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¿Falsos positivos judiciales?


Harold es padre de una niña de 5 años. Creo que él estaría de acuerdo conmigo en que la anterior es la mejor sentencia que lo define.

Sostengo lo anterior, no por un cliché paternal, sino porque él mismo me lo contó una vez en una charla informal durante el descanso de una clase en la Universidad: “[…] Mi hija es mi vida entera y lo que ella piense de mí es lo más importante para mí”, me dijo.

Harold es ingeniero ambiental, pero es también un alumno inteligente, perspicaz y, sobre todo, autocritico. Nunca lo vi atrincherarse en una idea o un debate, por más álgida que fuera la discusión. Pero, sobre todo, como su profesor, debo decir que Harold es un estudiante disciplinado. Luego de los cuatro semestres de maestría tiene un promedio acumulado 4,8 sobre 5. Es, sin duda, uno de los mejores y más dedicados alumnos de una cohorte nacida bajo la ilusión del Proceso de Paz.

Harold también mantiene una firme apuesta por el diálogo social y, aunque con muchos sinsabores, todavía cree en el Proceso de Paz. Puedo afirmar lo anterior con seguridad, por al menos tres razones.

En primer lugar, porque, a pesar de sus profundas convicciones a la izquierda del espectro político, Harold no ha dudado en la importancia de establecer puentes de interlocución entre la organización campesina que impulsa el proceso de creación de la Zona de Reserva Campesina de Pradera y la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña).

En segundo lugar, porque Harold es funcionario de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación de la Gobernación del Valle del Cauca, un lugar donde necesariamente se tiene que creer en los otros y en el poder conciliador de la palabra para poder estar satisfecho con lo que se hace.

En tercer lugar, porque más allá de una decisión colectiva decidió cambiar los fusiles por el diálogo. Como podrán adivinar, Harold fue integrante de las Farc y es un firmante del Proceso de Paz.

La Fiscalía


Sin embargo, el pasado 29 de agosto, Harold estaba en el Parque de San Antonio en Cali en medio de una celebración de cumpleaños de uno de los hijos de algunos amigos con los que ha vuelto a reconstruir su vida social. Mientras iba de la mano de su hija de cino años a buscar un baño, fue detenido por integrantes de la Sijín.

La Fiscalía lo acusa de concierto para delinquir y porte ilegal de armas de uso privativo de la Fuerza Pública y homicidio agravado. A final de cuentas, la Fiscalía argumenta que Harold Ordóñez es alias “Óscar”, comandante del antiguo Bloque Central o Comando Conjunto Central Adán Izquierdo que opera en la zona alta de Tuluá y Sevilla.

De acuerdo con lo que la Fiscalía presentó en la audiencia de imputación de cargos, su acusación se basa en el testimonio de tres personas que indican que Harold es «Óscar». Adicionalmente, la Fiscalía aportó relaciones de lugares y fechas en los cuales supuestamente delinquió “Óscar”. Entre otras cosas, la Fiscalía presenta unas grabaciones en las que se escucha un sujeto que se identifica como «Óscar» donde recibe un reporte de otra persona que le informa de la realización de un homicidio.

La defensa


El reconocido abogado Elmer Montaña, experto en sistema penal acusatorio, asuntos disciplinarios y responsabilidad del Estado, basa la defensa de Harold en los siguientes argumentos.

Han sido los mismos miembros de la Fuerza Pública quienes han inducido esta relación entre Harold y alias “Óscar”. Lo anterior se sustenta en que miembros del Batallón Palace de Buga distribuyeron fotografías en las que ellos mismos se encargaban de señalar que Harold era «Óscar».

Harold tiene activada la aplicación de Google en su celular, lo que permite reconstruir sus desplazamientos geográficos. Y la relación de fechas y lugares que la Fiscalía presentó como prueba fehaciente de la coincidencia entre Harold y «Óscar» sencillamente no guarda ninguna relación con la construcción de desplazamientos que aparece en la aplicación de Google.

Como si lo anterior no fuera suficiente, la defensa aporta actas de reuniones de la Secretaría de Paz de la Gobernación (en la que trabaja Harold), fotografías, horarios de clase de la maestría y testimonios de diferentes personas donde se demuestra que Harold no pudo haber estado en los lugares y momentos en los que se acusa a «Óscar» de delinquir.

¿Falso positivo judicial?


De acuerdo con el Cinep (como lo cita Juliana Cortés), los falsos positivos judiciales son: “Montajes judiciales realizados a civiles, muchos de estos, activistas en la denuncia y/o la defensa de los derechos humanos y los derechos de las víctimas. El objetivo: Tacharlos de integrantes de organizaciones guerrilleras y deslegitimar el trabajo en defensa de los derechos de las víctimas. Se destacan por sus irregularidades, el papel clave de supuestos desmovilizados de las organizaciones guerrilleras, la recolección ilegal de información por parte del DAS y otros organismos de inteligencia y la fabricación de informes de inteligencia dentro de instalaciones militares que luego son usados por las fiscalías para la apertura de los procesos”.

La imputación del delito de «terrorismo» es común en la imputación de cargos a lo que se conoce como falsos positivos judiciales. De las cifras que muestra la Fiscalía, en el Sistema de Estadísticas en Justicia se observa que frente a las noticias criminales activas o inactivas es evidente el aumento desde el año 2019: llega a sus máximos históricos en los meses de noviembre del año 2020 y en el mes de enero del año 2021, manteniendo un promedio de 37 noticias criminales de este tipo penal mensualmente en lo que va corrido del año.
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En el siguiente gráfico, tomado también del Sistema de Estadísticas en Justicia, se pueden observar las etapas procesales en las que se encuentran estos delitos, encontrándose en etapa de indagación gran parte de las noticias criminales, con porcentajes muy bajos en las demás etapas procesales.
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Igualmente, las organizaciones de derechos humanos han denunciado la práctica de la judicialización a defensores de derechos humanos, opositores políticos y lideres sociales con fines de acoso o desprestigio. Por ejemplo, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos ha documentado que, entre enero de 2012 y 2019 (fecha de corte del 15 de julio de 2019), han sido judicializadas, al menos, 249 personas defensoras de derechos humanos. Cabe añadir que, de los 235 casos en los que se conoce el sexo de las personas, el 17 % son mujeres y el 83 % son hombres.

De acuerdo con un interesante texto de Ómar Rojas:

“El Falso Positivo Judicial no se construye de la noche a la mañana, sus ejecutores se dan tiempo suficiente para su construcción. El servidor público que construye expedientes judiciales, a partir de pruebas falsas, engañosas y mentirosas, lo realiza sobre personas indefensas y sin conocimiento en la normatividad legal. Tortura a la luz pública a su víctima por horas, días, semanas, meses, inclusive años.

El militar que recurre al Falso Positivo, tortura a su víctima desde el momento de reclutarla o aprenderla hasta el momento de asesinarla. Por lo general, la tortura que realiza el militar sobre la víctima, a diferencia de los victimarios judiciales, es de pocas horas, pocos días, prolongando el martirio hasta el momento en que la extermina y la presenta como terrorista. El acto de la tortura en el Falso Positivo Judicial es de por vida. La tortura y el sometimiento intramural es un mensaje del régimen para quienes se atreven a dudar, criticar u oponerse a la violación de los derechos humanos, a quienes luchan por reivindicaciones sociales y a quienes se encuentran comprometidos en la construcción de una sociedad más democrática, pluralista e incluyente. El Falso Positivo Judicial no solamente somete al ser humano a barreras físicas y psicológicas, sino que intenta asesinar ideas y proyectos”.

Los efectos sobre la paz


Existen varios elementos que levantan dudas sobre el accionar de la Fiscalía en el caso de Harold Ordoñez.

Por ejemplo: i) las acusaciones que le imputan a Harold se remontan a junio y noviembre del año 2020. ¿Por qué esperar tanto tiempo, hasta septiembre de este año, para realizar la captura sin aportar información nueva? ii) Si la Fiscalía estaba tan segura de que Harold era «Óscar», ¿por qué no intervino el celular de Harold y aportó sus movimientos como pruebas inequívocas de sus acusaciones?

Tal parece que en lo único en lo que las pruebas de la Fiscalía parecen ser consistentes era con que Harold sí trabaja en diferentes áreas rurales de los municipios de la cordillera central vallecaucana. Sin embargo, Harold no hace, y no pudo haber hecho lo anterior como comandante de las disidencias de las Farc, sino más bien apoyando diversos colectivos de campesinos y trabajando en la búsqueda de la formalización territorial de sus parcelas, así como en la salvaguarda de su economía familiar por medio de la creación de las figuras de Zonas de Reserva Campesina (una figura legal que hace parte del articulado de la Ley 160 de Reforma Agraria).

Para el caso que nos ocupa, y de acuerdo con el abogado defensor Elmer Montaña, la inteligencia militar sabe perfectamente quién es “Óscar” y cuál es su apariencia física. Por lo tanto, sabe que Harold no es alias “Óscar”. Además, seguramente los aparatos de inteligencia militar saben que las ocupaciones delictivas del comandante de la disidencia del Bloque Central o Comando Conjunto Central Adán Izquierdo no podría vivir en Cali, ni cumplir con las obligaciones de un trabajo de tiempo completo en la Gobernación de Valle del Cauca y, mucho menos, cursar una maestría becado.

Quedan, entonces, en el aire dos ideas que son igualmente preocupantes: primero, que a Harold no se le esta acusando bajo un móvil sustentado legalmente ni por pruebas técnicas rigurosas, sino precisamente por ser un dirigente campesino. Y, segundo, que en vez de perseguir a quienes no están cumpliendo con el Acuerdo de Paz, incomprensiblemente, el Estado se ensaña con un firmante del Acuerdo que parece prácticamente de postal: padre responsable, estudiante brillante, impulsor del diálogo social desde el mismo Estado y promotor campesino.

Por último, pero no menos importante: ¿qué necesidad tenía la Fiscalía, si estaba tan perfilado y al tanto de los movimientos de Harold, de ordenar su detención en medio de un evento social, donde una persona que viene de la guerra intenta reconstruir sus lazos sociales con nuevos amigos y conocidos, en una fiesta de niños delante de su pequeña hija de cinco años?

Pareciera que el objetivo no es administrar justicia o combatir la delincuencia rampante, sino matar socialmente al opositor político, impulsándolo quizás de vuelta a la ilegalidad y mostrando esa triste dirección para aquellos que obstinadamente todavía creen en la palabra del Estado colombiano y en el Proceso de Paz.


https://rebelion.org/falsos-positivos-judiciales/