a cambiar en muchos sentidos el curso de su historia. Ocurría, como muchas veces los puntos de giro, en la periferia, fuera de foco. En una guerra que hasta aquel momento apenas si salía en las noticias: la que se libraba en el norte de Marruecos, donde aquel verano la pretendida metrópolis iba a sufrir la mayor derrota militar de su historia. Fue lo que aún hoy se llama “desastre” de Annual, en una muestra casi inconsciente de que nuestro país no ha hecho los deberes en lo que se refiere a revisar su historia colonial –como también en el caso de 1898, a lo que se llama “desastre” es al momento en el que un país colonizado se levanta contra la metrópolis y tiene éxito–. En España, lo colonial forma parte de un silencio que se entreteje con muchos otros: los que tocan a la guerra civil, la dictadura y la democracia. Una caja negra de la memoria que solo ha sido abierta muy tímidamente, por más que sus consecuencias lleguen hasta nuestros días.
La colonización del norte de Marruecos comenzó a mediados del siglo XIX, cuando “un grupo de militares españoles empiezan a articular un discurso que pronto se hará muy popular, según el cual España tiene en ‘África’ (referido a Argelia y, sobre todo, Marruecos) unos ‘derechos históricos y geográficos’ que la dotarían de una mayor legitimidad colonial que cualquier otra potencia europea”, según explica la investigadora Itzea Goikolea-Amiano, especialista en historia, cultura y política del Marruecos colonial. Se trata de una curiosa retórica que permitirá blanquear la colonización con la idea de una “hermandad” que se remite a la historia de Alándalus, convenientemente mitificada.
Y que contrasta con que, en realidad, la mayor constante de esa colonización, al menos en su primera etapa, fue la guerra. La llamada “guerra del Rif”, que durará más de 15 años, es solo la última de las que vivió la zona, en un proceso de casi 70 años al que la administración española se refería sin embargo con el eufemismo de “pacificación”. Eran guerras de pobres contra pobres: solo iban a luchar a Marruecos quienes no podían pagar para evitarlo. En general, la opinión pública española no era particularmente favorable a aquel conflicto que se veía como fuente de más gastos que alegrías.
Pero entre conflicto y conflicto, las conferencias internacionales blindaron el control de España sobre el territorio. En 1912 se estableció un “protectorado” –otro eufemismo– en la zona, pero España no lo firmó directamente con el Sultán, sino con Francia, a la que correspondía la zona sur del país. Es decir, que en tanto potencia administradora, nuestro país siempre fue subsidiario de su vecino del norte. También cuando, 44 años más tarde, se firmasen la independencia y sus acuerdos.
El intento español de controlar el territorio no quedaba sin respuesta. En el Rif se producía una contestación que siempre se ha vestido de guerra santa, pero que tenía mucho más que ver con una resistencia al expolio de las minas de la zona. España respondía a esas revueltas con la ayuda de los llamados “moros amigos”, élites locales que mejoraban su posición gracias a sus acuerdos con la administración colonial. El que sería el gran héroe rifeño de Annual, Abdelkrim El Jatabi, procedía de una de estas familias de “moros pensionados”, pero a principios de los años 20 cambió de bando para llevar a cabo una decisiva labor de organización de la guerrilla.
Frente a esa política de atracción, había también sectores dentro de la administración y el Ejército españoles que pedían más guerra. Esta opción tomará fuerza sobre todo a partir de 1920, cuando se puso al frente de la Comandancia General de Melilla a Manuel Fernández Silvestre. Bajo su mando, se abandonó la actitud defensiva y se comenzó a intentar avanzar para ganar nuevas posiciones en la zona de Annual.
María Rosa de Madariaga –autora de libros como España y el Rif. Crónica de una historia casi olvidada o En el barranco del lobo: Las guerras de Marruecos– destaca las precarias condiciones de las tropas que sufrían las consecuencias de aquella decisión: “La defensa de los recintos era endeble, casi siempre de sacos terreros y alambradas. En lo que respecta a la tropa, la instrucción de los reclutas era muy deficiente, de solo un mes. Muchos no sabían tirar y algunos ni cargar el fusil”.
Todo empezó a recrudecerse en junio de 1921, cuando el puesto español de Igueriben cayó bajo el asedio de las harcas –las formaciones de guerrilla de las tribus rifeñas– lideradas por Abdelkrim. La situación se fue complicando progresivamente para los españoles por el desabastecimiento de víveres y agua. Pero el momento que más presagió lo que iba a venir fue quizá la batalla de Abarrán, ya a principios de julio, que los españoles perdieron por algo que parecía esperable: las “tropas indígenas” abandonaron por primera vez de manera masiva sus puestos para pasarse al lado de sus compatriotas.
De Madariaga cuenta que fue un incidente más bien anecdótico el que marcó un giro en los acontecimientos. El 20 de julio había concentrados en Annual, según sus cálculos, unos 5000 soldados españoles–. Según el relato de esta historiadora, Fernández Silvestre decidió abandonar la posición por un aviso de ataque que podría haber sido una exageración: “No había ni mucho menos miles de harqueños que avanzaban sobre Annual, sino un nutrido grupo de rifeños que, por haber celebrado una reunión aquella madrugada, se dirigían a relevar las guardias más tarde que de costumbre”. El caso es que “cuando se dio la orden de salida, las unidades salieron del campamento en precipitada fuga”.
El relato que transmite De Madariaga es todo lo contrario a la épica: una huida movida por el pánico, en la que muchos oficiales dejaron atrás a sus tropas, que escapaban encontrando a su paso cada vez más posiciones abandonadas, en un camino de salida encajonado. Los refuerzos llegados de la Península tampoco fueron capaces de cambiar la situación, por más que incluyeran a Millán Astray desfilando por Melilla al mando de la Legión. El 10 de agosto los rifeños ocuparon la última posición de la zona. El territorio conquistado en 12 años se había perdido en 21 días.
En las dos orillas
No se sabe con seguridad qué ocurrió con el general Silvestre: desaparecido en la desbandada, hay quien sostiene que se suicidó y quien sostiene que cayó abatido en combate. Otra cosa que no se sabe con seguridad es cuántas personas murieron en aquellas semanas. Para María Rosa de Madariaga, la cifra puede oscilar entre 8.000 y 10.000 soldados españoles, aunque “cabe preguntarse si los que figuraban en sus puestos solo lo estaban en el papel, pero no lo estaban físicamente en el momento de los hechos”. Según explica, “hubo unidades que marchaban al mando de un sargento porque a sus capitanes o tenientes los habían perdido de vista. [Otros] se arrancaban las estrellas y los emblemas para no ser reconocidos como oficiales”. En todos esos detalles se ha venido jugando a lo largo del siglo otra batalla: la del honor.
Si hasta aquel momento las crónicas de la guerra de Marruecos pasaban bastante desapercibidas frente a urgencias más imperiosas como la subida del precio del pan, a partir de aquel momento se convirtieron en el tema estrella. Ante el estupor de la opinión pública por la debacle, comenzaron a florecer los discursos en los que la salvaguarda del orgullo patrio iba de la mano con la demonización del “moro”, presentado por la prensa como enemigo sanguinario a través de relatos y fotografías.
La derrota en Marruecos había causado una fuerte crisis política en España. Alfonso XIII encargó a Antonio Maura un gobierno de concentración nacional, una de cuyas primeras acciones fue abrir una investigación sobre lo ocurrido: el llamado Expediente Picasso, un voluminoso documento que se presentará en el Congreso en otoño de 1922, revelando un inmenso cúmulo de errores militares y políticos que no hicieron sino aumentar la tensión. Menos de un año más tarde, el general Primo de Rivera aprovechaba la inestabilidad para dar un golpe de Estado.
Para Bernabé López García, experto en historia del Magreb que ha trabajado particularmente las relaciones hispanomarroquíes, “Annual reveló todo lo absurdo y corrupto que encerraba la guerra rifeña. La búsqueda de responsabilidades llegó tan arriba, que estuvo a punto de salpicar al trono y de ahí el golpe de Primo de Rivera con todo lo que ello supuso. Todo el africanismo militar que aquella guerra encerraba trajo nuestra guerra civil y la segunda y larga dictadura. Y si me apuras, Vox y el voxismo”. También María Rosa de Madariaga traza una línea de filiación entre aquellos hechos y lo que vendría luego: el deseo de revancha que se alimentó tras aquella derrota “contribuyó a fortalecer el poder de los elementos más cerriles y ultramontanos del Ejército, particularmente los jefes y oficiales de las fuerzas de choque, que serían la punta de lanza de Franco”.
En cuanto a la otra orilla, los acontecimientos también tuvieron consecuencias. En septiembre de 1921, Abdelkrim reunió a las distintas tribus y proclamó la República del Rif, que logró mantener su independencia hasta 1926. El profesor e investigador Mohamed Daoudi señala la ambivalencia que esto supone para Marruecos: aunque se reconoce la importancia de la victoria de Annual en términos de lucha anticolonial, es problemático destacar en exceso la figura de Abdelkrim, un icono para la identidad colectiva rifeña.
“Tanto los colonizados, el Rif, como los colonizadores, España, siguen siendo marginales en la historiografía marroquí hegemónica y el discurso político. Por eso asuntos como la brutalidad de la guerra química solo salen a la luz en momentos de tensión entre ambos países. El Estado marroquí normalmente se desentiende y de manera oficiosa fomenta (o tolera) que las ONG e investigadores saquen el tema contra España cuando la situación política es tensa”, explica Daoudi. Un juego interesado que dificulta, a su entender, cualquier posible conversación en términos de reparaciones.
En cuanto a España, un siglo más tarde solo la derecha más recalcitrante parece querer recordar lo que ocurrió en Annual. Y lo hace desde la perspectiva de recuperar algo así como un honor perdido: restaurar la memoria de los mártires, esclarecer el número de muertos –españoles, por supuesto– y rendirles homenaje. Como mucho, se proponen cierres simbólicos en clave de equidistancia, como cuando el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, invitaba hace unos meses a que la efeméride sirviera para iniciar con Marruecos un proceso de “cerrar heridas de unos y de otros” que tuviera en cuenta “los daños que se generaron las dos partes”.
Para Itzea Goikolea-Amiano, uno de los problemas para abordar esta historia es que nos ha llegado sobre todo a través del relato militar: una mirada centrada en las “hazañas” y anclada en la mirada colonial que continúa repitiéndose de manera acrítica. “En algunos reportajes sobre el centenario de Annual que he tenido la ocasión de leer se han repetido ideas coloniales como que los habitantes de la zona del Protectorado eran salvajes y, sobre todo referido al Rif, que vivían en un territorio sin ley ni gobierno. También he visto que en eventos específicos se ha aprovechado la ocasión para reforzar un sentido de “respetabilidad” del ejército. Es lamentable que no se haga una revisión, ¡hace un siglo de Annual!”.
Pero ese siglo no ha disipado los fantasmas, e incluso ha alimentado otros, como el conflicto del Sáhara Occidental –también de raíz colonial– que constituye una bisagra clave de las relaciones entre España y Marruecos. Los acontecimientos recientes en Ceuta y Melilla ponen de manifiesto la pervivencia de un imaginario que se apoya en “la imagen negativa construida de un sur asociado a violencia, a guerra, a muertes y sufrimientos inútiles de soldados que algunos transforman en gestas heroicas y episodios de honor y orgullo”, en palabras de Bernabé López García.
Y también aquello que, según recuerda este profesor, escribió Manuel Azaña en 1923: “Lo que se ventila en nuestro problema marroquí es la subsistencia o la caducidad de los valores creados hace siglos por los dueños de España, que administran su historia. Ciego estará (ciego de soberbia), quien no advierta que los moros influyen en España mucho más que los españoles influimos en Marruecos”. Recordar el centenario de Annual no es una cuestión de heroísmos o mitologías nacionales. Se trata, simplemente, de encajar una pieza que suele faltar en un puzle cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días.
Fuente:https://www.lamarea.com/2021/07/23/annual-lo-que-es-un-desastre-es-no-tener-memoria/
https://rebelion.org/annual-lo-que-es-un-desastre-es-no-tener-memoria/
A los yaquis la defensa del agua y el territorio les cuesta la vida
El 2 de mayo Agustín Valdez, jefe de la Guardia Tradicional e hijo del gobernador yaqui en Loma de Guamuchil, fue asesinado en esa misma localidad.
Tomás Rojo Valencia, líder visible de uno de los ocho pueblos yaqui, desapareció el 27 de mayo cuando caminaba muy temprano en Vícam, su comunidad en el norteño estado de Sonora —a unos 1270 kilómetros de Ciudad de México—. Luego de que un lugareño halló un cuerpo semienterrado el 18 en las proximidades de Vícam, la Procuraduría (fiscalía) local de Justicia confirmó el 21 de junio que se trata del defensor del agua.
Luego, el 8 de junio fue asesinado Luis Urbano Domínguez, defensor yaqui del agua, en el centro de Ciudad Obregón (Sonora). Y en otro episodio intimidante para los indígenas, Lorena Josefina Valenzuela, hermana del líder yaqui Mario Luna, desapareció el 17 de junio cuando salía de Vícam hacia su trabajo en el municipio cercano de Empalme y apareció cinco días después.
Conflicto de intereses
Fuentes consultadas señalan que la defensa de sus recursos naturales ha entrado en conflicto con intereses económicos y grupos criminales.
Mario Luna, miembro de la tribu, recordó que el incremento en la violencia en Sonora se ha “desbordado”, pues bandas criminales se han apoderado de grandes extensiones de territorio. “Lamentablemente, esto ha provocado que defensores de derechos humanos y del territorio se vean aún más vulnerables, en la mira de los intereses y poderes de facto que operan tras estas bandas”, señaló.
“Es muy difícil el trabajo que hemos venido realizando desde 2010, nos enfrentamos a diferentes problemáticas”, como el agua, dijo el activista este lunes 27, en rueda de prensa.
Guerra del agua
Entre los años ’40 y los ’60, el gobierno mexicano construyó tres represas para riego y generación eléctrica en la zona. En antelación a esos planes, en 1937 les adjudicó unas 450.000 hectáreas y en 1940, la mitad del caudal del río Yaqui, el más importante de la región —una cuota de 250 millones de metros cúbicos al año—.
Otro trago seco fue la construcción del Acueducto Independencia, inaugurado en 2013, con capacidad instalada de 75 millones de metros cúbicos y que traslada el líquido desde la presa “Plutarco Elías Calles” a la ciudad de Hermosillo, a unos 1.890 kilómetros al norte de Ciudad de México —un trasvase de la cuenca del río Yaqui a la del río Sonora—, para cubrir el crecimiento urbano e industrial.
En 2014, autoridades estaduales persiguieron penalmente a los dirigentes yaquis Luna y Fernando Jiménez por su oposición al Acueducto Independencia. Ambos líderes permanecieron encarcelados entre 2014 y 2015 por su rechazo al megaproyecto.
La instalación del gasoducto Aguaprieta, propiedad de IEnova, filial de la estadounidense Sempra Energy, también generó rispideces con los yaquis. El pueblo de Loma de Bácum rechazó el paso del tramo Guaymas-El Oro por sus tierras. En octubre de 2016, hubo disturbios en esa localidad que dejaron tres muertos.
Por ello, las autoridades detuvieron y enjuiciaron a Fidencio Aldama, condenado a 15 años de prisión, pero sus familiares y organizaciones de derechos humanos consideran que ese proceso es injusto y parcial. La campaña por la libertad de Aldama dijo a este medio que están “atentos” a la ola de violencia, pero declinaron emitir más comentarios.
Empresas ferrocarrileras, de telecomunicaciones y la estatal Comisión Federal de Electricidad también han instalado infraestructura en su territorio sin su consentimiento, como el caso de una carretera que atraviesa la zona.
En el sur de Sonora, la estatal Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha entregado 47 concesiones de agua subterránea a empresas de generación de energía, agrícolas, mineras y cerveceras por un volumen de 64.81 millones de metros cúbicos de agua, según el Registro Público de Derechos de Agua (Repda).
Además, existen 179 títulos hídricos en Sonora para 59 acuíferos de la zona. Para los tres situados en el Valle del Yaqui, el volumen entregado suma 943.64 millones de metros cúbicos.
Asimismo, Conagua ha dado 53 concesiones en territorios indígenas, 42 localizadas en el sur de Sonora y por un volumen anual de 1,119 millones de metros cúbicos, según estimaciones del colectivo Agua para Todos.
Patrón impune
Para Edith Olivares, directora Ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional, el caso de los yaquis ejemplifica la situación de quienes defienden el territorio.
En México, defender derechos humanos es peligroso, y la obligación del Estado es generar condiciones para esa actividad, sin poner en riesgo la vida de las personas y sus comunidades. Edith Olivares, directora Ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional.
Esas agresiones siguen el patrón de impunidad de ataques a defensores del territorio que ha convertido a este país latinoamericano en uno de los más peligrosos en el mundo para esa actividad, como lo evidencian varios reportes al respecto.
En su informe anual 2020-21, Amnistía Internacional reportó que en México fueron asesinadas 24 personas defensoras de derechos humanos.
Un panorama similar esboza el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2019, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), que estima que casi la mitad de los 65 ataques, amenazas e intimidaciones en contra de defensores ambientales relacionados con el agua entre 2012 y 2018 están ligados a la construcción del acueducto Independencia.
La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió el 24 de junio a las autoridades garantizar los derechos a la libertad, la paz y la seguridad de los yaquis, a investigar de forma urgente y exhaustiva las desapariciones y asesinatos y a buscar a las personas desaparecidas.
En México los pueblos indígenas son víctimas de la violencia de diferentes actores, incluido los grupos del crimen organizado, quienes buscan tener el control de su territorio. Los liderazgos de estos pueblos están más expuestos a represalias y acciones violentas debido a su visibilidad por la defensa de sus derechos al territorio y cosmovisión. Su asesinato o desaparición tiene un efecto amedrentador sobre los pueblos indígenas, que impide el libre ejercicio de sus derechos humanos. Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México.
Plan de justicia
El pueblo yaqui y el gobierno ya firmaron un plan de justicia para ese grupo aborigen, que incluye la construcción de un acueducto, una planta potabilizadora y alcantarillado, así como la transferencia de la gestión de un distrito de riego que han gestionado de facto desde años por unas 23.000 hectáreas.
Para el Acueducto Independencia y el nuevo plan se preparan consultas públicas. En el primer caso, así lo ordenó en 2013 la Suprema Corte de Justicia, pero las autoridades estaduales y federales lo ignoraron.
Ese conflicto no solo está vigente, sino que se mantiene latente, como concluye el estudio de 2018 Agua, yaquis y conflictos. El caso del conflicto del Acueducto Independencia en Sonora, elaborado por tres académicos del estatal Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Ese análisis considera “intratable” el conflicto, debido a su duración, magnitud e intensidad, pues “sigue vigente, tanto en el terreno legal como en la práctica con la consulta pública inconclusa”, lo que impide una aprobación de la resolución de la evaluación de impacto ambiental del proyecto.
Deuda consuetudinaria
Luna hizo un llamado “a la justicia y la reparación por la violencia sufrida y ocupación del territorio”. Asimismo, denunció que al acueducto “nadie lo toca y eso ha provocado que se aprovechen las fuerzas oscuras de la obra para estigmatizar a quienes seguimos hablando contra la megaobra y los intereses de los acaparadores de agua”.
En la región, “hay bastante fuga de agua, hay usuarios que no están contemplados en el padrón oficial y hacen uso de los recursos”, dijo. Y concluyó: “Así se gesta la impunidad, no podemos ignorar cómo se dan las cosas”.
En abril, entró en vigencia el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú —del cual México es parte, pero aún debe adaptar sus leyes a ese marco internacional—.
La Guerra del Agua en México. Ilustración: Mercedes Mares para PxP.
Las agresiones registradas reflejan no sólo la urgencia de una mayor protección para los defensores, sino también los retos que el país enfrenta para su cumplimiento, como ha ocurrido con otros tratados de derechos humanos.
El acuerdo “obliga a tomar medidas adecuadas para proteger a las personas defensoras”, y para investigar y prevenir agresiones, explicó Olivares, al tiempo que recalcó en las omisiones históricas de México en cumplir esa misión.
Claramente, [México] no ha estado a la altura de las obligaciones para proteger a defensores. La persistencia de ataques y asesinatos evidencian los altos riesgos que enfrentan las personas defensoras. La persistencia de una narrativa que estigmatiza a defensoras genera un ambiente de hostilidad que puede legitimar esos ataques, pues un día sí y otro también escuchamos a las autoridades estigmatizando a opositores a grandes proyectos. Edith Olivares, directora Ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional.
Emilio Godoy. Periodista de investigación. Su trabajo en ambiente y energía ha sido reconocido con premios al Periodismo sobre Economía Verde y Desarrollo Sostenible, y al Reportaje de Fondo del Séptimo Reconocimiento al Trabajo Periodístico sobre Energía, entre otros, y becas de periodismo de investigación. Es embajador para América latina de la red de periodistas por la transición energética de Clean Energy Wire (CLEW), con sede en Alemania.
https://rebelion.org/a-los-yaquis-la-defensa-del-agua-y-el-territorio-les-cuesta-la-vida/
Indígenas de Bangladesh viven con la zozobra de perder sus bosques
Rema, de la aldea de Pegmari, en Madhupur, parte del distrito de Tangail, había cultivado sus platanales en media hectárea dentro del bosque de esa área protegida. Pero el Departamento Forestal alegó que la tierra en la que se cultivaban los bananos pertenecía al organismo estatal.
La historia de Rema no es inusual, ya que en el pasado los garo y otras minorías indígenas han sido desalojados de sus tierras ancestrales por falta de derechos registrados sobre ellas, aunque existan pruebas de que junglas como la de Madhupur han sido su hogar de siempre.
“La disputa por la tierra es el principal problema, ya que el gobierno declaró 9145 acres (3700 hectáreas) de tierra del bosque de Madhupur como bosque de reserva forestal absoluta, poniendo en riesgo nuestra vida en nuestra tierra ancestral”, dijo Jonajetra, un miembro de la comunidad garo que vive dentro de ese bosque selvático, en la región norcentral de este país del sur de Asia.
En su diálogo con IPS, aseguró que el Departamento Forestal a menudo presenta casos falsos contra los indígenas por la supuesta tala de árboles. Incluso se ha demandado por esa actividad a niños de siete y ocho años.
En el boletín oficial de Bangladesh del 15 de febrero de 2016, el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques declaró la tierra parque nacional de Madhupur como reserva forestal en virtud de la sección 20 de la Ley Forestal de nada menos que de 1927.
“Los habitantes garo se han enfrentado a varios problemas en la jungla. El Departamento Forestal presenta con frecuencia casos falsos contra nosotros”, dijo a IPS el dirigente Eugin Nokrek, presidente de Joyenshahi Adivasi Unnayan Parishad, una organización de pueblos indígenas bangladesíes.
“Si queremos construir una nueva casa y desmantelar la antigua, el departamento obstruye nuestras obras. Si queremos plantar huertos de bananos o piñas en nuestras tierras en barbecho, recibimos objeciones del Departamento Forestal”, añadió.
Miedo al desalojo
A pesar de vivir en la jungla de Madhupur, también conocida como Garth Gazau, durante generaciones, a los indígenas garo y otras minorías no se les han reconocido sus derechos en aquellas tierras declaradas como forestales.
Los esfuerzos del Departamento Forestal por recuperar las tierras perdidas por la agricultura y el acaparamiento de tierras han acrecentado el temor de las comunidades indígenas de perder las tierras donde han vivido por muchas generaciones, con derechos diferenciados a otros ocupantes que no se están teniendo en cuanta.
“Estamos a punto de ser desalojados de nuestras tierras ancestrales, ya que el gobierno ha declarado el bosque de Madhupur como una reserva absoluta. Podemos ser desalojados del bosque en cualquier momento”, dijo Nokrek, miembro del pueblo garo.
Hace décadas, Madhupur, en el distrito de Tangail, tenía 49 750 hectáreas, de las que 22 450 eran bosques protegidos.
Según los funcionarios del Departamento Forestal de Tangail, ya han desaparecido algo más de 32 000 hectáreas de bosque debido a la tala indiscriminada y al acaparamiento de tierras, en un proceso que continúa y que se busca revertir.
Mohammad Jahirul Haque, funcionario forestal en la división de Tangail, dijo que el Departamento continuará sus campañas para recuperar las tierras forestales de los acaparadores. Sin embargo, aseguró a IPS que no había ningún plan para desalojar a los indígenas del bosque y que permanecerían en sus tierras ancestrales.
Según Sanjeeb Drong, secretario general del Foro de Pueblos Indígenas de Bangladesh, legalmente el bosque de Madhupur está bajo la jurisdicción del Departamento Forestal, pero los indígenas lo reclaman como su territorio colectivo ancestral y tienen pruebas para defender sus derechos.
El activista recordó que Madhupur es el hogar de las etnias garo, barman y koch, que viven entre sus árboles por muchas generaciones.
Cumplir una promesa
Al gobierno de la primera ministra Sheikh Hasina se le considera sensible a los derechos indígenas y en el programa electoral que la elevó por primera vez al poder en enero de 2009 se comprometía a formar una comisión independiente para resolver los conflictos territoriales de las diferentes minorías étnicas.
Pero la estela de persecuciones del pasado mantiene el temor entre las comunidades originarias, lo que se recrudece con las medidas adoptadas por el Departamento Forestal contra las actividades de los indígenas en Madhupur y los obstáculos de todo tipo al desarrollo de sus comunidades.
Nokrek dijo que muchas familias indígenas fueron desalojadas de Madhupur durante el bienio 2007-2008, durante el gobierno provisional de entonces.
Al dirigente indígena le preocupa que un cambio de gobierno pueda incrementar los desalojos, aduciendo causas de conservación ambiental o de otro tipo.
“Somos los habitantes del bosque y exigimos derechos legales sobre nuestra tierra, en la que hemos vivido durante generaciones. Queremos el reconocimiento legal de nuestra tierra ancestral para que nadie pueda desalojarnos”, dijo Nokrek.
Además, explicó, “si tenemos el reconocimiento legal, obtendremos una compensación cuando el gobierno quiera hacerse con nuestras tierras ancestrales por un interés mayor”.
Los propietarios de tierras son compensados cuando se adquieren sus tierras para proyectos gubernamentales. Sin embargo, los garo y otras etnias indígenas no pueden recibir una indemnización porque no tienen pruebas legales sobre la propiedad de la tierra y otros derechos colectivos sobre ella.
De hecho, “la larga disputa sobre el derecho a la tierra de las minorías étnicas aún no se ha resuelto, ya que el gobierno todavía no ha formado la prometida comisión”, dijo Drong.
“Los responsables políticos deben tomar decisiones sobre cómo conceder a las personas de las etnias los derechos sobre sus tierras ancestrales”, insistió el secretario general del Foro de Pueblos Indígenas de Bangladesh.
En 1956, el entonces gobierno de Pakistán declaró el bosque a Madhupur como parque nacional y desalojó a los indígenas para adquirir las tierras forestales.
Tras alcanzar Bangladesh su independencia en 1971, el bosque de Madhupur fue declarado bosque nacional o bosque reservado.
“Aunque los garo llevaban mucho tiempo viviendo en este bosque, los terratenientes no les concedieron derechos sobre la tierra tras la aprobación de la Ley de Adquisición y Tenencia del Estado de Bengala Oriental en 1950. Por eso perdieron sus derechos sobre sus tierras ancestrales”, detalló Drong en su diálogo con IPS.
Eso no ha sido obstáculo para que “la mayor parte del bosque de Madhupur ya haya sido acaparada por personas influyentes y ocupantes locales”, señaló.
Los árboles nativos son reemplazados
Nokrek, por su parte, denunció que el Departamento Forestal está sembrando plantones de acacia, en lugar de mantener los tradicionales árboles de sal (Shorea robusta ) en el bosque más grande de esta especie en Bangladesh, en el marco de un llamado programa de forestación social.
“El Departamento Forestal, los políticos y las personas influyentes encuentran negocio en este proyecto”, dijo.
Tras señalar que, debido a la presión del aumento de la población, la superficie forestal disminuye día a día, el dirigente indígena dijo que en los últimos años se han establecido fábricas e industrias en terrenos forestales mediante la falsificación de documentos.
Haque, el responsable de la división del Departamento Forestal de Tangail, dijo que había algo menos de 50 000 hectáreas de bosque de sal en Madhupur, aunque reconoció que parte de ese territorio estaba ocupado por acaparadores locales de tierra y personas influyentes.
El Departamento Forestal ha recuperado hasta ahora unas 7500 hectáreas de esas tierras boscosas, aseguró.
Como el bosque se está reduciendo rápidamente en la principal zona de Madhupur, Haque aseguró que el gobierno tomó ya la decisión de restaurar el bosque tradicional de sal y la tierra forestal en barbecho se pondrá bajo cobertura verde con la plantación de nuevos plantones de esa especie nativa.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Fuente: https://ipsnoticias.net/2021/07/indigenas-de-bangladesh-viven-con-la-zozobra-de-perder-sus-bosques/
https://rebelion.org/indigenas-de-bangladesh-viven-con-la-zozobra-de-perder-sus-bosques/
La ambición minera llega al fondo marino
En los últimos 10 años países como Bélgica, China y Rusia han promovido la exploración minera submarina sin que exista un marco internacional claro que evite los daños ambientales, como pérdida de biodiversidad, alteración del fondo del mar y generación de residuos mineros.
En este tipo de minería se raspa el fondo marino para separar las piedras conocidas como nódulos polimetálicos del lodo con un tubo gigante. Estas piedras, ricas en cobalto, cobre, manganeso y níquel, luego se bombardean a la superficie y se regresa el agua y sedimentos mediante otro conducto, de vuelta al mar.
Las aguas profundas hospedan especies y ecosistemas que suministran bienes y servicios ambientales y cuyas condiciones son de alta vulnerabilidad, según estudios recientes de Greenpeace y WWF Europa. México no se ha quedado atrás en este tipo de minería.
En 2018, Semarnat denegó la licencia ambiental de la mina “Don Diego”, promovida por Exploraciones Oceánicas S. de R.L. de C.V., filial de la estadounidense Odyssey Marine Explorations, por probable daño a hábitats de tortugas caguamas, ballenas grises y jorobadas, a áreas pesqueras y por falta de una consulta pública.
El proyecto, que abarca una superficie de 91.267 hectáreas en la Bahía de Ulloa, planeaba dragar el fondo marino entre 60 y 90 metros, para extraer 7 millones de toneladas de arena fosfática anuales, durante 50 años, para producir 3,5 millones de toneladas de fósforo.
Ante el rechazo, en 2019 la corporación demandó a México ante un panel de arbitraje bajo el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte –sustituido en ese mismo año por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá – por 3.540 millones de dólares por la inversión perdida.
Si México pierde el arbitraje, determinaría la imposibilidad de un Estado de vetar proyectos extractivos a partir del principio precautorio ante detrimentos previstos.
En este momento también se llevan a cabo varios emprendimientos de exploración en la Zona Clarion-Clipperton (ZCC), un área en alta mar frente a la Zona Económica Exclusiva nacional –la franja de 370 kilómetros contigua a la costa mexicana–.
La ZCC contiene casi 6.000 millones de toneladas de manganeso, 270 millones de níquel, 234 millones de cobre y 46 millones de cobalto. Del total, los contratos para nódulos suman 19 y de estos 17 se centran en esta zona conocida como Clarion-Clipperton y que se extiende por 4,5 millones de kilómetros cuadrados –el doble del territorio mexicano.
México no objetó la entrega de esos permisos de exploración minera, a pesar del potencial impacto ecológico sobre esa área sensible, según solicitudes de información pública efectuadas por Diálogo Chino a las secretarías de Medio Ambiente (Semarnat) y Relaciones Exteriores.
Preocupa que no haya un marco de gobernanza para altamar. Eso significa que no se pueden establecer áreas marinas protegidas y que no haya medidas de seguridad
El marco legal encierra una contradicción, pues ISA ha entregado permisos por un millón de km2, pero la CNUDM estipula que la ZCC y sus recursos minerales son “patrimonio común de la humanidad” y, para justificar las futuras explotaciones minerales, ISA estableció un mecanismo de reparto de beneficios derivados de esa extracción. Al mismo tiempo, ha declarado nueve áreas de interés ambiental que no pueden ser concedidas y que colindan con los polígonos concedidos.
Fuentes académicas y activistas ambientales entrevistadas por Diálogo Chino alertan de los posibles daños a los fondos marinos y a las pesquerías, y urgen la aplicación de una moratoria en la entrega de permisos exploratorios y de extracción, mientras no se apruebe la protección internacional de altamar.
Sin claridad en la legislación
Para Gladys Martínez, abogada de la organización no gubernamental Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, es “preocupante” que la Administración Internacional de los Fondos Marinos (ISA, en inglés) proporcione concesiones sin rigor científico.
“Preocupa que no haya un marco de gobernanza para altamar. Eso significa que no se pueden establecer áreas marinas protegidas y que no haya medidas de seguridad. Hay un montón de actividades que se realizan sin estar organizadas”, explicó Martínez a Diálogo Chino.
Creada en 1994 bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), ISA, con sede en Jamaica y que controla las actividades que se realizan en el fondo marino de aguas fuera de las leyes nacionales, ha firmado 31 contratos de exploración de nódulos polimetálicos, sulfuros y costras cobálticas con 22 empresas.
De ellas, China Ocean Mineral Resources Research and Development Association (COMRA), con sede en Beijing, posee tres, al igual que el gobierno de Corea del Sur. La empresa China Minmetals Corporation, con sede en Beijing y parte de la estatal Comisión de Supervisión y Administración de Activos, tiene uno, al igual que Beijing Pioneer Hi-Tech Development Corporation.
Poco se sabe de los resultados de la prospección china. En 2019, Liu Feng, secretario general de COMRA, reveló que China efectúa unos cinco viajes anuales, para probar tecnología minera y recolectar muestras minerales. Además, ese gobierno acordó con ISA la creación de un centro de capacitación para delegados de naciones en desarrollo y el diseño de un sistema de evaluaciones de impacto ambiental.
17 tierras raras existen y se utilizan en diversas tecnologías
Los promotores de la minería submarina alegan que la transición energética, que requiere de la fabricación de aerogeneradores, paneles solares y baterías eléctricas, implica la obtención de cobalto, cobre, litio, níquel y las llamadas “tierras raras”, un conjunto de 17 metales de los cuales China y Estados Unidos son los mayores productores mundiales.
Violeta Núñez, académica de la estatal Universidad Autónoma Metropolitana, resalta la magnitud de esas operaciones.
“Hay interés de las empresas de avanzar hacia el mar, porque el mundo así lo va a requerir por el incremento de la demanda de minerales. Eso se contextualiza en la industria de energías limpias. Es algo mayúsculo, porque ISA estaba entregando concesiones para la exploración, con miras a crear la legislación necesaria para la explotación. El interés es avanzar sobre esos espacios donde está la mayor riqueza minera mundial”, explica la autora del libro reciente “El capital rumbo al mar”.
Porvenir incierto
Mientras ISA debe aprobar estándares ambientales para eventuales permisos de explotación, el futuro del Tratado Global de los Océanos, de cumplimiento obligatorio para la protección y uso sostenible de la biodiversidad en áreas fuera de las leyes nacionales, al amparo de la CNUDM, está detenido por la pandemia.
En agosto próximo se efectuará la Cuarta Reunión de la Conferencia Intergubernamental en Nueva York, para seguir las tratativas iniciadas en 2019. Uno de los temas que genera posturas encontradas entre los países es la elaboración de evaluaciones de impacto ambiental y el papel de un organismo científico y técnico dentro del tratado.
El pacto “va a crear un marco global, que es lo que se necesita. No se puede hablar de minería marina sin un estándar global, se tiene que hablar de áreas fuera de jurisdicciones nacionales. En América Latina hay varias áreas clave para la protección marina, pero requieren de un estándar global”, señala Martínez.
Ante ese panorama, en 2019 la campaña internacional por una moratoria a la exploración y explotación minera submarina cobró fuerzas.
La moción 69 del congreso mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que se escenificará en septiembre próximo en la ciudad francesa de Marsella en formato presencial y virtual, promueve ese freno para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad de aguas profundas. De aprobarse, los 1.300 miembros de la organización promoverán dicha moratoria en sus respectivos territorios durante el próximo cuatrienio.
Núñez se pregunta qué pasará cuando inicie la explotación minera. “No sabemos aún qué va a detener esos permisos. La mira empresarial está en la ganancia, no hay idea sobre la sostenibilidad. Las únicas opciones que está viendo la industria minera son los fondos oceánicos”, cuestiona.
Franco subraya la importancia de las moratorias, pues “tenemos que cuestionarnos si queremos beneficios a corto plazo o invertir en zonas donde los beneficios no se ven de inmediato, sino a lo largo de las siguientes generaciones”.
Fuente: https://dialogochino.net/es/actividades-extractivas-es/43696-ambicion-minera-llega-al-fondo-marino/
https://rebelion.org/la-ambicion-minera-llega-al-fondo-marino/
Río Negro: “La llegada de las mineras es un nueva etapa de la Campaña del Desierto”
En medio de los debates públicos entre quienes sostienen la inviabilidad de una economía y una política que no protejan al ambiente, que no tomen en cuenta el impacto de las actividades productivas y su mitigación, y de aquellos que –aún desde el progresismo– sostienen que no se puede impedir el desarrollo y la imperiosa necesidad de divisas por “pruritos ambientalistas”, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, definió como “actividad clave” a la minería en su provincia y su gobierno se propone potenciar la actividad.
La movilización social en Chubut y Mendoza que detuvo proyectos mineros, una y otra vez; el fuerte rechazo y la paralización de la iniciativa para la instalación de una central nuclear en Sierra Grande de su antecesor en el cargo, Alberto Weretilneck, son antecedentes que la gobernadora no dejaba de observar señalando que “la actividad minera para la Región Sur es clave en su desarrollo, pero tiene que tener arraigo en la población local”.
La anterior cita es de enero del 2020 en un acto en Los Menucos, un pequeño pueblo de la Línea Sur. Parece que se aceleraron los tiempos y ya no es necesario observar la licencia social. A fines de abril, la Secretaría de Minería otorgó diez permisos de cateo para la exploración de sustancias minerales de primera y segunda categoría a la empresa Ivael Mining S.A., en una extensa zona que abarca 50.500 hectáreas desde Los Menucos hasta Pilcaniyeu y Ñorquinco, en el sur provincial.
“En diciembre de 2020, hicimos una movilización en Fiske Menuco (nombre mapuche de la ciudad de General Roca) a la Secretaría de Minería para presentar un planteo por la autorización de un cateo minero en territorio de la comunidad Ñancu Leufú de Catriel (al norte de la provincia en el límite con La Pampa) que esta había rechazado”, sostiene en diálogo con Canal Abierto Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. “Tuvimos una charla con el secretario de Minería e hicimos un pedido de informes sobre cuáles eran los proyectos mineros en la provincia. El funcionario se comprometió a contestar por escrito, pero no fue muy satisfactoria la respuesta”.
A partir de ese momento, las comunidades comenzaron a organizarse para lo que suponían sería una avanzada sobre los territorios. Realizaron encuentros (trawn) regionales y guillipun (ceremonia espiritual) en Jacobacci, Huergo, Valcheta y Bariloche, pero sin tener idea certera de lo que se venía. Según Carriqueo, “el proyecto minero del gobierno provincial es aún de mayor envergadura que el de Chubut”.
“En realidad, nos enteramos cuando se publicaron los permisos de cateo en el boletín oficial y llegaron las mineras. Ellos llaman tierras fiscales a nuestras tierras, donde vive nuestra gente, y las llaman así porque nunca nos han entregado un título comunitario de posesión”, sostiene el referente comunitario, como lo establece la Constitución Nacional desde la reforma de 1994 y tratados internacionales suscriptos por nuestro país.
Los permisos de cateo otorgados a Ivael Mining S.A. por el gobierno provincial se realizaron sin la Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades en cuyos territorios se planea realizar estas tareas de exploración para la búsqueda de minerales, por lo que se ha incurrido en la violación de los derechos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la OIT.
El 7 de julio, un grupo de comunidades se reunieron en Mencué, una pequeña localidad de la meseta a mitad de camino entre el Alto Valle y la Línea Sur. Los lonkos tomaron la decisión de “cerrar las tranqueras a las empresas mineras por más autorización del gobierno que tengan. Creemos que el derecho comunitario, el derecho indígena, está por sobre el código minero. Las comunidades no van a permitir ese proyecto minero. La sociedad tiene que discutir y repensar el modelo de desarrollo y crecimiento económico. Para el pueblo mapuche, es inviable cualquier proyecto minero; para nosotros, es inconcebible que se pueda destruir un cerro para sacar los minerales que contenga”, explica Carriqueo.
“Nosotros tuvimos una reunión con la minera en Bariloche. Les planteamos que el gobierno estaba desconociendo el derecho indígena y sostuvimos que las 150 comunidades de la provincia no avalamos la minería y que llevar un proyecto minero adelante iba a ser muy conflictivo”, narra Carriqueo que, junto a Newen Loncomán, delegado comunitario en el CODECI (Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas) y Felisa Curumil (miembro del Consejo de Participación Indígena), se reunió con personal de la firma.
Buen vivir
Las que se enfrentan aquí no son sólo dos concepciones sobre el desarrollo económico, sino dos cosmovisiones. “Para nosotros, en las aguadas, lagunas, cerros y montañas, están pu nguen –las fuerzas– que cuidan el equilibrio, la biodiversidad, por ello, la megaminería y nuestra cosmovisión ancestral son incompatibles. Lo que para el capitalismo son recursos pasibles de ser extraídos, para nosotros son fuerzas necesarias para que exista la vida. La megaminería no es producción, es extractivismo y amenaza principalmente a los Nguen Ko” (los dioses o las fuerzas de las aguas), sostiene el pronunciamiento de los lonkos en Mencué.
“Después de la Campaña del Desierto, vinieron las estancias que se quedaron con los mejores campos y que nos fueron arrinconando en los pedreros. Después, vinieron las represas hidroeléctricas y las comunidades corridas de esos territorios ni siquiera tienen luz eléctrica. Esas represas provocaron cambios en el clima. Ahora, para finalizar la Campaña del Desierto, nos plantean la llegada de las mineras”, concluye Carriqueo. “El buen vivir necesita de un territorio sano. Hoy vemos que falta mucha agua, las lagunas y los ríos han bajado, las vertientes se han secado, plantearse un proyecto minero de estas dimensiones es devastar el territorio”.
Oro, plata, uranio y otras baratijas
Mientras las comunidades originarias, descendientes de aquellos a quienes supuestamente los conquistadores deslumbraron con bisutería y baratijas, rechazan las mieles del “desarrollo” extractivista, la política criolla se desvive por hacer negocios con las multinacionales mineras y recibir sus abalorios. Canjean futuro por unos pocos dólares contantes y sonantes.
En Río Negro, se destacan varios proyectos mineros. Calcatreu es un yacimiento de oro y plata ubicado 60 kilómetros al sur de Ingeniero Jacobacci y concesionado a la multinacional Patagonia Gold Corp, encabezada por uno de los ex dueños de Quilmes, Carlos Miguens Bemberg. El proyecto se paralizó en su momento porque, en 2005, la Ley 3.981 prohibió en la provincia la utilización de cianuro y mercurio para, por lixiviación, obtener los minerales. Esa ley fue volteada y el emprendimiento está en etapa de exploración y estudios geofísicos.
Cerca de Valcheta, la canadiense Blue Sky del empresario Joseph Grosso, comenzó las primeras perforaciones del plan de exploración de uranio y vanadio de Amarillo Grande. El área se extiende a lo largo de un corredor de 145 kilómetros de longitud con un ancho variable de 15 kilómetros.
Si bien el método de lixiviación para obtener el uranio no utilizaría en este caso sustancias contaminantes -se emplearían carbonato de sodio y bicarbonato de sodio-, sí demanda enormes cantidades de agua –en una región donde el agua escasea–. El emprendimiento generaría un alto impacto en el paisaje y el ecosistema al ser una mina a cielo abierto aunque de poca profundidad y se superpone o colinda con áreas protegidas como la meseta de Somuncurá y el área natural protegida Bajo de Santa Rosa y Trapalcó. La oposición social al emprendimiento ya recolectó 48 mil firmas, pero tanto el gobierno provincial como la empresa juegan a las escondidas frente a la voluntad popular.
Además de estos casos en etapa de exploración y estudio, podemos citar el caso de las minas Gonzalito en la zona de Sierra Pailemán, ubicada a unos 70 kilómetros al oeste de la costa Atlántica y 100 kilómetros al suroeste de San Antonio Oeste. Se trata de un yacimiento de plomo, plata y zinc que fue explotado durante 20 años hasta que, en 1982, una empresa española que lo gestionaba presentó la quiebra y desapareció dejando un enorme pasivo ambiental: contaminación, enfermedades, polución del agua y cuyos trabajadores fueron muriendo de cáncer. Estos no son pruritos ambientales, son probadas muestras de que el “desarrollo” promisorio de la minería no tiene buenos augurios.
El debate renovable: naturaleza viva versus naturaleza muerta
Lo que parecía que nunca iba a pasar, al final ha pasado. De repente, los grandes poderes económicos y políticos reconocen que es prioritaria y urgente una transición que nos aleje de los combustibles fósiles y nos lleve a una nueva sociedad descarbonizada y sostenible. Después de décadas de promesas vacías, nos encontramos que no solo hay una voluntad de cambio, sino que además hay prisa por ejecutar este cambio.
Sobre todo lo que hay es prisa. Mucha prisa. Una conciencia de urgencia que sorprende un poco, teniendo en cuenta lo que hemos llegado a remolonear durante todos estos años. Pero, en fin, bienvenida sea esa conciencia, y bienvenida sea la urgencia.
Y, sin embargo, a medida que comienzan a detallarse los planes para esta transición, a cualquiera le asalta una sensación de vértigo. Los mismos que hace tan solo dos años ponían todo tipo de pegas técnicas, citando innumerables detalles que aconsejaban una transición progresiva, nos avasallan ahora con multitud de proyectos para el despliegue de grandes instalaciones renovables por todo el territorio de España, y afirman con rotundidad que estos proyectos son imprescindibles si tenemos que cumplir con nuestros compromisos en la lucha contra el cambio climático y que no hay ninguna alternativa.
Como una consecuencia a esta avalancha de proyectos, han comenzado a surgir voces críticas que denuncian que este no es el modelo de transición energética que se debería implantar. A medida que se conocen mejor los proyectos, estas voces, cada vez mejor documentadas, cuantifican el gran impacto ambiental y la cantidad de costes sumergidos, tanto económicos como ecológicos, que tienen las instalaciones previstas. Avisan de que el loable intento de luchar contra el cambio climático no debería acabar originando un daño ecológico y ambiental comparable o incluso mayor al que se intenta evitar. Hay quien va aún más lejos y avisa de que estos proyectos «de aquí» dependen de una fuerte actividad extractivista «allá», en otros territorios, que no siempre están tan alejados y que en todo caso pagarían un alto precio ambiental para permitir «nuestra transición».
Como era de esperar, se intenta acallar estas voces críticas acusándolas de insolidaridad, de NIMBY (Not in my backyard, ‘no en mi patio trasero’), de no comprender la gravedad del momento y de oponerse a la lucha necesaria. Se reprocha que asociaciones vinculadas durante décadas al ecologismo se posicionen contra estos proyectos: «Nunca estáis contentos», les dicen, «¿no era eso lo que queríais?».
Pues no, no era eso. No solo no queríamos estos proyectos, sino que lo que tampoco queríamos ni queremos es la tupida red de mentiras que se está utilizando para intentar mantener, agónicamente, el destructivo sistema económico actual.
Hay prisa por encontrar una fuente de energía que funcione como el petróleo para no cambiar nada.
Escasez de petróleo, escasez de todo
Comencemos por el principio: aquí no ha habido una súbita concienciación ecológica de los grandes poderes. Lo que hay es la constatación de que la producción de petróleo está condenada a decrecer. Las compañías petroleras están reduciendo su inversión desde 2014, después de comprobar en el período 2011-2014 que ni con los precios del petróleo más altos que puede tolerar la economía es posible ganar dinero. No quedan yacimientos que resulte rentable explotar y por eso el conjunto de las petroleras de todo el mundo ha reducido su gasto en exploración y desarrollo un 60 % desde 2014 (Repsol lo ha reducido un 90 %). Por tanto, la producción de petróleo tocó su máximo, el peak oil, en diciembre de 2018 y se encuentra en retroceso desde entonces, retroceso que la llegada de la covid-19 ha agravado. La Agencia Internacional de la Energía, en su informe de 2020, anticipaba que en el peor escenario de inversión la producción de petróleo irá cayendo en el próximo lustro, hasta el punto de que hacia 2025 podría ser la mitad de la actual. Incluso con una gran concertación internacional y la participación de los Estados, una caída del 20 % parece inevitable; ¡y en solo 5 años! No se había visto un bajón semejante desde la Segunda Guerra Mundial.
Esto explica las prisas actuales. El problema del peak oil es conocido desde hace décadas, pero siempre se ha intentado minimizar su importancia para no abrir otros debates pertinentes, sobre la viabilidad del capitalismo o la necesidad de redistribución. Ahora ya es tarde, y la rápida caída de la producción de hidrocarburos líquidos augura que el precio se disparará varias veces, para caer a continuación, al bajar temporalmente la demanda de petróleo a medida que los costes prohibitivos de todo destruyan sectores productivos enteros y los hagan desaparecer.
Así pues, tenemos un problema de escasez de petróleo para el que no nos preparamos antes y que ahora queremos resolver en cuestión de unos pocos años. Porque, además, la escasez de petróleo acaba originando escasez de todo, ya que la mayoría de las mercancías se mueven con petróleo (con barcos, aviones, camiones…). Hay prisa, mucha prisa.
Pero no hay prisa por cambiar un sistema ecocida y destructivo; por lo que hay prisa es por encontrar una fuente de energía que funcione como el petróleo para no cambiar nada. Y si tal fuente de energía no existe, nos la tendremos que inventar.
Mantener los flujos de caja
Y es exactamente eso lo que se está intentando. Se están intentando retorcer los procesos de la naturaleza, que proporcionan una gran cantidad de energía renovable, pero la suministran distribuida sobre toda la superficie del planeta, para conseguir alguna sustancia milagrosa que se comporte como el petróleo, que sea energéticamente muy densa y fácil de transportar, que permita concentrar el consumo en los grandes centros de consumo y producción, de manera que el alocado e incesante flujo de energía y materiales que ha caracterizado a la globalización no se detenga, como tampoco se detendrían los flujos de caja de las grandes empresas, que ganarían dinero a espuertas con el nuevo maná energético.
Este es el modelo. Por eso se intentan imponer estos macroparques eólicos y fotovoltaicos: con la esperanza de captar grandes cantidades de energía y después concentrarla en algún vector energético, ya sea la electricidad, ya sea el hidrógeno, para llevársela muy lejos y continuar con el esquema de la metrópoli que se alimenta y expolia el territorio. Por eso da igual que con estos macroparques se cause un daño ambiental mayor que el problema del cambio climático. Porque, en el fondo, la preocupación ambiental no ha sido nunca la motivación para hacer lo que se hace.
Sin embargo, este modelo nace muerto. Es un modelo inviable. No detallaré en extenso las dificultades e ineficiencias del modelo de macroinstalación renovable dirigida a la producción de electricidad, pues ya he hablado mucho de ello en numerosos textos; baste decir aquí que el tipo de energía que se produce (eléctrica) no es el que se necesita, y que no es fácil ni a veces posible conseguir que ese casi 80 % de la energía final no eléctrica se pueda electrificar. En cuanto al hidrógeno verde (el que se conseguiría con la electrólisis del agua usando electricidad de origen renovable), las pérdidas energéticas del proceso desde su generación hasta su uso final son tan elevadas que hasta la Estrategia europea para el hidrógeno da por hecho que Europa no podría autoabastecerse energéticamente y que tendría que importar hidrógeno; por eso, los ojos ansiosos de Alemania se han puesto sobre la presa del río Inga en el Congo, y por eso desde Alemania, cada vez más claramente, se ve España como el recurso a expoliar a corto plazo hasta que llegue el maná energético de otras tierras.
El problema del modelo actual de transición renovable es que se pretende fosilizar una energía viva, la energía renovable; se pretende convertir una energía dispersa por todo el territorio y que sigue los ritmos de la naturaleza en una energía concentrada y que siga los ritmos del mercado. Pretenden convertir el calor del Sol y la fuerza del viento en negro y maloliente petróleo, y que este se consuma lejos de donde se produce, en la privilegiada Babilonia. Encerrar el Sol en una redoma o el viento en una botella no es fácil: el proceso es ineficiente y requiere materiales raros, que ya están comenzando a escasear. Fosilizar la vida es costoso, y el producto final no basta para saciar el hambre pantagruélica de este sistema sinsentido. Al final, seguir por esta vía de matar la vida para meterla en un frasco solo puede llevarnos al colapso y la autodestrucción.
La hidroeléctrica, una renovable sin aprovechar
Revista SABC
A principios del siglo xx, muchos pueblos de toda la península «llevaron por primera vez» la luz eléctrica para iluminar sus calles, casas e incluso alguna pequeña industria. Y lo hicieron con la creación de pequeñas represas hidroeléctricas, aprovechando la energía de los saltos de agua. Muchos años después nos encontramos con un sistema de energía hidroeléctrica prácticamente privatizado y gestionado por un oligopolio con enorme influencia política, organizado a partir de centrales y pantanos de considerables dimensiones, responsables de un gran daño ecológico y social en el territorio rural. Ese sacrificio, ese expolio, ¿qué papel desempeña actualmente?
Un dato revelador es que en la actualidad el Estado español tiene instalada una capacidad hidroeléctrica que duplica el total de demanda máxima: 100 000 MW, frente a una demanda que alcanzó su máximo histórico en diciembre de 2007, con unos 45 450 MW, según datos de Ecologistas en Acción. Si bien es cierto que por la disminución de los caudales a causa del cambio climático no es posible producir toda la energía que permite la capacidad instalada, hoy no se aprovecha todo este potencial por las particularidades del sistema energético español y porque las grandes eléctricas priorizan, aunque sea más cara, la producción de electricidad a partir de gas natural, para rentabilizar las centrales de ciclo combinado.
Esto nos lleva al debate en torno a la necesidad de renacionalizar, remunicipalizar o colectivizar el sistema energético, pero también a replantear el sentido de las propuestas de grandes parques solares y eólicos ¿No sería más lógico aprovechar el potencial ya existente a partir de las centrales hidroeléctricas construidas?
Eficiencia y frugalidad
Frente a este modelo fósil y ecocida, existen otros modelos de transición renovable, viables y vivos, aunque se pretenda hacer creer que no hay alternativa. Son modelos de los que no se habla porque no interesa, aunque si existe alguna salida a nuestra situación actual es a través de ellos.
La energía renovable se debe aprovechar allí donde se capta, para evitar pérdidas en su transporte
Para empezar, la energía renovable se debe aprovechar allí donde se capta, para evitar pérdidas en su transporte. Para seguir, se debe utilizar en la misma forma en que llegue, en vez de convertirla en electricidad o hidrógeno con grandes pérdidas. La energía mecánica del viento y del agua se debe convertir en energía mecánica para mover engranajes: así funcionaban los molinos papeleros, las colonias textiles y algunas metalurgias a principios del siglo xx; también, por supuesto, se debe usar para moler grano y triturar materiales. La energía solar, que es primariamente de tipo térmico, debe ser usada en los domicilios para producir agua caliente sanitaria, cosa que se puede conseguir simplemente con un depósito y unos tubos pintados de negro, capaces de calentar agua incluso con radiación solar difusa. Con un pequeño espejo parabólico, la radiación solar se puede usar para hacer cocinas solares e incluso hornos. En los lugares más insolados del territorio, la energía solar fuertemente concentrada con grandes espejos se puede usar para fundir metales y conseguir las altas temperaturas que se requieren en algunos procesos industriales. Por último, no se debe olvidar la gran fuente de recursos que suponen las plantas, tanto las cultivadas como las silvestres. La gran diversidad de moléculas que nos proporcionan las plantas puede aprovecharse tanto para producir bioplásticos como para sintetizar compuestos que hoy en día se obtienen del petróleo, como por ejemplo los que se usan en las medicinas o en infinidad de reactivos de interés industrial. La materia vegetal, de la misma manera que los residuos orgánicos de cualquier origen, puede aprovecharse en simples biodigestores para producir biogás con múltiples usos energéticos y también materiales (síntesis de polímeros). Incluso se puede usar para producir biocombustibles que se podrían utilizar en motores convencionales. Y eso sin contar con los usos tradicionales de ciertos cultivos como materia prima textil.
¿Quiere decir que se debe renunciar a producir electricidad o incluso hidrógeno? No, por supuesto: se tendrá que producir cierta cantidad de electricidad, útil para muchos de los usos ordinarios actuales, desde pequeños electrodomésticos a los grandes centros de control, y para la iluminación. Y el hidrógeno puede tener un hueco, especialmente en procesos en los que se requiera conseguir una llama de alta temperatura. Pero estas formas de aprovechamiento deben ser complementarias a las expuestas más arriba, y en absoluto las troncales. Y hay un aspecto que es fundamental de todos estos sistemas: la frugalidad del uso. Los sistemas arriba descritos son eficientes y tienen mucho menor impacto ambiental que el sistema de macroparques, pero solamente si su uso es mesurado y adecuado. Así, por ejemplo, una pequeña cantidad de cultivos para biocombustibles puede ser útil y razonable, pero puede crear competencia con la alimentación humana y animal, aparte de esquilmar el terreno, si se intenta sobreescalar. Un uso racional y limitado de la fuerza hidráulica permite crear riqueza y trabajo localmente, pero puede causar alteraciones ecosistémicas e incluso alterar el curso del río aguas abajo si se intenta sobreexplotar. La clave del éxito es la sostenibilidad bien entendida: el uso mesurado y responsable de los recursos que garantice que quienes vengan después también los puedan utilizar. Porque nosotros no somos los propietarios de este mundo, tan solo sus inquilinos provisionales.
Antonio Turiel. Científico y divulgador .
https://rebelion.org/el-debate-renovable-naturaleza-viva-versus-naturaleza-muerta/
30 años de acción sindical: una historia de luces y sombras
Durante el mes de julio sindicatos con representación en el Comité de Empresa (Comisiones Obreras, UGT y CGT) han organizado -por diferentes vías y con distintas propuestas- concentraciones en la puerta de la fábrica y ante el Parlamento andaluz; paros de dos horas y asambleas; y marchas y encierros a favor del mantenimiento de la planta.
En el volumen titulado Sobrevivir a la derrota. Historia del sindicalismo en España (1975-2004), de 538 páginas, publicado por Akal en mayo, el historiador Gonzalo Wilhelmi se retrotrae más de cuatro décadas en la investigación sobre las luchas sindicales. Por ejemplo en Laforsa, empresa siderúrgica de 240 trabajadores ubicada en el municipio de Cornellà (Baix Llobregat, Barcelona), que en noviembre de 1975 –final de la dictadura franquista- fue objeto de paros y huelgas contra el despido de 157 obreros.
Llegaron a adherirse a la huelga más de 90.000 trabajadores del Baix Llobregat (la comarca llegó a paralizarse por una huelga general indefinida de 10 días). Considerada “ilegal” por las autoridades, la huelga en Laforsa promovida por las asambleas y coordinada desde Comisiones Obreras se prolongó durante tres meses. Finalmente los obreros lograron la readmisión de los despedidos. Asimismo se reivindicó la libertad y la amnistía de los presos políticos.
“Esta es la historia de los trabajadores de la minería, el metal y la construcción, y de las trabajadoras del textil que, tras la muerte de Franco, tumbaron el proyecto continuista del rey Juan Carlos, Arias Navarro y Manuel Fraga para mantener la dictadura con cambios menores y forzaron al monarca y a Adolfo Suárez a liderar la transición a la democracia”, concluye Gonzalo Wilhelmi, también autor de Romper el consenso. La izquierda radical en la transición española (2014).
Otro episodio detallado por el historiador es “la batalla de Reinosa”, en la primavera de 1987, durante el segundo gobierno socialista de Felipe González y en el contexto de las políticas de reconversión industrial. El conflicto tras el anuncio de 463 despidos “dio la vuelta al mundo”, apunta Wilhelmi.
En este municipio de Cantabria, de 13.000 habitantes, estaba emplazada la siderúrgica pública Forjas y Aceros de Reinosa (“La Naval”). Los trabajadores retuvieron en la fábrica al director de la empresa, para negociar sobre los despidos. En la represión de las movilizaciones, la Guardia Civil hizo uso de fuego real y torturó a detenidos; además de las decenas de heridos, el 6 de mayo murió un electricista de “La Naval”, Gonzalo Ruiz, afiliado a Comisiones Obreras, por los botes de humo lanzados por los agentes. Tras el cese de las huelgas y movilizaciones, comenzaron a ejecutarse los despidos.
“Una derrota agridulce con mucho pragmatismo y poca utopía”. Es una de las conclusiones del autor sobre el periodo analizado, que comienza en los estertores del franquismo y termina con el segundo Gobierno del derechista José María Aznar. Uno de los hechos constatables es el aumento de la afiliación sindical, que pasó de 1,1 millones de afiliados en 1980 (13,7% de la población asalariada) a 2,7 millones (17,5%) en 2005, lo que permitía atribuir a los sindicatos la condición de organizaciones de masas.
El porcentaje de mujeres entre los delegados sindicales se elevó del 18% en 1986 al 21,4% en 2003. Pero su acceso a los órganos de dirección no fue inmediato, comenzó de hecho en los años 90; un caso excepcional fue el de Lidia Senra, designada secretaria general del Sindicato Labrego Galego en 1989. El texto de Wilhelmi resalta a luchadoras como Ana García Carpintero, de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), que participó en las movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo en la fábrica textil IKE de Gijón (la lucha se prolongó durante una década, entre 1984 y 1994). O el de Paqui Cuesta, delegada sindical de la CGT en Ford-España, despedida por la multinacional en 2010.
El autor distingue, a grandes rasgos, dos formas de desarrollar la acción sindical, que no se daban de forma pura y dependían en gran medida de cada empresa: el sindicalismo de “gestión” y por otra parte el de “participación”. Así, quienes apostaban por la primera vía “solían organizarse en UGT, USO y sectores de Comisiones Obreras, mientras que los partidarios del sindicalismo de participación y movilización se inclinaban por Comisiones Obreras, ELA, CIG, CGT, LAB, CSI, Intersindical Canaria, CNT, algunas secciones de USO y un archipiélago de sindicatos locales, de sector y de empresa”.
Coeditor, junto a Francisco Salamanca, de Tomar y hacer en vez de pedir y esperar. Autonomía y movimientos sociales. Madrid, 1985-2011, Wilhelmi dedica un apartado del libro de Akal al “diálogo social” entre los sindicatos, la patronal y los gobiernos, que no excluía las movilizaciones; en este contexto, remarca el “fracaso” de la estrategia centrada en la creación de empleo utilizada –durante más de dos décadas- por los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT. “Los gobiernos del PSOE y del PP nunca aceptaron las políticas económicas creadoras de puestos de trabajo defendidas por los sindicatos”, resalta el investigador e ingeniero técnico en informática.
Además, el trabajo de cuidados (gratuito) que realizan principalmente las mujeres en el ámbito familiar supera en horas al trabajo desarrollado en las empresas, subraya el autor de Sobrevivir a la derrota. Centrarse en el empleo asalariado -como hacían los sindicatos- contribuía a invisibilizar esta realidad. Gonzalo Wilhelmi llega a esta conclusión a partir de la Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003 del INE: el 48,4% de las horas trabajadas en España se realizaba en las empresas, mientras que el 51,6% correspondía a los cuidados (no remunerados) en el seno de las familias; a ello debería añadirse el ejercicio de profesiones dedicadas a los cuidados, como la enfermería o la educación infantil.
Otro aspecto destacado son las jornadas de huelga. El autor contabiliza 47 huelgas generales de 24 horas -en un territorio provincial o ámbito superior- en el periodo que recorre el libro (19 de las 47 huelgas generales fueron convocadas en el País Vasco y Navarra).
Se iniciaron el 11 de diciembre de 1974, con una huelga promovida por Comisiones Obreras en Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra a favor de la democracia, la libertad y la disolución de los cuerpos represivos; y termina el periodo con la que convocaron, el 10 de abril de 2003, UGT y los sectores críticos de Comisiones Obreras (dos horas) y la CGT y la CNT (24 horas), contra la invasión de Irak por una coalición de países liderada por Estados Unidos. Constituye un ejemplo de victoria la huelga general del 14 de diciembre de 1988 contra el ejecutivo de Felipe González, forzado a retirar el Plan de Empleo Juvenil que precarizaba el mercado laboral en beneficio de los empresarios.
¿Son las clases sociales, y en particular la clase trabajadora, una reminiscencia del pasado? A partir de los datos de la EPA y del libro Estructura social y desigualdad en España (Catarata, 2013), del sociólogo Saturnino Martínez García, la respuesta es negativa. “Considerando las clases sociales desde un punto de vista socio-profesional, desde 1975 hasta 2004, España no fue en ningún momento un país de clases medias. La mayoría social estuvo siempre formada por hombres y mujeres de clase trabajadora, con un porcentaje aproximado del 78% en la etapa final de la dictadura, y del 65% en 2004”, explica Gonzalo Wilhelmi.
Los puntos tratados en el libro podrían prolongarse, en no pocos aspectos, como la percepción subjetiva de clase, hasta el presente. En el Barómetro del CIS de enero de 2021, el 0,4% de los entrevistados afirmó pertenecer a la clase alta; el 6% a la clase media-alta; el 49,9% a la clase media-media; el 16,9% a la clase media-baja; el 10,3% a la clase trabajadora-obrera; el 6,6% a la clase baja; el 1,9% a la clase pobre; el 0,1% al proletariado; y el 0,1% a los/as de abajo. Y sobre los recortes en la Seguridad Social y el sistema público de pensiones, ya en 1985, recuerda Wilhelmi, “los empresarios, junto a medios de comunicación y economistas de derechas, vaticinaban la quiebra de la Seguridad Social, debido a la diferencia creciente entre los gastos y los ingresos”.
https://rebelion.org/30-anos-de-accion-sindical-una-historia-de-luces-y-sombras/
El genocidio nunca es de baja intensidad
Pero qué si no es la guerra a la subsistencia, el desvalor, “el estado cero de toda acumulación: la destrucción original de capacidades que permite iniciar la espiral de las necesidades creadas, destructoras de más capacidades y con ello de nuevas dependencias. En este sentido, el desvalor es un proceso lento y progresivo de destrucción de autonomía”, como dice Jean Robert y como tal de la vida de personas y colectivos. 1
Esta deshabilitación es un proceso que desfigura los aspectos cruciales de la comunidad y de los saberes y prácticas pertinentes para la subsistencia, entendida ésta como todo aquello que subyace a la existencia y contribuye a cuidarla expandiendo sus habilidades autónomas. Es decir, de algún modo, aunque sea “lento y silencioso”, la destrucción de un grupo humano se plantea expresamente, porque sus implicaciones históricas han logrado desfigurar el mundo contemporáneo de un modo, digamos, planetario.
Es esta relación viciosa de destrucción y despojo, imparables, el vínculo indispensable para la reproducción del capital.
Esta destrucción y este despojo, una “incapacitación progresiva de los pueblos” se ejerce arrancando a la gente de su entorno de subsistencia, escindiendo el vínculo que las comunidades mantienen y cultivan con la Naturaleza, con su tierra, con la significación mutua que permite que la gente resuelva por sus propios medios lo que más le importa: el caso más concreto es el acaparamiento de la tierra, de los territorios, el confinamiento de ámbitos que antes eran comunes, la “expulsión del paraíso” [los millones de migrantes atestiguan este arrancamiento]. No es la tierra lo que le quitan a la gente. Se despoja el tejido completo de la vida de tales comunidades.
También se erosiona, se menosprecia, se margina, se prohíben o escinden sus habilidades, saberes y estrategias: eso que permitía que la gente resolviera con labores creativas su propia producción de alimentos, su salud, su educación, su justicia, su sentido de lo sagrado, sus vínculos de amor y erotismo, su lenguaje y su sentido de ser en el mundo.
Por si fuera poco, se proponen intermediaciones continuas e interminables que por un lado merman la posibilidad de solución propia de nuestras necesidades y pertinencias, o que nos entrega a la clase “profesional”, a los expertos, desarrollando nuevas dependencias, y por el otro provoca un edificio interminable de mediaciones y enormidades que nos hacen piezas en este sistema entronizado como estructura inescapable (o supuestamente inescapable). Ver si no La convivencialidad, de Iván Illich.2
En todo este escenario no se nos puede olvidar que nuestro sistema jurídico internacional está en entredicho, que el sistema económico y todo su tramado de complicidades entre gobiernos, organismos multilaterales y corporaciones, impuestos visiblemente en los tratados de libre comercio, ha sojuzgado al derecho y que en los diferentes países, sean de Europa, Asia, las Américas, África u Oceanía, a diferentes ritmos y velocidades, se van desmantelando las entretelas del aparato jurídico que defendía a las personas, a las poblaciones. Por eso el Secretario General del Tribunal Permanente de los Pueblos, Gianni Tognoni, declara que pareciera que el imperio de las cosas se impone sobre la importancia y visibilidad de la existencia de las personas.3
Es decir, hay también una destrucción expresa de grupos humanos cuando se les invisibiliza, cuando se les desaparece “simbólicamente”. Esa desaparición siempre es práctica, porque tiene repercusiones en leyes y políticas públicas, en marginación y discriminación y persecución.
Como decíamos en nuestra columna anterior, el genocidio empieza por matar los derechos de la humanidad, los derechos de los pueblos, que deberían estar por encima de cualesquiera derechos.
Como insisten tanto Gianni Tognoni y Daniel Feierstein,4 esto no ocurre por casualidad, no son accidentes, no son daños colaterales, no es ineficacia de los sistemas, aunque haya ineficacia, casualidades, accidentes y daños colaterales. Estamos confirmando “la sistematicidad de la estrategia política y estructural que tiene consecuencias criminales producto del papel que juegan las instancias gubernamentales, estatales y de las empresas”, como dijera Gianni Tognoni en un taller en la ciudad de México a fines de 2018.
El cuadro que aparece, por todas partes, como ahora fue en Colombia, pero también en Aldama, Chiapas, en Michoacán, en Sonora, en Tamaulipas, en Guerrero, pero en realidad en todo este país llamado México es uno de impunidad, donde hasta la Procuraduría Agraria funciona como brazo contrainsurgente que va buscando destruir las instancias de reflexión, argumentación, información y decisión de los núcleos agrarios colectivos, porque les estorba que la mitad del territorio nacional esté en manos de ejidos y comunidades.
Cuando en México, hace algunos años, con el advenimiento del Tribunal Permanente de los Pueblos se acuñó el término, la noción, de “desvío de poder”, que la notable abogada Magda Gómez retomó de una idea de alguna sentencia de la Corte Interamericana que de pasada formulaba esa frase, no entendíamos aún la claridad que tendría el término: abrirle margen de maniobra a las empresas mediante la expresión legal o ejecutiva vía políticas públicas, mientras que se cierra el campo legal, jurídico, mediante el desmantelamiento progresivo de las estructuras del derecho, para una población que ve achicar su posibilidad de arribar a la justicia.
Podemos constatar que el aumento de las luchas de resistencia de los pueblos está directamente relacionado con el achicamiento de la posibilidad de ventilar sus agravios y lograr justicia de sus reivindicaciones. “Los agravios se vinculan a la expansión del ámbito de atribuciones que tienen las empresas”, y el nivel de agresión que ejercen sobre las comunidades donde establecen sus designios.
En pocas palabras, Deleuze tiene tanta razón cuando afirma: “Foucault muestra que la ley no es ni un estado de paz ni el resultado de una guerra ganada: es la guerra, la estrategia de esa guerra en acto, de la misma manera en la que el poder no es una propiedad adquirida de la clase dominante, sino el ejercicio actual de su estrategia”.5
Es importante entender, como lo expresa con claridad Daniel Feierstein, que “las herramientas del derecho son herramientas de comprensión política”, o deberían serlo. No se trata de abordar la ley, o el derecho cual si fueran la salvación última de la gente. Como dijera Henry David Thoreau, y nos recuerda Howard Zinn, “no es la ley la que nos puede salvar, sino nosotros, quienes tenemos que salvar a la ley”.6 Estudiando las estructuras del derecho, entendemos la claridad de las entretelas de la guerra política que estamos viviendo.
En ese rejuego, estamos ante un desplome de credibilidad del Estado y sus instancias. Con grandes mañas, los poderes fácticos comenzaron a impulsar estructuras paralelas de “legitimación” de sus abusos al preconizar la articulación de políticas públicas a las que le llamaron “reformas estructurales” y los tratados de libre comercio, que hoy entendemos como instrumentos de desvío de poder, que buscan obstruir las acciones de la gente.
Como todo esto no es sólo una formalidad teórica sino que se traduce en los hechos a agravios, invasiones, incendios, encarcelamientos, asesinatos, desapariciones forzadas, corrupciones, destrucción de las posibilidades reales de resolver la vida como mejor nos parezca, volvemos a invocar a John Berger cuando siguiendo a Frantz Fanon afirma que “debemos dejar de juzgarnos con los criterios de nuestros opresores”.7
Esto implica reconocer que cuando apelamos a los “derechos humanos” como solución fácil a las complejidades de la justicia y de los derechos de los pueblos, de los derechos colectivos, nos quedaremos siempre cortos. Tenemos que salvar la justicia, salvar la ley volviendo apelar vez tras vez a la responsabilidad y rendición de cuentas que la debería personalizar. Por eso es crucial que los proceso de defensa legal no sean actividades de abogados únicamente, sino un proceso integral en que la sociedad repiense el proceso social y político que subyace a esa guerra que seguimos librando en varios frentes.
Aunque no haya sangre, o no haya desapariciones o encarcelamiento, el genocidio como forma de acumulación de capital está presente, y nunca es de baja intensidad a juzgar por la destrucción acelerada de la vida en el planeta.
Es entonces la libre determinación, su mera idea, la que puede darle la voltereta a tanta iniquidad.
1 “Por un sentido común controversial. A propósito de la escuelita zapatista”, en No toquen nuestro maíz, del Colectivo por la Autonomía, Grupo ETC y GRAIN,Editorial Ítaca, México, mayo de 2014, p. 255
2 La convivencialidad, Joaquín Mortiz, Planeta, México 1985.
3 Gianni Tognoni: “Es oficial: los derechos humanos han caducado”, Ojarasca 291, julio 2021.
4 Ver Daniel Feierstein, Nuevos estudios sobre genocidio, Heredad, México, 2020. El libro acaba de presentarse y se volverá a presentar el 28 de julio.
5 Gilles Deleuze, Foucault, Paidós, 1987.
6 Howard Zinn, “Henry David Thoreau”, en Un poder indestructible, La Jornada Ediciones, 2010.
7 John Berger, G, a novel, Weidenfeld and Nicholson, Londres, 1972
Fuente: https://desinformemonos.org/el-genocidio-nunca-es-de-baja-intensidad/
https://rebelion.org/el-genocidio-nunca-es-de-baja-intensidad/
Fracking en América Latina, entre las promesas de expansión y las denuncias
El fracking (o fractura hidráulica) avanza en América latina. O, al menos, eso es a lo que aspiran algunos de sus gobiernos. No obstante, pese al impulso que intentan darle y a los millonarios subsidios estatales que se han otorgado a la actividad en los últimos años, esta no ha tenido hasta ahora la misma fuerza en la región que en los Estados Unidos.
Esta técnica, resistida por sus efectos negativos sobre la salud tanto de las personas como del ambiente, permite extraer gas y petróleo no convencionales. Para ello, perfora el subsuelo a miles de metros e inyecta grandes cantidades de agua, arena y químicos a gran presión para extraer los minerales de la roca madre.
Argentina y México son los países que más han apelado a ella. Se les suma Chile, que cuenta con una pequeña explotación en el sur. Pero no son los únicos que sueñan con esta tecnología sospechada hasta de provocar sismos: en Colombia y Uruguay, rigen dos moratorias, mientras que los petroleros bolivianos añoran tener su propia Vaca Muerta a pesar de la resistencia de comunidades indígenas y campesinas.
Qué no, que sí
El 1º de diciembre de 2018, horas después de asumir como presidente, Andrés Manuel López Obrador presentó sus 100 compromisos de gobierno, entre los que se incluye el “no al fracking”. Se diferenció así de su antecesor, Enrique Peña Nieto, que en 2013 había realizado una reforma para estimular la explotación de hidrocarburos no convencionales.
Tras su asunción, en principio sólo continuaron operando los pozos autorizados con anterioridad. Y, según el último reporte oficial, el compromiso del mandatario ha sido cumplido.
Sin embargo, la Alianza Mexicana contra el Fracking, que integran más de 40 organizaciones, publicó en mayo de 2020 una investigación que detectó que, “a lo largo de 2019, fueron aprobados seis planes de exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”. Abarcan una superficie de 800.000 kilómetros cuadrados en los estados de Veracruz y Puebla.
La investigación también encontró que, en sintonía con lo que Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció en su Plan de Negocios 2019-2023, los presupuestos nacionales de 2019 y 2020 asignaron recursos a dos proyectos de la empresa estatal que requieren de fracking.
A la par, según la Alianza, entre septiembre de 2018 y marzo de 2020, se presentaron ocho iniciativas en el Congreso para prohibir la fractura hidráulica en México, lo que podría ser la puerta para que López Obrador selle su compromiso. Hasta ahora, ninguna avanzó.
Explotación frenada
Otro presidente que dijo “no” al fracking durante la campaña electoral fue el colombiano Iván Duque. No obstante, desde entonces se ha mostrado ambivalente, mientras el movimiento ambientalista impulsa una ley que ponga definitivo fin a la técnica.
La explotación de yacimientos no convencionales está frenada en el país por una medida cautelar ordenada en noviembre de 2018. Fue a partir de una presentación ante el Consejo de Estado realizada por la Alianza Colombia Libre de Fracking, integrada por más de un centenar de organizaciones —incluidos sindicatos del sector—, que pidió la nulidad de un decreto y una resolución que en 2013 regularon el uso de la fractura hidráulica.
“Argumentamos que infringen normas constitucionales y convenios internacionales, y violan el principio precautorio, que ordena que, en caso de duda científica sobre la posibilidad de que una actividad pueda causar un daño grave e irreversible a la salud humana y al ambiente, el gobierno nacional debe suspender o aplazar esa actividad hasta tanto haya certeza”, precisa una de las abogadas que trabajó en la presentación, Yeny Rodríguez, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
Caballo de Troya
Actualmente, no hay fracking en Colombia. Pero, para ello se necesitó otra resolución judicial. La Alianza detectó que los proyectos que ya estaban utilizando la técnica continuaron operando a pesar de la medida cautelar, por lo que se promovió una nueva demanda ante el Consejo de Estado, que finalmente ordenó su paralización en todo el territorio.
El gobierno no se quedó de brazos cruzados y creó una “comisión de expertos”, que un puñado de meses después aconsejó hacer proyectos piloto en yacimientos no convencionales. “La comisión pagada por el gobierno hizo un estudio en el que no dijo ni ‘sí’ ni ‘no’, pero dio la apertura a una supuesta investigación científica”, dice Andrés Gómez, un ingeniero que trabajó para algunas petroleras y hoy es parte de la ONG CENSAT Agua Viva.
Ese informe fue incorporado al expediente iniciado ante el Consejo de Estado, que, cuando se reunió en pleno para confirmar la medida cautelar que paralizó el fracking, aclaró que esa decisión no frenaba los planes del gobierno.
En ese marco, en febrero de 2020, el Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 328, a través del cual abrió el juego a los llamados “Proyectos Piloto de Investigación Integral” sobre yacimientos no convencionales. Hasta ahora se confirmaron dos de esos proyectos, llamados Kalé y Platero, ambos en el municipio de Puerto Wilches, en el departamento de Santander. Fueron adjudicados a Ecopetrol y ExxonMobil, respectivamente.
Ahora bien, Puerto Wilches tiene una larga tradición ligada al extractivismo.
Nadie puede decir que el fracking va a generar desarrollo en una región que lleva un siglo de explotación de hidrocarburos y tiene los indicadores sociales más bajos del país. Andrés Gómez, CENSAT Agua Viva.
Además de una historia de contaminación, en Puerto Wilches también hay problemas con los derechos humanos. Por la oposición al fracking, ya hubo amenazas y hostigamientos, y dos personas tuvieron que abandonar la zona. Con 64 víctimas fatales, Colombia fue en 2019 el país con más ambientalistas asesinados del mundo, según el último informe de Global Witness.
El objetivo de esos proyectos experimentales es evaluar la viabilidad del fracking y sus efectos, pero el movimiento ambientalista cree que son un Caballo de Troya. “El Gobierno y las petroleras van a ser juez y parte. Dentro de este supuesto análisis, las petroleras harán la ciencia, juzgarán la ciencia e incluso lo que extraigan lo van a poder comercializar”, advierte Gómez.
¿La nueva Vaca Muerta?
Bolivia está libre de fracking, pero la cuestión está latente. La técnica puso un pie en el país en 2013, luego de que un informe de la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos advirtiera el potencial en la materia de las llanuras del Chaco.
Lo que siguió fue una tarea de lobby y algunos esfuerzos concretos de las autoridades para incitar su explotación. Ese año se firmó un acuerdo de cooperación entre la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la argentina YPF para trabajar en el tema, y la empresa Halliburton realizó una “minifractura” en el departamento Chuquisaca, donde descubrieron reservas de tight oil.
A eso se sumó que, entre 2014 y 2017, hubo un proceso de flexibilización legislativa. “Bolivia depende de los hidrocarburos, es un país exportador. Cuando caen los precios del petróleo, se reconfiguró la normativa, se flexibilizaron los estándares ambientales, se modificaron el tiempo y las características de las consultas previas, y se abrió la actividad a las áreas protegidas”, repasa la abogada Claudia Velarde, de AIDA, una de las organizaciones que promovió en 2014 la Alianza Latinoamericana contra el Fracking.
En 2018, se firmó un acuerdo entre YPFB y la canadiense CanCambria Energy —de la que casi no hay referencias— para explorar y explotar el bloque Miraflores, en el Chaco boliviano, ubicado alrededor de un 90% en el municipio Macharetí, departamento de Chuquisaca.La empresa estima que las reservas allí podrían ser mucho mayores a las de Vaca Muerta, aunque no son pocos los que creen que el dato es exagerado. Lo cierto es que informó que iba a perforar 800 pozos, pero no habría avanzado.
No obstante, el fracking necesitaría de un marco legal. “No existe en Bolivia ningún instrumento jurídico que lo regule. Con CanCambria se pactó que se iba a construir una estructura administrativa, pero hasta ahora las autoridades no han hecho públicos sus planes”, comenta el investigador Oscar Camapnini, del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib).
De área protegida a…
En Macharetí, conviven una decena de comunidades indígenas guaraníes y campesinos, que no cuentan con agua potable y temen que el fracking afecte, entre otras cosas, sus pozos. Parte del bloque Miraflores está ubicado, a su vez, en la Reserva Municipal Histórica y de Vida Silvestre “Héroes del Chaco”, un área protegida de 269.000 hectáreas de bosque con mucha riqueza de flora y fauna, que actúa como regulador de clima local y que además tiene un valor histórico por haber sido escenario de la Guerra del Chaco.
El área fue declarada como reserva por la alcaldía de Macharetí, que ahora tiene la llave para cerrarle el candado al fracking en la zona, pues el municipio inició un proceso autonómico y se encamina a incluir en su estatuto la prohibición de la fractura hidráulica.
No obstante, CanCambria ya ha manifestado su intención de explotar también otros dos proyectos dentro del Chaco boliviano y hay miradas atentas a la Amazonía, donde algunas exploraciones hallaron un gran potencial para hidrocarburos no convencionales.
Al igual que en otros países, el principal argumento de los promotores del fracking en esas zonas es el supuesto desarrollo económico. “Si los bolivianos decidimos no hacerlo, seguiremos en la pobreza en la que vivimos, que tampoco es amigable con el medioambiente”, alardeó el expresidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBHE), Carlos Delius, en un artículo sobre el tema publicado en Mongabay y Página Siete.
Más y más dicen “no”
Prohibiciones como la que impulsan a nivel nacional los movimientos ambientalistas en México y Colombia ya rigen en varios lugares del mundo. Francia y Bulgaria picaron en punta al vetar la técnica en 2011 y 2012, respectivamente. Le siguieron Luxemburgo, los estados de Vermont y Nueva York, en los Estados Unidos, además de tres condados de California.
Algunos países también ordenaron las primeras moratorias, como Escocia, Gales y los Países Bajos. Lo mismo ocurrió en Alemania, que sólo autoriza las perforaciones con fines de investigación, como ocurre, de hecho, en Colombia. Con el tiempo se sumaron prohibiciones a nivel regional en distintos países, como en la provincia argentina de Entre Ríos o el estado de Paraná, en Brasil, donde desde 2013 la Agencia Nacional de Petróleo ha estado subastando bloques para exploración.
Una situación análoga ocurre en Uruguay, donde rige una prohibición temporal. Se estableció por cuatro años a través de una ley que se logró tras una serie de proyectos fallidos sobre hidrocarburos no convencionales y que entró en vigencia el 28 de diciembre de 2017. El plazo vence a fin de año.
Paredes rajadas
“Hasta los 35 años, nunca había sentido un temblor en la ciudad”, dice Antonio Hernández, un biólogo de Monterrey, capital del estado mexicano de Nuevo León. En la zona se han explotado hidrocarburos convencionales en las últimas seis décadas. Por eso, cuando Pemex instaló las primeras torres de fracking, en 2013, a nadie le llamó la atención. “Lo que detonó el ojo crítico fue la sismicidad”, recuerda el biólogo.
Por esas perforaciones de Pemex se presentó una petición internacional ante la Comisión para la Cooperación Ambiental, que vela por el cumplimiento de las leyes ambientales en los países que firmaron el T-MEC, el tratado de libre comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos. “La empresa se retiró y con eso nos dejaron los sismos, pero la vida ya no volvió a ser la misma”, indica el escrito de representantes de la localidad de Hacienda El Carrizo.
La denuncia, presentada en 2018, menciona que sus pozos de agua se secaron y que tuvieron que hacer nuevas excavaciones, pero que el agua sale contaminada. No se lo atribuyen al fracking, por falta de pruebas, pero sugieren que podría haber sido la causa. También aseguran que ya no pueden sembrar maíz y frijoles, y que se secaron sus nogales y naranjos. “Algo pasa con el agua que no les sirve a las plantas”, describe.
La petición fue ampliada el 21 de febrero de 2019, cuando se presentó un escrito que alegó que Pemex nunca presentó una manifestación de impacto ambiental. Y así, finalmente, el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental recomendó que se inicie una investigación. Será una instancia internacional la que revise el caso.
Más de 130 en un año
A 7780 kilómetros de Hacienda El Carrizo está el pueblo de Sauzal Bonito, sobre el yacimiento Vaca Muerta, en la Argentina. Tras el aumento del uso del fracking en la zona, sus vecinos no tardaron en percibir que los sismos eran frecuentes y que las paredes de sus casas se agrietaban. Fueron más de 130 movimientos telúricos sólo en 2019.
En febrero de 2020, técnicos del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) publicaron un artículo en su sitio Shale en Argentina en el que se preguntaron si la estimulación hidráulica podría activar fallas geológicas y generar terremotos de magnitud. La respuesta fue que esa posibilidad es “nula o extremadamente poco probable”.
Sin embargo, varias investigaciones rebaten esa idea y algunos países, como los Estados Unidos, el Reino Unido y China, tomaron medidas al respecto. En la Argentina, un estudio divulgado recientemente detectó que en una zona de Vaca Muerta, entre 2016 y 2020, hubo 62 movimientos telúricos de más de 3º en la escala de Richter, a raíz de uno por mes. “Es muy difícil que eso haya sucedido en 40 años”, afirmó el investigador Sebastián Correa Otto al divulgar en La Mañana de Neuquén los datos que detectó y que coinciden con otros trabajos hechos en la zona.
¿Sin vecinos?
Vaca Muerta comenzó a operar en 2010. Una década después se habían perforado más de 2000 pozos. Es la “estrella” del fracking en América latina. Es la segunda reserva más grande del mundo de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional.
Su explotación le demandó al Estado grandes erogaciones de dinero, debido a que el fracking necesita financiamiento constante, pues los pozos tienen una vida útil de entre tres y cinco años, mucho menos que los convencionales.
Para 2017, los subsidios [a los combustibles fósiles en la Argentina] implicaron un 5,6% del presupuesto nacional. Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Una de las cuestiones que suelen destacar a la hora de buscar inversores es que no hay poblaciones en la zona. Falso: sólo en su área de influencia, hay casi 40.000 habitantes.
Sobre el potencial impacto negativo del fracking en la salud de esas poblaciones cercanas hay muchos estudios. Por caso, la Universidad de Yale detectó en Pensilvania (Estados Unidos) que la frecuencia de los problemas de salud aumenta a medida que las personas viven más cerca de los pozos. Otros trabajos académicos vinculan a la técnica con la tasa de hospitalizaciones y con un aumento de hasta un 600% en la mortalidad infantil, bajo peso al nacer y defectos congénitos.
Es posible que parte de esos problemas tengan que ver con los compuestos orgánicos volátiles, gases potencialmente cancerígenos que emiten los pozos de fracking, pero que suelen pasar desapercibidos, pues son invisibles, como benceno, metano y propano.
Mientras el sector petrolero argentino propone una nueva ley de inversiones, en mayo de 2020 el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, afirmó que la situación ambiental en Vaca Muerta es “alarmante”. Lo hizo tras una inspección de su cartera.
Otro informe de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) destacó que “los incidentes ambientales en Vaca Muerta se incrementaron junto a la expansión de la actividad”. En concreto, “se registraron 863 eventos en 2015, 868 en 2016, 703 en 2017 y 934 en 2018”. Uno de los más conocidos fue un derrame petrolero, durante 16 horas, en el área de Loma Campana, que operan YPF y Chevron. También en Alto Valle de Río Negro, en Allen, hubo varias fugas, al menos dos de las cuales alcanzaron cuerpos de agua.
Basureros en la mira
Hay, a su vez, dos basureros petroleros con denuncias por contaminación en Vaca Muerta. La primera la presentaron en diciembre de 2018 las organizaciones Greenpeace y la Confederación Mapuche de Neuquén, contra la empresa Treater Neuquén SA, que entre sus directivos tuvo a tres dirigentes ligados al expresidente Mauricio Macri. Uno de ellos, Edgardo Cenzón, fue recaudador de su campaña en 2015 y Ministro de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires.
El basurero es un repositorio de cutting que recibía supuestamente lodos de perforación de las empresas Shell, Total y la estatal YPF. De acuerdo a la denuncia, no está impermeabilizado ni tiene un canal de drenaje adecuado. El fotógrafo alemán Stefan Borghardt denunció formalmente que fue “golpeado, pateado e insultado” por la policía tras ser demorado mientras retrataba la zona.
Sumado a ello, un informe publicado recientemente reveló la grave historia de contaminación de otro de estos basureros petroleros: Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (Comarsa), una de cuyas plantas está ubicada en la ciudad de Neuquén, la más poblada de la Patagonia. A fines del año pasado, una denuncia de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina desnudó el desmadre que es, en realidad, la gestión de los residuos. Lo novedoso es que, por primera vez, la información oficial confirma esta actuación ante la justicia.
Mil ciento ochenta y cuatro páginas de actas de las inspecciones realizadas a Comarsa fueron remitidas por la cartera de Ambiente al diputado del Frente de Izquierda, Andrés Blanco. Estas fueron analizadas por el Observatorio Petrolero Sur, Taller Ecologista y La Izquierda Diario, y son una radiografía de los basureros petroleros en Vaca Muerta.
Es la revelación oficial de que el 10% de los bolsones de arenas silíceas utilizadas para la fractura hidráulica se rajan o descosen en el proceso de estibaje. No se trata de un dato menor si se considera que cada pozo puede utilizar 13.000 toneladas de este material, que debido al tamaño de sus partículas puede permanecer en suspensión y ser fácilmente transportado por los fuertes vientos de la zona. La exposición al sílice prolongada en el tiempo puede provocar silicosis.
La cultura del gas
Otro país en el que se utiliza en fracking en América latina, pero a mucho menor escala, es Chile. Detrás de la explotación hay una cuestión cultural. Así lo explica el abogado Maximiliano Proaño, co-coordinador del grupo de trabajo Energía y Equidad: “Chile no es un país productor, sino importador. Las reservas que tiene están en la región de Magallanes, la más austral, donde hay toda una identidad vinculada a los hidrocarburos”.
Magallanes es la única región del sur donde la calefacción es a gas. En 2010 y 2011, hubo una crisis por el agotamiento de las reservas y dos años después, en 2013, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció el hallazgo de reservas de gas no convencional en el bloque Arenal, que se empezó a explotar en 2014 para abastecer a las 150.000 personas que viven en la zona.
“Es una producción chica, pero grande para la escala chilena. Se estiman reservas que duplican la producción histórica de ENAP”, aclara el abogado. Eso sí: nada se dijo sobre el método que usaba. Proaño coordinó en esos años la “Mesa Ciudadana de Energía para Magallanes”.
Nos dimos cuenta que se producía mediante fracking, que no está específicamente regulado en Chile y que no se hacían estudios de impacto ambiental, sino meras declaraciones. Maximiliano Proaño, grupo de trabajo Energía y Equidad.
El tema tuvo escaso rebote en la población, en parte porque el bloque Arenal está muy alejado y porque la producción es relativamente chica. Sin embargo, Proaño estima que las reservas permitirían ampliar el servicio a otras regiones, lo que podría tener otro tipo de consecuencias.
https://rebelion.org/fracking-en-america-latina-entre-las-promesas-de-expansion-y-las-denuncias/
Turquía: Acumulación de miseria
Por ejemplo Mahfi Eğilmez, un conferenciante y escritor de economía, que anteriormente fue un burócrata del ministerio de finanzas que ocupó puestos influyentes a nivel nacional e internacional, nos recuerda la tesis de mediados del siglo XX de Jagdish N. Bhagwati sobre el “crecimiento de la miseria” y reproduce el gráfico que incluyo, en un artículo titulado ‘El crecimiento que enriquecerá primero y luego empobrecerá’, publicado en su blog. En el muestra la evolución en el tipo de cambio del ingreso per cápita (dólar estadounidense) y del dólar-lira (USD / TL) entre 1998 y 2020.
Eğilmez nos recuerda que el Fondo Monetario Internacional elaboró políticas después de la crisis de 2001 que se aplicaron hasta 2008, y la renta per cápita creció como resultado, pero después de 2008, cuando concluyó el acuerdo stand-by con el FMI, y especialmente después de que se introdujera el régimen presidencialista, cayó en una constante pendiente. Como resultado, el tipo de cambio de la lira turca con el dólar estadounidense ha ido empeorando constantemente y su propuesta es volver a las políticas de principios de la década del 2000.
A su izquierda, Mustafa Sönmez, con su impecable experiencia en la prensa sindical y su trabajo económico independiente, señala la brecha cada vez mayor entre los niveles de ingresos: según cifras oficiales, más de 700.000 personas se hundieron en la pobreza en Turquía el año pasado. En un artículo publicado en el sitio web Al Monitor , también recuerda el coeficiente de Gini de Turquía, que indica que la desigualdad actual se ha multiplicado al nivel de Brasil, México y Sudáfrica. 2 Afirma: “El 20% más rico recibió el 47,5% del ingreso total, mientras que el quintil más pobre obtuvo solo alrededor del 6% … el 10% superior de la población recibió el 32,5% del ingreso total, mientras que la participación del decil inferior fue el 2,2% «.
Continúa demostrando que, a pesar de toda su retórica, el gobierno Erdogan no ha logrado aumentar el bienestar social de los grupos de menores ingresos, a pesar de la urgente necesidad creada por el cierre de la pandemia. Señala que 17,9 millones de personas están ahora clasificadas como pobres según los propios criterios y estadísticas del gobierno. Recuerda que el gobierno solo proporcionó facilidades de préstamo en lugar de transferencias de asistencia social y, en consecuencia, una mayor proporción de la población ahora está agobiada por la deuda: “El 58,3% de los ciudadanos de Turquía están cargados con deudas distintas de los costes de hipoteca o vivienda, y el 18,8% describe los reembolsos de esta deuda privada como una ‘carga pesada’ ”.
Además, analiza la tasa de inflación y los desequilibrios dentro de la economía, señalando que la tasa de desempleo se sitúa oficialmente en el 12,9%, pero que en realidad ha alcanzado el 28% si se utiliza una definición más amplia y, por lo tanto, más precisa. Y en un artículo reciente, Sönmez se ocupa de otro desarrollo indicativo del capitalismo al estilo turco. Algunos de los compinches del gobierno que han construido y operado los llamados ‘hospitales de ciudad’ ahora están vendiéndolos.
El modelo de ‘construir-operar-transferir’ era uno de los favoritos del gobierno cuando se trataba de infraestructura. Se otorgaron generosas garantías colaterales en moneda fuerte, junto con las tarifas correspondientes al sector privado durante las próximas décadas. Desde 2019 no se han adjudicado nuevos contratos, pero ahora hay 13 hospitales de ciudad en funcionamiento y cinco más en construcción. Ha sido un negocio muy rentable, entonces, ¿por qué se van los compinches del sector?
Según otro artículo en el sitio web de Al Monitor:
“La empresa turca Ronesans Holding, cercana al presidente Recep Tayyip Erdoğan y el constructor de su suntuoso palacio, se ha movido para vender su lucrativo negocio de operaciones hospitalarias a una empresa danesa: una decisión que algunos observadores ven como un signo de ansiedad entre los compinches del gobierno por la política de Erdogan y la perspectivas y futuro de las controvertidas inversiones público-privadas”. 3
En otras palabras, las ratas abandonan el barco antes de que se hunda, pero no se aborda la razón de los males económicos. Las prácticas corruptas pueden adoptar diversas formas, incluida el sobreprecio de los contratos y el aumento del gasto público, junto con el fraude, la diversión y la malversación de fondos, la no declaración fiscal o insuficiente de ingresos. Pero estas no son las razones fundamentales.
Mientras tanto, Garo Paylan, portavoz económico del opositor Partido Democrático Popular (HDP), dio una conferencia de prensa el 5 de julio sobre varios de los temas antes mencionados, pero su alcance se limitó a los siguientes titulares:
- La economía turca se ha derrumbado en un período de tres años.
- La afirmación de Erdogan, «soy economista, puedo gestionar mejor», ha fracasado.
- Ni un solo ciudadano dice: «estoy mejor».
- El país está trabajando para el lobby de intereses.
- Mientras que el dólar estaba en 4,55 liras hace tres años, ahora está en 8,70 liras.
- Erdogan afirmó que situaría a la economía turca entre las diez primeras del mundo, pero su mala gestión la ha llevado al precipicio fuera del top 20.
- Las desigualdades regionales han aumentado.
- El desempleo ha aumentado en 1,2 millones.
- El gobierno unipersonal significa un régimen inflacionista.
- La carga de la deuda privada aumenta cada vez más en un círculo vicioso.
- Lo que tenemos que hacer es romper el círculo que quita a los ciudadanos para engordar a los compinches.
Muchos en la izquierda están siguiendo una ruta similar, cuando se trata de criticar la gestión del gobierno de los asuntos económicos y financieros. Pero es muy raro escucharlos criticar los principios básicos del capitalismo. Sin embargo, al exponer la miseria del pueblo, no debemos olvidar lo que dijo Marx:
“Cuanto mayor es la riqueza social, el funcionamiento del capital, la extensión y la energía de su crecimiento y, por tanto, la masa absoluta del proletariado, y la productividad de su trabajo, mayor es el ejército industrial de reserva … pero cuanto mayor es este ejército de reserva en proporción al ejército de trabajo activo, mayor es la masa de población excedente consolidada, cuya miseria está en proporción inversa a su tormento en el trabajo. Por último, cuanto más extensos son los estratos empobrecidos de la clase obrera y el ejército industrial de reserva, mayor es el pauperismo oficial.
Esta es la ley general absoluta de la acumulación capitalista … Crea una acumulación de miseria, que se corresponde con la acumulación de capital”. 4
Lo que falta en la discusión actual de la izquierda es una crítica similar del capitalismo, sin la cual cualquier oposición a los males económicos se convierte simplemente en una crítica de un gobierno o un conjunto de políticas en particular.
Notas:
- www.mahfiegilmez.com/2021/06/once-zenginlestiren-sonra-yoksullastran.html (en turco).
︎
- www.al-monitor.com/originals/2021/06/official-data-lays-bare-deepening-p…
- www.al-monitor.com/originals/2021/06/turkish-danish-hospital-deal-might-…
- K Marx Capital Vol 1, capítulo 25: www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch25.htm .
Esen Uslu es un analista político residente en Estambul que contribuye artículos regularmente a las revistas Sercesme y Sakayak.
Texto original: https://weeklyworker.co.uk/worker/1355/accumulation-of-misery/
Traducción: Enrique García
Fuente: https://www.sinpermiso.info/textos/turquia-acumulacion-de-miseria
Cincuenta años de un libro que nos abrió los ojos
La obra arrojaba luz meridiana sobre lo que muchos presentían y desnudaba una férrea estructura de poder disfrazada de espiritualidad, que resultaba imprescindible para comprender la deriva ideológica de la dictadura durante el despegue económico de los años 60. Transcurrido ya medio siglo desde su aparición, es un deber de gratitud recordar aquel fruto de la labor de un veinteañero que demostró con su ópera prima las virtudes que habrían de caracterizar toda su carrera.
Un clásico con plena vigencia
En la presentación, el autor dedica su obra, con frase de Larra, “A los batuecos, a quienes una larga costumbre de callar ha entorpecido la lengua.” A ellos se encamina el resultado de una investigación “rayana en lo detectivesco”, que comienza con un repaso de la biografía del fundador del Opus Dei en el primero de los ocho capítulos. El lector queda sorprendido desde el principio por la prosa bien trabada, que expone con rigor sin desdeñar la ironía, por la abundancia y diversidad de las fuentes manejadas y por la minuciosidad del aparato de notas a pie de página.
Un sacerdote con grandes ambiciones
Josémaría Escrivá de Balaguer nació en Barbastro en 1902 en una familia de clase media, y cursó estudios de Derecho y eclesiásticos. Ordenado en 1925, ejerce de sacerdote en Madrid, y en 1928 comienza a dar forma a una asociación para la que elegirá después el nombre de Opus Dei. Sus primeros miembros son universitarios que aceptan votos de pobreza, castidad y obediencia y en 1932 alcanzan el número de 13. El proyecto cuenta con una aprobación verbal de la jerarquía que hasta 1941 no se expresa por escrito.
En los años de la Segunda República, Escrivá abre en Madrid y Valencia pequeñas residencias de estudiantes donde realiza su apostolado y proselitismo, pero sólo tras la guerra la empresa coge vuelo, al conectar perfectamente con el espíritu de la época. Tomando como modelos organizativos la Institución Libre de Enseñanza y la Compañía de Jesús, el Opus Dei trata de extender el nacional-catolicismo en los ambientes universitarios y profesionales, los sectores más intelectuales de la vida del país. A través de este proceso y bajo la máscara de la “santificación del trabajo”, se implementaban en realidad una estricta ortodoxia, una disciplina férrea y un entramado mafioso que pronto generó pingües beneficios y decisiva influencia social al máximo nivel político y económico.
Santa Mafianos ilustra con reveladores episodios de la trayectoria personal del fundador, que se instala en Roma en 1946 y en 1968 solicita y consigue el título de marqués de Peralta, en una operación que le costó un cuarto de millón de pesetas. El culto a su figura y a los detalles más nimios de su vida es una de las características que marcan a la cofradía que creó a lo largo de toda su historia. Falleció en 1975 y fue beatificado en 1992 y canonizado en 2002.
“Ciencia católica”: el proyecto echa a rodar
En los años 40, el control del recién fundado y generosamente financiado Consejo Superior de Investigaciones Científicas, una de las obras mimadas de Franco, por parte de su secretario general, José María Albareda, sacerdote y miembro conspicuo del Opus, permitió poner los cimientos de una “ciencia católica” en el país. Algunos ejemplos desgranados muestran a las claras los altos niveles de incompetencia y rancio dogmatismo nacional-católico que marcaron los primeros pasos de esta institución.
Se analizan también pormenorizadamente los progresos de la Obra entre destacados grupos universitarios de Sevilla y Barcelona, así como el asalto que se emprende después a las cátedras de toda España, paisaje devastado por las depuraciones de la guerra y postguerra, a través del nombramiento por el gobierno de todos los miembros de los tribunales entre 1940 y 1951. Aclaremos que José Ibáñez Martín, ministro del ramo en ese periodo, era otro íntimo colaborador del de Barbastro. Al mismo tiempo, se produce un abordaje a las enseñanzas medias, vivero de alevines para el proyecto, y a los Colegios mayores, procesos descritos en detalle por Ynfante. La Universidad de Navarra, controlada por el Opus desde su fundación en 1952, desempeñó un papel central en estas estrategias.
La preocupación de la Obra por dirigir la maquinaria capitalista del país se manifiesta en la fundación en 1958 del IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa), en Barcelona pero dependiente de la Universidad de Navarra, que será el semillero de las elites gestoras de la economía española.
La relación con la jerarquía católica
En los años 60, el Opus Dei tiene mayor influencia en los entramados políticos que entre la jerarquía eclesiástica, y recibe aceradas críticas por parte de miembros destacados de la Compañía de Jesús, por ejemplo, comprensibles si tenemos en cuenta que ambas instituciones se disputaban un mismo territorio. El tiempo, sin embargo, consolidó las posiciones de la Obra, asentada enseguida sobre fuertes apoyos en la Curia vaticana, y ello a pesar de tener que nadar contra corriente durante el concilio Vaticano II, y bregar con las denuncias de “fundamentalismo” que circularon por entonces.
El incremento de influencia se potenció tras la época narrada en el libro, con el acceso en 1978 a la silla de San Pedro de Karol Wojtyla, y llegó a su cenit en 1982 cuando éste, a través de su constitución apostólica Ut sit, elevó al Opus Dei al rango de prelatura personal, lo que garantizaba al fin una total independencia de la institución ante las iglesias locales y subordinación directa a la Santa Sede.
Una máquina bien engrasada
Ynfante nos describe en detalle cómo se accede a la Obra, historia que comienza con la invitación a un joven, o no tan joven, a un retiro espiritual, y continúa con la “pitada”, solicitud de ingreso a través de una carta al Padre, en la que el neófito especifica el grado que le ha sido aconsejado: “numerario”, que no exige el sacerdocio, pero sí celibato y formación sacerdotal, y lo incorporará al núcleo duro del Opus Dei; “supernumerario”, para miembros casados o sacerdotes diocesanos; u “oblato”, típicamente para personas sin estudios superiores ni relevancia social. A los seis meses puede materializarse la “admisión”, vinculación jurídica con la Obra, y la formulación de los tres votos. Un año después, en la ceremonia de “Oblación”, la adhesión se renueva, y lo seguirá haciendo cada 19 de marzo durante seis años (en el transcurso de una misa) hasta hacerse definitiva. Sólo entonces se recibe la alianza que simboliza la culminación del proceso. Se detallan también en el libro las rutinas, jaculatorias, rezos y penitencias que jalonan la vida de los miembros, así como el programa de retiros y convivencias que se prodigan.
La estructura de poder tiene su centro en Roma en un presidente y un Consejo general, y se prolonga en Consejos regionales y locales. Las casas donde habitan los numerarios tienen un director (siempre un sacerdote), que atiende a lo espiritual, un subdirector, encargado de las actividades prácticas y un secretario. La “sección femenina” de la Obra copia rasgos de la masculina, pero con un carácter subordinado. En ella, el acceso al grado numerario puede lograrse por medio de una jugosa dote, y hay una preocupación especial por integrar como oblatas a las trabajadoras de los servicios de limpieza de casas y residencias.
No resultaba fácil calcular los efectivos de la institución, pero Ynfante estima una cifra aproximada de 25 000 personas en todo el mundo, incluidos cooperantes, para el año 1964. Según él, el “espíritu de la Obra” se basa en el sometimiento a una voluntad superior a la que se atribuye origen divino y que “santifica” la labor intelectual y empresarial impuesta socialmente. Las actividades son variadas, como se verá, pero una destacada es la fabricación de prestigios, a bombo y platillo, para los compañeros de militancia, de lo que se dan buenos ejemplos.
La conquista del Estado
Los cuatro primeros capítulos aportan interesantes datos sobre la historia y el funcionamiento de la Obra, pero sólo en el quinto comprendemos que lo que se ha descrito hasta entonces es en realidad un aparato burocrático totalitario capaz de controlar y dirigir la economía y la política de un país. Esta sección está dedicada a escudriñar el sistema de gobierno impuesto en España tras la Guerra Civil, autocracia de Francisco Franco revestida de nacional-catolicismo, y en ella Ynfante nos aproxima en detalle al círculo de familiares y allegados del dictador, núcleo decisorio del régimen, y nos revela cómo en la maquinaria militar y política de éste se observa, a partir de 1951, el acceso imparable de miembros de la Obra a posiciones clave.
Laureano López Rodó, un catedrático de Derecho administrativo y miembro numerario del Opus, desempeña un papel crucial en el asalto al poder que culmina en 1969 con un gobierno dominado por la Obra. Las fricciones desencadenadas por este irrefrenable ascenso con los falangistas, el otro grupo influyente del régimen, incluyeron un muy tímido apoyo por los del marqués de Peralta a las Comisiones Obreras que acababan de nacer, como forma de restar fuerza a los sindicatos verticales. Hay que decir, sin embargo, que esta simpatía no libró a Marcelino Camacho de sufrir largos años de cárcel.
La infraestructura económica
Desentrañados el abordaje a las cátedras universitarias, la ocupación del CSIC y la conquista del poder político, el extenso capítulo sexto se dedica en exclusiva a las finanzas de la Obra, cuyo primer elemento importante fue el control del Banco Popular. En España la Iglesia participaba, secular y suculentamente, del dominio económico, como propietaria de bienes inmuebles, empresas y bancos, como se recuerda en el libro, pero lo que se observa en los años 60 y se describe exhaustivamente en él, es un asalto inusitado por parte del Opus Dei a las estructuras de poder de las grandes corporaciones bancarias, en una época en que además los miembros más destacados de la oligarquía se sumaban a la Obra o colaboraban con ella.
El entramado que Ynfante pone ante nuestros ojos tiene ramificaciones financieras, pero también en las industrias de la construcción, química, textil, farmacéutica y cinematográfica, y esto sin olvidar la exportación de vinos, que en ella estuvo el origen de RUMASA. La siderurgia y la minería quedaban, sin embargo, principalmente para otros grupos oligárquicos. Se analiza por último la penetración de la Obra en el mundo editorial, a través de Rialp y Magisterio Español sobre todo, y SARPE para las revistas. En el periodismo,los de Escrivá controlaban la agencia Europa Press, así como el diarioEl Alcázar hasta 1968 y la cadena SER. En el momento de publicación de Santa Mafia eran ocho los periódicos en sus manos, entre ellos Madridy Nuevo Diario, con otros muchos participados o en su órbita de influencia.
Ideología e imperialismo de la Obra
Ynfante define la ideología del Opus Dei como clerical-autoritaria, y ve tras ella a una burguesía que ha tomado al fin el control del país, y que después de un período de imposición puramente fascista, en la guerra y su inmediata postguerra, y cuando el desenlace del conflicto mundial desaconsejaba guiños totalitarios, halla en la tecnocracia un instrumento óptimo de enriquecimiento. Sus bases teóricas pueden rastrearse en Donoso Cortés, Marcelino Menéndez Pelayo y Ramiro de Maeztu, y alientan luego en una amplia nómina que se repasa concienzudamente, de Pemán a Fernández de la Mora, todos ellos intelectuales muy publicitados en su época, generosamente amamantados por los presupuestos del Estado y rendidos admiradores del Caudillo que libró a España del comunismo y la llevaba paternalmente por caminos de progreso.
El último capítulo se dedica a la expansión de la Obra y su ideología clerical-autoritaria a nivel mundial, proceso que se dinamiza a partir de 1969 y refleja la vitalidad del fascismo español travestido de espiritualidad cristiana. Ynfante documenta el ritmo y los métodos de la penetración en Europa y América, y aporta sorprendentes datos de la pujanza en los Estados Unidos y Francia. Sin embargo, se presentan evidencias también del desgaste generado por esta dinámica enloquecida de los años 60, con deserciones, críticas e historias truculentas de odios y vendettas que minan el prestigio de la institución. Además, en 1969 estalla el caso Matesa, del que los de Escrivá no van a salir muy bien parados.
La obra concluye con una justificación del uso del término “mafia” para describir la Obra, tal vez exagerado si atendemos a una definición académica del vocablo, pero consolidado por una década de empleo en medios de comunicación de todo el mundo. También se utilizó mucho la expresión “Octopus Dei”.
Apéndices y anexo
Cuatro apéndices sirven al autor para pasar revista a lo escrito hasta ese momento sobre el Opus Dei con una perspectiva no hagiográfica; para diseccionar Camino, culmen del pensamiento del santo aragonés; para hacer un recuento preliminar de los centros, residencias, casas de ejercicios, etc. de que disponía la Obra en 1970; y para reproducir las “Constituciones” de la institución, documento en latín para uso exclusivo de sus jerarcas, que según algunas fuentes llegó a manos de Ynfante cuando era secretario de José Vidal-Beneyto, quien lo poseía por haberlo sido a su vez de Escrivá en su juventud, y según otras fue filtrado por un prominente jesuita. En este texto, que se presenta en traducción de Agustín García Calvo, resplandecen todos los rasgos de la estructura clerical-autoritaria.
Un anexo aporta dos largas listas de militantes y simpatizantes de la Obra, información valiosa aunque incompleta y no exenta de errores, que se obtuvo a partir de testimonios confidenciales de antiguos miembros.
Un brillante y valiente periodista de investigación
Santa Mafiadesmontaba con rigor los relatos apologéticos imperantes en la época sobre el Opus Dei, y confirmó lo que muchos intuían. Los detalles escabrosos que revelaba contribuyeron sin duda al desprestigio de una congregación que había alcanzado la cima de su poder justo cuando la obra se publicó. Sin embargo, el nacional-catolicismo era un elemento decisivo en la transición gatopardesca que se diseñaba en las alturas y tampoco se trataba de que la sangre llegara al río. La hermosa frase final del libro: “Es un deber inaplazable la destrucción del actual ‘orden franquista’ y de la sociedad clasista y burocrática.”, no coincidía para nada con lo que planeaban los arquitectos del nuevo orden, y sólo esto explica que el eco oficial y mediático del magistral trabajo de Ynfante no estuviera nunca a la altura de sus merecimientos.
En Francia, el autor de Santa Mafia colaboró en periódicos y revistas como Le Canard Enchaîne yCharlie Hebdo, y publicó nuevos libros: Los negocios de Porcioles: las Sagradas Familias de Barcelona (1974);Los negocios ejemplares: Rumasa, Sofico, Matesa, los negocios del ‘Caudillo’(1975); El ejército de Franco y de Juan Carlos (1976); Los negocios militares. Las fuerzas armadas en España(1976); y Un crime sous Giscard: l’affaire de Broglie, l’Opus Dei, Matesa (1981). Solamente los títulos nos dan una idea del certero instinto que guiaba la elección de sus temas de trabajo. Y hay que añadir además que, en el tratamiento de éstos, siempre destacó por lo incisivo y exhaustivo de sus análisis y por la contundencia bien argumentada de sus conclusiones.
Tras la muerte del dictador, Jesús Ynfante se estableció en España, donde continuó con su actividad periodística. Fue también corresponsal de la agencia EFE en Bruselas hasta los años 90, y siguió publicando libros, dos más profundizando en su ópera prima: Opus Dei. Así en la tierra como en el cielo(1996) y El santo fundador del Opus Dei(2002), además de la novela El silencio de la termita(1983) y nuevos trabajos de investigación: La fuga de capitales y los bancos suizos(1978); Libro negro de la colza: el misterio del síndrome tóxico por el aceite(1982); Los muy ricos: las trescientas fortunas más grandes de España(1998) y La cara oculta del Vaticano (2004). Dejó inédito un ensayo sobre lo que él denominaba: “La remonarquía española”.
Este mes de julio en que se cumplen tres años de su fallecimiento en Los Barrios (Cádiz) resulta un buen momento para recordar al investigador y periodista que con inteligencia, tesón y duro trabajo iluminó alguno de los secretos más oscuros de nuestra historia reciente. Este videoofrece una breve información sobre Santa Mafia y Ruedo Ibérico, y recoge las intervenciones de Jesús Ynfante en el programa de La Clave sobre el Opus Dei (1984). El debate completo puede seguirse aquí.
Blog del autor: http://www.jesusaller.com/
https://rebelion.org/cincuenta-anos-de-un-libro-que-nos-abrio-los-ojos/
Hope house, la organización evangelista detrás del Bitcoin en El Salvador
Semanas atrás, Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, anunciaba el tratamiento de un proyecto de ley para que la moneda virtual Bitcoin sea de recepción obligatoria. El Bitcoin competirá con la actual moneda de circulación, el dólar estadounidense.
El parlamento, también controlado por Bukele, finalmente aprobó la ley que consta de dos páginas y no contiene detalles acerca de la implementación del Bitcoin. Solamente hace mención a una zona salvadoreña en particular, El Zonte.
Esta ciudad sobre el pacífico es famosa en el ambiente del surf por sus playas y olas, aunque ahora también cobró notoriedad al ser reconocida en la ley de criptomonedas como zona especial.
Este proceso se originó a partir de que un donante anónimo entregó como dádiva Bitcoin a la población hace varios años. Posteriormente se masificó el uso de la moneda virtual en la ciudad.
La entrega se realizó por medio de Mike Peterson, un estadounidense surfista que reside en El Zonte desde el 2005. Peterson comenzó a ofrecer dinero virtual a las personas de la ciudad costera abonando los servicios que la población local prestaba a Hope For Families Foundation.
Hope For Families Foundation es una organización evangélica. En su página web se presentan como “una organización legal sin fines de lucro en el país de El Salvador, Centroamérica. Dios nos ha dado una carga por las mujeres y los niños de este país”. Entre sus objetivos se encuentra, “Señalar a los jóvenes a Cristo como la respuesta a todas las preguntas de la vida. Compartiendo el amor de Cristo a través del discipulado y estudios bíblicos uno a uno”.
Peterson también fundó Mission Sake, una organización evangélica presente en las ciudades El Zonte y Punta Mango. Entre las personas que pertenecen a Mission Sake, según declaran en su página web, se encuentran ex marines estadounidenses y profesionales del sector financiero.
El Bitcoin tiene una alta fluctuación de su valor, con lo cual, las personas de El Salvador pueden, en cuestión de horas, perder un importante porcentaje de su dinero. Esto no está contemplado en la ley “Bitcoin Beach”. Asimismo, las comisiones para cambiar la moneda virtual a dólares varían entre un 5% y 10% de la transacción.
Bukele tiene diversas denuncias por sus prácticas autoritarias. A partir del control del Congreso que posee gracias a su partido Nuevas Ideas, ya se reemplazó a la fiscalía general y jueces de la Suprema Corte. Durante la actual pandemia de COVID encerró a miles de personas que no cumplieron con la estricta cuarentena. Los lugares de encierro en El Salvador se encuentran superpoblados y en condiciones insalubres. Muchas de las personas allí encerradas contrajeron COVID. A pesar de los reclamos internacionales y organismos de DD.HH., Bukele no modificó esta política.
https://rebelion.org/hope-house-la-organizacion-evangelista-detras-del-bitcoin-en-el-salvador/
“Como con el #MeToo, las redes sociales están ayudando a exponer casos de fraude científico”
En el último año, Bik se ha visto envuelta en uno de los mayores escándalos de la pandemia: el relacionado con la hidroxicloroquina, el medicamento que Donald Trump ensalzó como una solución para la covid. Hoy, aunque este fármaco ha sido descartado por los ensayos clínicos, la historia aún no ha terminado.
La hidroxicloroquina es un fármaco contra la malaria del que la mayoría de gente no había escuchado hablar antes de que llegara el SARS-CoV-2. Hoy es sinónimo de culebrón pandémico. Todo empezó con un polémico estudio publicado en marzo de 2020, primero en forma de prepublicación y luego en una revista en la que el propio autor era editor jefe. El proceso de revisión llevó menos de 24 horas. Su conclusión: que el medicamento curaba la covid-19.
Pocos días después Donald Trump tuiteó el estudio y empezó a cantar las alabanzas del fármaco. Esto convirtió a la hidroxicloroquina —como otros tantos temas relacionados con la covid-19— en un asunto político con bandos extremos e irreconciliables. Su principal defensor, el investigador y coautor de la prepublicación que lo inició todo, Didier Raoult, se convirtió en una estrella científica en Francia y Estados Unidos.
Para complicar todavía más esta telenovela, un estudio publicado en The Lancet en mayo hizo pausar los ensayos clínicos con este fármaco al concluir que su uso se asociaba con una mayor mortalidad hospitalaria. Pero días después el trabajo era retractado al convertirse en el mayor escándalo científico de la pandemia. Nada de esto quería decir que la hidroxicloroquina sí funcionara: numerosos ensayos han descartado desde entonces su eficacia, el más importante de ellos el Recovery llevado a cabo en Reino Unido.
La mayoría de científicos son muy listos y hay muchas formas de cometer fraude que no serían detectables solo mirando el paper. Creo que el porcentaje real de mala conducta científica es mayor del que encontramos
La consultora independiente Elisabeth Bik (Países Bajos, 1966), experta en perseguir fraudes científicos, ha formado parte de esta historia desde el comienzo. Como muchos otros, sospechó inmediatamente del estudio de Raoult y comenzó a indagar. Hoy es insultada en redes sociales por parte de los seguidores del científico francés y del fármaco, que atacan hasta su aspecto físico. Han llegado a publicar su domicilio en internet. SINC ha hablado con ella sobre su trabajo.
Usted es microbióloga de formación, ¿por qué empezó a perseguir el fraude científico?
En 2013 encontré por accidente unas duplicaciones mientras hojeaba una tesis doctoral plagiada. Habían rotado una imagen para reutilizarla. Decidí ver si podía encontrar estos fallos en otros papers, porque pensé que igual tenía un talento que no conocía. Esa noche empecé a escanear un par de artículos de PLOS ONE y hallé más ejemplos. A veces nuestras vidas cambian por una coincidencia: si no hubiera encontrado nada ese día no me habría dedicado a esto. En 2014 cambié de carrera para dedicarme a buscar imágenes duplicadas.
¿Es el fraude en ciencia más común de lo que creemos?
Sí, yo solo encuentro la punta del iceberg. Puedo ver si alguien usa el mismo Western blot [una una técnica analítica] para representar dos experimentos distintos en el mismo estudio, pero no si lo usa otra persona en otro paper. Eso sería imposible, no puedo recordarlos todos. Solo detecto las duplicaciones que son muy obvias y, además, no puedo ver fraude en las tablas: si alguien se inventa los números y son realistas, no lo notaría.
La mayoría de científicos son muy listos y hay muchas formas de cometer fraude que no serían detectables solo mirando el paper. Por eso creo que el porcentaje real de mala conducta científica es mayor del 4 % que encontramos entre 20.000 trabajosque analizamos en un estudio. La mayoría de investigadores son honestos, pero no son inmunes y probablemente hay entre un 5 y un 10 % de fraude.
Probablemente el fraude siempre ha estado ahí, pero ahora hay más presión para publicar y esto incentiva estos comportamientos. Si Van Leeuwenhoek [en el siglo XVII] hubiera tenido que publicar un paper cada semana, habría investigado de forma muy diferente
Pero, ¿es más común hoy o solo lo buscamos más?
Probablemente siempre ha estado ahí, pero ahora hay más presión sobre los científicos para publicar y eso aumenta las expectativas e incentiva estos comportamientos. Si Anton van Leeuwenhoek [precursor de la microbiología en el siglo XVII] hubiera tenido que publicar un paper cada semana, habría investigado de forma muy diferente. La ciencia es un proceso muy lento y, si aprietas para publicar un número de estudios al año, algunas personas recurrirán al fraude.
¿Cómo empezó su relación con la hidroxicloroquina?
En marzo de 2020 Trump tuiteó un paper científico por primera y última vez. Me pareció notable, así que le pegué un vistazo. Me di cuenta de que había varios errores de diseño: la metodología no parecía correcta y los grupos eran diferentes. Quienes habían recibido hidroxicloroquina eran más jóvenes y habían sido tratados en otro hospital, por lo que no estaba claro si estaban tan enfermos como los que no habían recibido el fármaco. Tampoco si los grupos se habían aleatorizado: si eliges a gente más sana para recibir el tratamiento eso aumenta sus posibilidades de supervivencia.
El estudio era pequeño pero, además, faltaban pacientes.
Habían dejado fuera del estudio a seis pacientes que habían recibido hidroxicloroquina: tres empeoraron tanto que acabaron en la UCI, uno murió, otro tuvo efectos secundarios por la medicación y tuvo que dejarla; y el último abandonó el hospital, no sé por qué. Eso quería decir que al menos a cinco personas no les había ido bien con el tratamiento. ¡No puedes sacarlos del estudio solo porque los resultados no son los que quieres! Eso es cherry-picking. Era un estudio muy pequeño y si hubiera incluido a esa gente los resultados habrían sido mucho menos favorables para la hidroxicloroquina.
Los tuits de Trump marcaron la diferencia. Muchos empezaron a usar la hidroxicloroquina como medida preventiva porque Trump dijo que estaba usándola
Había todo tipo de problemas con este paper, grandes y pequeños. Las fechas de aprobación de la revisión ética eran posteriores al comienzo del estudio. También decía que no se habían incluido niños, pero había dos o tres personas de doce años. Escribí un comentario con todo esto en PubPeer y me dijeron que había otros artículos problemáticos escritos por el mismo autor, Didier Raoult.
¿Sabía entonces que Raoult era un investigador controvertido?
Lo conocía y sabía que es un autor muy prolífico, porque fui microbióloga antes. Me pareció que valía la pena investigar sus estudios. Empecé a mirar algunos de los 3.500 que ha publicado. Encontré varios ejemplos de erratas que probablemente eran honestas, pero también casos en los que parecía que había habido manipulación fotográfica.
También encontré problemas con aprobaciones éticas. Pregunté sobre estos y otros problemas que localicé, y otras personas añadieron los suyos en PubPeer.
Hoy la hidroxicloroquina todavía es defendida en algunos círculos. ¿Cómo puede haber llegado tan lejos un estudio tan pequeño y problemático?
Los tuits de Trump marcaron la diferencia. Tiene una enorme influencia y la mayoría de gente no sabe leer ciencia de forma crítica, por lo que sigue a su líder. Muchos empezaron a usar la hidroxicloroquina como medida preventiva porque Trump dijo que estaba usándola, aunque el estudio decía que se usaba para mejorar pacientes, no para evitar infecciones. Eso fue extraño y causó problemas porque hay personas que sí deben tomarla y se quedaron sin el fármaco porque había mucha gente sana comprándolo. También hay muchísima desinformación en redes sociales y en algunos medios poco fiables, tanto en Estados Unidos como en Francia. Es increíble lo rápido que se extienden estas cosas.
Irónicamente, la hidroxicloroquina también ha estado implicada en otros estudios fraudulentos que aseguraban lo contrario, como el publicado y retractado por The Lancet.
La gente tiende a creer lo que quiere creer y no aquello que no encaja en su narrativa. Sin embargo, hay muchos estudios que prueban que la hidroxicloroquina no tiene efecto alguno
Desde entonces, muchos estudios han mostrado que no funciona y un par que sí, incluyendo los del laboratorio de Raoult. Tiendo a no tomar muy en serio esos artículos hasta que han sido revisados porque podrían estar llenos de errores, aunque la revisión por pares no sea garantía como vimos con el paper de The Lancet. Todo esto es muy complicado para la audiencia general: la gente tiende a creer lo que quiere creer y no aquello que no encaja en su narrativa. Sin embargo, hay muchos estudios que prueban que la hidroxicloroquina no tiene efecto alguno.
Se han realizado más ensayos con la hidroxicloroquina que con ningún otro fármaco. ¿Se ha perdido tiempo y recursos por culpa de este culebrón?
Todos estábamos dispuestos a creer que era la revolución. Yo era algo escéptica sobre el pequeño estudio de Raoult, pero parecía que merecía ser investigado. Aunque hagas un estudio con cuarenta personas con errores, si parece prometedor vale la pena continuar si estás en una situación como la de marzo de 2020, con gente muriendo en hospitales llenos, sin idea de cómo tratarla. Fueron tiempos de grandes incertidumbres y pánico y había que investigar cualquier pista.
¿La han demandado?
Todavía no. Han cumplimentado una queja al fiscal de Francia, que tiene que decidir si es válida y si hay evidencias. Esto puede llevar meses. Sé todo esto por periodistas que me lo han confirmado, porque todavía no se me ha informado oficialmente. [Según informó Cathleen O’Grady en Science, habrían presentado una denuncia contra Bik ante la fiscalía francesa].
¿Es la primera vez que le pasa algo así?
He recibido otra queja. Es un maestro qigong de China que asegura que puede irradiar células cancerígenas con energía y matarlas a siete kilómetros de distancia. No es muy científico, si yo tuviera esos poderes los usaría desde el aparcamiento de los hospitales. Planteé algunas cuestiones y no voy a retirarlas, así que veremos cómo acaba eso. Es inquietante, estresante y da miedo, pero de momento no me están denunciando.
Últimamente ha sufrido mucho acoso en redes sociales, donde la insultan incluso a nivel personal. ¿Cree que la han atacado más por ser mujer?
Solo puedo especular, pero creo que a algunos hombres poderosos no les gusta ser criticados por mujeres.
¿Se ha sentido sola al no tener una universidad o empresa detrás que la respalde?
Me sentí muy sola desde septiembre, cuando empezó el acoso por Twitter, hasta que peticiones independientes comenzaron a apoyarme. Ha marcado la diferencia saber que hay otras personas que están de acuerdo conmigo y mi trabajo y que han firmado porque creen que lo que hago debería discutirse entre científicos.
Acaban de informarme de que un paper que reporté en octubre de 2015 ha sido retractado ahora. Ha llevado cinco años y yo lo vi en cinco minutos. ¿Por qué tiene que tardar tanto tiempo? Es frustrante
¿Hacemos suficiente para investigar y perseguir el fraude científico?
No. Yo intento mejorar la ciencia y su integridad y me frustra la falta de respuesta. Cuando encuentro algo que puede ser fraude alerto a la revista o a la institución y ellos deciden, pero muchos ignoran esos correos o responden tarde. Acaban de informarme de que un paper que reporté en octubre de 2015 acaba de ser retractado. Ha llevado cinco años y yo lo vi en cinco minutos. ¿Por qué tiene que tardar tanto tiempo? Es frustrante.
¿Debería haber más organismos que vigilaran estos comportamientos?
Por un lado, estoy de acuerdo, pero yo puedo hablar porque soy independiente. No debo preocuparme por arruinar mi reputación. Si trabajara como científica y llamara la atención a una revista de alto impacto, arruinaría mis posibilidades de publicar ahí. Como no tengo que dar cuentas a nadie, ser amigable ni perdonar a mis compañeros, puedo decir mucho. Los académicos están conectados en su campo, se conocen todos, quedan en los congresos, trabajan juntos. Cuando alguien es acusado de mala conducta, pero es colega del editor jefe y del decano de la universidad, es muy difícil hacer algo. Por eso no sé si organizaciones grandes lo harían mejor, tal vez haya que dar un paso atrás.
De hecho, ya hay organismos que lo podrían hacer mejor, como la Oficina de Integridad de la Investigación de Estados Unidos. El año pasado solo reportaron un caso, cuando yo les envío unos veinte al año y nunca me contestan. Sospecho que recibirán cientos de otras personas, pero solo investigan uno. Creo que podrían hacer mucho más y castigar a la gente que de verdad comete fraude.
¿Favorecen las jerarquías científicas estos comportamientos?
He escuchado demasiadas historias en las que científicos jóvenes y ambiciosos, pero también honestos, ven cosas que están mal. Si dicen algo, como las jerarquías son tan fuertes en ciencia, son ellos los que tienen que abandonar la academia mientras que los más mayores, que cometen el fraude o empujan a otros para que lo hagan, permanecen. Por desgracia lo vemos también en otras profesiones.
La mejor respuesta [ante las malas conductas] sería que las sociedades científicas retiraran premios o membresías. Pertenecer a una sociedad es un gran logro y ser expulsado hace mucho daño
¿Han ayudado plataformas como PubPeer y las redes sociales a combatir estos comportamientos?
Sí, porque permiten a la gente compartir preocupaciones de forma anónima. Hay similitudes con el movimiento #MeToo en el que las redes sociales están empezando a marcar la diferencia a la hora de exponer estas historias y, esperemos, cambiar las cosas. Su influencia es positiva porque estamos perdiendo a mucha gente buena y con talento porque no pueden combatir al sistema.
¿Ignoran medios y gobiernos estas historias?
De nuevo trazo pararelismos con el movimiento #MeToo, en el que alguien poderoso y respetado que ha hecho mucho bien en su comunidad de repente es un acosador sexual. ¿Qué haces cuando alguien a quien admirabas resulta que no es tan admirable? No podemos ignorar lo que ha hecho, pero psicológicamente es difícil tenerlo en cuenta. En ciencia pasa algo similar con gente que trae mucho dinero o ha hecho grandes descubrimientos y se descubre que ha acosado o cometido fraudes.
¿Cómo lidiar con todo eso?
La mejor respuesta sería que las sociedades científicas les retiraran premios o dijeran que ya no pueden ser miembros. Hay un caso reciente de un astrónomo que ha sido expulsado de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos por acoso sexual. Ser miembro es un gran logro y ser expulsado hace mucho daño. Es bueno que estas organizaciones decidan que, pese a tus contribuciones pasadas, algo así es suficiente para retirarte la membresía.
¿Qué es lo peor que ha visto en su carrera?
He visto 4.000 casos y al menos un centenar fueron muy memorables porque el Photoshop era muy obvio. Por ejemplo, ver una célula clonada diez veces. Ves la foto y piensas: «¿Cómo puede ser que nadie se diera cuenta durante la revisión? ¡Es tan evidente!». Y aun así los reportamos y ahí siguen. No sé si lo peor que he visto es un paper con Photoshop o la falta de respuesta de las revistas. Hay un estudio en Science que me enfada mucho porque es muy obvio y ni lo retractan ni me contestan.
En la pandemia los científicos lo hicieron lo mejor que pudieron. Sí, ha habido papers flojos, pero es lo esperable en una situación de pánico en la que todos esperan una respuesta
Los investigadores ‘pillados’ suelen decir que la imagen ha sido modificada por cuestiones prácticas, pero que los datos y la ciencia que hay detrás son correctos.
[Ríe] Es cierto. Me desconcierta cuántos autores dicen eso. «Sí, usamos Photoshop o reusamos cinco imágenes, pero las conclusiones no se ven afectadas». Cada imagen de un paper son datos representados. Son la prueba de que hiciste algo que describes en el texto, de que el experimento salió como dices. Si enredas con las imágenes los resultados sí se ven afectados.
¿Cree que la ciencia realizada durante la pandemia ha sido peor?
En la pandemia los científicos lo hicieron lo mejor que pudieron. Sí, ha habido papers flojos y apresurados, pero es lo esperable en una situación de pánico en la que todos esperan una respuesta y puede que no tomes las mejores decisiones. La buena ciencia necesita hacerse despacio y no era un buen momento. Sin embargo, no diría que ha sido lo peor que ha pasado, porque he visto estudios realmente malos que no tenían nada que ver con la pandemia.
Brasil condenado a la repetición de los catastróficos incendios forestales
Esa es la realidad del Pantanal, en la región del Centro-Oeste de Brasil, en la frontera con Bolivia, según el relato por redes sociales de una campesina ribereña que empieza a revivir los incendios que en el año pasado quemaron la vegetación en 26 por ciento del mayor humedal del mundo.
Más alarmante para el mundo es que también la Amazonia brasileña se apresta a repetir el trágico espectáculo de sus bosques desechos en humo y cenizas del año pasado.
Hay 5000 kilómetros cuadrados deforestados en 2019 y 2020, cuya biomasa seca no se quemó el año pasado y pueden agrandar los incendios de este año. El cuadro se agrava con la sequía que se intensificó, advirtió Paulo Moutinho, investigador sénior del no gubernamental Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (Ipam).
El fenómeno la Niña, que enfría el agua superficial del Pacífico, y el calentamiento del Atlántico Norte reducen las lluvias de este año, especialmente en el oeste amazónico, explicó a IPS, por teléfono desde Belém, la capital del estado de Pará en la Amazonia oriental.
El período crítico es de julio a octubre, cuando culmina el estiaje pronosticado como el más seco desde 1930 en las regiones Centro-Oeste y Sureste de Brasil. La crisis hídrica amenaza también el suministro de agua en la metrópoli de São Paulo y otras ciudades, además de potenciar el riesgo de apagones al reducir la generación de hidroelectricidad.
En 2019 y 2020, bajo el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, la Amazonia brasileña perdió 10 129 y 10 851 kilómetros cuadrados de bosques, respectivamente, las mayores extensiones desde 2008, según los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), órgano especializado del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
El monitoreo de este año del Inpe indica que aumentará la deforestación anual que se mide de agosto del año anterior a julio del presente. En el primer semestre el área deforestada alcanzó 3609 kilómetros cuadrados, 17 por ciento más que en igual período de 2020.
El desmantelamiento de los órganos ambientales, promovido por el actual gobierno de extrema derecha, echó a perder gran parte de los avances logrados por campañas amazónicas, que habían logrado reducir el área deforestada de 27 772 kilómetros cuadrados en 2004 a 4571en 2012.
Los incendios ya se repiten con fuerza en el Pantanal que en 2020 quemaron 38 600 kilómetros cuadrados de vegetación, lo que representa una extensión 25 por ciento mayor que el de Bélgica y donde se registraron más de 22 000 focos de incendio, según la organización no gubernamental Ecología y Acción (Ecoa).
El Pantanal, ¿peor que en 2020?
El gobierno del estado de Mato Grosso do Sul, en que se ubica la mayor parte del Pantanal, decretó el estado de emergencia el 13 de julio para disponer de recursos y flexibilidad administrativa en el combate a los incendios forestales en los próximos 180 días.
Los focos de calor se multiplicaron y sumaban 3693 desde el inicio de junio en el estado, según el monitoreo satelital del Inpe. El fuego invadió incluso áreas de conservación dentro y fuera del Pantanal.
“El pronóstico es de preocupación, no llueve y nunca he visto los ríos del Pantanal tan bajos”, advirtió Alcides Faria, director ejecutivo de Ecoa, que tiene su sede en Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.
El gubernamental Centro Nacional de Prevención y Combate a los Incendios Forestales organiza y capacita brigadas locales, pero falta planificación y no es seguro que habrá presupuesto adecuado al desafío, apuntó a IPS desde esa ciudad.
“El año pasado tuvimos que proveer alimentación y gastos diarios a los brigadistas”, recordó, para destacar el rol de las organizaciones sociales en la batalla contra las llamas.
“Este año ocurre una movilización interesante. Los mismos hacendados organizan sus brigadas antiincendios, algunos denunciaron vecinos que provocaron incendios. Muchos sufrieron pérdidas astronómicas el año pasado”, señaló Faria.
Aún persiste en buena parte de Brasil el uso del fuego para “limpiar” la tierra o renovar pastizales. Esas “quemas” suelen escapar al control en la vegetación reseca.
“Mayo y junio de este año fueron el peor comienzo del período de incendios”, en el Pantanal, con el fin anticipado de las lluvias, según Vinicius Silgueiro, coordinador de Inteligencia Territorial del Instituto Centro de Vida (ICV), organización social del estado de Mato Grosso, que comprende la parte alta del Pantanal en el sur, el Cerrado (la sabana brasileña) en el centro y la Amazonia en el norte.
Contener la diseminación del fuego exige “una acción fuerte e inmediata para evitar que los focos de calor escapen al control”, opinó Silgueiro a IPS desde Alta Floresta, un municipio del norte amazónico de Mato Grosso. “Un 99 por ciento de los incendios son producto de la acción humana”, sostuvo.
“El principal factor de la deforestación que antecede los incendios es el gobierno, que emite señales al revés”, al estimular actividades destructivas y no dialogar con la sociedad civil, evaluó.
El antiambientalismo quema
El rechazo al ambientalismo es otro escollo. El presidente Bolsonaro pretendió eliminar el Ministerio de Medio Ambiente al comienzo de su gobierno en enero de 2019. No lo hizo pero nombró como ministro a Ricardo Salles que se destacó por minar la capacidad de los órganos ambientales hasta su destitución el 23 de junio, tras actuar ostensivamente en defensa de la extracción y exportación ilegal de madera.
El Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), agencia de control, cuenta actualmente con poco más de la mitad de los funcionarios que tenía hace 10 años.
Ante la inminencia de nuevos daños a la imagen ambiental del país, ya muy degradada internacionalmente, el gobierno ordenó una operación militar para combatir los incendios ilegales en la Amazonia en julio y agosto. Se repite una iniciativa adoptada en 2020 sin resultados favorables.
De los 26 municipios elegidos para el operativo, solo uno, Lábrea, en el sur del estado del Amazonas, coincide con uno de los 10 municipios identificados por un estudio de Ipam como los de mayor riesgo de incendios, donde hubo mucha deforestación incluso sin la quema de la vegetación muerta, señaló Moutinho.
“Falló la puntería de los militares”, ironizó. Sería mejor apuntar a los municipios donde hubo mucha deforestación en los últimos años. “Quien deforesta al costo de 1500 reales (300 dólares) por hectárea, quemará los detritos para realizar el negocio”, razonó.
“Orientarse por los datos del Inpe”, sería un factor de éxito en la batalla amazónica, arguyó a IPS el investigador Carlos Souza Junior, del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon), un centro no gubernamental de estudios que, como Ipam, tiene sede en Belém.
La defesa del Inpe, como “instrumento estratégico, imprescindible para conocer lo que pasa en el territorio”, según Souza, es otra batalla de los ambientalistas y científicos contra las intenciones del gobierno de debilitar su papel en el monitoreo forestal y del clima.
Su labor en esa área se divide en un Sistema de Detección de Deforestación en Tiempo Real, que ofrece datos para acción inmediata de prevención y combate ambiental, y el Proyecto de Monitoreo de la Deforestación en la Amazonia Legal, que mide el área deforestada durante un año, de agosto a julio.
En 2019 Bolsonaro destituyó el director del Inpe, el físico Ricardo Galvão, tras intentar descalificar las informaciones sobre deforestación divulgadas por el Instituto. Este año recortes en el presupuesto amenazan el monitoreo del Cerrado, el bioma de sabana en el centro de Brasil, hecho por el Inpe desde 2016.
ED: EG
https://rebelion.org/brasil-condenado-a-la-repeticion-de-los-catastroficos-incendios-forestales/
Energía en Latinoamérica: bajando un escalón
Como cada año desde que comenzamos con estos reportes hay algún detalle que nos interesa llamar la atención. El año del inicio de la pandemia evidentemente fue un corte en el consumo energético global, en Latinoamérica y Caribe podríamos verlo como un paso definitivo hacia un escalón más bajo, tanto en el consumo como en la producción. Recordemos que la producción de energía está a la baja desde hace seis años, al pasar el pico del gas y el carbón, ambos en 2014. El aporte de las nuevas «renovables» (eólica, solar y geotermia) está en expansión pero no alcanza a compensar la menor producción de las fuentes fósiles y ni siquiera la caída de la producción de la principal renovable que es la energía hidroeléctrica.
La información con la que acá trabajamos está desglosada del BP Statistical Review of World Energy (1) que tiene la particularidad de separar Norteamérica por un lado y el resto por otro, por lo tanto hay que ir sumando los datos de México para incluirlos en cada gráfico. México justamente es quien en el último lustro está definiendo que la región venga en declive productivo. Brasil venía siendo el motor que compensaba la caída productiva del resto de países importantes (Argentina, Venezuela y Colombia) pero a nivel de consumo no ha visto casi cambios desde 2013, esto indica que ni la industria ni la población se han visto beneficiadas con ese mayor aumento en la producción.
En 2020 no ha habido caídas espectaculares como en otras regiones pero lo que se nota claramente es el bajón de los pocos recursos que se exportan, el más notorio es el carbón, tanto el colombiano que es el principal productor como el mexicano que cayó por debajo de la mitad del 2019 y, siguiendo con su colapso, la producción venezolana de petróleo ya pasó a ser la quinta a nivel regional (luego de Brasil, México, Colombia y Argentina) y mientras el bloqueo continúe no se percibe un cambio en las posibilidades de algún resurgimiento.
Por supuesto que estos datos que generan gran incertidumbre para el sistema socioeconómico que habitamos es siempre buena noticia para el ambiente. Las emisiones de CO2 han caído a un nivel inesperado sólo un año antes pero no muy diferente a la caída que tuvo durante el año posterior a la crisis del 2008.
Vamos con los gráficos que es la única manera de captar el panorama histórico con sus particularidades.
Petróleo sin turismo y sin compradores
La producción de petróleo viene en caída exacerbada por las dificultades políticas de Venezuela más aún que por las dificultades geológicas, sin embargo es bueno recordar dos cosas del caso venezolano, el pico de producción fue uno de los primeros de la OPEP, en 1998, su caída de veintitrés años sólo tenía algo de optimismo con la posibilidad de sacar petróleo ultrapesado de la reserva más importante del mundo que está en la cuenca del Orinoco. Pero las dificultades de extraer este petróleo mezclado con arena necesita demasiadas condiciones favorables que son todo lo contrario al contexto político que se fue dando luego de la muerte de Chávez, al mismo tiempo que el valor no se recompone a niveles que permiten desarrollar esta costosa industria de los bituminosos. La cuestión del bloqueo es central, de hecho los datos oficiales muy probablemente sean inexactos, algunas empresas han sido denunciadas por vender petróleo venezolano etiquetado como malayo, los niveles fueron bajos en 2020 pero para mayo de 2021 se calculaba en 324 mil barriles diarios.
En México, el cierre definitivo de Cantarell no encontró sucesor de peso, sigue habiendo expectativas tanto en el Golfo con mediante el fracking pero la realidad es que mientras se desarrollan esos costos emprendimientos la caída de los pozos principales sigue a un ritmo invariable, cada cinco años desde 2005 viene perdiendo medio millón de barriles diarios (de 3,8 mb/d en 2004 pasó a 1,9 mb/d en 2020).
Con este panorama alentador desde el punto de vista de la descarbonización global, es importante entender que el petróleo sigue siendo la fuente energética más importante del mix del continente, con más del 45%… La caída en la producción de petróleo arrastra hacia abajo a todo el sistema productivo de la región, con sus implicancias económicas que repercuten en la población.
El frenazo en el turismo o en los traslados laborales puede ser una muestra de lo que se espera en esta (ya no tan) nueva normalidad de declive energético permanente.
En la gráfica pueden advertir como los niveles de consumo de países como México o Venezuela fueron más bajos que en cualquier momento de los últimos veinticinco años.
El gas se está gastando
Cuando hablamos de gas hay dos pequeñas economías que se ponen a la altura de los grandes: Bolivia y Trinidad y Tobago.
Bolivia pasó de ser el país con más crecimiento económico sostenido a toparse con un golpe de estado justo antes del frenazo de la pandemia. Una población que venía ganando en confort gracias a que gran parte de la producción energética se había reconducido hacia sus habitantes, se encuentra rápidamente con un gobierno ilegítimo y con objetivos opuestos a los intereses mayoritarios. El experimento no duró mucho y cayó por su propio peso, pero lo que nos interesa es rastrear las causas materiales de la debacle de Evo Morales en el referéndum (que fue la excusa final para el golpe). Aquí podemos observar que la producción gasífera boliviana ya había tocado techo en 2014 con una caída ya evidente desde 2018. El combo de menor producción y precios bajos de su recurso estrella hacía imposible mantener la estrategia de desarrollo de la primer década de gobierno. Las dificultades para el nuevo gobierno democrático seguirán más allá del apoyo popular.
Trinidad y Tobago, por su parte, llegó a su pico en 2010 y mantuvo una producción declinante y muy atada a los vaivenes del precio de exportación del gas. La pandemia dejó al descubierto lo vulnerable de la economía del archipiélago. En 2020 su producción cayó un cuarto de lo que se producía diez años antes (de 40 a 30 millones de m3) cuando en 2019 se producían cerca de 35 millones de m3.
Sin embargo el amperaje de la región lo siguen moviendo los grandes, Venezuela y México registraron las caídas más notorias mientras que Argentina trata de mantenerse estable con Vaca Muerta pero su logros siguen siendo ínfimo a escala regional y su producción nunca volvió a los niveles que tuvo entre 2004 y 2008.
La caída en el consumo que llama más la atención, como en casi todas las gráficas sigue siendo la venezolana. Su producción gasífera estaba destinada casi de lleno a las necesidades de la industria del petróleo y, al caer la producción del líquido negro, el consumo de gas cae con él de la mano. Las caídas en el consumo fueron parejas en el resto de países pero es especialmente notoria en Brasil que es dependiente de Bolivia para cubrir un tercio de la demanda interna.
¿Cerrando la era del carbón?
Latinoamérica se caracteriza por su escasa producción y consumo de esta fuente que supo disputarle hasta hace no demasiado la primacía al petróleo como fuente principal de energía a nivel global.
En la producción se destaca el frenazo dado en México y Colombia. En México descendió más del 50%, sin embargo el gobierno de López Obrador busca reactivar esta industria languideciente que viene en caída desde 2011. En Colombia, que es el principal productor, la situación es distinta, la caída se retrotrae a niveles de hace dos décadas pero puede volver a reactivarse. Colombia produce el carbón más preciado a nivel global por ser de los más «limpios», sin embargo la demanda de carbón de los mayores importadores cayó estrepitosamente en 2020 (21% en Norteamérica, 16% en Europa y 6% en la India) y también los precios hacen poco atractivo salir a vender un mineral que puede quedarse esperando bajo tierra.
La demanda interna de carbón sigue pareja en la región, declinando levemente a medida que se buscan alternativas «renovables», sin embargo en 2020 la demanda interna de México mostró los efectos del frenazo industrial interno y de su vecino del norte. En menor medida se sintió en Brasil, Chile o el Caribe que son los grandes consumidores del mineral negro.
Renovando la visión de las renovables
Así como México mostró una caída en la producción y consumo de carbón, fue el país con el mayor aumento en la generación y consumo proveniente de la renovable más importante, la energía hidroeléctrica (un 13,4%), algo similar se vio en los países de Centroamérica y el Caribe, mientras que en Sudamérica cayó un 6%, pero como Brasil por sí sólo consume 2/3 de toda la energía hidroeléctrica de la región, podemos entender el descenso en el gráfico que arrastra al combo de renovables hacia abajo. Las demás fuentes siguen experimentando un crecimiento mientras que para la energía nuclear sigue habiendo proyectos pero con alto rechazo de las poblaciones sobre todo cuando se anuncia el lugar dónde se ubicarían. En Energía solar se destaca el aumento de generación en Argentina y México con un 60% más que el año anterior, sacándole ahora México gran diferencia a Brasil como líder en la producción de energía fotovoltaica, aunque en relación a su consumo, Chile es el que sigue estando al frente. En generación eólica también es Argentina el país que más creció en 2020 con un 89% de aumento aunque su producción es escasa en relación a Brasil o Uruguay.
Sin embargo vemos que casi toda la demanda de electricidad se sigue saciando con termoeléctricas a gas en México y Argentina e hidroeléctricas en la mayoría del resto de países. Las nuevas fuentes dependientes de desarrollos tecnológicos más complejos están abriendo una abanico de debates, por un lado permiten la descentralización de la generación eléctrica pero, por otro lado, traen mayor dependencia de empresas extranjeras que la generación de hidroeléctricas o los recursos fósiles de los cuales se tienen mayor control estatal.
Energía como base de la economía y de la situación política
La caída en la producción energética en nuestra región trajo consigo problemas económicos para casi todos los países. La región ya no es una exportadora neta de energía sino que gracias a experimentar un gran crecimiento a lo largo del siglo los niveles de consumo se dispararon y esa línea amarilla del gráfico supero a una producción que aún previo a la pandemia se encontraba niveles altos en términos históricos. Ahora, esa caída en la producción lleva inevitablemente una imposibilidad de disponer de energía propia para todo el sistema, lo que vuelve más frágil a cada uno de sus sistemas políticos que aún son parte de un modelo económico que sólo se sostiene con el crecimiento perpetuo. Los gobiernos ya no pueden endeudarse y dar por sentado que el siguiente ciclo les será suficientemente favorable para desarrollar sus industrias y pagar las deudas. El resultado, por ahora es que las poblaciones buscan salidas por el voto favoreciendo a los partidos opositores o bien estallan en grandes movilizaciones.
Estos dos últimos gráficos sirven para entender cómo viene cada país (o subregión) en lo que es el espejo de sus capacidades productivas. Sin embargo el efecto pandemia cuyo fin es incierto no sólo no se puede tratar como un paréntesis sino que más bien debe mirarse como una renovación en el pensamiento político y económico, desglobalizarse, repensar los traslados personales de larga distancia, renovar el uso de internet para las necesidades laborales urbanas y repensar el rol primordial de la salud pública y la producción de alimentos.
Un interesante trabajo reciente puede dar cuenta de nuevos debates en torno a la «pobreza energética», el segundo número de la revista Energía y equidad, titulada «Energía ¿para quiénes?» nos muestra un panorama en el cual aparecen los hogares de bajos recursos que dependen de carbón vegetal y deshechos (más del 40% de hogares en Honduras, Nicaragua, Haití y Guatemala) o leña húmeda muy contaminante (el caso del sur de Chile), cortes eléctricos como problema habitual en muchas ciudades del Caribe mientras que en Centroamérica países como Guatemala o Nicaragua aún tienen un 15% de la población sin acceso a electricidad y algo parecido puede verse en los asentamientos rurales de Perú o Bolivia.
Por último destacamos cada año el declive en las emisiones del principal gas de efecto invernadero, si bien la gráfica no tiene en cuenta los incendios forestales y otros emisiones relacionadas con la agricultura, es importante ser conscientes de cómo van de la mano el consumo energético fósil con el dióxido de carbono emitido por el sistema. La pandemia permitió a los sectores más pudientes a tener un panorama de cómo es vivir una vida energéticamente más austera pero también la caída inevitable de emisiones puede hacer que nuestros gobiernos se desentiendan de proyectos estratégicos que vayan en ese sentido y sigan buscando producir todo el carbón, gas y petróleo que tengan a mano ya que sus números son suficientes para hacer buena letra ante los pactos climáticos.
Referencias
1. Statistical Review of World Energy 2021: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
2. Revista Energía y Equidad N°2: Energía ¿para quiénes? (2021) VV.AA. http://www.energiayequidad.com/PDF/1.Revistas/E_y_E_2021-N2_Energias_para_quienes.pdf
Fuente: https://crashoil.blogspot.com/2021/07/energia-en-latinoamerica-bajando-un.html
https://rebelion.org/energia-en-latinoamerica-bajando-un-escalon/
Juventud y renta básica: 15 libras esterlinas para construirse un futuro
15 libras esterlinas a cada individuo cuando lleguen a la edad de 21 años. Es lo que el inglés Thomas Paine proponía que se pagase a cada ciudadano inglés en el texto Justicia Agraria. Su planteamiento era de sentido común, fácil, comprensible: no es lo mismo empezar la vida sin nada que empezar con recursos, aunque sean pocos. La riqueza es de todos, y una parte debe de ser redistribuida, ir al común, a compensar a quienes se han visto privados del acceso a la tierra. Corría el año 1797 y Paine no se acababa de fiar de la meritocracia. Quizás es que al capitalismo no le había dado tiempo a crear esta patraña. Quizás con el antiguo régimen aún cercano, a nadie se le escapaba entonces la relación entre el punto de partida y la prosperidad del camino.
El texto en el que Paine desarrolla esta idea, Justicia Agraria, lo recupera Alberto Tena en su libro de reciente publicación: Los orígenes revolucionarios de la renta básica. Al inglés le preocupan los condicionantes materiales que influyen en la capacidad de arrancar la vida adulta, de sostenerse —propone garantizar esa renta durante 30 años. Más de dos siglos después, las personas jóvenes son muy conscientes de los condicionantes materiales centrales a la hora de arrancar una vida adulta, en concreto, lo que saben muchos y muchas con certeza, es que están muy lejos de contar con ellas, es que no saben cómo las alcanzarán. Sin embargo, considerar que tienen derecho a su parte de la riqueza colectiva y social para construirse un camino sigue siendo hoy una idea revolucionaria.
Recuerdo cuando estudiabas los últimos años de educación secundaria y la gente empezaba a pensar qué sería de su futuro. “Haz formación profesional”, les decían a algunos: tiene más salidas profesionales. “Por favor, no hagas una de esas carreras con las que nunca encontrarás trabajo”, te alertaban. Qué dilema era a ratos, elegir entre lo que te gustaba y entre lo que podría asegurarte un futuro, sopesar vocación o pragmatismo.
Yo no sé qué conversaciones tienen los chavales en estos tiempos, quizás su dilema es más fácil en cuanto inexistente, quizás han asumido la precariedad y la incertidumbre como parte de su existencia, elijan el camino que elijan. Puede que hayan llegado ya a la conclusión, salidos de esos colegios que cada vez funcionan menos como ascensor social y más como reproducción de desigualdades, que lo importante no es lo que elijas estudiar sino si tendrás o no tus 15 libras esterlinas, tu base material para poder tomarte el tiempo de decidir, de proyectar, de formarte.
A algunos no les faltará este apoyo económico, lo recibirán con creces de sus familias, tendrán suficiente para viajar al extranjero a aprender idiomas, hacer prácticas no pagadas mientras todas sus necesidades están cubiertas, tener una prórroga subvencionada para entrar en el mercado de trabajo en las mejores condiciones. Muchos más tendrán que encarar el futuro en plena batalla para conquistar una estabilidad, una serenidad que ha devenido privilegio. ¿Qué tan tranquilo puedes proyectarte a lo que vendrá con los bolsillos vacíos? ¿Cómo construir desde la nada?
Ni estudian ni trabajan, culpaban a la juventud de hace unos años de su propio fracaso precoz. La típica acusación contradictoria del capitalismo: capaz de señalar a los jóvenes por vagos y poco luchadores, mientras la ciudad se llena de becarios que trabajan gratis en lo suyo, o que curran de cualquier cosa por cuatro perras para poder sobrevivir. No tenéis cultura del esfuerzo, se les repite mientras miles de currículums sin respuesta se pierden en el limbo. Como si encontrar un puesto de trabajo dependiera del empeño que le pusiera uno, como si seguir formándose no dependiera de disponer de los medios para hacerlo.
¿Por qué es más fácil tener generación tras generación macerándose en la idea de que son unos fracasados que dotarles de un suelo mínimo del que partir? ¿Qué tendrá que ver este mensaje —el mandato de ganarse la vida, la fiscalización de si se trabaja suficiente, si se merece uno progresar— con la crisis de salud mental que asola a los más jóvenes? ¿Cómo puede asumirse con naturalidad esa desigualdad primigenia en la que unos parten de cero, y otros de mucho más arriba? ¿Por qué nadie reclama sus “15 libras esterlinas”, en lugar de mendigar una oportunidad en un mercado de trabajo cada vez más devaluado?
Existe todo un relato, que aunque a ratos admite los tiempos difíciles que enfrentan las personas jóvenes para arrancar un proyecto de vida, acaba por culparles de su situación, estigmatizándoles como débiles, cómodos, o irresponsables. Quizás sea necesario pensarles así para naturalizar el hecho de que se les niega su porción de estabilidad, de autonomía, de certezas. Asumir que, en cierto modo, merecen su destino, por no esforzarse lo suficiente, por abrazarse a la cultura del dinero fácil: mirarse en youtubers y millonarios repentinos, caer en la trampa de las apuestas y los juegos de azar. Frente a esta narrativa perezosa, legitimadora de la desigualdad, es urgente plantearse qué pasaría si contaran, si contáramos todas y todos, con ese suelo mínimo del que arrancar, esa porción de riqueza que cada ser humano se merece por derecho, ese suelo material del que partir. Una renta básica universal, para poder empezar el camino.
Sarah Babiker. Feminista, activista a favor de la renta básica. Periodista obsesionada con la lucha contra toda forma de desigualdad. Integrante de El Salto Diario.
https://rebelion.org/juventud-y-renta-basica-15-libras-esterlinas-para-construirse-un-futuro/
El día que los chicos de la calle en Ceuta dijeron basta
Sábado 17 de julio. Decenas de jóvenes y adolescentes, unos pocos niños, están sentados en el suelo de la Plaza de los Reyes, en la Ciudad Autónoma de Ceuta, frente a la Delegación del gobierno. La mayoría de ellos son marroquíes, están distribuidos en hileras, guardando la distancia de seguridad. Frente a los chavales, con el edificio de fondo y la policía quieta y vigilante a la derecha, dos compañeros muestran una pancarta que dice en castellano y dariya —el árabe de Marruecos— “No somos invisibles”. Del otro lado de la plaza, otro cartel sostenido por otros dos muchachos recuerda: “Solo somos víctimas de sus políticas”.
Han pasado dos meses desde que el 17 de mayo miles de personas atravesaran la frontera entre Marruecos y España por las playas de Tarajal y Benzú. Han sido tiempos difíciles para estos jóvenes y niños que siguen desatendidos en las calles, sin espacio en unos recursos que las organizaciones sociales han calificado de insuficientes y hostiles. Han decidido denunciarlo mediante esta protesta. No se trata, explicarán de muchas formas, solo de la situación de quienes llevan dos meses buscándose la vida en la ciudad, si no la de todos, un abandono institucional enquistado que se ceba con sus vidas.
La acción transcurre en exquisito orden, dos mujeres jóvenes toman la palabra. Yasmine, ceutí que pertenece al colectivo Maakum, habla en dariya. Irina, quien llegó desde Manresa a Ceuta de la mano del colectivo No Name Kitchen (NNK), lo hará en castellano. Ambos idiomas se intercalan con fluidez durante todo el tiempo que dura la acción. Como también se intercalan las voces de ambos colectivos y la de los chicos que esa tarde de verano se manifiestan en la plaza ante un puñado de periodistas.
El colectivo Maakum [“con vosotros” en darija] lleva desde 2018 acompañando a jóvenes migrantes —menores y mayores de edad, ellas no hacen distinciones, afirman— que viven en las calles ceutíes. No Name Kitchen, una pequeña organización que se ha ido extendiendo en distintos puntos de la frontera de la fortaleza Europa, desembarcó hace solo unos meses en la ciudad. Unas y otras trabajan juntas con la misma gente, facilitan asesoramiento jurídico, les acompañan frente a las instituciones, se mantienen cerca visitándoles en las calles, atentas a lo que necesitan, denunciando las vulneraciones de derechos cotidianas que enfrentan. A la escucha. “Lo más importante es que han sido los propios chicos quienes han decidido hacer algo. Llevamos semanas pensando cómo hacer esto juntos. Se juegan mucho y era importante que fuese seguro para todos”, explica Mar, de NNK.
Viernes 16 de julio. Decenas de chavales pululan por una azotea en el barrio de Hadú. Es la víspera de la manifestación y deben planificarla con detalle. Son conscientes de su vulnerabilidad y tienen miedo a represalias, no pueden permitirse exponer rabia, alzar demasiado la voz. Ha de ser una concentración ejemplar pues saben que cualquier cosa, por más pequeña que sea, puede ser detonante para una ulterior estigmatización del colectivo, o incluso perjudicarles en sus respectivos procesos de migración o petición de asilo.
En asamblea se comunica el plan de la manifestación, las activistas que hablan en ambos idiomas, y los chavales que mejor se manejan con el castellano, traducen para los demás. Explican que hay periodistas en la azotea, atentos a los preparativos, que si alguno no quiere que le enfoquen, tiene derecho a decirlo. Unas pocas manos se levantan, prefieren salvaguardar su imagen. Se invita a los periodistas a explicar qué hacen ahí, por qué están en Ceuta y qué quieren contar. Cuando son los periodistas quienes preguntan a los chicos, varios de ellos dicen que todos comparten un mismo problema, que necesitan continuar su viaje lejos de un Marruecos sin futuro, que están hartos de que se les persiga por ello.
La concentración del foco mediático en esta ciudad frontera, particularmente tras las llegadas del 17 de mayo, ha dejado la sensación de que es necesario cuidarse de los medios. Ya que se sienten invisibles, al menos quieren decidir ellos mismos cuándo y cómo se adquiere esa visibilidad. Algunos son menores, otros temen que mostrarse les perjudique, hay quienes llevan años en la ciudad y no quieren buscarse problemas, otros temen que su familia les vea y sepa que están en la calle. Los periodistas se irán pero ellos seguirán ahí, y que su cara salga en los medios puede comprometerles.
Sábado 17 de julio. Se acercan ya las siete de la tarde y el Sol sigue pegando fuerte en la Plaza de los Reyes. Vestidos con camisetas azules, algunos chicos reparten botellas de agua entre los manifestantes. La prensa circula entre ellos, les toman fotos. Las activistas recuerdan a los chicos que si se sienten incómodos pueden pedir que no les enfoquen.
“Entre el 17 y el 19 de mayo, más de 10.000 personas de diferentes nacionalidades y perfiles entraron a Ceuta desde las ciudades vecinas de Marruecos”, arranca el manifiesto, que como todo esta tarde, se leerá en dos idiomas. “Con motivo de las llegadas, el Gobierno español puso en marcha dispositivos militares, policiales, y humanitarios”, continua un comunicado que recuerda las muchas denuncias por la ausencia de un “enfoque de derechos humanos” ante esta situación, y que destaca la insuficiencia de los recursos humanitarios, la exclusión de jóvenes y menores marroquíes de los escasos medios de protección, y las expulsiones forzosas como continua amenaza.
Los jóvenes siguen leyendo: hacen responsable al Estado de esta indefensión y denuncian que prosiguen las vulneraciones de derechos. “Nos detienen a los jóvenes, a veces a los menores, por la calle, obligándonos a subir en furgones policiales para llevarnos a la frontera donde se nos fuerza para ser expulsados de España. Vivimos en un estado constante de alarma y tensión fruto de un estado policial instaurado en la ciudad autónoma en la que las redadas en espacios públicos de la ciudad son constantes”.
Viernes 16 de julio. El ajetreo no para en la azotea, un grupo de chavales ensaya la lectura del manifiesto, mejoran la traducción, se reparten entre ellos el texto. Las pancartas están ya preparadas, mensajes contra el racismo, frases que recuerdan que migrar no es un delito, reclamos que interpelan al gobierno español y al marroquí. Se charla, se colabora, se discute, se planifica, se escribe cuándo le toca a quién, qué canción va primero, cual después. Un gato pequeñísimo persigue por todas partes a una perra negra que de vez en cuando se desplaza acalorada, sin conseguir evadirse del hiperactivo felino, que se lleva decenas de miradas divertidas y sonrisas. Muchas manos colaboran en la elaboración de decenas de caretas blancas de cartón, que se van amontonando sobre el suelo: ellas tendrán un momento central en la manifestación.
La noche va cayendo sobre la azotea, desde ahí se ve de refilón el Centro de Menores de la Esperanza, por el que algunos de los chicos han pasado. El recurso ha sido criticado por no tener espacio suficiente, pero por otro lado, muchos no quieren ir allí, o si estuvieron lo abandonaron. Y es que, o temen salir de allí cumplidos los 18 años, sin documentación, sin plan, ya fuera del sistema y listos para ser expulsados, o saben por su propia experiencia y la de otros, que la vida allí es difícil, entre conflictos y escasez de espacio y recursos.
Reda va a leer un texto propio durante el acto, lo ensaya con voz calma, en dariya: “¿Por qué elegimos migrar y nos mantenemos alejados de nuestras familias y seres queridos, nos arriesgamos en una realidad desconocida y ante un futuro del que no sabemos nada? Nos han usurpado nuestros derechos en Marruecos por una mala gestión. Por eso, pedimos al gobierno español que no haga lo mismo que el gobierno marroquí y que respete nuestros derechos”, explica. Recuerda que se trata solo de chicos y jóvenes, muchos de ellos formados, que quieren trabajar. Prosigue, con la misma voz calma: “No queremos más daño, porque si nos devuelven a Marruecos, la mayoría de nosotros acabaríamos muy mal, vivimos en riesgo de suicidio, incluyéndome a mí. Nuestras vidas se perderán allí sin ninguna esperanza de salvarnos”.
Sábado 17 de julio. El acto discurre tranquilo, cuando casi ha terminado, un joven se acerca a los periodistas, quiere contar su historia. Se llama Jalil, pero no hay mucho más que pueda de momento decir. De nuevo, la barrera lingüística: a la invisibilidad se añade la dificultad para contar lo que les ha pasado. Después de un rato intentando comunicarse aparece Mohamed, un joven de Tetuán que llegó por primera vez a Ceuta en 2017. Se trata de uno de los chavales más activos en la organización de la protesta, importante en su condición de veterano: se le ve cansado de todo el trabajo de coordinación, pero sabe que a veces depende de él que muchos otros puedan atravesar la frontera del idioma. Empieza a traducir.
Jalil cuenta que tiene varios diplomas, pero que no hay ninguna oportunidad en Castillejos —la ciudad vecina de la que procede— para él. Nada. Quiere ir a Bélgica donde tiene familia, pero se choca una y otra vez con la imposibilidad de viajar. Nadó hasta Ceuta cinco kilómetros por el agua helada, al frío y el cansancio se le sumaron las medusas, que le han dejado marcas por varias partes del cuerpo. Junto a la huella de las medusas, Jalil muestra las heridas que dejan las filosas vallas del puerto, a las que se encaraman buscando una salida. Después de Jalil, otros chavales quieren contar también por lo que han pasado, comparten las heridas dejadas por la frontera, la sensación de no tener futuro, la desesperación por no poder seguir. Mohamed sigue traduciendo.
Se llama Zakaría y ha escrito una canción. De vez en cuando hace música, explica que días atrás estaba pensando en la manifestación, y compuso un tema para acompañarla: “el texto me sale del corazón, es lo que siento, es lo que sentimos muchos, esto es lo que nos pasa”, explica en darija, mientras Joana, activista de Maakum, traslada al castellano sus palabras. El cantante ha estado ensayando el tema varios días con dos de las activistas, ellas acompañan con la guitarra, mientras otro chico migrante toca el cajón y Zakaría canta sobre esas juventudes que no ven camino. “Estoy cansado de tanta frustración, estoy cansado de tanta humillación, en mi país no hay futuro ni suerte, me lanzo al mar, o llego o muero”, corean las chicas en castellano.
Al entonar el tema por última vez, como cierre del acto, muchos de los manifestantes ya se lo saben, acompañan con sus voces. Es la última parada antes de que cada uno tome su máscara blanca y al grito de “¡no somos invisibles!” se la quiten, para después guardar un minuto de silencio. Después, del bafle sale la canción“Babour Alouh”, un tema que habla de frustración y exilio, y aunque tanto la letra como la melodía son tristes, son muchos quienes se levantan para cantar juntos, bailar y sonreír, quizás por estar en la calle sin miedo, decir estamos aquí, hacerse visibles en sus propios términos.
Fuente:https://www.elsaltodiario.com/ceuta/el-dia-que-los-chicos-de-la-calle-en-ceuta-dijeron-basta
https://rebelion.org/el-dia-que-los-chicos-de-la-calle-en-ceuta-dijeron-basta/
Convención de la DSA en EE.UU.
La convención se centrará en los debates sobre política electoral y cuestiones internacionales, y aunque la afiliación parece estar muy unida en torno a la primera cuestión, en la segunda está divida.
Asistirán 1.300 delegados y delegadas que representan a unas 91.000 personas afiliadas en 240 secciones. El grupo juvenil de la DSA, separado y subordinado, Young Democratic Socialists of America, cuenta con 130 secciones, pero celebra una convención separada. Sin el miedo a Donald Trump y la esperanza en Bernie Sanders, la DSA parece haber perdido parte de su energía. En la preparación de esta convención ha habido menos participación de la afiliación. En mi sección de Central Brooklyn, sólo el 15% de la gente afiliada votó por las y los delegados, un fiel reflejo del pequeño porcentaje de personas activas.
Hace unos años, los caucus jugaban un papel escaso en la DSA, pero actualmente existen unos diez caucus nacionales y jugarán un papel decisivo. La mayoría de ellos ya están de acuerdo en que la DSA debe seguir participando en la política electoral presentando candidatos en el Partido Demócrata, pero algunos sólo quieren respaldar a los miembros de la DSA y otros sólo a los candidatos que se presenten como socialistas abiertos. Una pequeña minoría de la izquierda defiende que la DSA debería construir un partido socialista independiente, aunque hay cierto debate sobre cómo hacerlo de forma concreta. Cabe esperar que las y los delegados continúen con la estrategia actual de respaldar y trabajar para los candidatos del Partido Demócrata.
En las últimas convenciones, el DSA debatió la estrategia laboral, aunque no es un tema importante en la agenda de esta convención. Esa discusión giraba en torno a si adoptar o no una estrategia de base, es decir, concentrarse en organizar a los trabajadores de base para luchar tanto contra los burócratas laborales como contra los empresarios. Esta cuestión no estaba clara, ya que el trabajo con los trabajadores de base, según algunos, podía ir acompañado de un trabajo con los sindicatos de izquierda, o simplemente de un apoyo a los sindicatos en general (sin ningún análisis del papel conservador de la burocracia). Todo el mundo está de acuerdo en que la DSA debería convertirse en una organización más obrera, con más miembros negros y más latinos, y varias resoluciones proponen formas de conseguirlo.
La mayoría de las y los miembros de la DSA muestran poco interés por las cuestiones internacionales, aunque es probable que sean el tema más polémico en la convención de este año. El Comité Internacional de la DSA ha tendido a adoptar una posición digamos campista, es decir, la noción de que el mundo está dividido en campos geopolíticos: en un lado, Estados Unidos y sus aliados; en el otro, las potencias antiimperialistas como Rusia, China, Irán y Venezuela, que no deben ser criticadas. Otros, como yo, hacemos hincapié en el internacionalismo desde abajo, en las luchas solidarias por la justicia, la democracia y el socialismo, en todas partes, incluidos lugares como Irán, China o Venezuela.
La dirección campista del Comité internacional de la DSA busca alianzas con los partidos de izquierda de masas de otros países: el Partido de los Trabajadores de Brasil, el Movimiento por el Socialismo de Bolivia o el Partido Socialista Unido de Venezuela, por ejemplo. En vísperas de la convención, una delegación oficial de la DSA visitó Venezuela, donde se reunió con el presidente Nicolás Maduro, pero la delegación no se reunió con la oposición socialista al gobierno. Este apoyo a los gobiernos autoritarios no habla bien del compromiso de la DSA con el socialismo democrático.
Muchos miembros sienten que el Comité Político Nacional de la DSA no ha sido muy eficaz en los últimos cuatro años, pero no está claro que los grupos que luchan por el poder en la convención puedan proporcionar un camino claro hacia adelante. Desgraciadamente, las últimas convenciones de la DSA no han facilitado el debate democrático sobre los distintos temas. Lo que lleva a pensar que en esta ocasión el debate, con una convención a través de la videoconferencia, sea aún más difícil.
Gracias a Andrew Sernatinger por compartir sus opiniones.
Fuente: https://newpol.org/democratic-socialists-of-america-faces-challenges-at-convention/
Traducción: viento sur
Alemania, ¿una esperanza o un espejismo para los partidos verdes?
Una revolución lenta y silenciosa en Europa occidental
El Partido Verde Europeo consiguió 74 eurodiputados en las elecciones de 2019, un 48% más que en 2014, y varias ciudades europeas cuentan con alcaldes procedentes de partidos verdes, como Ámsterdam, Burdeos, Lyon o Budapest. Además, los verdes forman parte de gobiernos de coalición en Bélgica, Suecia, Finlandia o Austria.
Pero donde los Verdes han adquirido mayor fuerza es en Alemania: son la segunda fuerza en intención de voto para las elecciones federales de septiembre. En mayo las encuestas les situaban por encima del CDU/CSU de Angela Merkel, aunque su primer puesto fue efímero con la aceleración del proceso de vacunación y tras conocerse que la líder verde había maquillado su currículum y contaba con acusaciones de plagio.
En todo caso, con un 19,2% de intención de voto se espera que jueguen un rol fundamental en la formación de un gobierno de coalición, bien junto al CDU/CSU o formando una coalición semáforo junto a los socialistas del SPD y los liberales del FDP.
El repunte de los Verdes alemanes (Grüne) se puede explicar por varios factores:
– Por las sospechas de corrupción que rodearon recientemente a varios políticos del CDU/CSU.
– Por el lento proceso de vacunación en el país hasta primavera y su efecto negativo en la recuperación económica.
– Por el todavía bajo carisma de Armin Laschet, el candidato del CDU/CSU, en comparación con Merkel.
Pero hay que destacar una debilidad estructural de la economía alemana: que no es tan verde como parece. La era Merkel ha resultado ser una pequeña decepción en términos de lucha contra el cambio climático: la “canciller del clima” ha logrado vitalizar al sector de las energías renovables para generar electricidad, pero Alemania es todavía un país dependiente del carbón, un sector que da empleo a unos 20.000 trabajadores, y del que “tira” el sistema energético de empresas como Siemens, Daimler o BASF. De hecho, solo se plantea abandonar el uso del carbón en 2038.
El sector automotriz, basado todavía en vehículos de combustión interna, constituye otro pilar de la economía, aportando un 10% del PIB germano y está controlado por lobbies poderosos.
Consecuentemente, las emisiones de gases de efecto invernadero han descendido a un ritmo más modesto durante el período 1990-2019 de lo exigido por ONGs o el Tribunal Constitucional.
Giro arriesgado hacia el centro político
Los Verdes alemanes desean acelerar el proceso de descarbonización pero con un toque realista y pragmático, pivotando hacia el centro político y rompiendo con su pasado hippy. Por supuesto, plantean cerrar inmediatamente las centrales nucleares y plantas térmicas que operan con carbón. También abogan por la retirada de vehículos de gasolina y diésel para 2030 y proponen un programa de medio billón de euros para infraestructuras verdes.
Combinan una serie de propuestas económicas de la izquierda con medidas neoliberales promercado. Entre las primeras se encuentra la subida del salario mínimo y de los impuestos sobre los gigantes tecnológicos y la población más rica.
Por otro lado, desean cambiar los hábitos de consumo mediante desincentivos: un impuesto verde aplicable a billetes de avión, a las emisiones de CO2 y los aranceles sobre importaciones procedentes de países muy contaminantes (como China). Además, pretenden crear un fondo de capital riesgo financiado con dinero público para la creación de startups verdes.
Muestran más confianza en los mecanismos de mercado y las grandes empresas que otros partidos verdes o los de izquierdas, por lo cual algunos los llaman “neoliberales con bicicletas”, olvidando al electorado obrero y centrándose en ciudadanos urbanos de renta media-alta que pueden costearse la descarbonización.
Esta estrategia tiene el peligro de solapamiento con las propuestas de la derecha central del CDU/CSU, que sigue siendo la opción preferida por parte de esta clase social.
Escasa independencia en el Sur y Este europeo
Pese a que la población española es una de las que más preocupación muestra por este problema global, el movimiento ecologista no se consolida en un solo partido verde, sino que se basa en la confluencia. Equo tuvo que asociarse con fuerzas de izquierda para adquirir cierta influencia política y aun así solo cuentan con un diputado en el Congreso. Lo mismo le sucede a Os Verdes en Portugal, con dos diputados.
En cuanto al Este de Europa, no es que menosprecien el cambio climático, pero la oposición en países como Polonia o Hungría trata de acabar con los gobiernos iliberales en primer lugar. Además, al contar con rentas per cápita más bajas, la población da prioridad al crecimiento económico material en detrimento de valores postmaterialistas que defienden los verdes.
Eszter Wirth. Profesora de Economía Internacional (ICADE), Universidad Pontificia Comillas
Fuente: https://theconversation.com/alemania-una-esperanza-o-un-espejismo-para-los-partidos-verdes-164106
https://rebelion.org/alemania-una-esperanza-o-un-espejismo-para-los-partidos-verdes/
«El señor de los mosquitos», el científico que se inoculaba la malaria para erradicarla
La amenaza de la pandemia se mitiga gracias a la ciencia. Miles de expertos de todo el mundo se afanaron el año pasado para desarrollar una vacuna contra el coronavirus en tiempo récord. Condensaron en meses lo que, en condiciones normales, requeriría años de investigación. No siempre ocurre. Siglo y medio después de que se identificaran los parásitos responsables de la malaria, todavía no existe una vacuna eficaz. La más avanzada pertenece a la farmacéutica británica GSK, pero su eficacia no supera el 36 %. Las últimas investigaciones son esperanzadoras. La Universidad de Oxford ha presentado una inyección con un 77 % de efectividad y un grupo de voluntarios alcanzó una protección superior al 80% tras aceptar infectarse con el parásito, según el responsable del experimento, el médico estadounidense Patrick Duffy.
El origen de esta última estrategia se remonta a mitad del siglo pasado, cuando el microbiólogo británico David Clyde y el médico español Julián de Zulueta pensaron que, infectándose con parásitos debilitados, abrirían el camino hacia la vacuna. Probaron la idea en ellos mismos. En las décadas posteriores apenas se registraron avances. El estudio más prometedor lo desarrolló en los años ochenta el colombiano Manuel Elkin Patarroyo, pero su inyección solo es efectiva en un tercio de los casos. La vacuna contra la malaria sigue atascada, mientras que la inyección contra la covid-19 ha pulverizado todos los registros. Los expertos explican que existen dos diferencias importantes. Una es económica, y responde a la falta de financiación que reciben los programas que luchan contra el paludismo. La otra es científica. El ciclo del parásito es complicado, pues dispone de multitud de mecanismos de evasión. No en vano tiene más de 30 millones de años de antigüedad y muchísimas más cepas que el coronavirus.
La malaria es una afección que se trasmite por la picadura de un mosquito. Los síntomas aparecen después de una semana: escalofríos, fatiga, dolor de articulaciones y cabeza, vómitos y fiebre alta. Uno de los problemas que existen a la hora de controlar la enfermedad es la resistencia del parásito a los medicamentos conocidos. Eso, cuando se accede a ellos. Cada año mueren medio millón de personas en el mundo. No obstante, las nuevas investigaciones suponen un halo de esperanza. Los expertos creen que la nueva estrategia podría erradicar la enfermedad de forma definitiva. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha certificado este mismo año que China ha dejado atrás el paludismo. Solo 40 países han obtenido esa certificación. En los últimos años lo han conseguido El Salvador, Argelia, Argentina y Uzbekistán, muchos de ellos territorios en los que hace medio siglo trabajó el médico español Julián de Zulueta, cuya importante labor se diluyó en el tiempo como un azucarillo.
Zulueta, que murió hace cinco años, trabajó en una veintena de países de tres continentes. En la mayoría de ellos era la primera vez que se abordaba el problema de la malaria. Los dayak de Borneo le apodaron Tuan Nyamok (el señor de los mosquitos) cuando convivió con ellos en 1953 en una de sus primeras misiones como epidemiólogo de la OMS. “Siempre he tratado de ir a los sitios y vivir como la gente que pesca paludismo; no verlo de lejos, sino de inmediato: en las casas, durmiendo como dormían quienes vivían allí, en sus hamacas”, relató el científico en sus memorias, publicadas en 2011. Por eso propuso a sus colaboradores que salieran de noche al campo y se dejasen picar por los mosquitos. El mismo modus operandi que sigue el experimento codirigido por Duffy.
El investigador sufrió náuseas, dolores musculares y fiebre, pero sabía que, gracias a la cloroquina, la enfermedad no sería mortal. Tras varios días recuperándose en la cama, comprendió a lo que se enfrentaba y el sufrimiento que causaba en aquellas personas que sufrían el paludismo crónico. Zulueta descubrió el vector que transmite la dolencia y también que los mosquitos tienen preferencia por unas personas sobre otras. Durante décadas, su casa fue un Land Rover mitad caravana mitad ambulancia que condujo a través de desiertos y guerras como la de Afganistán, donde fue tiroteado. En todas aquellas aventuras le acompañó su esposa Gillian y sus tres hijas. No obstante, su figura apenas es reconocida en España.
“La gente que estudió en la Institución Libre de Enseñanza es como Epicuro: les gusta vivir ocultos. A Zulueta no le importaron nunca las modas ni ser popular”, explica José García-Velasco, director de la Residencia de Estudiantes. En su opinión, las investigaciones de su amigo fueron pioneras en la lucha contra la malaria. “El problema es que para desarrollar la vacuna debe existir inversión farmacéutica, y nunca la hubo. El paludismo es una enfermedad de pobres”. Tanto que la OMS estima que la irrupción de la covid-19 duplicará las muertes que provoca. La pandemia, entre otras cosas, ha dificultado la distribución de mosquiteras tratadas con insecticidas y medicamentos antipalúdicos.
En 2019 la malaria se cobró 409.000 vidas en el África subsahariana, donde se registran el 93 % de las víctimas. Dos de cada tres eran niños menores de cinco años
En 2019, último año con datos, la malaria se cobró 409.000 vidas en el África subsahariana, donde se registran el 93 % de las víctimas. Dos de cada tres eran niños menores de cinco años. Si las previsiones de la OMS se cumplen, la tasa de mortalidad volverá a cifras que no se veían desde hace dos décadas. Quienes conocieron a Zulueta coinciden en que esos datos molestarían al científico, que se jubiló en 1977, pero que mantuvo toda su vida el compromiso con la investigación de la enfermedad. De hecho, en 2006 pidió al rey Juan Carlos que le dejara abrir la tumba de Carlos I para analizar su momia y averiguar de qué había muerto. El monarca denegó la solicitud, pero permitió extraer muestras de un dedo amputado durante la sepultura de 1868. El análisis confirmó que había sido víctima de la malaria.
Zulueta tuvo una vida de película. Nació en Madrid en 1918, tras acabar la Primera Guerra Mundial, y fue bautizado con champán por su tío, el dirigente socialista Julián Besteiro, del que recibió el nombre. Su padre fue ministro en la Segunda República y más tarde diplomático, primero en Alemania, donde el joven Zulueta escuchó a apenas unos metros de distancia cómo Hitler explicaba la matanza en la noche de los cuchillos largos, y luego ante la Santa Sede, donde le sorprendió la Guerra Civil. La familia se exilió en Colombia, donde el chico estudió Medicina. Realizó un posgrado en Cambridge y en 1947 comenzó a trabajar en el laboratorio de Medicina Tropical de la Fundación Rockefeller en Colombia. Cinco años más tarde se incorporó a la OMS. Cuando se jubiló, se instaló en la ciudad malagueña de Ronda. Se convirtió en su alcalde en 1983.
“Tuvo un rifirrafe con el anterior alcalde y eso le motivó a presentarse. Para nosotros era un extraño, pero gozaba de un gran prestigio internacional”, explica Juan Fraile, que formó parte de aquella candidatura del PSOE. Fraile, que luego sería regidor de la localidad, recuerda que Zulueta tenía las ideas claras, pero poca relación con la gente porque “estaba a otro nivel”. “Se presentó porque tenía conciencia ciudadana. A él, lo que le interesaba era luchar contra la especulación y defender el pinsapo, la Sierra de las Nieves, el oso pardo o la trashumancia”, admite García-Velasco.
El científico era también un apasionado de la historia de la medicina y de la navegación. Sus estudios contribuyeron a explicar cómo las enfermedades influyeron en las batallas importantes. Zulueta defendía que España perdió en Trafalgar por culpa del zumo de limón, ya que los británicos sabían que la vitamina C evitaba el escorbuto. También consiguió localizar en Reino Unido los cuadernos de bitácora de las naves inglesas que hundieron Las Mercedes en 1804 y que sirvieron como prueba en la batalla judicial que dio al Gobierno español el triunfo sobre la empresa cazatesoros Odyssey. Su amigo García-Velasco recuerda que, con 88 años, lo sorprendió sorteando olas en la playa de Gerra, en Cantabria. Una metáfora perfecta de su larga vida. Pero, a pesar de esa longevidad, no vivió lo suficiente para contemplar el desarrollo definitivo de la vacuna contra la malaria. Un sueño que cada día está más cerca.
Una red de activistas, abogadas y matronas para romper el silencio de la violencia obstétrica
Todas pensaban que solo les había pasado a ellas y no sabían por qué. Era la sensación que tenía el pequeño grupo de mujeres que hace ya veinte años puso en marcha una lista de correo electrónico para hablar de experiencias negativas que habían tenido durante la gestación y el parto de sus hijos e hijas. Desde diferentes puntos de España, cada vez más testimonios fueron dando nombre a una experiencia silenciada y sistemática en todo el mundo: la violencia obstétrica. La lista fue creciendo y alcanzó las 1.000 suscritas en poco tiempo. Hoy es una asociación española pionera llamada El Parto es Nuestro, con grupos locales en más de veinte ciudades españolas concebidos como un espacio de apoyo y escucha entre mujeres, también de asesoramiento.
La asociación forma junto a abogadas, matronas, activistas y a otros grupos y colectivos un mapa de iniciativas a nivel nacional cuyo trabajo en los últimos años empieza también a dar sus frutos legislativos: recientemente el Ministerio de Igualdad ha anunciado que incluirá en la ley la violencia obstétrica como un tipo de violencia contra las mujeres; un paso que las organizaciones celebran y que confían en que sirva para poner punto y final a este tipo de prácticas, que tienen consecuencias físicas y emocionales para ellas, e incluso para sus bebés.
Las experiencias más comunes que narran las mujeres, explica Virginia Murialdo, antropóloga y activista de El Parto es Nuestro, son las episiotomías (corte de piel, músculos, nervios y fascias que rodean la vagina) injustificadas y sin consentimiento durante el parto, la administración excesiva de fármacos, la tendencia creciente a las cesáreas o la llamada ‘maniobra Kristeller’, desaconsejada por la Organización Mundial de la Salud, que consiste en ejercer presión sobre el abdomen para intentar que el bebé baje hacia el canal del parto. Más allá de las prácticas concretas, «también se dan actitudes y comentarios humillantes y abusivos», dice Murialdo, así como «actuaciones que no respetan la intimidad» de las mujeres, desde exámenes vaginales sin consentimiento delante de estudiantes a la imposibilidad de elegir la posición de parto o comentarios machistas que, por ejemplo, amedrentan a quienes deciden no ponerse la anestesia epidural.
Sus historias no son casos aislados. La violencia obstétrica es una realidad que Naciones Unidas calificó en 2019 de «fenómeno generalizado» y que la OMS considera «una violación de los derechos de las mujeres». Sin embargo, a menudo sus experiencias han sido silenciadas, muchas tienen miedo a hablar por temor al estigma y la vergüenza o le restan importancia. «Hay muchas mujeres que han normalizado lo que les ha pasado, por eso el primer paso es romper el silencio y visibilizarlo», dice Murialdo.
Denuncias en Naciones Unidas
Precisamente, hasta la ONU ha llegado la abogada española Francisca Fernández Guillén para defender los casos de cuatro mujeres de distintos puntos de España que sufrieron violencia obstétrica y cuyas denuncias no fueron estimadas por los tribunales españoles. Fernández Guillén lleva 18 años como abogada especializada en violencia obstétrica. Desde sus inicios hasta ahora observa «una evolución buena» en la que ha habido sentencias importantes que han servido para abrir paso al fin de la impunidad de este tipo de violencia. «Estoy obteniendo buenas sentencias en los tribunales. Antes era mucho más difícil que se reconociera, por ejemplo, la necesidad de que haya un consentimiento informado para hacer una episiotomía o inducir un parto», asegura.
Sin embargo, aún hay resistencia a reconocer médica y judicialmente los daños que muchas mujeres sufren por este tipo de prácticas. En 2018, esta abogada llevó ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU cuatro denuncias por violencia obstétrica. Uno de ellos era el caso de S., una mujer que dio a luz en el hospital de Cruces (Vizcaya) en 2012. «Se ha portado muy mal», «no se merece a esa niña», «tendría que quitarte a la niña, porque te has portado muy mal». Son algunas de las frases que S. escuchó de la matrona que la atendió, que también le practicó una episiotomía no indicada pese a la oposición de la mujer. Ya desde su ingreso en el hospital, no le dejaron beber, la obligaron a permanecer boca arriba y sin moverse y no permitieron que el padre la acompañara en todo momento. La episiotomía le provocó incontinencia urinaria y repercusiones «severas» en su vida sexual y de pareja.
Finalmente, en 2020 la Comisión reprobó a España por la violencia obstétrica sufrida por una de las mujeres cuyas denuncias había canalizado Francisca Fernández Guillén. En su dictamen, aseguraba que la mujer fue sometida a diversas intervenciones, como la inducción de su parto, «sin aparente justificación» y calificaba los hechos como violencia de género. Para la abogada, que la ley española incluya ahora este concepto será papel mojado si no hay un verdadero compromiso para cumplir con los protocolos de parto respetado y normas que ya desaconsejan muchas de estas prácticas y que exigen que las mujeres sean informadas.
Un parto humanizado y seguro
Desde el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad, al que corresponde el proceso de reforma de la Ley del Aborto, aseguran que «está en marcha», pero aún «tiene que hacer todavía un importante recorrido de diálogo, consultas y participación, por lo que es prematuro determinar cuestiones concretas». Lo que destacan fuentes del organismo son varios ejes en lo que respecta a la inclusión de la violencia obstétrica en la norma: prevé ahondar en la sensibilización y formación de los profesionales sanitarios, «modernizar» los protocolos vigentes y proporcionar a las embarazadas «toda la información necesaria de sus derechos», así como «prevenir, detectar y sancionar conductas que los vulneren».
El cambio también está sucediendo dentro de muchos hospitales. Soledad Carreguí es matrona desde hace más de 20 años en el hospital universitario de La Plana, en Castellón. Desde sus inicios hasta ahora muchas cosas han cambiado gracias a las inquietudes de un grupo de profesionales que comenzó a plantearse la «excesiva medicalización» de los partos y a buscar nuevas prácticas que los humanizaran y que estuvieran en línea con la nueva evidencia médica.
«Muchas prácticas clínicas estaban cuestionadas a nivel científico pero por la propia rutina hospitalaria son difíciles de cambiar», explica la matrona. El hospital cuenta ya con un protocolo de parto normal en el que vuelcan lo aprendido: «Favorecemos la movilidad de las mujeres mientras dilatan, respetamos que puedan parir en la postura que les sea más cómoda, permitimos que puedan comer y beber, que puedan estar acompañadas por la persona que deseen, que no se les de una vía periférica para administrarles medicación si no es necesario, evitamos administrar oxitocina o realizar episiotomías e inducciones al parto de forma no justificada, y adecuamos la indicación de las cesáreas a cada caso». En resumen, dice Carreguí, se trata de «no trabajar por capricho o por protocolos cerrados y rígidos hospitalarios sino poniendo en el centro a las mujeres y sus necesidades e individualizando cada caso». Y concluye: «Un parto humanizado es absolutamente compatible con un parto seguro».
El racismo en España pasa de los discursos a los crímenes
«El odio fascista no va a parar. Su objetivo último es acabar con la vida. Va dando pasos, empieza con discursos de odio, deshumanizando a colectivos y al final… Es jodido tener la certeza de que, si pasa algo, nos ocurrirá a nosotros, a las personas racializadas. Entonces nos daremos cuenta de cómo se nos ha ido esto de las manos». Eran las palabras de una reciente entrevista que el activista antirracista Moha Gereouconcedió a Público. Recordaba el crimen de Lucrecia Pérez en 1992, el primer asesinato racista documentado como tal en la España democrática, y aseguraba: «La historia nos enseña que estos episodios son muy factibles y que nunca podemos dar por superada esa etapa». No se ha equivocado en ninguna de sus afirmaciones.
El repaso a la prensa de las últimas semana pone ante nuestros ojos un fenómeno que sus analistas y los colectivos que lo padecen no dudan en achacar a una barra libre de la dialéctica del odio. Empieza en las redes sociales, da el salto al discurso político institucional con su altavoz correspondiente y acaba amplificado y normalizado por los medios de comunicación de masas. «Como si esos postulados formaran parte del juego democrático. No es solo la extrema derecha, los medios tienen una responsabilidad al decidir ser amplificador de este discurso racista», resume Núria Millán, socióloga, especialista en prevención de los extremismos violentos en NOVACT – Instituto Internacional para la Acción no Violenta, cuyo último informe sobre la ultraderecha y el odio también abunda en esta idea.
El suceso más grave ha sido el asesinato con claros tintes racistas en Mazarrón, Murcia, de Younes Bilal, un marroquí que llevaba dos décadas en España. Recibió tres disparos en el pecho por parte de un ex militar conocido por su largo historial racista, en un bar del paseo marítimo. «No quiero moros en el local«, dicen los testigos que gritó el asesino.
Vox, primera fuerza en esta localidad y en la región, ha condenado el ataque, aunque sin hacer referencia al sesgo racista. «Solo Vox condena cualquier tipo de violencia, venga de donde venga», dicen en su comunicado en Facebook. Es el mismo mensaje que utiliza para negar la existencia de la violencia machista. «Vox usa un mensaje sencillo, directo y provocador, con bulos, mentiras y mensajes racistas»
No muy lejos, en Cartagena, una mujer española apuñaló el martes por la espalda a otra mujer ecuatoriana en una cola de reparto de alimentos de Cáritas. «Los inmigrantes me quitan la comida«, dijo la agresora, según recoge la Opinión de Murcia. «Hay una relación clara. Vox usa un mensaje simplista, directo y provocador, basado en el odio y las mentiras. Intentan establecer una rivalidad entre los colectivos más vulnerabilizados. Enfrentan a pobres contra pobres», añade Millán, que recuerda la escalada de ataques a mezquitas y manifestaciones islamófobas en la región desde la irrupción de Vox. También allí tuvo lugar el ataque con cócteles molotov a la sede Podemos. Cargos del partido ultra, lejos de condenarlo, difundieron el bulo de que las imágenes del incendio eran un montaje de la formación morada.
Si se mira un poco más atrás en el calendario, el alcalde de Lleida denunció la pasada semana una brutal agresión racista de cinco personas a un ciudadano senegalés. Uno de ellos le ofreció trabajo desde su coche, como suele hacerse en las plazas a los temporeros migrantes que esperan las migajas del empleo sumergido de la recogida de la fruta. El agredido aceptó y fue conducido a un lugar apartado donde otros cuatro cómplices le dieron una paliza. «El año pasado, los brotes de coronavirus entre temporeros migrantes fueron instrumentalizados y hubo una gran ola xenófoba en Catalunya«, recuerda Millán.
También la semana pasada, un ciudadano marroquí que llevaba 20 años en España denunció ante el juzgado que un empresario de la fresa de Moguer (Huelva), para el que trabajan él y su mujer, le propinó puñetazos, patadas y golpes con un azadón cuando le pidió que le pagara los 51 días de trabajo que adeudaba al matrimonio. El empresario, acompañado de sus dos hijos, no solo agredió al jornalero, sino que también causó daños en su coche. «Empezó a decirme cosas como hijo de puta, moro de mierda, y que no me iba a pagar. Tengo heridas y un moratón en la cara. También golpearon mi coche», relató el agredido a La Mar de Onuba.
«Tenemos claro que estos hechos no son causales ni tampoco aislados. Y por eso exigimos que las autoridades emprendan acciones de forma urgente encaminadas a detener esta oleada de ataques», ha pedido la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes. Esta organización malagueña tiene claro que son actos «terroristas» y una «consecuencia directa de la propagación de los discursos de odio hacia las personas migrantes» por parte de la extrema derecha.
El baúl del racismo social
«Yo no soy racista, pero…» es la frase que numerosos colectivos antirracistas llevan años señalando como el peligroso baúl que contiene un sentimiento larvado de aversión —quizás miedo más que odio— contra esa construcción social del diferente.
El baúl se abre y se cierra a medida que un país, o más concretamente, la mayoría social blanca de este país depauperado y depauperante se arroga el derecho del bienestar y de la protección social, bajo un paraguas identitario en el que «el otro» es un rival que, poco a poco, se convierte en enemigo.
La historia no es nueva, el problema es la amnesia histórica y una sociedad pasiva que no sale condenar los hechos o exigir un cambio, dice la socióloga. «El racismo y el machismo son ideologías imperantes en el Estado español, no son nuevas. Están asesinando a personas racializadas y tenemos que actuar», sentencia Millán».
Los dramáticos resultados se hacen más visibles cuando a este baúl se le quitan todos los cerrojos, y la espiral del silencio entorno la manifestación pública del odio desaparece también en las instituciones del Estado.
El odio normalizado en las instituciones públicas
Vox y su virulento discurso de guerra contra todo el que no asume sus postulados han cosechado casi 3,7 millones de votos y 52 escaños en las últimas elecciones generales. Es la tercera fuerza política del país, es llave de varios Gobiernos autonómicos y de ayuntamientos. Desde la tribuna del Congreso han legitimado y exaltado esta forma de pensar y, sobre todo, de actuar en nombre de la libertad y el patriotismo. Da igual si es contra el extranjero, contra el feminismo, contra el colectivo LGTBI, contra víctimas de violencia machista o contra adversarios políticos de un amplio espectro ideológico, a los que tildan directamente de «dictadores», «terroristas», «etarras» o «totalitarios». Para Millán, la estrategia discursiva sigue el mismo patrón. «La extrema derecha alimenta y legitima el discurso del odio, y eso es la punta de lanza de la violencia»
«La extrema derecha alimenta y legitima el discurso del odio, y eso es la punta de lanza de la violencia física», resume la socióloga catalana, que apunta a que la historia no es nueva y que este supremacismo blanco se extiende por gran parte de Europa y del mundo «sin que las instituciones lo intenten frenar ni prevenir».
Aunque Millán advierte de que Vox solo aprovecha un caldo de cultivo que ya existía. «España es un estado racista y machista. En los momentos de crisis, incertidumbre, miedo y desconfianza en las instituciones y políticos, la extrema derecha suele crecer. Responde a múltiples factores», argumenta. Y recuerda que la mayoría de los partidos políticos españoles amparan políticas racistas que están «plenamente normalizadas, lo que dificulta que sean percibidas como tal».
No son solo las agresiones, sino la política migratoria española, el racismo institucional o las muertes de migrantes en el Estrecho, que aumentan sin control desde hace 30 años.
Repuntan los delitos de odio
Las consecuencias sociales ya hace tiempo que empezaron a pasar de las palabras a los hechos. Los delitos e incidentes de odio aumentaron en España un 6,8% en 2019, según el último informe del Ministerio del Interior. De los 1.706 «hechos registrados» en 2019, 108 corresponden a infracciones administrativas. El resto, a infracciones penales. Por tipología, los delitos de «ideología», con 596 casos, fueron los más habituales y aumentaron casi un 2% respecto a 2018. Los delitos de odio por racismo y xenofobia aumentaron un 21% en 2019
Sin embargo, el tipo que más repuntó fue el delito de «racismo/xenofobia», con 515 casos, un 21% más.
La lista del racismo llevado a la práctica —y que no entra en este registro ministerial— podría seguir ampliándose con las agresiones policiales en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), o con la sola existencia de estas cárceles racistas. O con la campaña de la extrema derecha contra los menores migrantes, que también han sido blanco de persecución, agresiones y señalamiento mediático en casi todo el país durante años. Pasaría a su vez por las muertes de 14 migrantes en el Tarajal en 2014 tras los 145 pelotazos de goma disparados por la Guardia Civil mientras nadaban. O por el deceso del joven nicaragüense Aldrich Ribera, electrocutado con un cable de alta tensión cuando recogía naranjas en una finca de Huelva, sin contrato ni papeles. O por la muerte el verano pasado del también nicaragüense Eleazar Blandón, abandonado en la puerta de un centro de salud de Lorca (Murcia) por el empresario que lo contrató tras sufrir un golpe de calor durante su jornada recogiendo sandías.
Habría que hablar de las temporeras marroquíes de la fresa que cada año vienen a Huelva y, en numerosos casos, son víctimas de abusos laborales e incluso sexuales a manos de los empleadores o por su entorno, sin que nada haya cambiado. La lista podría alargarse hasta el mencionado asesinato de Lucrecia Pérez. A esta dominicana le pegaron dos tiros en Aravaca (Madrid) cuatro encapuchados, militantes de grupos de extrema derecha, uno de ellos, ex guardia civil.
"¿Tú sabes lo que es tener miedo en tu propio país, en tu casa?" @asaaribibang sobre el racismo social en España.Lo comentamos ya en YouTube
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— Buenismo Bien (@BuenismoBien) June 16, 2021
«Están pasando cosas terribles. Estamos perdiendo la vergüenza de decir que hay gente que no merece estar aquí. Se está atacando a niños, por Dios. No se puede ser peor después de eso. Yo no temo por mí. Tengo un niño de cuatro años. Tenía la esperanza de que cuando fuera consciente, esto ya no estaría así. Es doloroso porque esas personas a las que se está atacando también son ciudadanos españoles. Vivimos aquí. ¿Sabes lo que es que no te defiendan ni en tu país? ¿Dónde vas a ir si este país es tu casa?», reflexionaba en los micrófonos de la Cadena Ser la actriz y cómica de origen guineano Asaari Bibang. Pero como recuerda Millán, la «libertad de expresión» parece jugar a favor del odio.
Libertad de expresión como arma del odio
«En estos tiempos líquidos en los que impera el relativismo, la primera pregunta que debemos hacernos ante la proliferación de los radicalismos generadores de discursos del odio es si la libertad de expresión ampara la difusión de cualquier idea, incluso de aquellas que ultrajen la dignidad», concluye un amplio estudio de la Universidad Loyola de Sevilla.
«El relativismo extremo del todo vale, que se manifiesta con tanta inmediatez y fugacidad en los caracteres de un tuit, es expresión de la incertidumbre en que vivimos […], entre cuyas causas más profundas tendríamos que contar, al menos, las siguientes: la separación del poder y la política; la precariedad de los mecanismos jurídicos y de los sistemas de seguridad que protegían al individuo en muchos lugares del mundo; la renuncia al pensamiento y a la planificación a largo plazo; o la exacerbación de la libertad de expresión como vehículo de autoafirmación y de rechazo de lo ajeno, como arma arrojadiza del odio», afirman esta y otras muchas publicaciones académicas sobre el tema. El problema es antiguo, solo se ha renovado. Sin embargo, se siguen contando muertos todavía.
Fuente: https://www.publico.es/sociedad/agresiones-racistas-racismo-espana-pasa-discursos-crimenes.html
https://rebelion.org/el-racismo-en-espana-pasa-de-los-discursos-a-los-crimenes/
Bioconstrucción: manos a la tierra y acceso a la vivienda
Arquitectura ecológica y sostenible. Desde hace por lo menos 50 años, existe una necesidad vital de reducir la huella ambiental que los seres humanos producimos en este planeta. Evaluar e intentar frenar los impactos negativos que conllevan nuestras actividades. El aumento de la temperatura media global, los índices alarmantes de contaminación de suelos, aire y agua, la escasez de recursos básicos y no renovables, apuntan a repensar los modelos actuales de explotación y la manera en la que desarrollamos nuestras vidas.
El desafío es pensar otras lógicas para habitar. Otros caminos posibles que den respuesta al acceso a la vivienda con el menor impacto ambiental posible y en un país donde el déficit habitacional alcanza a 3,5 millones de familias. Las técnicas de construcción con material naturales ganan terreno con el correr de los años y los avances en materia de investigación y optimización de recursos.
Bienvenidos a la bioconstrucción
La bioconstrucción es muy rica en ese sentido. Es una forma de arquitectura particular que busca la integración de las edificaciones al entorno. Para ello, se trabaja con adobe, paja, madera, bloques de tierra, cañas y hasta vegetación para recubrir techos. Incluso puede emplearse técnicas mixtas en las que se incorporan materiales reciclados como los neumáticos, el PET y el vidrio.
Además de los beneficios ambientales de este tipo de construcción, el trabajo con materiales naturales permite reducir los costos de obra y los energéticos, ya que la premisa fundamental es sacar provecho al máximo de los recursos y del entorno.
La permacultura es un término relativamente joven, que nació en Australia a fines de los años setenta. Se puede entenderla como una mirada amplia e integral que busca dar respuestas a las necesidades humanas sin destruir, contaminar ni agotar los recursos naturales. Construir o pensar nuevas lógicas a partir de los lineamientos de la permacultura implica un sistema integral, que incluye varias disciplinas como la ecología, la economía, el diseño y la arquitectura.
Diseñar pensando a largo plazo, en clave sostenible y amigable con el ambiente que nos cobija. De allí podría decirse que se desprende la bioconstrucción, un tipo de arquitectura que apela al trabajo con materiales de la misma naturaleza, que no alteren el entorno y que sean accesibles.
Manos a la tierra en minka
En la Costa Atlántica, en la ciudad bonaerense de Miramar, existe una cooperativa que se dedica no sólo a construir a partir de la tierra sino también a hacerlo pensando en ella. El equipo de trabajo de la Cooperativa Greda está formado por nueve miembros plenos y hasta siete colaboradores, que se suman de manera eventual en las distintas áreas de trabajo. Arquitectos, maestros mayores de obra, carpinteros y herreros, forman parte de un ambicioso proyecto comunitario que busca garantizar el derecho a la vivienda digna y de calidad.
Joaquín Castro, secretario y miembro de la cooperativa hace cinco años, explica que se organizan en asambleas mensuales y que la clave para que los proyectos crezcan, es la comunidad. “Hace 11 años que venimos de un proceso de autoconstrucción de nuestras viviendas, nacimos alrededor del barro, a partir del sueño de cumplir el derecho a la vivienda propia”, comenta.
Castro resalta la diferencia entre las estructuras de trabajo convencional y la que construyen en la cooperativa: “Todos los sábados nos damos una mano en la construcción de las viviendas y de esa manera compartimos saberes y experiencias, desarrollando el oficio”.
Es que una de las grandes diferencias entre este tipo de construcción sostenible y la convencional, son los métodos que se utilizan y el resultado virtuoso del trabajo en equipo. “La construcción en barro está ligada a un entramado social, a la construcción de redes incluso por fuera del vecindario”, advierte.
Allí, en el Parque Bristol de la ciudad de Miramar, tiene lugar el Movimiento Natural Minguero, que organiza jornadas de trabajo voluntario en las que las y los vecinos se acercan a circular los saberes y generar comunidad real, además de ayudarse a construir sus viviendas.
La minka o minga es un término propio de las comunidades originarias de nuestra América, utilizado para describir un sistema de trabajo colectivo y comunitario que cuenta con el compromiso individual de los participantes para garantizar un beneficio a favor del conjunto.
Pareciera que lo que destaca a este tipo de construcción sustentable no es el qué sino el cómo. Castro, profundiza sobre este tipo de organización y explica que “la minga es una herramienta llana, sin jerarquías” mediante la cual “se desarrollan lazos solidarios y se construye tejido social”. Es por esta razón, que para la cooperativa, “a partir de la construcción del derecho a la vivienda es que se construye comunidad y al mismo tiempo, se accede a ese derecho”.
Las construcciones naturales se construyen a partir de materiales locales, de bajo costo, resultan eficientes y sostenibles. Sus techos verdes refrescan la casa en verano y conservan la temperatura en invierno, al tiempo que mejoran la calidad del aire del ambiente debido a la capacidad que tienen las paredes de barro para regular la humedad. El abastecimiento energético depende del proyecto: puede conectarse a la red eléctrica convencional o abastecerse con paneles solares.
En cuanto al impacto ambiental de la construcción convencional, Castro señala que este tipo de construcción con barro disminuye notablemente la huella ambiental ya que “los materiales orgánicos hacen que los residuos que se generan por la construcción sean mucho menores o reutilizables” porque parte del trabajo artesanal que realizan, permite recurrir a elementos reciclados para la construcción de la vivienda y bajar los costos de construcción.
En bioconstrucción, multiplicar no es estandarizar
El método natural permite hacer viviendas en cualquier terreno, siempre y cuando se sigan los lineamientos de esta particular manera de entender el todo como un engranaje que sólo funciona, si se atiende al mismo tiempo cada parte.
Castro explica que en bioconstrucción “no se puede pensar dos casas iguales en territorios totalmente diferentes”. “Esa es la gran diferencia entre la construcción industrial y la construcción natural —precisa—. La primera propone hacer la misma casa frente al mar, en el medio del desierto o arriba de una montaña. En cambio la construcción natural te plantea que observes el entorno para construir en armonía con él.”
El método de trabajo de esta cooperativa permite que los proyectos que se llevan adelante hagan convivir las técnicas ancestrales con la arquitectura convencional, porque entienden a la construcción natural “desde la lógica de la mixtura” entre «lo que es la arquitectura convencional con lo que es la arquitectura tradicional en barro».
En ese sentido, detalla Castro, se permiten utilizar elementos industrializados propios de cualquier obra o materiales de reciclado como botellas, pero principalmente se sustentan con tierra cruda y paja. En el caso de la reutilización de las botellas plásticas o de vidrio, se pueden utilizar en el interior de la mezcla de barro para ganar volumen, como elementos decorativos para el ingreso de luz, además de aportar cierta aislación térmica y acústica.
¿Se puede pensar en proyectos masivos y a gran escala a partir de esta técnica? La respuesta es sí, pero atendiendo los pilares fundamentales del trabajo con la tierra: la sostenibilidad, la comunidad, los materiales y el bienestar. Castro explica que «no puede haber ambientalismo ni permacultura ni intento de transformación de la realidad sin estar anclado en la sociedad», ya que «la inserción social y el trabajo comunitario es fundamental como tejido de red social para la vida cotidiana».
En Argentina existe legislación que habilita la construcción con materiales naturales en varios municipios de distintas provincias como Chubut, Rio Negro, Neuquén, Buenos Aires, La Pampa y Salta. En 2010, el municipio de Luis Beltrán, Río Negro, fue el primero del país en sancionar una ordenanza en materia de bioconstrucción. Le siguieron, Colonia Barón (La Pampa), San Martin de Los Andes (Neuquén), Bariloche y El Bolsón (Río Negro), Tornquist y Mar del Plata (Buenos Aires), El Hoyo (Chubut), Cachi (Salta). En 2015, Santa Rosa (La Pampa), se convirtió en la primera ciudad capital de una provincia en habilitar esta técnica de construcción.
Casas vivas, albañiles de la tierra
Matías Maiza es albañil y forma parte de una sociedad de trabajo de Trenque Lauquen, Buenos Aires, llamada Albañiles de la Tierra. Formada en 2013, se dedican a la construcción de viviendas bioclimáticas hechas con adobe. “Los materiales siempre son del lugar, por lo que se adaptan a la zona donde se va a construir. Antes de hacer una vivienda se hacen pruebas y esto permite realizar una casa en cualquier parte aplicando diferentes técnicas”,detalla.
Para Maiza, todo es ventaja y es un convencido de que este tipo de construcción “invita a la creatividad, a la autoconstrucción, al aprendizaje, a la inclusión” y que no se necesita ser un experto para preparar el material aunque sí son necesarios los conocimientos básicos de construcción.
En este sentido, Castro afirma que una de las desventajas que tiene esta disciplina, si se la mira desde la óptima de la construcción convencional, es el tiempo de secado. Las obras de barro trabajan a otro ritmo por lo que es necesario “aplicar el método constructivo natural más acorde para ajustar el proyecto al espacio donde se planea construir”.
Pero advierte que la desventaja más grande es la cultural, porque estamos “atravesados por la era del cemento que tiene solamente un siglo, entonces hay un prejuicio muy grande con la construcción en tierra”, sobre todo en “los sectores populares donde el ladrillo es aspiracional”.
A pesar de ello, la bioconstrucción puede tratarse de una solución a la falta de acceso a la vivienda digna. En cuestión de costos, es más económica que la construcción convencional, por lo tanto, más accesible a los sectores más vulnerables. “Si uno contrata un constructor tenés un 30% menos de gastos que en construcción convencional. Y si tenés la mano de obra, los costos se abaratan muchísimo más, alrededor de un 60 o 70 por ciento, según el estilo de construcción que se quiera hacer”, señala Maiza.
Desde esta mirada holística de la arquitectura ecológica, pareciera que existe una conexión indiscutible entre lo que se desea y lo que se logra realizar, atendiendo al proceso de transformación no sólo del espacio a habitar sino también de la persona que ejecuta el plan. Para Maiza, la bioconstrucción «aporta a la paz del mundo porque es una manera de respetar el medio ambiente y es una forma de valorar lo que nuestros ancestros hacían. Eso conecta mucho con el corazón humano».
«La vivienda no hay que pensarla como una cajita de té emplazada en un territorio. Desde la lógica de la bioarquitectura, orgánica, no se piensa solo paredes hacia adentro de la casa sino como parte de un espacio integro, donde se va a desarrollar la vida familiar. Por eso se busca contar con un lugar para cultivar alimentos, un espacio lúdico con una buena orientación respecto del sol, una buena orientación respecto de las caracteristicas atmosfércias del espacio, para bajar los requerimientos de energía. Generar viviendas de calidad», completa Castro.
El barro en la academia
La bioconstrucción que crece cerca de las comunidades, se traduce como bioarquitectura en la academia, donde la vuelta a los materiales naturales también está en construcción. Por ejemplo, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires ofrece un curso de posgrado en arquitectura sustentable desde 2016. Por su parte, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a través de su Programa de Tecnologías Sustentables, acompaña y fomenta proyectos territoriales de bioarquitectura que hagan uso de materiales naturales. Entre esas tareas, el área del INTI proyectó un salón de usos múltiples experimental basado en los principios de la bioarquitectura, cuyo contenido y planos se pueden descargar de forma libre.
Carolina Gutierrez es arquitecta, albañila y tallerista. Trabaja bajo la premisa de que es necesario deconstruir el oficio y la profesión, por lo que se hace imprescindible hablar en términos de géneros. “Todo lo que se hace en la arquitectura y la construcción, se rige por las formas patriarcales y persigue un fin meramente capitalista. La habitabilidad de los espacios, la calidad constructiva, la dignidad del trabajo, los cuidados de la vida de quienes construyen y de quienes habitan luego, queda relegado a la ganancia monetaria y la rapidez de la materialización”, advierte.
En este sentido, hecha luz sobre la formación profesional y el recorrido atomizado que deben realizar tanto estudiantes como profesionales para poner sobre la mesa como opción, la alternativa sustentable de la bioconstrucción. “La academia también necesita deconstruirse. Durante la carrera solo hay materias electivas que tratan la sustentabilidad, pero de bioconstrucción nunca se habla. Hay algunos referentes de esta técnica, pero se dedican a la investigación de posgrado. El barro está mal visto”, señala.
Y en este sentido, así como la construcción natural irrumpe en el esquema convencional del cemento como única opción, es que se plantea la necesidad de un cambio de perspectiva a la hora de pensar soluciones habitacionales para el conjunto de la sociedad.
Gutierrez afirma que lo que puede dar respuestas al problema del acceso a la vivienda digna será la capacidad de “desarmar la división sexual del trabajo y compartir los saberes de la arquitectura y la construcción” sumado a la generación de “confianza suficiente para salir del letargo de acción en el que nos puso el patriarcado respecto de los trabajos productivos, para conseguir nuestra autonomía económica y animarnos a construir”.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/bioconstruccion-manos-a-la-tierra-y-acceso-a-la-vivienda/
https://rebelion.org/bioconstruccion-manos-a-la-tierra-y-acceso-a-la-vivienda/
Cómo ‘hackean’ tu cerebro para que hagas clic pase lo que pase
Lo que leerás en este artículo te sorprenderá. O quizás no. Pero si hubiésemos puesto esta frase en el título ahora mismo habría muchas más personas leyéndolo. Eso es así, por mucho que intentemos evitarlo, al final todos acabamos cayendo en las garras del clickbait.
Y no es para menos, ya que esta técnica dudosamente ética para atraer público se basa en un estudio muy completo del comportamiento humano. Puede que no la hayan desarrollado neurocientíficos, psicólogos, antropólogos o etólogos, pero lo cierto es que, a base de ensayo y error, con el tiempo se ha forjado como un truco infalible, capaz de encontrar la debilidad hasta en las fuerzas de voluntad más férreas. Veamos cómo lo consiguen.
¿Qué es el clickbait?
Antes de comenzar a hablar sobre cómo el clickbait manipula nuestra mente, debemos saber qué es exactamente.
El nombre procede del inglés ‘anzuelo de clicks’
Se trata de un nombre procedente del inglés, cuya traducción sería algo similar a “anzuelo de clicks”. Y se llama así porque básicamente consiste en eso: hacernos morder el anzuelo para que, a través de títulos engañosos o sensacionalistas, hagamos clics en una publicación.
Esta no tiene por qué ser necesariamente un artículo escrito en un medio digital. También pueden ser vídeos. De hecho, es una práctica muy extendida entre algunos youtubers. Además, hoy en día su uso ha llegado a ser tan común que incluso puede encontrarse en recetas de cocina, con títulos como: “Mezcló leche y huevo y no imaginas lo que ocurrió”. Si pinchamos en la receta, veremos que la leche y el huevo son solo dos de los ingredientes de una larga receta, cuyos resultado final posiblemente sea algo de lo más convencional. Pero ya habremos entrado y posiblemente en el proceso hayamos visto unos cuantos anuncios. Porque ese es otro de los propósitos del clickbait, generar ingresos publicitarios.
Aunque puede hacerse de muchas formas, generalmente se sigue más o menos el patrón del titular de la receta anterior. Frases que generen interés, a veces con exclamaciones, dirigidas en segunda persona al lector o espectador. Además, una vez dentro, la respuesta a esa curiosidad que generó el titular no está o es algo demasiado simple.
En periodismo se considera una táctica poco ética y está muy condenada, tanto por algunos profesionales del sector como por los propios lectores. Pero incluso quienes la condenan pueden acabar cayendo en ella. Porque está hecha precisamente para eso. Y aquí es donde entra en juego la psicología.
Control mental
Los seres humanos tendemos a buscar constantemente información de nuestro entorno por un mero instinto de supervivencia. Igual que nuestros antepasados salían a por comida, nosotros intentamos tener el máximo posible de conocimiento sobre el medio en el que vivimos. Así explica en Psychology Today el psicólogo Mike Brooks por qué nos vemos atraídos por el clickbait.
Y, como el resto de acciones que se relacionan con nuestra tendencia evolutiva a la supervivencia, activa los sistemas de recompensa del cerebro. La moneda de cambio en estos procesos es un neurotransmisor llamado dopamina.
Popularmente se la conoce como hormona de la felicidad, porque nos genera una sensación de bienestar al liberarse ante determinados estímulos. El objetivo es que sigamos realizando esos hábitos que, en cierto modo, nos benefician evolutivamente. Por eso es tan placentero el sexo. Evolutivamente su fin es que nos reproduzcamos. Otra cosa es que, aun sin tener la más mínima intención de procrear, nos aprovechemos de ese placer que nos genera. Igualmente ocurre con muchas comidas. Comer es un placer, entre otras cosas, porque si no comiéramos nos moriríamos.
En este caso, el titular que induce el clickbait es como un bistec (o una buena hamburguesa de garbanzos para los vegetarianos). Sabemos que comerlo nos dará placer y por eso sentimos que lo necesitamos. Lo mismo ocurre con la promesa de información, que nos mantendrá al tanto de asuntos que, sin ser importantes, rellenarán huecos en nuestro cerebro con conocimientos que no teníamos.
En el mismo artículo, Brooks cita algo conocido como efecto Vegas, por ser muy frecuente entre quienes practican juegos de azar. Sentimos curiosidad por saber qué pasa si apostamos a la ruleta una vez más. O si abrimos ese vídeo en el que un youtuber sonriente anticipa que le ha pasado algo increíble.
El papel de las emociones
En declaraciones a Wired, Jonah Berger, profesor de la Universidad de Pensilvania, habla del papel de las emociones en la toma de decisiones. Cómo nos sintamos a la hora de decidir influye en lo que hagamos finalmente.
Por lo general, los sentimientos extremos, como la ira, la ansiedad o la sorpresa son los que nos llevan a reaccionar más rápido. A veces incluso impulsivamente.
Es la razón por la que muchos de estos titulares clickbait buscan sorprendernos, con muletillas como “lo que ocurrió te sorprenderá” o “lo que pasó es increíble”. Pero también es la razón por la que a veces los medios de comunicación buscan la indignación. Lo hemos visto con la pandemia, al leer titulares que aumentaban nuestra exasperación por la situación. Y también tristemente con casos como el de las niñas asesinadas recientemente por su padre, en Tenerife. El clickbait funciona bien ante situaciones de horror como estas, porque la indignación y la ira de la gente hace mucho más fácil el clic.
¿Es malo caer en la trampa del clickbait?
Morder el anzuelo del clickbait no significa que seamos personas fáciles de engañar. Está muy bien diseñado y es normal picar de vez en cuando. Y tampoco es malo, más allá del tiempo perdido en intentar conocer un dato que finalmente no será tan interesante como parecía.
No debemos sentirnos mal por ello. Son los propios medios de comunicación los que deberían pensarlo dos veces antes de caer en la vía fácil del titular clickbait. Lógicamente, es imposible contar todo lo que dice un artículo o un vídeo solo en el título. Por supuesto, es importante captar la atención de quien recibe la información.
¿Pero a qué precio? Es algo que todo buen comunicador debe pararse a pensar. Literariamente hablando, sacrificar un buen contenido por un titular clickbait es casi como vender el alma al diablo. Y no, no somos Dorian Gray.
Fuente: https://hipertextual.com/2021/06/clickbait
https://rebelion.org/como-hackean-tu-cerebro-para-que-hagas-clic-pase-lo-que-pase/
El hidrógeno verde en Chile, una gran apuesta con obstáculos
La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde en este país sudamericano apunta a producir el hidrógeno de este tipo más barato del mundo para 2030, a convertirse en un exportador principal en 2040 y tener una capacidad de electrólisis de cinco gigavatios (GW) en 2025.
“Nuestro objetivo principal es ser uno de los tres principales exportadores de hidrógeno verde en todo el mundo para el año 2030, enviando aproximadamente (al mercado) 2500 millones de dólares cada año al menor costo global”, detalló el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet.
“Estamos extraordinariamente bendecidos con algunos de los mejores recursos solares y eólicos del mundo” destacó el 2 de junio, aludiendo a la enorme radiación solar en el norteño desierto de Atacama y a los fuertes vientos en la Patagonia, en la austral región de Magallanes.
Chile aumentó la meta de generación eléctrica limpia a 40 % para 2030 coincidiendo con la inauguración el 8 de junio, en la norteña región de Antofagasta, del Complejo Cerro Dominador, que se convirtió en la mayor planta solar en América Latina. Un objetivo en que el hidrógeno verde comienza a entrar en la ecuación.
Según los cálculos de Jobet, en 2030 Chile producirá hidrógeno a 1,5 dólares el kilógramo, un precio competitivo con las fuentes fósiles. El responsable del sector energético pronostica un mercado potencial de 25 000 millones de dólares ese mismo año.
El hidrógeno, el elemento más abundante en el universo, ya se usaba para la refinación de petróleo, de metanol o de acero, por ejemplo, pero se generaba con fuentes fósiles, contribuyendo así a la emisión de gases contaminantes.
El verde o renovable, en cambio, es un combustible obtenido mediante la electrólisis del agua, un proceso que separa el hidrógeno del oxígeno contenidos en el agua, con una electricidad proveniente de fuentes limpias, como la solar y la eólica, para no contribuir al calentamiento global.
La energía representa 70 % del costo de ese proceso, por lo que es crucial multiplicar la sostenida baja en el país de esas fuentes.
Marcelo Mena, profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, exministro de Medio Ambiente y miembro del gubernamental y autónomo Comité Asesor del Hidrógeno Verde, dijo a IPS que esta Estrategia “es posible, pero requiere un cambio en la forma en que se hace política industrial en Chile”.
“A diferencia de la historia donde por ideologías los gobiernos dicen que el mercado tiene elegir a los ganadores y no los Estados, yo creo que acá hay que elegir, apostar y buscar las ventajas comparativas. Apostar a lo que es Chile en cuanto a su producción”, sostuvo.
Mena advirtió que “se requiere un alto financiamiento en la transición” y puso como ejemplo los subsidios en Alemania que equivaldrían en Chile a unos 700 millones de dólares al año y “lo que nosotros hemos puesto hasta ahora es 50 millones”.
“Se requiere un subsidio más potente, mayor cantidad de fondos porque son tecnologías emergentes que requieren reducir el riesgo de inversionistas”.
El especialista precisó a modo de ejemplo que “un proyecto grande en hidrógeno verde, de uno a dos gigas, necesita una inversión cercana a 1000 millones de dólares”.
A juicio de Mena, gran experto en transición energética, los impuestos verdes pueden proveer parte de estos recursos.
No faltan las dudas
La consultora María Isabel González, gerente de la empresa Energética y ex secretaria ejecutiva de la estatal Comisión Nacional de Energía, tiene dudas sobre la apuesta del país al llamado combustible del futuro.
“Producir hidrógeno verde en Chile es un objetivo demasiado ambicioso, que no se ajusta a nuestra realidad. Basta solo comparar las inversiones que están dedicando países como Australia con proyectos por más de 27 gigavatios y una inversión de 36 000 millones de dólares¨, destacó a IPS.
“Se requiere una mirada estratégica sobre qué se va a hacer con el agua, los residuos, la participación ciudadana, la transmisión, las demandas de espacio. Todo tiene que transparentarse y discutirse con la comunidad. De lo contrario, quienes podían ser nuestros promotores pueden derivar en detractores”: Marcelo Mena.
Argumentó también el contraste de esta apuesta con la situación de pobreza energética de la mitad de la población en Chile, un país de 17,5 millones de habitantes, que no tiene acceso al agua caliente y miles de hogares usan leña para la calefacción.
“Obviamente un país en desarrollo como Chile debiera resolver primero las necesidades básicas de su población y en particular de los más necesitados”, afirmó.
Es por ello que González sugiere retrasar los planes de hidrógeno verde.
Mena coincide con el problema de pobreza energética, pero cree que esa situación se puede abordar simultáneamente con producir hidrógeno.
“Se puede impulsar una industria que genere ingresos sobre los 20 o los 30 mil millones de dólares al año y con esos ingresos mayores electrificar la matriz energética reemplazando la leña contaminante que es cara y causa altos niveles de deforestación”, planteó a modo de ejemplo.
Generar hidrógeno verde requiere mucha agua. Según González, nueve toneladas para producir una tonelada de hidrógeno. Ello mientras Chile enfrenta una enorme sequía que se prolonga por más de una década.
La especialista admite que “esto podría resolverse con desalinización de agua de mar”, pero añade que “no es nuestra única desventaja” y citó el problema “relevante” de la distancia chilena a los principales mercados.
Este alargado y estrecho país, enclavado entre la cordillera de Los Andes y el océano Pacífico, puede exportar sus productos por su costa pacífica, si no quiere subir hasta el Canal de Panamá o atravesar varios países sudamericanos para llegar al Atlántico.
Mena cree que “la cantidad de agua requerida es mucho menor y hay formas de encontrar esta agua sin causar conflicto. Una es la desalación y otra la utilización de aguas servidas que hoy se descargan crudas al mar en ciudades del norte”.
Darío Morales, director de estudios de la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera), que agrupa a empresas y profesionales del sector, admitió a IPS que el agua es un desafío que no se debe minimizar.
Pero menciona la opción de desalinizar y recuerda que “uno de los objetivos del desarrollo del mercado interno de hidrógeno es usarlo para reemplazar a los combustibles fósiles cuya refinación usa también importantes cantidades de agua”.
El desafío de la inversión
Morales recuerda, asimismo, que la Estrategia contempla que hasta 2025 se inviertan 5000 millones de dólares en el desarrollo del hidrógeno, “lo cual es un desafío enorme, sobre todo si se considera que esto debe ir acompañado por un gran impulso a las energías renovables”.
En ese sentido, advierte que esas energías limpias debieran al menos duplicar su actual generación.
Según puntualizó el ministro Jobet, Chile tiene 70 veces más capacidad de producir energía eléctrica renovable que la que genera hoy.
Mena dijo que la Estrategia incluye “inversiones arriba de los 300 Giga solar. Para dimensionarlo, en paneles por persona serían 15 KW de potencia que equivalen a 40 paneles solares por cada chileno”.
Plantea que es muy relevante someter los planes a una evaluación ambiental estratégica que permita consultar esta política y mirar aspectos ambientales.
“Se requiere una mirada estratégica sobre qué se va a hacer con el agua, los residuos, la participación ciudadana, la transmisión, las demandas de espacio. Todo tiene que transparentarse y discutirse con la comunidad. De lo contrario, quienes podían ser nuestros promotores pueden derivar en detractores”, aseveró.
Advirtió también que “hoy por hoy el hidrógeno verde no es competitivo”.
“Se requiere bajar costos como ocurrió con la energía solar a la cual le disminuyeron en 90 % en un par de décadas”, destacó.
González, por su parte, acotó que “según la Agencia Internacional de Energía, un kilógramo de hidrógeno verde, que contiene unos 33,3 kWh, cuesta entre 3,50 y 5,0 euros (cada euro equivale a 1,22 dólares), lo que significa entre 100 euros/MWh y 150 euros/MWh”.
“Para ser competitivo debiera llegar a alrededor 60 euros/MWh, es decir alrededor de dos euros por kilógramo”, explicó.
La Estrategia apunta a un costo de 1,3 dólares/kg H2 para 2030 y 0,8 dólares/kg H2 para 2050. Una baja de costos provendría de disminuir el precio de la electricidad. Otra, de la economía de escala para lo que es fundamental desarrollar la demanda interna.
Para lograr ese objetivo, “se deberían impulsar políticas de desarrollo de proveedores especializados y de desarrollo tecnológico local. Si alguno de estos pilares falla, será complejo lograr las reducciones de costos esperadas¨, afirmó Mena.
Eduardo Bitran, designado como uno de los 20 embajadores del hidrógeno verde por el gobierno de Sebastián Piñera, plantea que el mercado interno lo encabeza el sector minero. “Ir a la minería verde es un puntapié inicial”, sostuvo. Le siguen el uso en el transporte a larga distancia de carga pesada y el de pasajeros.
A su juicio, la pandemia del coronavirus “ha hecho que nos demos cuenta de la interdependencia global”.
“La gran amenaza pospandemia es el cambio climático. Esta es la última década para evitar que la temperatura del planeta suba más de dos grados Celsius”, aseveró en un encuentro del Club de la Innovación que preside.
Países con potencial productivo y otros consumidores acordaron unirse para convertir al hidrógeno en alternativa a los combustibles fósiles, durante una reunión internacional organizada en Santiago como preparatoria de la 26 Conferencia de las Partes (COP26) sobre cambio climático, que se celebrará en la ciudad escocesa de Glasgow en noviembre.
Según convinieron en la reunión celebrada en forma virtual el 3 de junio, Australia, Chile, Reino Unido y el bloque de la Unión Europea buscarán hacer asequible y competitivo el hidrógeno verde.
El ministro Jobet planteó que “lo que tenemos que hacer como planeta para usar ese hidrógeno aceleradamente es reducir su costo, porque todavía es más caro de producir, transportar y almacenar que su alternativa del petróleo o gas”.
ED: EG
Fuente: https://ipsnoticias.net/2021/06/el-hidrogeno-verde-en-chile-una-gran-apuesta-con-obstaculos/
https://rebelion.org/el-hidrogeno-verde-en-chile-una-gran-apuesta-con-obstaculos/
Estados Unidos bloquea las vacunas del covid para Venezuela
Según el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres, el 75% de las vacunas distribuidas desde febrero de 2021 han ido a parar a los 10 países más ricos del mundo. En la reunión de la hermandad del G7 la pasada semana, los dirigentes se comprometieron a “compartir” hasta 2.000 millones de dosis de sus vacunas “sobrantes”. La OMS ha declarado que no son suficientes, pues se necesitan 11.000 millones de dosis (1). La organización World Vision también teme que sea muy poco y llegue muy tarde (2).
Biden promete apenas medio millón de dosis, pero ninguna para Venezuela (3). Y no solo eso, sino que EE.UU. está intentando por todos los medios que no llegue ninguna vacuna al país. Si esto no es un crimen contra la humanidad, nada lo es.
Estados Unidos ha intentado derribar el gobierno del presidente Nicolás Maduro con golpes de Estado, ciberataques, sabotajes a las infraestructuras, intentos de asesinato, invasiones “humanitarias”, invasión por paramilitares y mercenarios, manipulación de la moneda nacional, financiación de bandas urbanas violentas y una infame campaña mediática de calumnias. Ahora, en mitad de una pandemia, Estados Unidos no vacila a la hora de utilizar la enfermedad como arma. Ha presionado a la alianza COVAX de la ONU, cuya única misión es facilitar el acceso a las vacunas a países de renta baja y media, para que no permita que lleguen a Venezuela. Estados Unidos ha bloqueado cuatro transferencias de Venezuela a la COVAX por valor de 10 millones de dólares pendientes de cobro, del total de 120 millones destinado a pagar 11 millones de dosis. Esta despreciable interferencia ha sido confirmada por la propia COVAX y por la Organización Panamericana de la Salud (4).
El presidente Maduro lo ha llamado robo. El banco suizo UBS alega con desvergüenza que se limita a seguir los requisitos legales y reguladores, lo cual es una farsa y un embuste, pues las llamadas sanciones de EE.UU. son ilegales, unilaterales y coactivas, y no tienen ninguna base en el derecho internacional. Pero los bancos suizos no tienen ningún escrúpulo en aceptar el blanqueo de dinero, el dinero de criminales, mafiosos y narcotraficantes, pero cumplen servilmente las medidas de odio de EE.UU. contra un país que solo pretende comprar vacunas en mitad de una pandemia devastadora de alcance mundial.
Así que mientras los “líderes” se comen una barbacoa y posan para las fotos en la pintoresca localidad de Cornualles, mientras descargan su bilis contra China y Rusia, no hacen sino adoptar una pose sobre cómo dirigen el mundo, mientras los acontecimientos reales les pasan de largo.
China y Rusia les eclipsan a todos ellos en términos de solidaridad internacional y humana. Desde los mismos inicios de la pandemia Rusia y China han compartido medicinas, mascarillas, oxígeno, equipamiento médico y ahora vacunas, con las naciones pobres. Rusia y China han donado millones de vacunas a los países más necesitados. Casi la mitad de los 250 millones de dosis producidas en China han sido enviadas a 49 países (118 millones). Rusia ha donado a 22 países: Italia, Serbia, China, Irán, Corea del Norte, las naciones de la antigua Unión Soviética y, por supuesto, Venezuela. Y está cooperando con Sudáfrica para la producción de la Sputnik V. Comparemos estos datos con Estados Unidos, donde de los 164 millones de dosis producidas, solo han ofrecido 4 millones a México, y son las sobrantes, que EE.UU. no necesita (5).
La historia ya ha reservado un lugar para estos hombres y mujeres del G7 por su incapacidad para dirigir. Deberían abrir los ojos y ver lo que está escrito en la pared: su actuación es muy deficiente. Pretenden actuar como Lady Bountiful, que daba limosna a los pobres, cuando lo que deberían hacer es renunciar a las patentes –llamadas eufemísticamente derechos de propiedad intelectual– y colaborar con los países para que pudieran producir ellos mismos las vacunas. Pero eso desmerecería el gran espectáculo humanitario de su supuesta generosidad.
La sitiada Venezuela no puede comprar o vender en el mercado internacional. Se le ha despojado de los activos que posee en 33 bancos internacionales, Estados Unidos le ha robado su compañía petrolera CITGO, le han incautado ilegalmente sus depósitos de oro en Gran Bretaña y ni siquiera puede vender su propio petróleo. La crisis económica no tiene parangón, y no ha sido causada por el socialismo sino por las sanciones económicas y financieras y la manipulación de la moneda de Estados Unidos –que ha sido admitida abiertamente por el senador Murphy (6) y por el New York Times (7).
En medio de esta crisis económica y ahora de la pandemia de coronavirus ¿de dónde ha venido la ayuda? De Rusia, China y Cuba. Ya han llegado a Venezuela 2.730.000 dosis de vacunas en 9 remesas: 7 de Rusia y 2 de China. En unas pocas semanas se espera que lleguen otras 900.000 dosis de Rusia y 1,3 millones de China. Y cuando empezó la pandemia estos países donaron a Venezuela todo tipo de medicamentes y equipos que eran necesarios. Irán también ayudó con alimentos y especialmente con la muy necesaria gasolina.
Pero lo mejor de todo es que estos países verdaderamente humanitarios van a ayudar a Venezuela a producir sus propias vacunas. El país acaba de firmar un contrato con la compañía rusa GeoPharm para producir 10 millones de dosis de la EpiVacCorona, la segunda vacuna rusa tras la Sputnik V. Además Venezuela fabricará también la vacuna cubana Abdala en un laboratorio de Caracas ya identificado.
Hay 77 puntos de vacunación en todo el país y ha habido un alto nivel de participación en el proceso de vacunación. Casi el 11% de la población ha recibido ya la primera dosis de la vacuna Sputnik V o la VeroCell china.
Estaba previsto que COVAX enviara más vacunas en julio y agosto. Venezuela ya ha pagado la mayor parte de los 64 millones de dólares necesarios para sufragar 11 millones de dosis, que cubrirían otro 20% de la población. Sin embargo, los 10 millones que constituían la última cantidad adeudada han sido retenidos por el banco suizo UBS por orden de Estados Unidos. Con las dosis del COVAX, Venezuela esperaba completar la vacunación del 70% de la población.
Pero Venezuela es un caso singular, pues tiene uno de los datos de contagio más bajos de la región. Las estadísticas internacionales de Worldometer a fecha de 15 de junio de 2021 indican que Venezuela, con una población de 28,5 millones había tenido:
* 252.883 casos de covid-19 y 2.845 muertes. Eso significa 8.917 casos por millón de habitantes y solo 100 muertes por millón.
El número de casos en los países de la región son del orden de millones y el número de muertes por millón es incluso más desastroso:
Perú encabeza la lista con 5.655 muertes por millón de habitantes y el resto de los países están entre 1.000 y más de 2.000 por millón (véase el cuadro).
Si la economía venezolana se encuentra en una situación tan deplorable y el gobierno ha perdido el 90% de los ingresos por petróleo ¿cómo pueden ser sus estadísticas tan envidiables en comparación con las de los países vecinos? ¿Cómo obtiene unos resultados tan buenos un país bloqueado que no puede comprar medicamentos o equipos médicos en el mercado internacional? ¿Por qué ha habido tan pocos casos y muertes en Venezuela, muchos menos que en los países vecinos?
Estos datos indican que las medidas preventivas adoptadas para salvaguardar a la población venezolana parecen haber dado muy buenos resultados, a pesar del bloqueo económico que EE.UU., Canadá y la Unión Europea le han impuesto ilegalmente y a pesar de no contar con suficientes vacunas. Corrobora la lección de que, aunque sea importante y necesario, tener equipo y servicios médicos no es suficiente.
Las investigaciones muestran de manera consistente que la salud de una población se basa en la organización de su sociedad, en el modo en que se distribuyen los recursos y en el apoyo y los cuidados de que dispone la colectividad. A estos factores clave se les denominan los determinantes sociales de la salud y entre ellos están no solo los servicios sanitarios y médicos específicos, sino también la seguridad alimentaria, la educación y la alfabetización, la vivienda, la renta, una red de protección social y respaldo comunitario, así como la eliminación de la exclusión y la desigualdad social y un sentido de pertenencia social.
Durante los últimos 21 años, la transformación social experimentada en Venezuela con la Revolución Bolivariana ha actuado más concertadamente sobre estos determinantes sociales de la salud general de la población. No ha logrado por completo alcanzar sus metas, ha sufrido serios contratiempos, algunos debidos a la ardua tarea de transformar un país arruinado política y económicamente por las élites que utilizaban la inmensa riqueza petrolera en beneficio propio, dejando a la abrumadora mayoría de la población en la pobreza. Pero, además de ese tremendo desafío, los gobiernos de Chávez y de Maduro han tenido que defenderse continuamente de la agresión económica y política del imperio más poderoso de la Tierra, Estados Unidos, Canadá y sus otros aliados. A esa agresión externa ha contribuido desde el interior una élite supremacista, rica y antidemocrática, empeñada en debilitar los avances de la revolución y aliada con los enemigos del país con la esperanza de que estos les retornen al poder.
Venezuela ha sido capaz de hacer frente a la pandemia mejor que los países vecinos con una economía centrada en el mercado por muchas razones:
* Tiene un gobierno cohesionado que ha centralizado la campaña contra el covid-19 siguiendo los mejores consejos de sus expertos médicos y epidemiológicos.
* Ha promovido la cooperación de todas las jurisdicciones: gobernadores, alcaldes y consejos municipales.
* Ha desarrollado durante dos decenios un sistema público de salud accesible e integral, desde las clínicas de barrio y de pueblo hasta los hospitales secundario y terciario, financiados íntegramente por el Estado.
* Ha obtenido la cooperación de las clínicas privadas con los hospitales públicos, lo cual, en un entorno polarizado políticamente, ha sido una auténtica bendición para la población.
* Ha compartido las medicinas y equipos médicos que ha sido capaz de obtener con pacientes de la sanidad privada: todas las medicinas para el covid-19 son gratuitas para los individuos.
* Las escuelas, todas las instituciones públicas, la radio y la televisión, el ejército, los bomberos y la policía han desarrollado una incansable campaña de salud pública para informar a la población sobre la enfermedad y sus medidas de protección.
* Innumerables organizaciones de voluntarios se han unido a esta campaña: consejos comunales, comunas, todo tipo de colectivos, organizaciones de base y comités de barrio.
* El sistema de confinamiento 7×7 ha demostrado su eficacia: siete días de confinamiento absoluto seguidos por otros siete de menores restricciones pero, en cualquier caso, manteniendo la distancia social y las mascarillas.
* Las calles y los edificios públicos se limpian y desinfectan regularmente; los visitantes extranjeros que llegan a los aeropuertos u otros puntos de entrada al país se someten a un examen médico y deben pasar cuarentena. Hay un seguimiento y rastreo de todos los pacientes covid.
* Ha promovido la agricultura y realizado fuertes inversiones en seguridad alimentaria.
* El gobierno ha sido capaz de desempeñar estas funciones gracias a la admirable dedicación y trabajo de voluntarios y organizaciones populares.
Pero todo este trabajo no quita que, por culpa de las sanciones de EE.UU. y sus aliados, los venezolanos diabéticos no puedan conseguir insulina, los pacientes con glaucoma sus gotas oculares esenciales, los enfermos de sida los antirretrovirales y muchas operaciones quirúrgicas no puedan realizarse por falta de los medicamentos necesarios. El Dr. De Zayas, experto en Derechos Humanos de la ONU, ha afirmado que más de 100.000 venezolanos han muerto directamente a causa de la falta de medicinas producto de las sanciones ilegales de EE.UU. (8).
El presidente Biden, que se presenta como demócrata y católico, tiene sus manos manchadas de sangre venezolana, lo mismo que su predecesor, pues está continuando su agresión asesina contra un país que no ha causado ningún daño a Estados Unidos o a su pueblo.
Notas:[1] TELESUR, https://www.telesurenglish.net/news/G7-Vaccine-Donation-Is-Not-Enough-To-Fight-COVID-19-WHO-Says-20210615-0003.html.
[2] Palabras del portavoz de World Vision Michael Messenger, citado in M. Brewster, “G7 meeting ends with promise on covid-19, climate, mentions China”, CBC News, 13 junio 2021)
[3] Biden afirma “No Strings Attached” to Vaccine Donations, But Venezuela Is Blocked from Getting Any”, Democracy Now, 11 June 2021
[4] “Outrage as COVAX Reports Blocked Vaccine Payments, US Sanctions Blamed”, Paul Dobson, Venezuelanalysis.com, 15 June 2021
[5] https://www.nbcnews.com/news/world/russia-china-are-beating-u-s-vaccine-diplomacy-experts-say-n1262742,https://healthpolicy-watch.news/russia-and-chinas-bilateral-vaccine/
[6] “US-Venezuela Policy has been an unmitigated disaster”, https://www.murphy.senate.gov/newsroom/press-releases/murphy-us-venezuela-policy-has-been-an-unmitigated-disaster-we-played-all-our-cards-on-day-one-and-its-been-an-embarrassment-ever-since, 4 agosto 2020
[7] “Even The New York Times Now Admits That It’s US Sanctions, Not Socialism, That’s Destroying Venezuela” Peter Bolton, 8 junio 2021, COUNTERPUNCH
[8] Alfred De Zayas, “ Former Un Rapporteur on Human Rights: US Sanctions Have Killed more than 100,000 Venezuelans”, Black Agenda Report, 4 marzo 2020, https://www.blackagendareport.com/former-un-rapporteur-human-rights-us-sanctions-have-killed-more-100-thousand-venezuelans
María Páez Víctor es una socióloga nacida en Venezuela y residente en Canadá.
El presente artículo puede reproducirse libremente siempre que se respete su integridad y se nombre a su autora, a su traductor y a Rebelión como fuente de la traducción
https://rebelion.org/estados-unidos-bloquea-las-vacunas-del-covid-para-venezuela/
Promesas incumplidas y diálogos truncados
Cuando el presidente Lenín Moreno asumió el poder el 24 de mayo de 2017, en su discurso de posesión mencionó a la población LGBTI. En su ofrecimiento de dirigir un gobierno de diálogo incluyente, indicó que el Ejecutivo conocería los planteamientos de la diversidad sexo genérica. “No trataremos temas de género sin conocer las propuestas de las organizaciones de las mujeres y de la comunidad LGBTI”.
Después de aproximadamente un mes, para conmemorar el Día del Orgullo, el Palacio de Carondelet se iluminó con los colores del arcoiris, un hecho inédito en el país y, además, un gesto de inclusión después que en el anterior gobierno el expresidente Rafael Correa se opuso al matrimonio igualitario y usó el término “ideología de género” para descalificar el enfoque de género en las políticas públicas.
Pero los discursos y los gestos no pasaron a la voluntad política. El gobierno de Moreno deja el poder el próximo 24 de mayo sin mayores avances en políticas públicas ni iniciativas de propuestas de ley para garantizar derechos de la población de la diversidad sexo genérica.
Los avances en los últimos cuatro años como matrimonio igualitario o el reconocimiento de familias diversas fueron por decisiones de la Corte Constitucional, que falló a favor de casos que se impulsaron desde el activismo.
“No hay nada que evaluar. El Gobierno estuvo caracterizado por hermetismo total con relación a los temas LGBTI. Hubo promesas que se hicieron y no se cumplieron”, resume Lía Burbano, directora ejecutiva de la fundación Mujer & Mujer.
Las promesas a las que se refiere Burbano son las derivadas de un proceso de diálogo que el Gobierno inició con organizaciones de la sociedad civil para la creación de una política pública integral, pero quedó truncado.
En junio de 2018, la entonces vicepresidenta María Alejandra Vicuña ofreció la aprobación de un decreto ejecutivo para la implementación de políticas públicas para la garantía y protección de los derechos de las personas LGBTI.
La activista trans Mariasol Mite, presidenta de Comunidad Futura (una de las organizaciones que participó en estos encuentros), recuerda que hubo dos reuniones antes del anuncio de Vicuña y después de éste estaban previstas otras.
Sin embargo, no se dieron nuevos encuentros y Vicuña renunció en diciembre de 2018 tras las denuncias de cobrar “diezmos” cuando era legisladora.
“Con la renuncia de Vicuña (la política pública LGBTI) quedó en la nada. Enviamos oficios a la Presidencia y Vicepresidencia (para continuar con este proceso) y no nos respondieron”, señala Mite.
Las organizaciones planteaban que, en las políticas públicas, el Ejecutivo garantizara el acceso a derechos como educación, salud, trabajo y vivienda.
Entre las propuestas estaban: acceso y permanencia a la educación sin discriminación y protocolos para prevenir el acoso; servicios de salud inclusivos que observen, por ejemplo, las necesidades específicas de la población trans en su proceso de transición; y garantizar el acceso laboral de la población LGBTI, especialmente de las personas trans.
Estos planteamientos también fueron impulsados por las organizaciones al gobierno anterior, cuando éste implementó mesas intersectoriales para elaborar políticas públicas integrales.
Las propuestas de políticas fueron plasmadas en 2016 en un documento, pero no fueron impulsadas desde el Ejecutivo con su publicación en el Registro Oficial. Sí hubo, en cambio, iniciativas como el Manual de Atención en Salud a Personas LGBTI o la normativa para la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral.
Christian Paula, presidente de Fundación Pakta, destaca que estas iniciativas fueron avances en el gobierno anterior, pero no una política pública integral.
“La política pública trataba de ordenar, organizar, vigilar y evaluar todas estas acciones y darle más fuerza (…) No hemos visto en este gobierno mayores avances, sanciones o mecanismos de implementación de lo que ya existió. Ha sido poco o nada”, sostiene.
Lo que buscan las organizaciones es la aprobación de un documento que integre a varios ministerios y dependencias y que, de esta manera, las decisiones no queden a discreción de la persona que lidera una Cartera de Estado.
Lía Burbano, de Mujer & Mujer, explica que los derechos están consagrados en la Constitución (que prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género). “No hay ni una sola ley que nos impida alcanzar igualdad y no discriminación. El problema es que la ley está ahí, escrita, pero no existe el protocolo o mecanismo para garantizar lo que dice. El camino es la política pública, para que tenga institucionalidad que la respalde y recursos”, detalla.
Mariasol Mite, de Comunidad Futura, explica que un decreto ejecutivo (como lo ofreció la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña) hubiera planteado directrices para todos los ministerios para garantizar derechos de la población LGBTI en coordinación el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, responsable de la formulación de políticas con enfoque de género.
“Lo que queríamos era voluntad política para garantizar derechos. Si no hay voluntad política, nadie va a aplicar acciones”, indica Mite.
Además de las propuestas de las organizaciones, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, también planteó acciones en la Agenda Nacional de Mujeres y Personas LGBTI 2018-2021.
En la agenda, el Consejo propuso políticas en distintas áreas, similares a las que plantean las organizaciones. Alexandra Andrade, directora técnica del organismo, señala que la institución se encuentra en proceso de evaluación del cumplimiento de estas propuestas y este proceso terminaría el próximo mes.
Mientras este proceso está en marcha, Andrade prefiere no anticipar evaluaciones sobre los avances del Gobierno en las políticas propuestas.
La Constitución establece la obligación del Estado de incorporar enfoque de género en planes y programas, pero el Consejo -agrega Andrade- no tiene un mecanismo legal y viable para exigir que las instituciones cumplan con sus recomendaciones. “Es una dificultad grande que tenemos”, comenta.
Además de la Agenda, Andrade menciona otras iniciativas del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, como la aprobación de una Guía de Orientaciones Técnicas para Prevenir y Combatir la Discriminación por Diversidad Sexual e Identidad de Género en Sistema Educativo.
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Sin iniciativas legales y hasta un veto
En su relación con la Asamblea, el Gobierno de Moreno tampoco propició leyes que promuevan derechos LGBTI. El Ejecutivo tenía inicialmente una mayoría legislativa de más de 70 legisladores, antes de la ruptura con asambleístas adeptos al ex mandatario Rafael Correa.
Como colegislador, incluso, vetó el Código Orgánico de la Salud, que contenía avances como la prohibición de asignación de sexo a personas intersex (que nacen con una anatomía sexual que no se ajusta a los estándares de cuerpos femeninos o masculinos), y la prohibición de las terapias para modificar la orientación sexual o identidad de género.
Expertos de la Organización de Naciones Unidas declararon que el veto fue decepcionante e indicaron que el Código de Salud “habría brindado mayor protección a las personas LGBTI”.
Mientras, la Asamblea incumplió con la creación o reforma de leyes que dispuso la Corte Constitucional en fallos de casos que impulsó el activismo.
Desde mayo de 2017, la Corte aprobó casos que representaron avances en derechos de la población LGBTI, como el de Bruno Paolo Calderón (que favoreció a un hombre transexual cambiar el campo de sexo de femenino a masculino en su cédula de identidad), Satya (que permitió que dos mujeres inscribieran a su hija con sus respectivos apellidos; y matrimonio igualitario (que reconoció la figura para parejas del mismo sexo).
Christian Paula, de Fundación Pakta, indica que, en los casos de Bruno Paolo Calderón y Satya, aprobados en 2017 y 2018, respectivamente, la Corte estableció que las reformas o adopción de disposiciones legales se hagan en un plazo de un año.
Sin embargo, el actual período de la Asamblea culminó sus funciones sin haber cumplido estas disposiciones, pese a que son obligatorias por mandato constitucional.
El año pasado, Fundación Pakta solicitó a la Corte Constitucional un seguimiento a estas disposiciones, pero el proceso continúa.
La Asamblea sostiene que los procesos están en ejecución. En un documento que elaboró la Unidad Técnica Legislativa para responder a un pedido de la Defensoría del Pueblo sobre estos procesos, se desprende el estado de estas disposiciones en el procedimiento legislativo.
En el caso de Bruno Paolo Calderón, la Unidad Técnica Legislativa señala que se presentó un proyecto de ley para la reforma de la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles para que las personas transexuales puedan cambiar el campo de sexo en su cédula de identidad, pero no se ha dado trámite.
Mientras, con el caso Satya, la unidad indica que el Código de Salud abordó el tema de la reproducción asistida, pero el Ejecutivo vetó la ley.
Sobre las reformas para los procedimientos especiales y expeditos, el informe de la Asamblea a la Defensoría del Pueblo señala que está ejecutado en las reformas al Código Integral Penal, pero Paula advierte que el Legislativo hizo reformas para delitos contra las mujeres y no incluyó delitos de odio.
Paula considera que faltó voluntad política de las y los asambleístas, así como de quienes ocuparon las presidencias de comisiones e incluso de la misma Presidencia de la Asamblea para promover reformas y adoptar disposiciones legales que dispuso la Corte Constitucional.
Asimismo, señala que otra opción era que la Presidencia de la República o la Defensoría del Pueblo, con facultad para elaborar proyectos de ley, tomen la iniciativa, pero no ocurrió.
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Las tareas pendientes
Las obligaciones que tiene el Legislativo ahora deberán ser asumidas por las y los asambleístas que iniciaron funciones el pasado 14 de mayo.
La Asamblea debe cumplir también con reformas para garantizar la identidad autopercibida de personas trans e intersex, y el reconocimiento pleno de derechos de parejas del mismo sexo y familias homoparentales, tras la aprobación de la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es vinculante para Ecuador.
En ese instrumento, la Corte establece la eliminación de requisitos patologizantes para el cambio de sexo o género en los documentos de identidad y reconocer a las parejas del mismo sexo los mismos derechos que tienen parejas heterosexuales.
Mientras, el Gobierno electo ofreció en campaña impulsar políticas para erradicar la discriminación en el campo laboral y educativo, y en instituciones públicas. Además, programas de respeto a la diversidad en colegios.
Las organizaciones LGBTI insisten que el Ejecutivo debe promover políticas públicas integrales. Burbano, de Mujer & Mujer, señala que la propuesta de Lasso es básicamente cumplir con la Constitución, pero no acciones concretas. Paula, de Fundación Pakta, indica que son iniciativas que actualmente existen, pero su implementación y alcance no han sido evaluados.
La voluntad política para garantizar derechos LGBTI ahora recae en el nuevo Gobierno y en una Asamblea atomizada. Mientras, el activismo está vigilante al cumplimiento y avance en derechos.
Fuente: https://wambra.ec/lenin-moreno-derechos-lgbtiq/
https://rebelion.org/promesas-incumplidas-y-dialogos-truncados/
Amenazada la pervivencia del pueblo Awá en Katsa Su en medio de un conflicto armado y socio ambiental
Desde hace años el pueblo Inkal Awá, gente de la selva, está en medio de un conflicto armado y socio ambiental ajeno, pero con víctimas propias. El pasado lunes 7 de junio otros tres comuneros fueron asesinados por un grupo armado ilegal en el límite entre los municipios de Ricaurte y Barbacoas.
El pueblo Awá está ubicado en el suroccidente del departamento de Nariño (Colombia) y el noroccidente de Ecuador en una extensión aproximada de 610 mil hectáreas, la mayoría en Colombia. Habitan en los municipios de Ipiales, Mallama, Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán, Santa Cruz Guachavez y Tumaco en el departamento de Nariño; además, en Puerto Asís, Valle del Guamuez, San Miguel Dorada, Orito, Puerto Caicedo y Villa Garzón en Putumayo.
En el año 2019, los 32 cabildos agrupados en la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) y su territorio, Katsa Su, casa grande, fueron reconocidos como víctimas del conflicto armado por las acciones violentas entre los años 1990-2016 -cometidas presuntamente por la guerrilla de las FARC y la Fuerza pública- por el Auto 002 de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad, y de Determinación de Hechos y de las conductas Justicia Especial para la Paz (JEP).
Con base en el informe presentado, la JEP se refirió a la violación de derechos fundamentales desde la década de los 90 hasta el año 2016, pero la violencia contra ellos existe desde el Siglo XIX cuando la Guerra de los Mil Días convirtió al pueblo Awá “en campo de batalla por el control del oro”.
Desde entonces, no solo han sido víctimas del desplazamiento forzado y el despojo de sus tierras a causa de la llegada de colonos, sino también de los actores armados que disputan el territorio para explotarlo a través del cultivo ilícito de coca, la minería, explotación forestal, megaproyectos e hidrocarburos y otros monocultivos como palma aceitera. Actualmente, enfrentan también el reinicio de la fumigación con glifosato.
Las constantes acciones contra su pueblo los llevaron a organizarse, como explica elPlan de Salvaguarda Ëtnica del Pueblo Awá. Crearon la Unidad Indígena del Pueblo Awá, el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo (Acipap).
Múltiples victimizaciones
El Auto SRVBIT, Caso 002 – 079 del año 2009 de la JEP reconoció como víctimas en calidad de sujetos colectivos de derechos al pueblo Awá y el Katsa Su, debido a las conductas violentas que han impactado a este pueblo:
“Esta situación de vulneración de derechos se intensifica cuando los distintos actores armados irrumpen en su entorno y atentan de manera directa contra la integridad y dignidad del territorio y las personas, desarmonizando su medio espiritual, cultural, social, alimentario interconectado e interdependiente con el conocimiento y la vida de todos los seres del territorio”.
Pero 10 años antes, la Corte Constitucional advirtió sobre el peligro de exterminio contra este y otros pueblos indígenas en Colombia. El Auto 004 de la Corte Constitucional describió la situación:
“[Declarar] que los pueblos indígenas de Colombia, según lo advertido en esta providencia, están en peligro de ser exterminados cultural o físicamente por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario, todo lo cual ha repercutido en el desplazamiento forzado individual o colectivo de indígenas”.
Gente de selva
Ambos Autos, el de la Corte Constitucional y el de la JEP ratifican la amenaza real contra la supervivencia, y pervivencia, del pueblo Awá, pero no ha cesado la violencia.
Tan solo este año, el pueblo Awá dio a conocer en seis comunicados las acciones violentas, de grupos armados legales e ilegales, que siguen presentándose: desplazamientos forzados, homicidios, detenciones arbitrarias, minas antipersonal, reclutamiento forzado, confinamiento, hostigamiento y masacres que impiden el relacionamiento con Katsa Su como lo aprendieron de sus ancestros,
“Si bien es cierto que las instituciones y organismos de derechos humanos conocen la realidad de los actores armados en el territorio y cada uno de ellos cumplen su misión de vigilar la violencia, en este último año hemos tenido masacres”, afirma Silvio Hernández comunero del Resguardo de Magüí del pueblo Awá en Ricaurte Nariño.
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) es una de las organizaciones no gubernamentales que han brindado acompañamiento y asesoría jurídica a este pueblo.
“Desde noviembre de 2019 estamos representando al Resguardo Palmar Imbí de la Comunidad Awá en el proceso contencioso administrativo contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior por el incumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanosen el año 2011, que a pesar de las solicitudes de protección en el territorio, la comunidad presenta riesgos latentes que se han manifestado en el homicidio de sus líderes sociales: Héctor García y Arturo García, el 18 de diciembre de 2018, fecha en la cual los miembros del Resguardo celebraban la elección de Arturo García, tras el periodo ejercido por Héctor García, líder de toda la Comunidad Awá, con un largo proceso representativo en las organizaciones de Camawari y Unipa”, explica Laura Buitrago abogada de la Subdirección de Litigio y Protección Jurídica.
El pueblo Awá es uno con el Katsa Su. “Hemos presenciado la violencia en el territorio. Como familias Awá creo que cualquier situación que afecte al territorio, al tejido social, cultural y espiritual de nuestro pueblo y nuestras familias Awá implica ser víctima directa”, explica Leidy Pai.
Con respecto al reconocimiento del pueblo Awá y el Katsa Su por parte de la JEP Juan Soriano, ex consejero de la Unipa, del Resguardo Inda Sabaleta en Tumaco (Nariño) comenta: “Hasta el momento ha permitido visibilizar a nivel nacional e internacional que somos víctimas colectivas. Los conflictos persisten en el territorio se ha agudizado se ha agudizado desde 2016 y 2020, nos hemos pronunciado nacional e internacionalmente”.
La violencia contra la Casa grande los afecta a todos. “El awá sin territorio no es awá”, dice enfáticamente Claudia Pai Consejera de la Mujer y la Familia de Unipa.
En igual sentido se expresa Leidy: “En el territorio es un daño que no se puede entender ni explicar porque el hecho de que los pueblos indígenas creemos en espíritus que viven allí, que convivimos con ellos; al suceder esas masacres y derramamiento de sangre, que hayan torturado a familias enteras que hayan sacado niños del vientre de dos mujeres, desarmoniza”.
La violencia interrumpe sus sueños y proyectos de vida. Al desplazarse forzadamente dejan atrás la gran casa, la cultura y las chagras donde cultivan. En Pasto, capital del departamento de Nariño a donde llegan algunos desplazados, añoran cuidar sus animales, cultivar la tierra y cocinar en el fogón, actividades que no pueden realizar en la ciudad.
“Es difícil para los niños en la ciudad y las mujeres son más vulnerables. El rol de transmitir el legado cultural a sus hijos y estar en familia se rompe porque deben trabajar afuera y se aprovechan de ellas, a veces, por su condición de víctimas y desplazadas. Falta que el gobierno ayude en la parte de reparación y ayudas humanitarias porque las que no saben leer y escribir lo pasan peor. Además, cumplir con los acuerdos de paz, la Ley 1448/11 de víctimas y el Decreto 4633 de 2011 de plan de reparación con enfoque étnico y de género. El sistema judicial es lento en atender las necesidades de los pueblos originarios”, reflexiona Claudia Pai.
La violencia no da tregua. Los habitantes son atemorizados, la circulación en el Katsa Su restringida. Viven con zozobra, no pueden cultivar las chagras usadas por actores armados, hay algunos puntos de los caminos públicos restringidos, horas establecidas para circular y no viven en plena libertad.
En el año 2019, la situación de confrontación fue muy dura. Organizaciones como Indepazse pronunciaron sobre la gravedad de los hechos en este departamento. Uno de los efectos negativos fue la militarización: “Inclusive, militares, el ejército llega a unos sitios donde nosotros los Awá no habíamos caminado. Llegaron a unos sitios vírgenes, selvas vírgenes, ellos se ubicaron derribaron árboles para descender sus helicópteros”, recuerda Leidy pai.
El conflicto armado y socio ambiental afecta los Awá que viven de la cacería, la pesca, los cultivos de pan coger, que además del aspecto económico les impide llevar a cabo sus prácticas espirituales.
A sus 35 años Aura López, del Resguardo Nunalbí Alto Ulbí del municipio de Barbacoas (Nariño) ya fue gobernadora durante siete años (2013-2019) y ha sido amenazada verbalmente y desplazada forzadamente, varias veces, a la ciudad de Pasto.
Desde el año 2014 Aura ha sido amenazada, por defender el territorio y oponerse al reclutamiento forzado de menores, y ha sido objetivo de los grupos armados: https://soundcloud.com/user-812930324/aura-lopez
Pese a todo, este pueblo resiste. “Una alternativa de resistencia es no cometer el error de desplazarnos de un lugar a otro, implementar la guardia indígena como control social y territorial y capacitarlos. En Ricaurte, tenemos sitios de concentración en planteles educativos, adecuados para el alojamiento, para que la gente pueda estar y fomentamos la alimentación propia para no depender tanto del pueblo porque en caso de bombardeos y combates, no se puede salir a comprar”, sostiene Silvio Fernández.
Respecto al futuro de este pueblo y la situación de violencia que enfrentan la Comisión Colombiana de Juristas considera: “Es indispensable la implementación del Acuerdo Final de Paz, principalmente la aplicación del apartado sobre sustitución de cultivos ilícitos, los cuales mantienen a estas comunidades en constantes enfrentas con los grupos armados en Nariño y Putumayo al negarse a las dinámicas del narcotráfico, desconfigurando a su vez el tejido social y la preservación cultural Awá (…) Para que las medidas de protección de los pueblos indígenas sean eficaces están llamadas a ser colectivas, no individuales, pues las comunidades necesitan soluciones que respondan a las dinámicas de los territorios, a sus vulnerabilidades, el problema no se resuelve con medidas meramente materiales como son las propias de las rutas individuales. No obstante, hasta ahora es la única solución palpable por el Gobierno nacional”, precisa Buitrago abogada de la CCJ.
El pueblo Awá resiste en medio de un conflicto que afecta su salud física, cultura, costumbres y la ancestral relación espiritual con otros seres que habitan el Katsa Su. Ante la destrucción, ellos siembran, intentan garantizar su soberanía alimentaria y recuperar la medicina tradicional mientras la justicia llega y las garantías de no repetición se hacen realidad para este pueblo.
J. Fernanda Sánchez Jaramillo, comunicadora social y periodista, abogada, magister en relaciones internacionales.
Empresas internacionales se han apoderado de más de 36.000 hectáreas de tierra en Chiapas
Claudia Ramos Guillen, integrante de Agua y Vida, Mujeres, Derechos y Ambiente A. C. dio a conocer que, en Chiapas los datos acerca de la palma de aceite son ambiguas -en términos de datos oficiales-, pero estas plantaciones representan el 70% de la sembrada en México, sobre todo que se exporta para la parte central, con el fin de refinar los aceites.
Ramos Guillen mencionó que estas plantaciones iniciaron en los cuarenta, con semilla traída de Costa Rica, esta expansión se fue dando de manera paulatina, sin embargo, alrededor de 2006 – 2007 tuvo un “bum”, sobre todo en la zona norte en los municipios de Benemérito de las Américas y Palenque, que se enlaza a Campeche, Tabasco, Veracruz y al Petén guatemalteco.
Una mirada más regional de los procesos de expansión de este monocultivo y sobre todo lo que está pasando en estos territorios y en los cuerpos de las mujeres ante la expansión de procesos violentos de extracción, de despojo en los territorios, de extracción de agua, y bienes naturales comunes en nuestro estado, agregó Ramos Guillen.
Señaló que hay presencia de palma aceitera en la zona de La Encrucijada y en el Parque Nacional de Palenque, donde se habla de procesos de deforestación, lo que es contradictorio pues al ser Áreas Naturales Protegidas (ANP), tiene una política de conservación.
Es decir, por un lado, hay una política de expansión de monocultivo o de ganadería, por otro las ANP llegan a funcionar como estrategias de control, y de decirle a la gente como va a manejar y ejercer la política ambiental en el país asociado al cultivo de palma.
Hizo hincapié en el uso de paquete tecnológico, sobre todo el glifosato y de los demás fertilizantes, que generan suelos con mayor salinización y contaminación de fuentes de agua, que no solo desecan las plantaciones, sino que es agua para procesar el aceite y la misma plantación no permite que se infiltre por el sistema radicular de la planta que este sembrado en grandes extensiones de monocultivo.
Acentuó que, en Chiapas hay once procesadoras de aceite, el modus operandi de las empresas es tener cerca de tres plantas procesadoras en las zonas de interés -norte y sur del estado-, las cuales están vinculadas a procesos de expansión y acaparamiento de pequeños productores, a quienes compran y arrendan tierras.
Lo anterior, genera gran presión sobre las zonas de abasto de cultivos y alimentos básicos como la milpa tradicional, maíz, y frijol, ya que afecta de manera directa las estrategias de las mujeres para la conservación y cuidado de la vida.
Ramos Guillen añadió que, estos proyectos están muy cerca de lugares de extracción de materias primas, como fueron las zonas económicas especiales y el Tren Maya que, nada más funciona para exacerbar el modelo de extracción que viven los territorios.
Acerca del Programa Sembrando Vida, mencionó que no pueden imprecisar la estrategia de como pasa de una plantación de monocultivo de palma a una de hule, temas que podrían discutir sobre hacia dónde va la política del campo y en qué términos la apoya.
La pregunta seria ¿Queremos transitar de un monocultivo a otro?, los efectos en los territorios y los cuerpos de las mujeres nos hace recordar una frase que nos comparte la compañera Miranda de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH): Para las grandes empresas nunca hemos dejado de ser una República bananera, mencionó Ramos Guillen.
Explicó que, es una frase dura porque les lleva hacer el análisis sobre todos los efectos que las plantaciones tienen, sobre en los territorios, los cuerpos de las mujeres y lo que significa en términos del despojo de los bienes naturales comunes, está perdida de soberanía alimentaria, conocimientos, conflictos por el agua, daños a la salud y al medio ambiente.
A lo anterior, se suma el vertido de deshechos de las plantas procesadoras sobre los mantos de agua cercanos a las comunidades, los procesos de militarización, paramilitarización y la asociación con el crimen organizado que genera más violencia y despojo sobre el cuerpo de las mujeres y que son funcionales al sistema patriarcal.
Puntualizó que, muchos derechos se ven violados, como es el: derecho a la información, derecho a la consulta, derecho al medio ambiente sano, derecho a la libre determinación y el derecho al territorio.
Asimismo, las asambleas de las comunidades son representadas por varones, donde las mujeres no pueden decidir, muchas veces mencionan que “toman la decisión en familia”, pero realmente la palabra, tenencia y decisión esta en manos de ellos.
Por último, mencionó que la expansión del monocultivo de palma aceitera, no se puede pensar como plantaciones únicas, sino que es parte de un corredor que representan intereses geoestratégicos y geopolíticos en la zona sureste de México y hace parte de un bloque Mesoamericano con Guatemala y Honduras.
Esto porque tendemos a analizar los bloques cuando los efectos acumulativos, por ejemplo, la erosión del suelo o efecto de violencia en nuestro territorio son bastante fuertes, sobre todo si hablamos en la parte de Honduras en donde los procesos de violencia y desplazamiento de poblaciones vinculadas a procesos de despojo de tierras son más evidentes, finalizó Ramos Guillen.
Pakistán exhibe su megaproyecto de reforestación en el Día Mundial del Ambiente
El TBTTP, la sigla en inglés del programa, forma parte de una serie de “soluciones basadas en la naturaleza” para luchar contra la crisis climática en este país del sur de Asia.
Otras iniciativas incluyen el aumento de la proporción de energías renovables en la matriz energética hasta 60 % para 2030 y la conservación del entorno de los parques nacionales. Además, Pakistán ha proporcionado más de 85 000 empleos verdes, que subirán a 100 000 para finales de año, a través de un paquete de estímulo verde para la recuperación de la covid-19.
Por estas estas estrategias, entre otras, Pakistán fue escogido como anfitrión planetario de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, este sábado 5, que este año tiene como su gran tema la restauración de los ecosistemas.
Además, esta celebración, coorganizada también por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), representa e punto de partida del Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030).
“Este Día Mundial del Medio Ambiente es de importancia mundial, ya que da inicio al Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas, con el objetivo de revertir la pérdida de ecosistemas naturales para luchar contra la crisis climática”, dijo a IPS el ministro de Cambio Climático, Malik Amin Aslam, quien también es asistente especial del primer ministro para el tema.
“Esperamos liderar el mundo hacia la mitigación del clima, así como la restauración de los ecosistemas”, dijo Aslam en un diálogo por WhatsApp desde Islamabad.
“La agenda de Pakistán sobre el medio ambiente ha sido validada y nuestro papel en la restauración de los ecosistemas fue aceptado”, dijo a IPS con evidente orgullo Muhammad Irfan Tariq, director general de medio ambiente y cambio climático del mismo Ministerio de Cambio Climático.
En diálogo telefónico desde la capital paquistaní, Tariq se refirió así a la buena valoración internacional del TBTTP, cuya primera meta es la restauración forestal de un millón de hectáreas para 2023, que ha sido una de las causas de que el país sea el coanfitrión del día mundial.
“No estamos haciendo esto para presumir”, puntualizó la última semana de mayo el primer ministro Khan, refiriéndose al ambicioso programa de reforestación “Lo hacemos para poder dejar un país mejor para nuestras generaciones futuras. El mayor impacto del cambio climático es que afectará a nuestra generación futura”, señaló sobre el TBTTP.
Por cierto, Pakistán contribuye con menos del uno por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, sin embargo, se encuentra entre los 10 países más vulnerables al cambio climático.
Construyendo nueva relación con la naturaleza
El ambientalista Vaqar Zakaria, sin embargo, se mostró cauteloso con los métodos empleados por el gobierno, al asegurar que solo “una campaña verde publicitaria hecha en nombre de la restauración” no traerá de vuelta a las “abejas y los pájaros”.
Pero el programa paquistaní ya está sirviendo de ejemplo. Arabia Saudita anunció recientemente su intención de plantar 10 mil millones de árboles en las próximas décadas para reducir las emisiones de carbono y combatir la contaminación y la degradación de la tierra.
De todos modos, Zakaria prefiere la conservación y protección antes que la restauración.
“Es mejor proteger, porque la naturaleza se curará sola”, señaló, y explicó que la restauración requiere técnicas sofisticadas y debe llevarse a cabo con precaución.
“Los árboles correctos deben cultivarse en el lugar correcto”, dijo Zakaria a IPS por teléfono desde Islamabad. donde pasa horas al aire libre restableciendo su “conexión con la naturaleza”. El ambientalista cree que sólo después de pasar tiempo así, “nuestro corazón estará con la naturaleza y podremos guiar nuestras decisiones futuras”.
Quizás es por eso que el gobierno está llevando a cabo otro plan, la Iniciativa de Áreas Protegidas (PAI, en inglés), para “reequilibrar” la relación humana con la naturaleza, como señaló a IPS el ministro Aslam.
Esa iniciativa, detalló, proyecta aumentar el área protegida terrestre y marina de Pakistán a 15 y a 10 por ciento respectivamente para 2023.
“Nuestros parques nacionales ya han aumentado de 30 a 45 en cantidad”, puntualizó el ministro.
Recarga de acuíferos
Recharge Pakistan (recarga Pakistán) es otro proyecto en el que el gobierno, en colaboración con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en inglés), está construyendo un almacenamiento de agua que tiene como objetivo beneficiar a 10 millones de personas.
“La atención se centra en desarrollar la resiliencia de Pakistán al cambio climático en áreas con estrés hídrico”, explicó Hammad Naqi Khan, director general de WWF-Pakistán. Además de aumentar la capacidad de almacenamiento de agua, el proyecto tiene como objetivo restaurar el ecosistema de humedales.
“Pero lo más importante es que beneficiará a más de 10 millones de personas (o el cinco por ciento) de la población de Pakistán directamente, y a 20 millones de personas en 50 distritos vulnerables de Pakistán de forma indirecta”, dijo Khan a IPS.
El ministro Aslam enfatizó que estos no eran meros planes, sino que en realidad se están implementando con “un rendimiento sólido para ponerlos en práctica”.
Simi Kamal, presidente y director ejecutivo del grupo de expertos Hisaar Foundation, con sede en Karachi, que analiza la seguridad del agua, los alimentos y los medios de vida, señaló: “Todavía es demasiado pronto para ver resultados” en el proyecto, pero que tendría que “ser un programa enorme para hacer visible el impacto”.
Afortunadamente, la fase de preparación del proyecto de un año ha sido aprobada por el Fondo Verde para el Clima (GCF, en inglés) y Pakistán podrá realizar estudios de viabilidad del sitio y preparar una propuesta detallada.
A. Karim Ahmed, miembro de la junta directiva del Consejo Global para la Ciencia y el Medio Ambiente con sede en Washington, recordó a IPS que el GCF actualmente cuenta con fondos insuficientes.
Pero, pese a ello, “existe una necesidad urgente de que los países desarrollados creen un mecanismo de financiamiento de reparaciones climáticas verdaderamente ambicioso a fin de brindar asistencia para proyectos de adaptación y aumentar la resiliencia en muchas regiones en desarrollo que enfrentan impactos potencialmente graves del cambio climático”, dijo desde la capital estadounidense.
Carbono azul
Otro punto a favor de Pakistán es una evaluación integral sobre el carbono azul (carbono almacenado en los ecosistemas costeros y marinos) que se completó recientemente.
“La conservación, rehabilitación y gestión de los ecosistemas de carbono azul pueden aportar un tercio de la mitigación económica necesaria hasta 2030”, dijo a IPS la experta en cambio climático Hadika Jamshaid por WhatsApp.
Entre los humedales costeros, los manglares ofrecen un enorme potencial para capturar carbono. “Pakistán ha hecho formidadablemente bien en la expansión de su plantación de manglares”, sostuvo Tariq, el director general de medio ambiente y cambio climático del Ministerio.
Pakistán tiene el séptimo bosque de manglares más grande del mundo en Sindh, ubicado a lo largo de la costa del Mar Arábigo en los pantanos del delta del río Indo, y que abarca unas 667 000 hectáreas.
Pero en ausencia de datos, este carbono azul permanece excluido tanto del potencial de mitigación informado, como de los beneficios fiscales para Pakistán.
“La protección de estos bosques puede ayudar a Pakistán a lograr las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, en inglés) del país” para reducir el calentamiento planetario, incluidas en Acuerdo de Paris sobre cambio climático, señaló la especialista Jamshaid.
Mientras tanto, dentro del TBTTP, el gobierno paquistaní plantará manglares en más de 40 000 hectáreas, de las cuales ya se han plantado 15 000, dijo a IPS Riaz Wagan, conservador de bosques en jefe en la provincia de Sindh, situada en el sureste del país y con Karachi como su capital.
Además, el gobierno de Sindh, bajo un modelo de asociación público-privada, está haciendo su parte para restaurar los ecosistemas.
Ha firmado un acuerdo con Indus Delta Capital Private Limited, dentro del proyecto Carbono Azul del Delta, para plantar y proteger manglares en más de 350 000 hectáreas, sostuvo Wagan.
Aquí puede ver la versión en inglés de este artículo.
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