Matías Andrade es el único acusado de la quema de una caseta en el peaje de la ruta D-43 en Ovalle. En cuatro oportunidades se le ha otorgado el beneficio de arresto domiciliario, pero esa misma cantidad de veces este ha sido revocado, aun cuando ha reconocido su participación en el hecho. Su padre acusa una persecución política en contra del joven, quien lleva más de un año entrando y saliendo de prisión sin un juicio.

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El 28 de enero de 2020, cuando supo que Carabineros lo andaba buscando, Matías Andrade Tabilo (22) se entregó voluntariamente. Fue la primera de cinco veces. Lo acusaban de haber participado el 17 de diciembre de 2020 en la quema de una de las casetas de la plaza de peaje de la ruta D-43, esto durante una protesta por el alza del pasaje en el contexto del estallido social. Se le decretó la medida de arresto domiciliario nocturno.

El Ministerio Público ha pedido en este caso un total de 20 años de prisión para el estudiante, único acusado por lo ocurrido: 10 de presidio mayor en su grado mínimo por incendio e infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, y otros 10 como pena única por dos delitos por destrucción de bienes públicos y corte de uso público.

Desde entonces la vida se ha transformado en un verdadero calvario para Matías y su familia, principalmente porque pese a que ha reconocido su participación en el hecho, que tiene irreprochable conducta anterior, que ha colaborado con la Justicia y que ha acudido voluntariamente en cinco oportunidades a entregarse, la Corte de Apelaciones continúa enviándolo una y otra vez a prisión preventiva mientras espera el inicio de un juicio que se ha reprogramado en dos ocasiones, llegando a estar un año y dos meses en esa condición. “Matías ha colaborado con la investigación, reconoció los hechos, íbamos a ir a un juicio abreviado, pero nos dijeron que no, que habían instrucciones”, ha explicado Robin Valenzuela, su abogado defensor, al medio El Ovallino.

A ello se suma que tras la última revocación del beneficio de arresto domiciliario establecido por la Corte de Apelaciones de La Serena, su familia decidió presentar el 4 de enero pasado un recurso de amparo. Sin embargo, ese tribunal se declaró incompetente, enviando dicha solicitud a su par de Valparaíso, el que se declaró igualmente sin competencias para resolver. Fue finalmente la Corte Suprema la que le ordenó al tribunal porteño revisar la acción judicial en cuestión, rechazándola finalmente este viernes, luego de casi dos meses de tramitación. “Mi hijo parece una pelota de ping-pong, lo tienen de allá para acá, tramitándolo”, dice el padre de Matías, Hugo Andrade, en conversación con La voz de los que sobran.

“Esto es un tema político, una persecución contra Matías”

“No entiendo por qué hacen eso. Si fuera un peligro para la sociedad mi hijo no se habría presentado, se habría fugado. Lo que más nos duele como familia es que han sido injustos con mi hijo”, sostiene Hugo.

Hugo Andrade, padre de Matías Andrade
Andrade se refiere especialmente a que en cuatro ocasiones el Juzgado de Garantía de Ovalle le ha otorgado el cambio de medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total, sin embargo, luego de que los querellantes -entre ellos la Fiscalía, el Gobierno Regional y la concesionaria dueña del peaje- apelan a esa resolución, la Corte de Apelaciones lo vuelve a enviar a prisión.

Una decisión que incluso ha sido cuestionada por el propio Juzgado de Garantía de Ovalle. De hecho, juez de dicho tribunal, Luis Muñoz Caamaño, al otorgarle el 17 de diciembre pasado por cuarta vez el arresto domiciliario, señaló lo siguiente: “Resulta gravoso en este caso -que lleva más de diez meses privado de libertad- mantener la prisión preventiva a la espera de un juicio que no sabemos en qué momento se va a realizar por motivos de la pandemia, y esto significaría alargar la prisión preventiva en circunstancias que podría, el imputado, ser beneficiado con una medida de cumplimiento alternativo en caso de condena”.

“Estamos destrozados porque a mi hijo cada tres meses le dan la libertad, se la revocan y se vuelve a entregar; mi hijo se ha entregado cinco veces de forma voluntaria. Ya no hayamos qué hacer. Él psicológicamente está medio desesperado porque ha colaborado con la Justicia, pero la Justicia lo toma como un verdadero delincuente, y él no tiene antecedentes, es primera vez que se mete en estas cosas”, enfatiza Hugo.

En ese sentido, el padre de Matías agrega además que cada vez que su hijo se entrega debe permanecer 15 días aislado debido a la pandemia de Covid-19 que afecta a nuestro país. “Es decir, se ha entregado cinco veces, por lo tanto ha estado casi 90 días aislado, solo en un cuarto”, explica.


Andrade relata también que llegaron a un acuerdo con la concesionaria afectada para pagar la caseta que se quemó a modo de reparación, la que fue avaluada en 10 millones de pesos. Se le permitió entonces a Hugo cancelar primero el 30% del total y luego el resto en cuotas. Como familia lograron reunir los fondos y depositarlos ante el tribunal. Sin embargo, el padre de Matías apunta que la empresa les explicó posteriormente que no podían recibir esos recursos porque tenían seguros comprometidos.

“Esto ya no es un problema de la Justicia, esto es un tema político, una persecución contra Matías. Lo tienen como ejemplo para los demás, yo creo, como un escarmiento. Mi hijo responde por una sola caseta, ¡y por esa caseta el fiscal está pidiendo 10 años!… ¿Y las otras casetas, quién las quemó? Hay otros involucrados y mi hijo es el único que está preso”, se cuestiona Hugo Andrade.

Un diagnóstico que comparte también el diputado por la zona Daniel Núñez (PC), quien tras visitar a Matías en la cárcel ha declarado que “aquí hay un ensañamiento del Gobierno contra un joven que hizo uso legítimo de protestar”. “Él ha asumido su responsabilidad en los hechos que se le acusa, está dispuesto a reparar el daño producido, pero se lo quiere mantener en prisión por un período que prolonga el año sin tener condena y solo para dar una señal de amedrentamiento a todos aquellos jóvenes que se movilizan para lograr un Chile más justo”, enfatizó el parlamentario, citado por el diario El Día.

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Lucía López, Francisco Reyes, Jorge Baradit, Fernando Atria y Daniel Stingo, entre otros postulantes, consideran “inaceptable e improcedente” que se prive de igualdad de condiciones durante la campaña electoral a quienes no irán apoyados por una colectividad política.

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Un grupo de 10 candidatos independientes a la Convención Constitucional en listas de partidos políticos -todos personajes públicos vinculados a distintos ámbitos como el periodismo, el derecho y la cultura- están exigiendo igualdad ante la ley para quienes enfrentarán el proceso eleccionario del próximo 11 de abril sin el apoyo de una colectividad política.

“Consideramos inaceptable e improcedente que se prive a los candidatos de listas independientes a participar en la franja televisiva en igualdad de condiciones que nosotros y con quienes se presentan como militantes”, señalan en un comunicado Lucía López (distrito 10), Francisco Reyes (distrito 8), Patricio Fernández (distrito 11), Pedro Cayuqueo (distrito 7), Sara Larraín (distrito 11), Jorge Baradit (distrito 10), Agustín Squella (distrito 7), Fernando Atria (distrito 10), Daniel Stingo (distrito 8) y René Naranjo (distrito 8).

Los candidatos que adhieren a esta exigencia sostienen que “la principal justificación de este proceso constituyente, además de procurar que Chile devenga un Estado Social de Derecho, es precisamente el surgimiento de una gran diversidad de miradas, experiencias, identidades y culturas no representadas por los partidos políticos existentes en la actualidad”.

En ese sentido, añaden que tienen “muy presente que fue una ciudadanía distante de ellos y de sus dirigencias quienes empujaron a la institucionalidad a este punto”, por lo que “cualquier esfuerzo por negar o marginar esas fuerzas nuevas y sin adscripción partidaria, apunta en un sentido perfectamente contrario a lo que este proceso constituyente busca y requiere”. “Todos los esfuerzos debieran dirigirse a una apertura e inclusión igualitaria y respetuosa”, enfatizan.

Específicamente, lo que demanda al Congreso y al Ejecutivo este grupo de 10 candidatos es que se distribuyan los tiempos del espacio televisivo “de manera equitativa entre todas las listas presentadas, así respondan o no a organizaciones partidarias”.

Por último, concluyen que “la franja televisiva, cuyo principal objetivo debe ser informar a la ciudadanía, no debe convertirse solo en un simple medio publicitario”.

Video/Periodista Lucía López.

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El presidente de Comunes, Jorge Ramírez, respondió a los llamados al orden público de Sebastián Piñera y Bernardo Matte como solución al conflicto en La Araucanía señalando que “hasta ahora sólo hemos visto un tono de amenaza en el presidente Piñera antes que asumir un rol de facilitador de soluciones para una zona que se ha convertido en una suerte de fetiche para la extrema derecha”.

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“El camino de criminalizar a las comunidades mapuches o integrar a las Fuerzas Armadas en roles de seguridad pública van en sentido contrario de lo que se requiere en La Araucanía”, expresó Ramírez quien además recalcó que “acá también hemos visto cómo los gremios empresariales se cuadran con la tesis del ‘orden público’, lo que a la larga profundiza el conflicto y la violencia”.

Ramírez expresó que se debe “dejar de pensar en sus bolsillos y mostrar una real voluntad política para encontrar soluciones y no levantar un conflicto con fines electorales, que oculta la pésima gestión de gobierno en esta materia. Estamos a las puertas del proceso constituyente y nuestras acciones deben ser responsables”.

Jorge Ramírez
Finalmente, recalcó que “cualquier solución debe considerar a las comunidades indígenas, a la ciudadanía y a los diferentes sectores políticos de la zona. Es importante garantizar la democracia y la paz en la zona del conflicto y para eso los empresarios, el gobierno y todos debemos ceder en posiciones dogmáticas que en nada contribuyen a la demanda de las comunidades”.

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La activista que hoy lucha por tener una muerte digna, se encuentra impedida de poder volver a su casa debido a que, según explica su abogado, el Hospital San José esté interpretando “erradamente” una resolución judicial. Por otra parte, Heyder ha difundido en las últimas horas que en una pieza cercana a la suya ha sido internado Miguel Morales Acevedo, condenado por crímenes durante la dictadura.

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Un complejo momento está atravesando la reconocida activista de Derechos Humanos, Cecilia Heyder, quien padece múltiples enfermedades graves e irrecuperables y que ha emprendido una campaña por una muerte digna y una ley de eutanasia para Chile. Está retenida contra su voluntad en el Hospital San José y, de acuerdo a lo que ha informado durante las últimas horas, a solo metros de un criminal de la dictadura.

Hoy Heyder quiere poder pasar sus últimos días en su hogar. Sin embargo, por un asunto legal, no lo puede hacer. Lo que ocurre es que el Hospital San José se niega a darle el alta, sosteniendo su decisión en el recurso de amparo que el 16 de diciembre de 2020 presentó la propia paciente con el objetivo de que no se le derivara a su domicilio, debido a que ahí no podría recibir los tratamientos que le permitirían que su condición terminal fuera menos traumática. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el pasado 19 de enero el recurso, decretando una Orden de no innovar, lo que se traducía en que Cecilia debía permanecer entonces en dicho recinto.

Sin embargo, desde mediados de diciembre han transcurrido casi dos meses y medio, y la situación médica de Cecilia se ha deteriorado vertiginosamente, generando en la paciente un cambio en su decisión inicial de no querer volver a su casa a pasar sus últimos días. En conversación con La voz de los que sobran, Pablo Villar, su abogado, explica que a pesar de ello “la Orden de no innovar que pidió y ganó Cecilia, el hospital la interpreta en contra de la voluntad de Cecilia, lo que es una interpretación errada e ilegal que la restringe de su libertad ambulatoria”.

En este contexto, Villar solicitó el pasado 20 de febrero a la Corte de Apelaciones de Santiago que despachó dicha Orden de no innovar “que le aclare al hospital que esta no se puede interpretar en contra de la voluntad de Cecilia”. Sin embargo, desde entonces el tribunal aún no ha emitido un pronunciamiento, en circunstancias que -apunta el abogado- debiera tener una tramitación preferente frente a todas las otras causas, debido a que se trata de una Orden de no innovar.

Ante este escenario, Heyder y Villar decidieron realizar una maniobra desesperada. Interpusieron ante la Corte de Apelaciones de San Miguel un recurso de amparo contra la Corte de Apelaciones de Santiago por no resolver la solicitud ingresada ante esta última el 20 de febrero pasado. “Los tiempos de Cecilia no son los tiempos de nosotros”, apunta Villar respecto a la urgencia que conlleva esa respuesta que no llega.

Cecilia Heyder durante reunión con ministro de Salud, Enrique Paris
“Hoy me encuentro afectada con varias bacterias intrahospitalarias que ya no están siendo tratadas, solo espero mi momento final, y es así como decidí no perseverar en una vana espera en un Hospital, donde estoy completamente aislada de todo contacto humano producto de la bacteria (para que no se propaguen en el Hospital), solicitando entonces al Hospital recurrido mi alta voluntaria para ir a mi domicilio pasar mis últimos momentos, con mi familia, en pleno conocimiento de que allí no contaré con tratamientos que me impidan una muerte traumática e indigna”, señala Cecilia Heyder en el recurso ingresado ante el tribunal sanmiguelino y que por ahora representa su única esperanza para poder volver a pasar sus últimos días en su hogar.

“Estoy en contra de mi voluntad y más encima con un asesino cerca”

Un dramático escenario al que, según ha dado a conocer en las últimas horas la propia Cecilia, se ha sumado un lamentable antecedente para la calidad de activista de Derechos Humanos de Heyder.

De acuerdo a lo que comenta en diálogo con La voz de los que sobran, en una pieza cercana a la suya en el Hospital San José habría sido internado el ex suboficial de Carabineros y agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) durante la dictadura cívico-militar, Miguel Ángel Morales Acevedo.

Morales Acevedo fue condenado en 2007 como autor del homicidio simple de Recaredo Valenzuela Pohorecky y como cómplice en el homicidio calificado de José Joaquín Valenzuela Levi, hecho ocurrido en junio de 1987 conocido como “Operación Albania”.

Además, Morales fue acusado como coautor de los 5 secuestros calificados a partir de septiembre de 1987 de Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, José Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas y Manuel Sepúlveda Sánchez, todos miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

Estoy retenida contra mi voluntad en hospital San José x pedir un Buen Morir
Pero como mi osadía fue tan grande ahora me castigaron trayendo a Manuel Morales Acevedo el esta pieza 1/2 a mia, el asesino de mis 5 hermanos del FPMR que desaparecieron en el ex cuartel Borgoño
— Cecilia Verónica Heyder (@ceciliaheyder) February 28, 2021

“Es una crueldad inmensa saberlo. Yo a estos cinco hermanos lo ando trayendo en sus fotos”, dice Cecilia. “Estoy en contra de mi voluntad y más encima con un asesino cerca. Es cruel, inhumano”, concluye Heyder.

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“Se hicieron la América”

(dicho popular)

“In God we Trust”

(Frase inscrita en el dólar)

Una “alianza” que, me parece, es preciso analizar en base a tres dimensiones que articulan la precisión de una misma maquinaria de poder: el mito excepcionalista, el complejo industrial-securitario de tipo trasnacional y, a partir de esas dos dimensiones, la articulación del famoso “lobby” sionista que opera tanto en los EEUU como en el resto del mundo.

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1.-Tríada

En un reciente y penetrante a artículo del investigador Joel Beinin titulado “La alianza EEUU-Israel” se interroga en torno a la materialidad económica que sostiene a dicha “alianza”[1]. Ninguna “alianza” constituye una invariante histórica sino más bien responde a un proceso de ensamble cuya complejidad se traza desde el relevo de Gran Bretaña como potencia colonial hasta finales de la Segunda Guerra Mundial por los EEUU como nueva potencia después de 1945 en el nuevo marco de la “guerra fría”.

Desde ese momento los EEUU, en especial desde la guerra de 1967 (guerra de los 6 días) en que Israel domina Cisjordania y Gaza en Palestina, las Alturas del Golán en Siria y el Sinaí en Egipto (esta última conquista será revocada por los Acuerdos de Camp David de 1979 pero las otras dos se mantendrán hasta la actualidad en contra de los propias resoluciones de NNUU), han tenido una participación cada vez más hegemónica en la región consumándose en la reciente administración Trump al propiciar los Acuerdos del Siglo (entre EUA e Israel) o el traslado de la embajada de EEUU a Jerusalén Este (que actualizó un plan que ya estaba presente para los EEUU desde 1995). En este escenario, pensar la cuestión Palestina implica necesariamente analizar en qué consiste la “alianza” entre EEUU e Israel (más allá de la noción de “lobby” que frecuente se usa) y proyectarla en el contexto de la nueva administración liderada por Joe Biden y Kamala Harris.

Más allá del optimismo desatado inicialmente por el estrecho triunfo de Biden en las frágiles y complejas elecciones contra Trump (donde Trump terminará un poco mal, pero no necesariamente el trumpismo que seguirá dando que hablar), es menester subrayar la histórica relación que se ha ido consolidando con los años, entre EEUU e Israel. Una “alianza” que, me parece, es preciso analizar en base a tres dimensiones que articulan la precisión de una misma maquinaria de poder: el mito excepcionalista, el complejo industrial-securitario de tipo trasnacional y, a partir de esas dos dimensiones, la articulación del famoso “lobby” sionista que opera tanto en los EEUU como en el resto del mundo.

Las tres dimensiones de la maquinaria han convertido esta “alianza” en una de las mayores productoras y distribuidora de armas del planeta al articular un circuito “virtuoso” entre producción de armas y capital. El “mito excepcionalista” ofrece la performatividad de la liturgia (las narrativas que configuran al imaginario sionista), el “complejo industrial-securitario de tipo trasnacional se ocupa de la producción económica del capital (las la industria armamentista gestada por corporaciones y firmas diversas); el lobby sionista termina siendo un efecto propiamente político de las dos dimensiones previas al sellar dicha “alianza” en un conjunto polimorfo de acciones que diversas agrupaciones hacen para presionar en la prensa, partidos u organizaciones hasta llegar a “donar” grandes sumas de dinero a los dos partidos políticos más importantes de EEUU.

• a) El mito excepcionalista de la “Tierra prometida”: tanto EEUU como Israel comparten el imaginar un territorio inicialmente habitado (en el caso de EEUU por miles de nativos indios, en el caso de Israel por múltiples comunidades palestina) como si fuera un territorio vacío que solo ellos, los “elegidos”, pueden volver a poblar. Cuando los EEUU se plantean como la “más antigua democracia del mundo” o Israel se plantea a sí mismo como la “única democracia en Medio Oriente” no están sino actualizando dicho mito. Pero, sobre todo, las nociones protestantes acerca de la necesidad de restitución de Sion resultan “endémicas” a la cultura estadounidense[2] que, a su vez, fue heredada del sionismo británico, tal como ha mostrado Sand[3]. Es clave a este respecto, lo que ha considerado la investigadora Roxanne Dunbar-Ortiz al subrayar el tipo de colonialismo implicado aquí: el “colonialismo de asentamiento” consiste en “negar” la presencia del otro, arrasarlo en una guerra de exterminio permanente para volver a poblar dichos territorios que han sido “vaciados” con nuevos “colonos” (que son para sí los “elegidos”)[4]. Hamid Dabashi ha puesto el acento en que esa lógica no es otra que la que el propio filósofo Gilles Deleuze –a propósito de haber sido uno de los únicos intelectuales europeos de la segunda mitad del siglo XX en entender la profundidad de la cuestión palestina y la crudeza del sionismo al establecer sus diálogos con el intelectual palestino Elías Sanbar- identificó bajo la lógica del capitalismo[5]: según Deleuze este último opera en base a la desterritorialización y territorialización permanentes y, en este sentido, encontrará su cristalización en el “colonialismo de asentamiento” que configura tanto la estructura de la colonización estadounidense del territorio desde la llegada del Mayflower en 1620, hasta la israelí cuando se asientan las primeras comunidades de colonos sionistas a principios del siglo XX[6] y sus fuerzas paramilitares (Haganá, Stern, Irgun) asolan a la población árabe[7].
• El mito excepcionalista opera aquí de una forma similar a partir: sea la “Tierra prometida” ofrecida a los “elegidos” (colonos protestantes en el caso de EEUU o colonos sionistas, en el caso de Israel). De mas esta decir que, por cierto, algunos países del cono sur americano como Argentina y Chile gestaron sus respectivas “pacificaciones” durante el siglo XIX contra los pueblos nativos a partir de la incorporación del colonialismo de asentamiento como lógica de conquista y por tanto, como forma de expansión territorial del Estado capitalista. A esta luz, el mito excepcionalista permite comprender el racismo estructural presente en el proyecto de los dos países (las dos “democracias”): porque hay “elegidos” el proyecto de la Tierra Prometida (la “democracia”) deviene un proyecto “blanco”, tan blanco como la propia “Casablanca” como visibilización arquitectónica del poder estadounidense o los primeros ministros israelíes que, desde 1948 hasta la fecha, han sido todos de origen europeo.

• b) Un complejo industrial-securitario trasnacional. El mito excepcionalista y la teología política que ensambla ofrece las condiciones para desarrollar una maquinaria que potencia la circularidad entre armas y capital, guerra y economía. Según Joel Beinin dicho complejo ha llegado a constituir una colaboración permanente entre las principales compañías estadounidenses e israelíes orientadas a la producción de tres tipos de tecnologías securitarias: tecnologías de “contraterrorismo” (la ciberseguridad, drones y otros caben aquí), “vigilancia fronteriza” (la construcción de muros como el que divide México de EEUU y al territorio palestino para consolidar los recursos naturales para los asentamientos israelíes) y el “control poblacional” (encierro de pueblos entre muros o checkpoints, controla flujos de trabajo, aísla comunidades, etc.); tres tecnologías que se apuntalan en un profundo desarrollo de la ciberseguridad[8]. Como si el propio proyecto israelí de sistemática colonización y constante del territorio palestino funcionara como el laboratorio para perfeccionar dichas tecnologías, compañías estadounidenses que operan en Israel (Boeing, etc.) o firmas israelíes que cooperan con los EEUU (Elbit sistems, etc.) han articulado un complejo industrial-securitario de carácter trasnacional orientado exclusivamente a la producción incondicionada de capital con la que la teología política del “mito excepcionalista” necesita de grandes cuotas de producción bélica para profundizar la lógica del colonialismo de asentamiento.
• En este sentido, desde la aproximación que le ofrece la economía política Beinin nos ofrece un material fundamental para pensar este singular “complejo”, sobre todo cuando subraya cómo EEUU produce muchas veces los materiales técnicos que Israel difunde por diferentes países. Israel ha vendido armas a diversos regímenes dictatoriales en el mundo y/o entrenado a sus policías (cuestión no excepcional a Israel, sino común a la historia de colaboración del movimiento sionista previo a la fundación de Israel[9]): desde la Sudáfrica del apartheid, pasando por el apoyo armamentista a los “contras” en Nicaragua, hasta la venta de armas al Chile de Pinochet; relación, esta última que se mantiene hasta la actualidad, agudizada en el gobierno de Sebastián Piñera cuyo arsenal israelí para la desbocada policía que tiene y sus FFAA ha excedido todos los montos en compra de armamento a Israel que los gobiernos precedentes y que, como sabemos, ha violado sistemáticamente los Derechos Humanos de sus ciudadanos desde las protestas de Octubre de 2019. Y será a partir del complejo industrial-securitario configurado por compañías israelíes y estadounidenses desde donde se “donarán” grandes sumas de dinero a los Partidos Demócrata y Republicano en los EEUU.

• c) Lobby sionista. El lobby sionista que no es más que una red de intereses que influyen sobre la política estadounidense permanentemente se funda a partir del que hemos llamado “complejo industrial-securitario de tipo trasnacional” identificado por Beinin y catalizado ideológicamente por una teología política de tipo imperial en la que se nutre el “mito excepcionalista”. Ilan Pappé ha subrayado cómo dicho lobby se urdió a principios de los años 40 y comienza a tener potencia inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial[10]. Pero el análisis de Pappé –que subraya el elemento político y las intrincadas relaciones con las que las redes sionistas impactan en la estructuración de la política estadounidense- debe ser complementado con los análisis de Beinin que hemos expuesto brevemente, no porque la “economía” actúe como “infraestructura” según la otrora tópica marxista, sino porque el “lobby” solo ejerce como red en cuanto defensa y, a la vez, impulso de las corporaciones armamentistas israelo-estadounidenses.
• El capital de dicho “complejo” podrá ser impulsado solo si el “lobby” no deja de funcionar, como un dispositivo más al interior de su trama. Por esta razón, más allá que triunfen el Partido Republicano o el Partido Demócrata, el “lobby” –que no es ningún espectro “conspirativo” ni un grupo “secreto”- sino una red que actúa transversalmente a ellos a la luz del día- seguirá actuando con independencia de su filiación partidista. Diversas agrupaciones que operan paralelamente ejercen el trabajo de lobby: desde organizaciones sionistas judías, hasta sionistas cristianas no judías (protestantes o no) que enaltecen el mito protestante de la restauración judía de Sion, convergen en la liturgia del capital. Bajo esta sombra, la “historia de los oprimidos” –podría decir Walter Benjamin respecto de los palestinos- el “estado de excepción” se profundiza como regla.
• En Chile también opera dicho lobby –como en diferentes países de América Latina. Y es un lobby “transversal” que va desde las derechas hasta las izquierdas que permite “sellar” inmunitariamente el eficaz funcionamiento de la máquina promoviendo “leyes” que criminalizan el “antisemitismo”, término que opera como significante vacío y un término vago, precisamente para hacer eficaz la maquinaria policial de censura y criminalización, en la que cualquier crítica al Estado de Israel, por parte de alguna persona o agrupación puede ser acusada de promover el “antisemitismo”. El chantaje ideológico se pone en marcha: criticar a Israel significa ser acusado de “antisemita”. El efecto de dicho chantaje es, en lo inmediato, la censura, el silenciamiento, la clausura de la libertad de pensamiento.
• De hecho, el intento, por parte del chantaje ideológico sionista de aplastar cualquier forma de pensamiento, hace “sistema” con la cibernética como infraestructura global del capitalismo neoliberal (que las mismas empresas israelíes y estadounidenses se han abocado a desarrollar): censurar la crítica, despojarnos del debate, imposibilitar la discusión parece ser la característica de nuestros marchitos tiempos “liberales”.
• En nuestro país, dicho chantaje se expresa en la permanente –y paradójica- disposición por aprobar leyes “progresistas” en el parlamento orientadas a la “anti-discriminación” con las que se pretende incluir el “antisemitismo” con toda la vaguedad del término o bien, lo que recientemente ocurrió con el alcalde Daniel Jadue quien fuera “fichado” por la lista negra del Centro Simon Wiesenthal como “antisemita”[11]. Sin embargo, dicho lobby no solo promueve “leyes” de criminalización, sino también financia diversas actividades culturales como festivales de cine[12], simposios o acuerdos “científicos” de diversa índole como el que, en Chile, firmó ANID durante la estadía de Piñera en Palestina el año 2019 para promover tecnología de desalinización de aguas entre otras materias[13]. Así, la inmunización política propiciada por el “lobby” extendido en diversas partes del mundo, posibilita la generación de toda una campaña de “pinkwashing” (lavado de imagen) de Israel frente a la sociedad civil de los diversos países. De esta forma, el ámbito político-institucional (gobiernos, parlamentos) y la sociedad civil se convierten en dos puntos a los que apunta el lobby sionista para “criminalizar” y, a la vez, “lavar su imagen” parece aparecer bajo una investidura progresista frente a una ciudadanía que, sin embargo, cada día ve cómo Israel se convierte en el referente de la ultraderecha global.

Las tres dimensiones destacadas aquí operan como tentáculos de una misma maquinaria de poder que no tiene mayor consistencia que su propio operar, su misma forma capitalista que la impulsa decisivamente hacia su profundización en virtud del núcleo propiamente “mítico” que le sostiene y que expresa violentamente la teología política que comparten tanto EEUU como Israel que les anuda en un mismo horizonte imperial, en la “santa alianza” que los une pero que ha sido ensamblada –y desafiada colectivamente desde entonces tanto por nativos “indios” como nativos “palestinos”- histórica y políticamente desde fines de la Segunda Guerra Mundial[14].

En la próxima entrega profundizaremos sobre cómo estas tres dimensiones siguen presentes en la administración Biden y cómo la fórmula expresada en la reciente Conferencia de Múnich por la Seguridad “America is back” es la exteriorización de la fórmula de Trump (“Make America great again”) que se muestra crudamente no solo en el retorno de los EEUU a las instancias supranacionales, sino, ante todo, en el reciente ataque en Siria a supuestas “milicias pro-iraníes”[15].

*La versión completa del texto se puede encontrar en revista Disenso: https://revistadisenso.com/karmyamerica/

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[1] Joel Beinin The US-Israel Alliance En: Joel Beinin, Bassam Haddad, Sherene Seikaly (eds) A critical political economy of the Middle East and North Africa Ed.Standford University Press, 2021, pp. 196-214.

[2] Joel Beinin op.cit.

[3] Schlomo Sand La invención de la Tierra de Israel. Ed. Alianza. Madrid. 2006.

[4] Roxanne Dunbar-Ortiz An Indigenous people´s history of the united states. Ed. Beacon Press, 2014.

[5] Gilles Deleuze, Elias Sanbar. Los indios de Palestina. En: Gilles Deleuze Dos regímenes de locos. Textos y entrevistas (1975-1995). Ed. Pre-textos, Valencia, 2007, pp. 179-183.

[6] Hamid Dabashi Europe and its shadows. Coloniality after Empire. Pluto Press, 2019.

[7] Rashid Khalidi The Hundred Years war on Palestine. A History lf Settler Colonialism and Resistenance, 1917-2017. Ed. Metropolitan Books, New York. 2020.

[8] Joel Beinin, Idem.

[9] Lenni Brenner Zionism in the age of dictators. Ed. Lawrence Hill Books. Chicago, 1983.

[10] Ilan Pappé, Noam Chomsky, Gaza en Crisis Ed. Taurus, Madrid, 2005.

[11]https://www.elmostrador.cl/dia/2020/12/29/centro-simon-wiesenthal-incluye-a-daniel-jadue-en-su-top-ten-de-antisemitas-2020-junto-al-ayatola-jamenei-y-la-red-social-telegram/

[12] http://www.movilh.cl/cine/sitios-amigos/

[13] https://www.gob.cl/noticias/ministerio-de-ciencia-firma-acuerdo-con-israel-para-potenciar-colaboracion-en-ciencia-y-tecnologia/

[14] José Luis Villacañas Teología Política Imperial. Ed. Trotta, Madrid, 2016.

[15] https://foreignpolicy.com/2021/02/23/biden-was-right-america-is-back/

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Esto, sin duda, no significa mucho para el gobierno de Sebastián Piñera, integrado por quienes apoyaron la dictadura cívico militar que en aquel entonces expulsó de su patria a muchos chilenos. Por ello no se sienten obligados a realizar gestos de reconocimiento.

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Los inmigrantes son personas que dejan su país natal para radicarse en otro, sin importar los motivos para realizar esa operación.

Primero señalaré algunos datos cuantitativos a través de los cuales se mide la inmigración.

Las cifras del 2019 indican que habría 939.992 inmigrantes, lo que significa el 4.92% de la población. Esta última se cifra en 19.107.000 habitantes.

Las principales nacionalidades involucradas son 321.965 venezolanos, 180.000 haitianos, 149.582 colombianos, 82.539 argentinos, 66.349 españoles y 49.379 bolivianos.

Los especialistas distinguen tres tipos diferentes de migraciones: la intrarregional, la transoceánica y la dirigida al centro.

La primera incluye a todos los países latinoamericanos. Durante mucho tiempo fue muy dificultosa, por los problemas creados por las autoridades.

La segunda comprende las migraciones hacia Europa, las cuales requieren atravesar los mares, sea el Pacífico o el Atlántico.

A su vez la tercera comprende aquellas migraciones que se dirigen al centro del continente, el cual en este caso es Estados Unidos.

En Chile el momento en que ocurrieron más migraciones fue durante la dictadura cívico militar.

Se calcula que hubo varios cientos de miles de exiliados, es decir personas que fueron forzadas a abandonar el país o que se sintieron perseguidas.

Los principales países en que se radicaron fueron México, Cuba, Suecia y Venezuela. Por ello son comprensibles las críticas de personalidades por la decisión del gobierno chileno de expulsar a migrantes, a los cuales además se les disfraza con un traje blanco, que los hace muy ostensibles.

No fue esa la actitud de los países donde se radicaron chilenos, los cuales recibieron a los exiliados con los brazos abiertos.

Esto, sin duda, no significa mucho para el gobierno de Sebastián Piñera, integrado por quienes apoyaron la dictadura cívico militar que en aquel entonces expulsó de su patria a muchos chilenos.

Por ello no se sienten obligados a realizar gestos de reconocimiento. Se basan además en el hecho que una cantidad considerable de chilenos rechazan a los migrantes, porque sienten que les compiten en materia de salarios.

Se olvidan que se trata de un tema de derechos humanos. También se olvidan muchos de los expulsados han atravesado a pie una parte del desierto, donde incluso han muerto algunos caminantes.

Y sobre todo se olvidan que aceptarlos constituye una cuestión de sensibilidad frente a una persona que se ha visto forzada a abandonar su patria; sensibilidad que en su momento la tuvieron con nosotros, los chilenos.

Esos olvidos nos deshonran como país, por lo que significan una desgracia.

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La candidata a la Convención Constitucional por escaños reservados, Ingrid Conejeros estuvo conversando en #LaVozDeLosQueSobran sobre la pérdida de la posibilidad de autoidentificarse con un pueblo originario, producto de la necesidad de ser reconocido por el Estado como parte de uno.

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En una nueva edición de Panel Constituyente, esta semana estuvo presente Ingrid Conejeros. La candidata a constituyente se refirió los proceso de autoidentificación como parte de un pueblo originario, y cómo estos se ha perdido debido a la burocracia estatal que rodea el proceso de determinación.

Conejeros partió explicando que “la autoidentificación tiene que ver con un proceso de lo que las personas han vivido y no siempre está certificado o no siempre tenemos los apellidos”.

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Ante esto, ella coloca su caso como ejemplo. “Me siento mapuche, vivo como mapuche, he visto las formas de volver a mi origen”, pero fue enfática en decir que no todos tiene las mismas posibilidades. En muchos casos, las personas pierden la posibilidad de identificarse con un pueblo, debido a no tener “una familia en el campo, se quedaron si tierras, perdieron por uno u otro motivo los apellidos”.

Es por esto que en el “sesgado” proceso “hay muchas personas que saben de su identidad, pero no la puede constatar con documentos”, perdiendo la posibilidad de ser considerados dentro de un pueblo originario, por parte del Estado.

Y es por esto mismo que mientras trabajó en la comisión que determino el cómo se iba a votar fue partidaria de que la autoidentificación se hiciese “en la mesa”. Es decir, “tú llegas y puede decir ‘quiero votar como mapuches aimaras, Rapa Nui’ y que no existiera esta burocracia”.

Revive el programa
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El encargado de Interior se habría contactado con la presidenta del Senado este sábado para intentar dejar atrás lo ocurrido, con el objetivo de no “empañar” la agenda legislativa.

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Continúan las repercusiones por lo ocurrido este viernes en La Moneda, luego de que tras la reunión de coordinación convocada en el palacio con los poderes del Estado para abordar la problemática que se vive en La Araucanía, Sebastián Piñera -una vez que realizó su intervención ante la prensa- dejara hablando sola a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD).

De acuerdo a lo que informa este domingo El Mercurio, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se habría puesto en contacto este sábado con Muñoz, declinando ofrecerle disculpas y centrando la conversación en “dejar el impasse atrás”, según publica el medio. Esto se suma a la explicación que entregó La Moneda ayer, argumentando que solo se habrían respetado los protocolos habituales para este tipo de actividades.

Por último, El Mercurio señala que el ministro Delgado le habría pedido a la presidenta del Senado que “esto quedara ‘solo como un mal entendido’ para que no se empañara la agenda legislativa”.

Cabe recordar que también durante este sábado hizo noticia el diputado de la UDI Juan Antonio Coloma, quien le bajó el perfil a lo ocurrido, señalando a El Mostrador que “no se entiende el malestar de la presidenta del Senado”, porque “otra cosa distinta es que no la hubiesen dejado hablar”.

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Una gran diferencia existe en la Región Metropolitana sobre el alza de muertos. Mientras que San Ramón, La Pintana y Lampa tienen un exceso de más del 40% según el DEIS. Por otro lado, La Cisterna, Providencia y La Reina fueron las comunas con menos alzas de fallecidos.

El 2020 fue un año marcado por la pandemia Covid 19 donde todas las comunas de Santiago aumentaron el número de fallecidos en relación a años anteriores.

De acuerdo con La Tercera, en la estadística de exceso de muertes, que se toma comparando los datos entregados por el DEIS del Ministerio de Salud del último año contra el promedio de decesos de los cinco años previos.

En ella, San Ramón presentó un alza de 46,88% y La Pintana, de 45,71, las dos comunas con mayores cifras de la Región Metropolitana. Sobre el 40% se ubicaron también Lampa (44,84%), Pirque (42,49%) y Cerro Navia (40,68%). Todas comunas con alta vulnerabilidad social, mientras que el promedio regional fue de 25,25%, el más elevado de todo el país.

En el otro extremo de la estadística se ubican La Cisterna (0,69%), Providencia (8,51%) y La Reina (11,02%). Las tres comunas fueron las que tuvieron los menores porcentajes de alza de fallecidos en el Gran Santiago.

Fuera de Santiago, las regiones que están sobre el promedio de muertes son Antofagasta (24,94%), Arica y Parinacota (21,49%), Tarapacá (20,47%) y Magallanes (16,28%), todas zonas azotadas por fuertes brotes de Covid-19 durante el año.

Por otro lado, tres regiones presentan alzas inferiores al 5% en los decesos: Los Lagos (4,61%), Atacama (4,25%) y La Araucanía (4,08%).

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La situación mantiene en alerta a diversas organizaciones que agrupan a lo que se ha llamado el “boletariado” chileno, una fórmula usada indiscriminadamente al interior del Estado para suplir personal sin aumentar la planta de trabajadores, lo que no es fiscalizado por la Dirección del Trabajo y la Contraloría.

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Al menos 40.000 de los más de 159.745 trabajadores a honorarios que existen en el sector público de Chile podrían ver visto no renovados sus servicios este 31 de diciembre, según proyecciones basadas en lo ocurrido en años anteriores y en la ya anunciada reducción del presupuesto fiscal para el año 2021. El proceso ya se inició con los despidos anunciados en organismos como FOSIS, universidades estatales como la UMCE, y municipios como el de San Felipe, que informó a través de redes sociales que “se eliminarán” todos los convenios a honorarios con jornada.

La situación mantiene en alerta a diversas organizaciones que agrupan a lo que se ha llamado el “boletariado” chileno, una fórmula usada indiscriminadamente al interior del Estado para suplir personal sin aumentar la planta de trabajadores, lo que no es fiscalizado por la Dirección del Trabajo y la Contraloría.

Lo que estas personas tienen que saber es que toda la jurisprudencia de la Corte Suprema reconoce que cuando existe horario laboral y vínculo de subordinación y dependencia, es decir, cuando el honorario no tiene cliente, sino que tiene jefe, el trabajador tiene los mismos derechos que cualquier funcionario de planta o con contrato indefinido. Por ello, si no les renuevan el contrato desde el 1 de enero de 2021, eso equivale a despido injustificado, y pueden demandar en tribunales el pago de todas las cotizaciones acumuladas durante los años trabajados, aunque ellos se hayan cotizado por su propia cuenta, además del pago por mes de aviso previo, años proporcionales de servicio, sobrecargos e indemnizaciones legales.

De acuerdo con información levantada a través de la ley de transparencia por SoyHonorario.cl, de los más de 159.745 mil trabajadores del Estado que están en condición de “honorarios”, 136.295 –es decir, 26.3% de los empleados de todo el sector público– tienen jefe, cumplen horario laboral y siguen instrucciones; es decir, trabajan con vínculo de subordinación y dependencia, pese a que figuran como “prestadores independientes”.

En detalle, en el Gobierno Central son 14.468 los trabajadores que se encuentran en esa condición. En los municipios, en tanto, los honorarios en esta situación irregular suman 121.673, lo que representa más del 66.2% del personal disponible en ellos.

Las proyecciones realizadas se basan sobre el promedio anual de no renovaciones de contratos de honorarios en la reciente década, que alcanza a 28.005, aunque el dato más notorio es que cuando no se trata de un año de cambio de autoridad, los despidos de honorarios registran un promedio de 22.321 casos. En años de cambio de autoridades, los despidos se incrementan por sobre el promedio, como sucedió en 2016 con la llegada de nuevos alcaldes, cuando se registraron 71.509 despidos de honorarios, y en 2018, con el cambio presidencial, cuando se registraron 52.001 desvinculaciones. Tras el estallido social, en 2019 se registraron excepcionalmente 39.230 despidos de honorarios en el sector público.

La evidencia permite concluir que los honorarios son usados por cada nueva administración para pagar favores, porque en la práctica comprenden recursos que pueden usar directamente para “meter” a personas afines, aunque siempre perpetuando la precariedad laboral, pues en la práctica no se informa al trabajador a honorario sobre sus derechos.

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El periodista y panelista de Pauta Libre realizó sus descargos contra el plan paso a paso, tras ver el parque Bicentenario cerrado. “¿Hacia dónde va este plan? Un parque cerrado, un centro comercial abierto. Nadie entiende absolutamente nada”, señaló.

El periodista y panelista de Pauta Libre publicó un video en su cuenta de Twitter mientras trataba de pasear a su mascota en el Parque Bicentenario en Vitacura que estaba cerrado. En ese momento Neme se sacó la mascarilla y disparó contra las autoridades.

“Otra de las inconsistencias y de las situaciones absurdas, ridículas, incongruentes, absolutamente descuadradas de este gobierno que de repente raya de verdad en lo negligente y en lo poco sensato al tomar decisiones”, comentó.

Neme cuestionó duramente la decisión de tener el parque cerrado “¿Cómo es posible que un parque como este, el parque Bicentenario esté cerrado? Un lugar al aire libre donde evidentemente no puede haber mayor riesgo de contagio, mientras que se mantienen abiertos de lunes a viernes los malls y que la gente vayan como unas sardinas en el metro o en bus de transporte público o la gente pueda salir por el aeropuerto e irse a fiestas en Brasil, en Miami y después regresar”, afirmó.

“Me parece que raya en lo ridículo y por eso que hoy tenemos 3.500 casos y subiendo porque de verdad que la política sanitaria es absurda, o sea el plan paso a paso avanza dos pasos y retrocede cinco”, afirmó Neme.

“¿Hacia dónde va este plan? Un parque cerrado, un centro comercial abierto. Nadie entiende absolutamente nada”, concluyó.

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El año 2020 está marcado por los efectos de la rebelión social de octubre del 2019, por el mal manejo de la pandemia, el quiebre del Frente Amplio, por el plebiscito constitucional, por el comienzo de la carrera presidencial y por la baja aprobación de Sebastián Piñera.

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Antes de hablar de los efectos de la rebelión social, hay que recordar en que consistió.

Como lo he dicho en varios artículos publicados en este medio, fue una crítica radical a este modelo de sociedad con una economía neo liberal y una cultura mercantilizada. Eso significa, una crítica que llego hasta la misma raíz.

Por ello mismo generó una fuerte reacción represiva del gobierno de Piñera, lo cual significó incluso la instauración del toque de queda y además el castigo con prisión de una cantidad importante de personas. Algunas de ellas llevan más de un año en esas deplorables condiciones, mientras están libres numerosos delincuentes, por ejemplo, quienes cursaron dineros para la UDI con boletas falsas.

En la actualidad un conjunto heterogéneo de personas está pidiendo el indulto para esos prisioneros, a lo cual el gobierno de Sebastián Piñera se opone, dejando de lado cualquier gesto compasivo. Pareciera que gozaran castigando

Otro de los episodios que marcaron el año es la pandemia; mejor dicho el uso de este flagelo por parte del gobierno de Piñera.

Como se sabe todos los días el ministro de Salud de turno cuenta los contagios y los muertos. Lo hace rodeado de los subsecretarios y en ocasiones de otros conspicuos personajes.

Incluso, en estos días el ministro de salud se ha dedicado a defender al presidente Piñera, quien se paseó sin mascarilla por Cachagua, reproduciendo otros eventos donde actuo de la misma manera.

En la actualidad el último tema suscitado por la pandemia es él de las vacunas. En Chile se utilizará la vacuna Pfizer, ya aceptada por la entidad nacional que aprueba los medicamentos. Por supuesto que Piñera ha intentado y seguirá intentado aprovecharse de esta circunstancia para buscar subir su popularidad.

Otro tema que ha marcado el año son los quiebres producidos en el Frente Amplio. Primero se supo el retiro de dos parlamentarios, acicateados -según dijeron- por una presunta izquierdización de la coalición. Luego se produjo el retiro del Partido Liberal, seguramente por circunstancias parecidas.

Estos hechos colocaron al Frente Amplio a la defensiva. Cuando éste surgió a la luz pública en la elección presidencial del 2017, apareció como una fuerza deseaba crear una nueva izquierda.

En todo caso, una de los partidos de la coalición, Revolución Democrática realizó recientemente un congreso ideológico de cuyas conclusiones deberá dar cuenta.

Uno de los hechos más importantes del 2020 fue el plebiscito constitucional de octubre, en el cual se tomaron dos decisiones.

Se aprobó redactar una nueva constitución por 78.28% versus 21.00% y también se aprobó que la instancia que realizaría esa tarea seria la Comisión Constituyente; esto último se aprobó por 79.00% versus 21.00%.

Votó en esa ocasión una cantidad significativa de ciudadanos, un poco más de siete millones quinientos mil.

Finalmente, también en este año 2020 comenzó la carrera presidencial para las elecciones del 2022.

En la derecha se perfilan cuatro candidatos: Joaquín Lavín, Evelyn Matthei, Mario Desbordes y Sebastián Sichel.

Dos de ellos ya fueron candidatos con anterioridad. Lavín compitió contra Ricardo Lagos en 1999, luego junto con Piñera se enfrentó a Michele Bachelet. En el 2022 pretende competir de nuevo planteando un programa de unidad nacional, al cual también se ha identificado como social demócrata.

Cuando parecía que Lavín sería sin duda el candidato de la derecha le salió al camino Evelyn Matthei, disgustada por las palabras de éste.

A esos dos postulantes hay que agregar a Sebastián Sichel, el cual claramente se postula como candidato, habiendo renunciado por ello a la presidencia del Banco Estado.

También hay que considerar a Mario Desbordes, quien renuncia al Ministerio de Defensa. Sin embargo, su deseo de ser presidenciable era menos claro que el de Sichel, aunque se ha sabido que Renovación Nacional lo postulará como candidato.

En la centro izquierda se han mencionado los nombres de Heraldo Muñoz, Francisco Vidal y Jorge Tarud. Pero ahora el Partido Socialista surgieron los nombres del senador Álvaro Elizalde y Paula Narvaez.

Se supone que el asunto se deberá resolver en unas primarias.

A su vez en la izquierda suena el nombre de Daniel Jadue, actualmente alcalde de Recoleta y militante comunista.

Su candidatura ha generado la crítica de algunos personeros demócrata cristianos, quienes han afirmado que no votarían en segunda vuelta por Jadue. La idea de fondo es que un comunista no puede ser presidente de la república, lo que significa la reaparición de un viejo sentimiento de exclusión.

Otro hecho que ha marcado el año 2020 ha sido la baja aprobaciónón obtenida por el presidente Sebastián Piñera. Ello ocurre pese al uso que este ha hecho de la pandemia y en la actualidad de la campaña de vacunación.

Quizás una de las razones de este fenómeno es que no se le perdona la política represiva implementada con ocasión de la rebelión social, por la cual hay todavía muchas personas en la cárcel. Además, otras perdieron la vista, como consecuencia de la acción de carabineros.

En todo caso se trata de una desaprobación merecida: puede decirse que esa es la síntesis del año.

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El senador aseguró en El Mercurio que dejará su puesto en el senado para competir por la Convención Constitucional en la región de Ñuble. La ciudadanía le recordó en redes sociales al senador que los chilenos eligieron en el plebiscito del 25 de octubre la redacción de una nueva constitución sin representantes del congreso actual.

“He tomado la decisión de renunciar a mi cargo de senador -y a los privilegios que conlleva- y competir como ciudadano a la Convención Constitucional”, este fue el anuncio que dio el senador de las regiones de Ñuble y Bio Bio, Felipe Harboe (PPD) en El Mercurio.

Harboe aseguró que decidió esto a pesar de poder ir tranquilamente a la reelección como senador de la zona, donde sacó 120 mil votos en las elecciones pasadas siendo primera mayoría, pero que le interesaba más redactar la nueva constitución.

“El Chile de 2021 no puede estar atado a la Constitución de 1980. El chasís que tenemos no da cuenta de la realidad social, cultural, económica y territorial de hoy. En consecuencia, si se hace bien este proceso, podemos sentar las bases de un país mucho más inclusivo y con más estabilidad social y política para los próximos 50 años”, aseguró Harboe.

“No solo importa el texto final, sino lograr que el proceso sea adecuado y no permitir que amenazas, funas o amedrentamientos puedan condicionar las decisiones que se tomen por parte de los constituyentes”, comentó.

También se refirió a dejar sus privilegios como senador “es lo que la gente está pidiendo, que seamos parte de despojarnos del poder”, aseguró.

Esto generó una ola de reacciones en redes sociales donde varios le recordaron al senador que en el plebiscito del 25 de octubre se votó la redacción de una nueva constitución sin la participación de los parlamentarios del actual congreso, de hecho, la convención constitucional (79%) sacó más votos que el apruebo mismo (78,28%).

Aunque Harboe no tendrá muchos problemas para ser electo constituyente por la gran cantidad de votos que sacó la elección pasada (120.000).

Jajajajaja alguien que le explique a Harboe, que la mixta perdió, porque no se a enterado parece https://t.co/qNNbEzZ7cN
— Gissela Sandoval C. (@gi_sancal) January 2, 2021

Según Harboe es valentía, un acto de desprendimiento. Pero es deseo de poder, ganas de influir en la Convención Constitucional, el órgano que decidirá el destino de la República, acompañado de narcisismo, la creencia de ser imprescindible.
— Josef K (@Kafkava) January 2, 2021

Como chillaneja de nacimiento y penquista por adopción, creo que candidaturas deben surgir de propios territorios, con personas que vivan ahí, que conozcan desde siempre la realidad. Nunca me ha gustado, en ninguna elección, que vengan de Santiago a Region https://t.co/92O2y5VXGG
— Paulina Astroza (@PaulinaAstrozaS) January 2, 2021

Felipe Harboe dice hoy que renuncia al Senado para inscribir su candidatura a la Convención Constituyente por los Angelini.
— HonorYGloria⚘ (@JoviNomas) January 2, 2021

Sr harboe esta en su derecho, pero me cuesta entender que no aun nose den cuenta que ganó CC, no la opción mixta. De verdad que las personas queremos rostros nuevos en la política, porque así es la vida ahi que darle espacio a las nuevas generaciones y correr con los nuevos
— Claudia Cantarero (@ClaudiaCantare2) January 2, 2021

Senador Harboe anuncia su renuncia al cargo para postularse a Constituyente. Pasa por alto que en el plebiscito la opción Mixta sacó un 21% de los votos frente a un 79% por una Convención Constitucional. Parlamentarios y partidos siguen confundiendo esto con una elección normal.
— Alexis Ceballos.’. (@aceballospdc) January 2, 2021

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Continuarán las aventuras de Lyra y compañía.

HBO y BBC One renovaron la serie dramática ‘His Dark Materials‘ para una tercera temporada, según anunció Francesca Orsi, Vicepresidente de Programación de HBO. La producción de la tercera temporada de ocho episodios está estipulada para comenzar en Cardiff en 2021.

“Traer a la televisión el trabajo de Phillip Pullman, que es épico, intrincado y culturalmente resonante ha sido un enorme privilegio”, comentó Orsi. “Agradecemos a nuestros increíbles socios de BBC y a todo el equipo de Bad Wolf, liderado por la incansable Jane Tranter, por su trabajo excepcional en las primeras dos temporadas. Esperamos completar la trilogía con este capítulo final en el viaje de Lyra.”

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https://www.nerdnews.cl/his-dark-materials-es-renovada-para-una-tercera-temporada/